WWF pide una reunión urgente al Consejo de Participación de Doñana ante la propuesta de Ley de los regadíos

Los conservacionistas consideran que va a «amnistiar a los regantes ilegales»

El colectivo conservacionista WWF ha solicitado este miércoles al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, la convocatoria «urgente» del pleno de esta entidad ante la presentación el pasado 3 de marzo por parte del Partido Popular y Vox de la Proposición de Ley en el Parlamento de Andalucía para incluir los terrenos de la Corona Norte de Doñana en plan de regadíos.

Según ha indicado la organización ambiental en una nota de prensa, WWF solicita en su petición que se facilite copia de la Proposición de Ley, de los informes técnicos que la acompañen, la cartografía y toda la documentación justificativa que se haya presentado junto con la propuesta. Asimismo, pide que se aporten diversos informes que deben acompañar este tipo de modificaciones de planes especiales como el de incidencia territorial o la Evaluación de Impacto Ambiental, ante lo que consideran que se va a «amnistiar a los regantes ilegales que llevan años esquilmando el acuífero».

En este sentido, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha explicado que es «necesario» que el Consejo de Participación de Doñana se reúna «cuanto antes» y «sea informado de todos los detalles de una proposición de ley que es perjudicial para Doñana, el acuífero y los regantes legales de la comarca».

«Estos dos partidos han presentado la propuesta sin importarles la gravísima brecha social e institucional que ha abierto y a la que ya se opusieron frontalmente durante 2022 organizaciones ecologistas, sociales, sindicales, organismos internacionales y supermercados. También consumidores, investigadores e, incluso, una parte importante de los propios agricultores de Doñana, muchos de ellos con representación en el Consejo de Participación», ha apuntado.

Por otra parte, en su petición, WWF insta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico o la Confederación Hidrográfica que entreguen copia del informe preceptivo que «debe acompañar a la modificación», ya que «afecta directamente a la gestión de los recursos hídricos, competencia del Estado».

«Si este informe no se ha emitido, se pide que uno de estos dos organismos informe al Pleno de si la modificación se adecúa a las indicaciones contenidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, en especial, el posible aumento del suelo agrícola regable, sea con aguas superficiales o subterráneas», señala la ONG en su escrito.

Por último, WWF reclama que se presente el listado y cartografía de las fincas que «se beneficiarían de la modificación» y que deben ser conocidas por Vox y PP que se refieren a ellas como «650 explotaciones» en la exposición de motivos.

Por todo ello, WWF ha lamentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «haya decidido desoír todas las voces en contra y, sin datos ni justificación técnica, haya presentado a trámite esta peligrosa iniciativa legal».

Asimismo, organización ha señalado que esta proposición de ley «está motivada únicamente por intereses electoralistas en el Condado de Huelva y se construye sobre falsas premisas, tales como supuestos derechos históricos inexistentes que los agricultores ilegales nunca han podido demostrar y han sido denegados por los tribunales españoles», así como o una «supuesta retroactividad injusta» que también «ha sido descartada por los jueces, que no han anulado ni uno solo de los artículos del POTAD o del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío Ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD)».

Por último, WWF ha señalado que el procedimiento escogido «no respeta el procedimiento previsto en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), que establece que la Junta es la competente en esta materia y tiene entre otros objetivos evitar la participación pública».

WWF denuncia ante la Unesco el intento de recuperar «agricultores ilegales» en Doñana

Pretende solucionar el «problema caótico de la superficie regada sin permiso»

La organización no gubernamental WWF ha anunciado este martes que ha denunciado ante la Unesco «la proposición de ley que está ultimando el PP andaluz y que busca amnistiar 1.460 hectáreas de regadío irregulares en Doñana».

Según ha informado en un comunicado, esta iniciativa «incumple una de las recomendaciones centrales de la Unesco» propuestas el pasado verano de implementar de forma urgente el conocido como ‘Plan de la Fresa’, en su forma actual tal y como que se adoptó en 2014 para intentar «solucionar el problema del crecimiento caótico de la superficie regada sin permiso».

