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Jueces de toda España abordan en Doñana la protección de las especies amenazadas

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El curso, organizado por las consejerías de Justicia y Medio Ambiente en colaboración con el CGPJ, cuenta con expertos del Derecho y la actividad cinegética regulada

Una docena de jueces de toda España participan este jueves y viernes en un curso sobre delitos medioambientales centrado en la protección de las especies amenazadas y la actividad cinegética, organizado por las consejerías de Justicia y Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el marco del convenio de colaboración con el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).

El curso, dirigido por la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, ha sido inaugurado en el Centro de El Acebuche del Espacio Natural de Doñana por los delegados territoriales de Justicia y Sostenibilidad de la Junta en Huelva, Carmen Céspedes y Pedro Yórquez, respectivamente, junto a la directora del Servicio de Formación Continua del CGPJ, María Jesús Millán de las Heras.

Todos ellos han destacado la evolución de la legislación protectora de la fauna y la necesidad de desestigmatizar la caza cuando se practica de forma regulada, por su contribución a la conservación del equilibrio medioambiental. No obstante, han subrayado la importancia de perseguir la actividad furtiva que provoca daños irreparables en el ecosistema. 

El director del Instituto Andaluz de Caza y Pesca continental de la Junta, Guillermo Ceballos, ha pronunciado la ponencia inaugural central en la ‘Catalogación de especies amenazadas, científica y normativa’.

Tras la misma, los asistentes han realizado una visita de campo por Doñana con agentes medioambientales del Parque para ver in situ el hábitat de algunas de esas especies amenazadas como el lince ibérico y los riesgos que corren, muchos de ellos fruto de la mano del hombre.

El curso continuará mañana en Sevilla con una ponencia a cargo del presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, que ofrecerá una visión práctica desde el mundo de la caza sobre la protección de especies amenazadas, mientras que la directora del curso, la magistrada Lourdes García Ortiz, disertará sobre los delitos relativos a protección de la fauna silvestre con especial referencia a las que afectan a las especies amenazadas y actividad cinegética.

CSIF exige vigilar la salud de los 584 profesionales del SAS contagiados por Covid-19 en la provincia

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La incidencia en el colectivo sanitario es del 7,44% en el ámbito onubense

El sindicato CSIF ha solicitado que se vigilen las secuelas, tanto físicas como mentales, que ha provocado la Covid-19 en los profesionales del sistema sanitario público que han resultado contagiados, un total de 584 trabajadoras y trabajadores en la provincia de Huelva desde el inicio de la pandemia, según los últimos datos oficiales facilitados por el SAS a fecha de 26 de febrero de este año.

De esos 584 profesionales afectados  -que supone una incidencia del 7,44% en el colectivo- 422 han sido mujeres (7,65% de incidencia) y 162 hombres (con un 7,23%). La distribución de los casos diagnosticados se reparte de la siguiente manera: 292 en el hospital Juan Ramón Jiménez (lo que supone una incidencia del 8,29%); 126 en el Infanta Elena (un 10%); 71 en el Área Norte (6,36% de incidencia); en el distrito Huelva-Costa han sido 51 (4,63%); 42 en Condado-Campiña (una incidencia de 5,9%); y, finalmente, 2 en el CTTC (Centro de Transfusión, Tejidos y Células), con una incidencia del 3%.

Una vez analizados los datos, el sindicato CSIF ha puesto en marcha una campaña para solicitar la vigilancia de la salud de los profesionales realizando un seguimiento por posibles secuelas, así como estudios de seroprevalencia tras la vacunación frente al Sars CoV-2 para comprobar la inmunidad de los diferentes colectivos.

En este sentido, CSIF insiste en que numerosos profesionales infectados por su actividad laboral que han superado la Covid-19 están sufriendo tanto secuelas físicas como psicológicas. Entre las físicas se incluyen problemas de movilidad, alteraciones del suelo y del estado de ánimo, así como complicaciones asociadas con varios órganos, como alteraciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, musculares o dermatológicas, entre otras. Entre las secuelas mentales, se han descrito trastornos de estrés postraumático, depresión, ansiedad, así como desestabilización de procesos previos al contagio, entre otros aspectos.

Por otra parte, a través de la campaña de CSIF se reclaman estudios epidemiológicos y el refuerzo de los recursos humanos en los Servicios de Prevención, incorporando incluso psicólogos ante el impacto psicosocial sufrido en la pandemia. La realización de pruebas PCR periódicas en ámbito sanitario y sociosanitario, como medida de control y prevención, es otra de las cuestiones que reivindica CSIF, que insiste en que la vigilancia de la salud tras la incorporación es fundamental para detectar las posibles secuelas post Covid-19 a través de los reconocimientos médicos.

La central sindical recuerda que las recaídas por estas secuelas deben ser consideradas bajas laborales por contingencia profesional, al menos para el personal sanitario y sociosanitario, que es el que lo tiene reconocido hasta el momento.

Finalmente, en el marco de esta campaña, el sector de Sanidad de CSIF va a registrar en los centros sanitarios públicos, a través de sus delegados sindicales, que se lleve a cabo esta vigilancia, ya que hasta el momento no se ha cumplido con la obligación de la empresa sobre el seguimiento periódico de la evolución de la salud en función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo.

 

 

Cortegana lleva a Matsa ante la Fiscalía por obras sin licencia y en suelo protegido

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El consistorio ha abierto dos expedientes de protección de legalidad urbanísticas contra Minas de Aguas Teñidas

 

El Ayuntamiento de Cortegana ha comenzado los trámites administrativos para aclarar la situación de unas obras que la compañía Minas de Aguas Teñidas (MATSA), está llevando a cabo en el término municipal corteganés y en suelo de especial protección sin contar con los permisos necesarios y además ha puesto en conocimiento de la Fiscalía provincial estos hechos dado que han podido incurrir en delitos de carácter medioambiental.

Ante varias denuncias vecinales remitidas al consistorio, éste ha puesto en marcha una investigación, en la que, tras la visita de un técnico municipal a la zona, ha certificado la existencia de unas obras en Minas de Aguas Teñidas que no contaban con la licencia preceptiva.

Tras esta comprobación, el Ayuntamiento de Cortegana ha abierto dos expedientes de protección de la legalidad urbanística. El primero de ellos para aclarar la situación de unas obras finalizadas en la que se ha requerido a la compañía minera la legalización de dichas actuaciones o la reposición de la realidad física alterada. El segundo se refiere a otras obras ya comenzadas y sin terminar en las que se han apreciado movimientos de tierra y tala de árboles, por lo que se ha procedido a paralizar dicha obra hasta se resuelva esta situación. Ambos expedientes se encuentran en sus trámites administrativos correspondientes.