Cuatro de los acusados en el macrojuicio por narcotráfico aceptan una condena inferior a cinco años de prisión

Fueron interceptados en una embarcación con 1.800 kilos de droga

Cuatro de los 15 acusados que se enfrentan a más de 164 años de condena por los delitos de tráfico de drogas y de pertenencia a grupo criminal en el juicio que ha comenzado este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que tres de ellos aceptan la pena de prisión de tres años y siete meses –se enfrentaban a cinco años y diez meses y a 18 meses por los presuntos delitos– y el cuarto ha aceptado una pena inferior a cinco años.

De este modo, durante la sesión, la defensa de los acusados que han llegado al acuerdo de conformidad han informado de su intención de solicitar la suspensión de la pena al considerar que actuaban «bajo los efectos de sustancias estupefacientes» y cambiar la misma por la realización de un tratamiento de desintoxicación en un organismo autorizado.

En concreto, tres de los acusados que han llegado a este acuerdo de conformidad –de tres años y siete meses– fueron interceptados en la embarcación semirrígida transportando un alijo de 60 fardos de hachís, que arrojó un total de 1.800 kilos de esta droga.

Asimismo, en esta jornada se han matizado las conformidades y no se han producido declaraciones testificales ni periciales, así como se ha acordado reducir el número de estas comparecencias eliminando las de testigos que se consideran «no necesarios».

Igualmente, estos cuatro acusados se enfrentaban también a dos multas de diez millones de euros cada una, que han sido suspendidas al declararse insolventes, por lo que cumplirán 15 días más de cárcel por cada una –un mes más–, lo que ha elevado la pena a los tres años y siete meses.

Por otra parte, el juicio continúa este jueves para el resto de acusados –once– y, aunque en principio solo estaban previstas dos sesiones, se ha ampliado a una más, que previsiblemente se celebrará el próximo día 3 de noviembre.

La acusación

Estas personas fueron detenidas en 2019 durante una operación en la que se llevaron a cabo registros en domicilios y lugares empleados por la red para mantener su infraestructura en las provincias de Huelva –Bollullos, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y Gibraleón–, Cádiz –Algeciras– y Sevilla –Huévar del Aljarafe–.

Asimismo, el Ministerio Fiscal señalaba como un hecho en su escrito que «desde al menos el mes de marzo de 2019, los acusados, de manera estable y continuada en el tiempo desarrollaron tareas ilícitas conjuntas con la finalidad de lograr la introducción de sustancias estupefacientes, concretamente hachís, por vía marítima en las costas españolas».

De la misma manera, detalla que los acusados se estructuraban «de una manera clara», y «con un reparto de funciones que permitía lograr su propósito delictivo común, vinculado al tráfico de drogas» y destaca a cuatro de ellos como los responsables principales de la rama operativa, de la logística marítima, y de la logística terrestre.

Igualmente, la Fiscalía considera que los acusados no se ponían de acuerdo «únicamente» para «la comisión puntual de un hecho delictivo vinculado al tráfico de drogas», sino que «esta organización dedicada a la introducción de sustancias estupefacientes por las costas españolas suponía una ilegal y lucrativa fuente de ingresos, y a su vez les permitía disponer de un entramado logístico que facilitó el éxito de sus propósitos criminales».

La Fiscalía considera que dicho entramado «permitía a los acusados obtener la infraestructura necesaria para preparar las embarcaciones adecuadas para la introducción vía marítima de la sustancia estupefaciente».

Finalmente, los días 10 de julio, 26 de julio, 30 de julio y 31 de julio de 2019 se realizaron alijos con la una embarcación que transportaba la droga entre Cádiz y Huelva y que fue avistada por las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la huida de sus tripulantes e intervención final de un alijo de 1.800 kilos de hachís, compuesto por 60 fardos con un valor en el mercado ilícito de más de 2,8 millones de euros.

Arranca este martes el juicio por las presuntas extracciones ilegales de agua en Doñana

El macrojuicio tiene a 15 imputados, entre ellos, dos exalcaldes de Almonte

El juicio por las captaciones supuestamente ilegales de agua entre los años 2009 y 2021 en explotaciones sitas en la finca Matalagrana, en el entorno del parque nacional de Doñana, dará comienzo este martes a las 10,00 horas en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Huelva y está previsto que se lleve a cabo durante dos semanas.