Ante ello, WWF ha solicitado a este organismo internacional que intervenga «urgentemente» para evitar la inminente modificación de este Plan.

Tras remarcar que el Parque Nacional de Doñana es uno de los espacios naturales «más importantes de Europa y del mundo y está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco», desde WWF han señalado que la Junta de Andalucía es «responsable de la gestión de este espacio natural y tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales y de las recomendaciones de este organismo, si no quiere que Doñana sea incluida en la Lista del Patrimonio mundial en peligro».

WWF ha considerado que la modificación del Plan Especial de la Corona Forestal afectará «gravemente» al estado de conservación de este espacio Patrimonio de la Humanidad y «pone en riesgo que sea propuesta en 2023 en la lista de lugares en peligro».

Finalmente, han recordado que el verano pasado la Unesco emitió 15 recomendaciones ante «el mal estado de Doñana», las cuales la Junta de Andalucía y el Estado español «se comprometieron a cumplir». De hecho, en el último informe remitido por España ante este organismo en diciembre de 2020 reconocía que una de las actuaciones «más decisivas para corregir los problemas del acuífero de Doñana era la propia implementación del Plan Especial de la Corona Forestal».

«La modificación propuesta por el Partido Popular vulnera las recomendaciones de la Unesco y los compromisos adquiridos, por lo que supondrá un grave descrédito internacional para la Junta de Andalucía y para nuestro país», han sostenido desde WWF.

Además, «lejos de terminar con el problema del uso ilegal del agua y del suelo agravará dicha amenaza y sus consecuencias sobre los valores naturales de este humedal único en Europa y generará una injusticia social al favorecer a los agricultores que llevan décadas saltándose la ley frente a los agricultores que trabajan por una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente», ha afirmado el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo.

Apenas seis meses después desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenara a España por «destruir Doñana», «una nueva amenaza se cierne sobre este espacio, que vive el momento más crítico de su historia». Por ello, WWF ha pedido a la Junta de Andalucía que no permita la modificación del Plan de la Fresa y que, por el contrario, refuerce e impulse su ejecución, «cerrando de inmediato todas las fincas ilegales que no se deben consolidar en ningún caso».

Igualmente, ha pedido a la Unesco que intervenga urgentemente para que tanto la Junta de Andalucía como el Estado español «cumplan con los compromisos adquiridos con la Unesco para garantizar la conservación de Doñana y evitar la modificación inminente del Plan de la Fresa».

Piden la suspensión de la caza de aves acuáticas en Doñana por la sequía

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF España ponen de manifiesto que la Ley andaluza de la Flora y la Fauna Silvestres establece la prohibición de cazar en «días de fortuna»

Tras una década sin años húmedos y un acuífero sobreexplotado, la falta de lluvias al inicio de este otoño ha propiciado que el humedal más importante de Europa no pueda ofrecer el entorno adecuado para muchas de las especies que vienen a pasar la invernada, en especial a las aves acuáticas. Por ello, estas aves se ven obligadas a concentrarse en aquellos lugares donde aún queda agua, como algunas zonas de arrozales, balsas de riego, etc. Muchos de estos espacios se sitúan en lugares donde está permitida la caza una vez se abre la temporada de acuáticas, que en Doñana es desde el 14 de noviembre hasta el 30 de enero sin que las aves puedan resguardarse en espacios vedados como el Parque Nacional.

Las asociaciones ecologistas y conservacionistas consideran que se dan los supuestos para aplicar lo dispuesto en el artículo 55 sobre «Limitaciones y prohibiciones en beneficio de la caza y medidas de seguridad», de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres que dice textualmente que «con carácter general se prohíbe: cazar en los llamados días de fortuna, es decir, en aquellos en que, como consecuencia de incendios, epizootias, inundaciones, sequías u otros accidentes, las piezas de caza se vean privadas de sus facultades normales de defensa y obligadas a concentrarse en determinados lugares».  E igualmente sería de aplicación la suspensión temporal prevista en el artículo 7 del Decreto 126/2017 por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía «cuando exista una situación de emergencia que conlleve daños o situaciones de riesgo para las especies cinegéticas o sus hábitats, como consecuencia de circunstancias excepcionales de tipo meteorológico…».

