Enrique Santiago valora el acuerdo como «un primer paso importante de coordinación entre administraciones»
El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en funciones, Rocío Ruiz, y los alcaldes de Lepe y Moguer, Juan Manuel González y Gustavo Cuéllar, han firmado este viernes en Huelva el protocolo general de actuación con el que se impulsa la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras en estos municipios onubenses.
En declaraciones a los periodistas tras la firma del protocolo, el secretario de Estado ha asegurado que con este documento «se da un primer paso importante de coordinación entre administraciones» ya que desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se viene impulsando un acuerdo de trabajo para «dar una solución a las infraviviendas donde habitan temporeros del campo y que ha sido denunciado en infinidad de ocasiones por Naciones Unidas» y que «debería tener una solución fácil y lo más rápida en el tiempo posible».
En este sentido, el secretario ha afirmado que se trata de un protocolo para el que se va a destinar cinco millones de euros por parte del Gobierno central y que será «ampliable», ya que se ha firmado con Lepe y Moguer por ser «los municipios con los proyectos más avanzados», pero la disposición del Gobierno es «total para ampliar estos trabajos con otros ayuntamientos», de hecho, ha avanzado que ya se está trabajando con Lucena del Puerto y Palos de la Frontera.
«Con este protocolo lo que queremos es dar un impulso a la Estrategia de Desarrollo Sostenible que impulsó el Gobierno el pasado año y combatir la desigualdad y la pobreza», ha añadido Santiago
Al respecto, el secretario de Estado ha detallado que el protocolo es «un paso previo a un Real Decreto para ejecutar los programas», al tiempo que ha asegurado que «hay que establecer cuál va a ser el papel de los distintos actores, desde administraciones a sindicatos o asociaciones «los cuáles queremos que se integren».
No obstante, el protocolo, según ha explicado Santiago, ya contempla tres actuaciones concretas, por un lado, la puesta en marcha de infraestructuras de acogida temporal para los trabajadores; por otro lado, la sistema de derivación para viviendas en núcleos urbanos con coordinación e itinerarios sociales; y una tercer diseño de un plan que «partiendo de esta provincia es extrapolable a otras provincias españolas como a Almería, Murcia o Albacete». Además, se va a constituir una comisión de seguimiento para «seguir trabajando conjuntamente».
Asimismo, Santiago ha detallado que en Huelva, «al margen de otras provincias», se trata de «un problema que afecta a un porcentaje muy reducido del total de trabajadores del campo», ya que «se calcula que existen alrededor de 2.500 personas en estos asentamientos», toda vez que ha expresado la «voluntad del Gobierno de forjar alianzas con todas las administraciones y organizaciones par que entre este año y el año que viene se dé por solucionado».
«Integración real»
Por su parte, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha asegurado que se da «un paso decidido y pionero para la erradicación de las infraviviendas en la que estaban sumida muchísimas personas, temporeras en su mayoría durante décadas», ya que es «un problema estructural muy complejo que se ha mantenido durante décadas y que por fin gracias al diálogo, al consenso y llegar a acuerdos como este protocolo se le va a poder poner solución», ha remarcado.
«Desde el primer momento quisimos poner un remedio a esta situación para darle dignidad a estas personas, tal como ha solicitado el relator especial de las Naciones Unidas tras su visita a la zona y se recoge en la Agenda 2030 para lograr una mayor igualdad y paliar las brechas económica, social y ambiental», ha subrayado.
En este sentido, Ruiz ha subrayado que desde 2019 la Consejería ha invertido más de 20 millones de euros en asentamiento en toda Andalucía para atender a las personas con programas que gestionan entidades y ONG como Cáritas, Cruz Roja o Cepaim».
«Este acuerdo marco es mucho más, porque tenemos que avanzar en la integración real con programas de inserción social y laboral que buscan también el acceso a viviendas integradoras dentro de los cascos urbanos. Es decir, esto es una primera fase de muchas que van a venir porque estamos hablando de un proceso de integración de personas que llevan aquí viendo y trabajando durante muchos años y que también hay que regularizar su situación», ha subrayado.
El siguiente paso, ha explicado la consejera, es concretar con las primeras fechas para las construcciones de los proyectos de Lepe y Moguer que «están muy avanzados». Otra siguiente fase en la que «se podrían incluir otros ayuntamientos y «hay que trabajar en el convenio para trabajar con los servicios sociales y con las entidades del tercer sector».
PROYECTOS
Por otro lado, el alcalde de Lepe, ha manifestado su agradecimiento a ambas administraciones porque este protocolo es «un reconocimiento importante a una situación y un tema muy espinoso para toda la provincia de Huelva y en concreto para la agricultura», al tiempo que ha remarcado que se «reconoce una trayectoria importantísima ya que desde hace 25 años existe chabolismo en Lepe».
No obstante, González ha subrayado que se trata de «una declaración de intenciones, que luego debe ir acompañado de otros actos como el convenio que deberían decir incluir la inversión que se destina tanto a Lepe como a Moguer», toda vez que ha recordado a los municipios que «nos han acompañado también en esta larga travesía como son Lucena del Puerto y Palos de la Frontera».
El primer edil lepero ha destacado que «la inmigración es necesaria pero de manera controlada y que las personas que viven en esas infraviviendas tengan una vivienda digna, que son las que se pretende conseguir con este protocolo».
«Recogemos la inmigración de los pueblos de alrededor, por lo tanto una solución que hay que dar, una solución inmediata esto tiene que seguir y además de manera inmediata»
Asimismo, ha asegurado que el consistorio tiene el censo controlado y recogido, por lo que para solucionar el problema de habitabilidad se han presentado varias propuestas. Una de ellas es la rehabilitación de un antiguo matadero para dar solución habitacional a 150 personas; por otro lado modular una finca municipal modularla con los requisitos legales en cuatro hectáreas y el tercero cuarto gratificar aquellas personas que contraten viviendas con inmigrantes, mediante la reducción del IBI de la vivienda.
Por otro lado, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha reseñado que la inmigración es «una situación compleja» y que no es un problema en sí, sino la situación en la que se encuentran muchas de las personas que vienen a buscarse su vida».
Asimismo, Cuéllar ha asegurado que todos los ayuntamientos con asentamientos «llevan muchos años trabajando dentro de la orfandad y soledad ya que hasta este momento ni el Gobierno central ni la Junta Andalucía habían presentado un trabajo tan serio y tan bien proyectado»
«En Moguer teníamos sobre 1.700 personas en chabolas en época muy elevada agrícola y hoy día tenemos aproximadamente unas 350-400 no tenemos que ocultar hecho realidad. También es cierto que el de vivienda agrícola en cada una de las fincas de nuestro propio municipio es un parque que ha copado o que ya casi es imposible, por tanto hemos reclamado a voces», ha abundado.
En este sentido, el primer edil ha explicado que se está construyendo un centro de acogida de inmigrantes, «que está al 50 por ciento» y que contemplaba cuatro fases, «de las cuales faltaría las dos últimas de un edificio que podría albergar entre 250 y 300 personas que es lo que se ha contabilizado que aún queda en el municipio tras la reducción en estos últimos años de casi 1.000 las personas que vivían en estas infraviviendas».
