El hijo de la acusada recibió 452.000 euros por supuestos trabajos de mantenimiento
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este martes el juicio sobre la gestión del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambíental para el Desarrollo Sostenible (Formades), ubicado en El Rocío, por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación protagonizados por su exgerente Ana María Orihuela, su hijo, un sobrino y dos acusados más; pues Orihuela habría contratado supuestamente «servicios con familiares y amigos faltando a los más elementales deberes legales» y eludiendo las reglas de contratación.
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada recuerda que «la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo elaboró el 14 de enero de 2014 un informe en el que expuso, literalmente que, ‘de los 14 consorcios analizados hay tres que incurren en las más graves deficiencias que hacen inviable su supervivencia’, siendo estos Forman, Formades y CTI, proponiendo su disolución, decisión que se aprobó por la Junta el 28 Enero de 2014, siendo asumida su oferta formativa con recursos de la Consejería de Educación».
Al punto, rememora que estos consorcios se nutrían de «subvenciones peculiares desde el punto de vista de la concesión, pues si bien se regulan a modo de concurrencia competitiva, en realidad son de concesión nominativa, pues solo los consorcios escuela de la Junta de Andalucía podían concurrir», siendo centrada la causa en tres expedientes concretos de subvención.
La primera ayuda investigada fue destinada a un proyecto formativo y de inversiones por 2.873.848 euros; y según la Fiscalía «no se justificaron los gastos correspondientes al proyecto formativo, sino que en su lugar se justificaron gastos de funcionamiento»; «existe un déficit de justificación de 33.170,67 euros en lo que al proyecto formativo se refiere, incluso considerando la inclusión de los gastos de funcionamiento tal y como fueron enviados desde el consorcio; y existe formalmente un déficit de justificación de 562.280,37 euros en cuanto al proyecto de inversiones».
Además, la Fiscalía señala que «de acuerdo con la documentación remitida, no consta el destino de los fondos subvencionados hasta el resto del montante de la subvención».
En la segunda ayuda, destinada a la financiación de un proyecto formativo y de inversiones por 1.305.000 euros, «el Consorcio tampoco cumplió con sus obligaciones de presentar la documentación justificativa ni en los plazos parciales establecidos, ni en el plazo final». «Tampoco llegó a justificar el presupuesto aceptado completo, ni del proyecto formativo ni del proyecto de inversiones, sin que conste en la documentación remitida que hubiera formado parte de la justificación presentada la carta de pago del exceso de la subvención sobre el coste de la actividad».
Justificación Incompleta
«Del proyecto formativo, según los listados suscritos por el Interventor del Consorcio, tan sólo se justificaron gastos por importe de 1.085.000 euros que se corresponde con el de la subvención concedida, pero no se justifica el coste total de la actividad subvencionada, es decir 1.128.704,10 euros», indica la Fiscalía, agregando que «del proyecto de inversiones no existe listado alguno suscrito por el Interventor, y tan sólo se presenta un listado por gastos que ascienden a 97.815,09 euros, mientras que el importe del gasto que debía justificarse asciende a 220.000 euros».
«No consta memoria de actuación justificativa de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos», figura entre los aspectos censurados por la Fiscalía.
En cuanto a la tercera subvención, de más de 1,37 millones de euros, «la justificación es tan defectuosa que del proyecto formativo, según los listados suscritos por el Interventor, tan sólo se justificaron gastos por importe de 866.271.32 euros» y «del proyecto de inversiones ni siquiera existe listado suscrito por el Interventor y tan sólo se presenta un listado donde los gastos ascienden a 70.951,21 euros».
«Si bien puede decirse que ha existido actividad formativa, muchos de los cursos realmente no se impartieron, como consecuencia de la falta de presupuesto y el desvío de fondos», resume la Fiscalía respecto al conjunto de estas ayudas.
El hijo de la gerente
A tal efecto, la Fiscalía rememora que en el primer trimestre de 2011, el interventor descubrió «irregularidades en facturas expedidas por el hijo» de la acusada y exgerente de Formades Ana María Orihuela, Manuel Ramírez, «al tiempo que descubrió que no existía contratación con este y otros proveedores siempre de la órbita familiar de la misma».
«Siendo que el Consorcio necesitaba sostener unos gastos de funcionamiento como gastos generales, gastos que debían ser justificados en atención a unos criterios de proporcionalidad, la acusada comenzó a contratar dichos servicios con familiares y amigos, faltando no sólo a los más elementales deberes legales, sino soslayando de modo absoluto las reglas de contratación que se exigen en la legislación de las subvenciones», indica la Fiscalía señalando que Orihuela «adjudicó contratos sin licitación previa», «aceptó que familiares y amistades presentaran facturas que en modo alguno cumplen con la legislación vigente, de tal manera que ni describen la realidad del servicio, ni puede saberse si este se hizo» y «fraccionó contratos de manera que no superaran los límites de 12.000 euros para la prestación de servicios».
Según la Fiscalía, el hijo de Orihuela fue contratado «directamente» para labores de mantenimiento, sin licitación, recibiendo en total 452.895,82 euros de las subvenciones ya descritas por tareas que «no pueden concretarse ni acreditarse» y mediando algunas facturas «duplicadas».
Cristóbal Ojeda Orihuela, «sobrino de la acusada directora gerente, fue contratado como vigilante de seguridad a pesar que los servicios de seguridad fueron ejecutados por tercera empresa», según la Fiscalía, que le atribuye la percepción de 13.533,58 euros sin que conste «un contrato escrito, ni si este se adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública previsto», siempre según la Fiscalía.
Otro acusado, Juan Francisco Millán, habría acordado con Orihuela «los servicios veterinarios fraccionando estos, evitando así llegar al límite de la ley de contratos públicos», recibiendo 408.232,18 euros, facturando además al Consorcio 6.167,25 euros por labores docentes, algunas no acreditadas y otras «sin indicar horas ni curso», todo ello sólo con cargo al primer expediente de ayuda indagado.
Otro acusado, Antonio Herrera Vera, fue contratado por Orihuela también «sin concurso ni oferta pública previa», mientras «era ESABE quien realmente realizaba funciones de vigilancia sin que pueda saberse qué hacía realmente y que funciones desempeñaba» esta persona, recibiendo 74.132,09 euros por servicios de guardería.
Además, según la Fiscalía, Orihuela «ordenó pagos y servicios de naturaleza muy variada en modo alguno relacionados con los fines del consorcio», destinando 40.078,16 euros a publicidad, asignando por ejemplo 6.555 euros a «regalos y caramelos para la Cabalgata de
Reyes» de Almonte de 2009, en la que ella encarnaba al rey Melchor, además de dedicar otros 600 euros a un desayuno vinculado al cortejo real.
La Fiscalía detecta así delitos continuados de prevaricación y malversación, reclamando para Ana María Orihuela seis años de cárcel, diez de inhabilitación especial y 15 de inhabilitación absoluta; para su hijo dos años y medio de cárcel y cinco años de inhabilitación absoluta; la misma condena para Cristóbal Ojeda Orihuela y Antonio Herrera Vera y para Juan Francisco Millán esa misma pena más seis años de inhabilitación especial.
