Incurrió en un delito continuado de falsedad documental durante tres años

La Fiscalía, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) como acusación particular, y la defensa del farmacéutico acusado de defraudar 600.989,70 euros SAS entre 2016 y 2019 mediante un sistema conocido como ‘vaciado de tarjetas’, han llegado a un acuerdo por el que al acusado se le condena a una pena de un año y diez meses de prisión por el delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por un año y seis meses.

Así lo han acordado antes del comienzo del juicio que iba a celebrarse a partir de este jueves en la Audiencia Provincial de Huelva en el que el Ministerio Fiscal solicitaba para este hombre, como principal acusado, seis años de prisión al considerarlo autor de un delito continuado de falsedad documental y de un delito de estafa agravada.

De este modo, además de la pena impuesta finalmente, tendrá que hacer frente a una multa de seis euros diarios durante seis meses, según indica el acuerdo de conformidad, al que ha tenido acceso Europa Press.

También estaban acusados por estos hechos tres empleados de la farmacia como cooperadores necesarios y el titular de una imprenta que realizaba las copias de los cupones-precintos como responsable en concepto de autor del delito de falsificación de documento; y en concepto de cooperador necesario del delito de estafa. Para ellos se pedían cuatro años de cárcel, según consta en el escrito de acusación.

Para ellos se ha acordado nueve meses de prisión y una multa de tres meses, a razón de seis euros cada cuota diaria y con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas.

Asimismo, el acuerdo de conformidad apunta que los acusados, conjuntamente, han ingresado el día 27 de septiembre 500.000 euros como pago de la responsabilidad civil derivada de los hechos por los que se les acusa, con la que el Servicio Andaluz de Salud “se da por satisfecho” y “no tiene nada más que reclamar en cuanto a la indemnización por los hechos objeto del procedimiento”.

Por ello, señala que “no procede hacer pronunciamiento alguno sobre responsabilidad civil al haber sido resarcido el Servicio Andaluz de Salud con la cantidad ingresada por los acusados como pago de la indemnización solicitada”.

ACUSACIÓN DE FISCALÍA

Según recoge el escrito que presentó Fiscalía contra los acusados, al farmacéutico ya le constaban antecedentes por falsedad y estafa, por lo que considera que se daba la circunstancia agravante de reincidencia y solicitaba que los acusados indemnizaran, conjunta y solidariamente, al Servicio Andaluz de Salud en 600.989,70 euros por el importe de la cantidad “indebidamente abonada por los medicamentos facturados pero no dispensados”.

La Fiscalía exponía que el principal acusado como autor del delito “ideó un plan para aparentar que había dispensado medicamentos sin que fuera cierto, pero que hacía constar en el justificante de dispensación de la receta colocando en ese recibo unos cupones que había confeccionado imitando a los verdaderos”.

Así, señaló que presentaba mensualmente, entre junio de 2016 y mayo 2019, en la Delegación de Salud y Familias en Huelva los justificantes alterados para obtener un beneficio ilícito y “conseguir que el SAS le abonara las cantidades correspondientes a esos medicamentos que aparentaba que había dispensado”, con “el consiguiente perjuicio para la Sanidad pública andaluza que abonó las cantidades” por la supuesta dispensación de esos medicamentos.

Asimismo, apuntaba que esa misma operación la realizaba “aprovechando las tarjetas sanitarias que muchos clientes habían dejado en la farmacia para que les fueran consiguiendo los medicamentos que les eran recetados”, pese a que “estaba prohibida la retención de las tarjetas sanitarias en las oficinas de farmacia una ves dispensados los medicamentos recetados”.

Estas cinco personas fueron detenidas por la Policía Nacional en febrero de 2021 por el “presunto fraude de más de dos millones de euros” cometidos por esta farmacia a la Seguridad Social.

La investigación se inició en el mes de diciembre de 2018, después de que la Policía Nacional recibiera un escrito de la Fiscalía Provincial de Huelva en el que se participaba de unos hechos detectados por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud, donde se alertaba de una serie de irregularidades en las recetas facturadas por una farmacia de Huelva.

En los inicios de la investigación, los agentes detectaron cómo en las recetas facturadas por esta farmacia existían cupones-precintos de medicamentos falsos, localizando a usuarios de la farmacia que advertían de la retirada de sus medicamentos por parte de la misma sin su autorización.

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