En este juicio hay 15 acusados, entre ellos dos exalcaldes de Almonte, para los que el Ministerio Fiscal pide las penas de dos años y diez meses de prisión, así como 13 titulares de las explotaciones y administradores de hecho o de derecho de las sociedades, la mayoría agricultores, para los que se solicita las penas de tres años y diez meses de prisión. Todos ellos están acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

De este modo, este martes se comenzará con la resolución de las cuestiones previas y el inicio de las declaraciones de los acusados, que seguirán el miércoles, mientras que el jueves y el viernes se llevarán a cabo las pruebas testificales propuestas, tanto por parte de las acusaciones como por las defensas.

Así, a la siguiente semana está previsto la continuación con las testificales, si fuera necesario, la presentación de las pruebas periciales, la presentación de conclusiones y la concesión de la última palabra a los acusados, con lo que finalizaría este juicio y quedaría visto para sentencia.

Esta causa comenzó en agostó de 2011 por la denuncia de un particular sobre supuesta corrupción en Almonte en relación a pozos ilegales y subvenciones a empresas, tras un acuerdo que se firmó entre el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y el Ayuntamiento de la localidad.

Según detallaba el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso a Europa Press, desde aquellas fechas y en ejecución de estos convenios, los agricultores acusados, «conscientes de la falta de autorización legal para ello», venían extrayendo agua del acuífero 27 para regar sus explotaciones, a través de los sondeos creados por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) a principio de los años 70, actualmente propiedad del IARA, así como que tanto los titulares de las explotaciones y los citados alcaldes «fueron conocedores de la inexistencia de la autorización para la extracción de agua».

De este modo, el escrito señala que en todas las explotaciones relacionadas «se ha producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero en el periodo de 2009 a 2012 y dicha detracción ha alterado el balance hídrico del acuífero generando un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga, sus hábitats y sobre el significado y valor ecológico del lugar a nivel mundial».

Sobre el papel de los alcaldes, miembros del Consejo de Participación de Doñana, la Fiscalía apunta que eran «conocedores del delicado estado del acuífero», por lo que los mismos responden en concepto de «cooperadores necesarios».

Considera el Ministerio Fiscal que desde que en el año 2007 empezaran a recibir los agricultores acusados la notificación de expedientes sancionadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), «ellos se comprometieron expresamente con dichos acusados a solucionar el problema y les comunicaron que todo era un error y que ellos se ocuparían de todo y le darían una solución política al tema, de tal forma que permitieron con dicha actitud y posicionamiento que continuase la actividad de extracción ilegal del agua y el daño para el acuífero».

Por estos hechos, para los exalcaldes se solicita las penas de dos años y diez meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de quince meses con una cuota diaria de 12 euros.

A su vez, alternativamente, «en caso de no apreciarse a consecuencia del comportamiento de los acusados la concurrencia de una situación de riesgo de grave perjuicio en el equilibrio del sistema natural de Doñana, su conducta constituiría un delito de usurpación-distracción de aguas», por lo que tendrían que hacer frente a la pena de seis meses de multa con 20 euros de cuota diaria. Del mismo modo, impone a cada una de las empresas el pago de una multa de 24.400 euros.

Para los demás, solicita a cada uno de ellos las penas de tres años y diez meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 20 meses con una cuota diaria de 20 euros.

Alternativamente, en caso del delito de usurpación-distracción de agua, tendrían que hacer frente a seis meses de multa con 60 euros de cuota diaria, así como al precinto definitivo de los pozos-sondeos declarados ilegales y reseñados en la conclusión primera que en un principio se hizo de manera cautelar.

Como responsabilidad civil, los acusados y, de manera solidaria con ellos, las empresas de la que son administradores indemnizarán a la CHG con las cantidades que se determinen tras la celebración del juicio, en base al informe pericial realizado por el Jefe del Servicio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir.

Cabe recordar que esta querella fue elaborada por la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente en el marco de sus diligencias de investigación sobre la denuncia de WWF sobre el llamado «robo de agua en Doñana», convirtiéndose en una causa de unos 3.500 folios de extensión en la pieza principal y de 1.000 en la pieza de medidas cautelares, declarada compleja y en el que se une el trabajo de muchos profesionales de la justicia y del Seprona.