El sindicato lamenta el «miedo» e «inseguridad» de la plantilla ante lo que califica como una «escalada de despidos sin precedentes»

El sindicato UGT se ha sumado a las críticas contra la situación laboral de la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de la Cuenca Minera de Riotinto (Aspromin) tras el despido de tres trabajadores que se ha producido en los últimos días en el centro de El Campillo, lo que según este sindicato está provocando «miedo» e «inseguridad» en la plantilla, ya que «se desconoce el número de trabajadores/as que finalmente se van a ver afectados por la escalada de despidos, algo sin precedentes en esta entidad», argumenta.

Para los ugetistas, la amplia plantilla de este centro «da una atención permanente y un trato óptimo a todos los usuarios acogidos en sus instalaciones», si bien «no siempre se reconoce en su justa medida la entrega y el compromiso de estos compañeros/as a los que la empresa en algunas ocasiones no les respeta todos sus derechos», prosiguen desde UGT, que explica que «en muchos momentos carecen de comprensión para poder conciliar su vida familiar y laboral, ya que los turnos y los cuadrantes que reciben no siempre contemplan esta posibilidad», añaden.

El sindicato señala que los despidos «no se pueden entender ni justificar», ya que se han llevado a cabo «sin aparente causa que los justifiquen», pues «se siguen haciendo más contrataciones para cubrir las vacantes de estos compañeros/as», continúan los ugetistas, tras lo que indican que las personas despedidas tenían contrato a tiempo parcial y en repetidas veces había pedido poder completar su jornada, «algo legítimo que siempre les han negado, mientras que a otros compañeros/as con menos antigüedad sí se les completa su jornada», añaden desde UGT, que considera por ello que «o se les valora la veteranía y la experiencia».

Según UGT, la dirección del centro «actúa en la mayoría de los casos de una forma arbitraria sin tener en cuenta los derechos laborales y ninguneando a los representantes del Comité de Empresa, a los que no se les informa ni se les tiene en cuenta en los asuntos trascendentales para los trabajadores/as», añaden, tras lo que subrayan que «desde UGT no podemos permitir que la dirección no dé las explicaciones sobre los motivos de estos despidos», ya que «esta dice desconocerlos, dejando toda la responsabilidad a la Junta Directiva, que tampoco comunica nada», concluyen.

Respuesta

No se ha hecho esperar la respuesta de Aspromin, que ha negado todas las acusaciones realizadas en los últimos días por los sindicatos UGT y CCOO y atribuye los despidos a motivos estrictamente económicos, ya que obedecen a que el aumento de las asignaciones de la Administración pública para la atención de las plazas concertadas es inferior al aumento del coste de la vida, explican.

En primer lugar, respecto a la falta de información a los representantes de los trabajadores y trabajadoras, desde la Junta Directiva indican que la primera noticia publicada en prensa sobre este asunto se produce solo dos días después de que el comité de empresa le pidiera explicaciones sobre los despidos, para lo que le daba un plazo de 15 días, por lo que «no habíamos tenido tiempo de responder», ya que hasta el viernes pasado no pudo celebrarse reunión de la Junta Directiva y del Consejo de Dirección, explican.

En declaraciones a TNTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto-, la Junta Directiva de esta asociación sin ánimo de lucro también niega que los despidos se hayan producido por motivos personales o como represalia por haber pedido la mejora de su contrato. Si se ha despedido a esas tres personas es porque tenían contrato a tiempo parcial, con lo que la que asociación ha pretendido hacer «el menor daño posible», destacan.

Por último, desde la Junta Directiva explican que sí es cierto que la asociación sigue haciendo contrataciones, pero no para sustituir a las personas despedidas, ya que las personas que se están contratando «no forman parte de la estructura organizativa fija». «Lo que se hacen son contratos eventuales para cumplir con las ratios ante el alto grado de absentismo laboral existente, que solo el año pasado supuso un coste de 96.000 eros», concluyen.