Doñana está viviendo una extraordinaria sequía, de hecho, el 80% del territorio de la cuenca del Guadalquivir, ha sido declarado el pasado mes de noviembre en «situación excepcional por sequía extraordinaria» por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esto está provocando que las aves acuáticas se estén viendo obligadas, al no haber suficientes zonas inundadas en los espacios protegidos de Doñana y su entorno, a concentrarse en lugares donde son legalmente cazables.

Ante todo ello, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF España se han dirigido a la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y a la Directora General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, Araceli Cabello, para solicitarles formalmente que igual que otras administraciones toman medidas excepcionales, se prohíba de forma temporal la modalidad cinegética de «acuáticas» en la Comarca de Doñana y el Estuario del Guadalquivir en aplicación del artículo 55 apartado d) de la citada Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres y el artículo 7 apartado f) del Decreto 126/2017 por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía.

Las organizaciones han remitido también sendas cartas al presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, Miguel Delibes, y al director del Espacio Natural Doñana, Juan Pedro Castellanos, con el fin de que se sumen a esta petición en beneficio de la conservación de las especies acuáticas consideradas cinegéticas del entorno del espacio protegido.

Hay que recordar que Doñana se declaró parque nacional, entre otras cuestiones, por su importancia como humedal de invernada para muchas aves migratorias europeas, entre las que destacan la cigüeña negra, la grulla común, o la garceta grande, dentro de las no cinegéticas, y, especialmente, el ánsar común, entre las cinegéticas. Estas son especies emblemáticas de las Marismas del Guadalquivir, que están vinculadas de forma vital con los humedales, dependiendo de ellos para su alimentación, descanso y reproducción, que paran en Doñana en su viaje desde los países escandinavos, Holanda, Alemania, oeste de Polonia y la República Checa, por lo que la salud y el número de sus poblaciones dependen en gran medida de las condiciones que se encuentren en estas marismas.

Al verse obligadas a concentrarse en los arrozales y ambientes antropizados, han sido privadas de sus facultades normales de defensa ante la falta de agua en los espacios que le sirven de refugio a los que no pueden desplazarse. Por esta razón, las organizaciones entienden que la Consejería debe aplicar el artículo 55 en beneficio de estas especies cazables, de lo contrario se estaría yendo contra el objetivo de esta norma que es beneficiar la propia actividad cinegética, impidiendo que se cacen ejemplares aprovechando las malas circunstancias en las que se encuentran.

A ello hay que sumar que los estudios de la Estación Biológica de Doñana, organismo dependiente del CSIC, indican que la mitad de las aves amenazadas que invernan en Doñana presentan una tendencia de conservación negativa, como la cerceta pardilla, en grave Peligro de Extinción, y que no se diferencia en sus rasgos y forma apenas de la cerceta común; o el porrón pardo, que se puede dar por extinto a nivel local. Esta medida, que cuenta con un antecedente en el año 1998 tras la catástrofe de Aznalcóllar, de aplicar por «días de fortuna» la prohibición y la limitación de caza de acuáticas y otras especies en Doñana, tiene, por tanto, un carácter extraordinario.

«Entendemos que ante los nuevos retos y escenarios que el cambio climático plantea, como sequías prolongadas, falta de años húmedos e inundaciones extraordinarias, y los efectos que pueden tener s sobre la propia organización de la actividad cinegética y las aves acuáticas, ya sean especies cinegéticas o no, las administraciones públicas deben ser capaces de adaptar las vedas y periodos de caza a las nuevas circunstancias», concluyen las organizaciones.