El Supremo da la razón a la Diputación de Huelva y obliga a la Junta a consensuar la ayuda a domicilio

Resuelve favorablemente la demanda presentada por la institución provincial

La justicia ha dado la razón a la Diputación de Huelva al resolver favorablemente la demanda presentada por la institución provincial en la que se entendía que la Junta de Andalucía no había cumplido la legislación vigente a la hora de regular la prestación de la ayuda a domicilio, dejando fuera de la actualización del convenio de colaboración a las entidades locales como diputaciones y ayuntamientos, que prestan el servicio a la ciudadanía.

Desde la Diputación de Huelva han mostrado su satisfacción por la resolución favorable de esta demanda que a su juicio tendrá un impacto positivo en toda Andalucía, puesto que la Junta tendrá que elaborar un nuevo modelo de convenio de colaboración negociado en el que se respete la autonomía local y se articulen las relaciones con las entidades locales de acuerdo a la normativa vigente.

Asimismo, han destacado que se trata de una excelente noticia, especialmente, para las personas dependientes, puesto que va a permitir que las aportaciones de los ayuntamientos y diputaciones mejoren y enriquezcan la gestión de este servicio. De esta forma, «se garantiza que la Junta de Andalucía no ignore a las entidades locales que prestan este importante servicio cada día y conocen como nadie la situación y necesidades del mismo», añaden.

Los servicios jurídicos de la Diputación solicitaron la nulidad de la Orden de 7 de octubre de 2019 de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por la que se aprobaba el modelo actualizado de convenio de colaboración para la prestación del mencionado servicio en todo el ámbito regional y que en el caso de la provincia de Huelva se canaliza a través del ente provincial.

Para ello, los servicios jurídicos de la Diputación interpusieron un Recurso Contencioso-Administrativo en fecha 13/10/2020, al considerar que se omitía de manera flagrante el procedimiento legal y por ausencia de bilateralidad del convenio que aprobaba la Orden, vulnerando la autonomía local de la institución, e incumpliendo, además, el artículo 49 de la ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, referido a los convenios administrativos.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, dictó sentencia, en fecha de 11 de junio de 2021, estimando el recurso interpuesto por la Diputación y declarando la nulidad de pleno derecho de la Orden, con imposición de las costas a la Junta de Andalucía.

Esta sentencia fue recurrida por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo, acordando este, finalmente, su inadmisión mediante Providencia en fecha del 15 de diciembre de 2022, con imposición de nuevas costas a la Junta de Andalucía y sin dar lugar a recurso alguno por parte de la administración regional.

La Audiencia de Huelva revisa 60 sentencias por la ley del ‘Solo sí es sí’ y rebaja la pena en dos

Los restantes casos se revisarán a petición de las partes

La Audiencia Provincial de Huelva ha acordado revisar de oficio las penas impuestas conforme a la legislación derogada por la ley del ‘Solo sí es sí’ para los supuestos en que las mismas conductas se sancionen en el actual texto con una pena inferior y en aquellas condenas en que se evalúe que es posible aplicar una pena inferior conforme a la versión ahora vigente del Código Penal, según se indica en el acta del pleno de magistrados remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En este sentido, desde el TSJA han indicado que las secciones Primera y Tercera de la Audiencia de Huelva han revisado hasta el momento cerca de 60 sentencias emitidas sobre este tipo de condenas, aunque en la mayor parte de ellas no se cumplían los requisitos, por lo que finalmente solo han sido objeto de una revisión profunda diez y se ha producido una rebaja de la pena en dos de ellas.

De la misma manera, los magistrados han aprobado que en los restantes casos y «para el supuesto de que así lo interesaran las partes», el procedimiento de revisión se iniciaría a petición de éstas, «con traslado a las partes personadas y resolución de fondo».

Finalmente, han indicado que se utilizará como criterio interpretativo en la revisión de sentencias en ejecución, «ante la falta de disposiciones de régimen transitorio en la LO 6/22 de 6 de Septiembre, del art. 2.2 del Código Penal, que consagra el principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo, debiéndose analizar cada caso concreto».

Acusación y defensa recurrirán la sentencia del condenado por decapitar a un hombre en Huelva

La Audiencia Provincial de Huelva lo condenó a 21 años y cinco meses de cárcel por los delitos de asesinato y profanación de cadáver

El abogado encargado de la defensa de (M.J.N.B), condenado por asesinar y decapitar a otro varón (C.R.M) en Huelva y cuya cabeza paseó por la calle el 31 de octubre de 2020, así como el abogado de la acusación particular de la familia del fallecido, recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a esta persona a 21 años y cinco meses de cárcel por los delitos de asesinato y profanación de cadáver, según han indicado a Europa Press.

Así, el abogado de la defensa, Elías Carrillo, ha señalado que ha anunciado que presentará un recurso de apelación ante el TSJA que se enfocará en la «vulneración del principio de presunción de inocencia» y en un «error en la valoración» en pruebas, en referencia a la «ausencia de huellas» de su representado en el calentador de gas con el que presuntamente lo golpeó o en el cuchillo que usó para degollar a la víctima.

En este sentido, el letrado ha señalado que «no ha quedado acreditado» la presencia de «huellas» en el elemento estudiado como arma, algo que considera «fundamental» para considerar el delito de asesinato, por lo que con el recurso tratará de que finalmente se acepte el delito de homicidio, como solicitó durante el juicio celebrado entre el 24 y el 26 de octubre en Huelva con jurado popular.

En este punto, ha explicado que en la sentencia «se indica que ha podido borrarlas» o que pudo usar «un trapo o algo que evitase la impresión dactilar» pero que este extremo «hay que demostrarlo» porque «no está acreditado» y «el derecho hay que probarlo», al tiempo que ha añadido que «con los adelantos científicos que hay, si hubiera limpiado un objeto habría restos, al menos, de haber usado un producto para limpiar».

Por ello, ha reseñado que «no se dice que esta persona no haya hecho nada» pero «no de lo que se le ha calificado», por lo que con el recurso tratará de «transformar el asesinato en homicidio, no que quede impune».

Por su parte, el abogado de la acusación particular en representación de la familia de la víctima, Marcos García Montes, ha explicado que también ha anunciado que presentarán un recurso «que se está ultimando» y estará listo en unos días.

De esta manera, en el recurso de apelación la acusación hará constar que la circunstancia de abuso de confianza –al ser el condenado amigo de la víctima– «no se puede incluir en la agravante de alevosía», sino que «es independiente», así como que consideran que «sí existe delito contra la integridad moral» algo que «tampoco se puede considerar como parte del delito de asesinato».

En este punto, García Montes ha explicado que sumar esto supondría «un aumento de condena» pero de «entre uno y tres años más», lo que «de cara al cumplimiento de la pena no tiene mayor trascendencia», al tiempo que ha reseñado que se solicita por «legitimidad legal».

Ambas partes tienen previsto entregar el escrito de sus recursos a lo largo de los próximos días, a fin de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los admita a trámite para la revisión de la sentencia.

La sentencia

Tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, la Audiencia condenó al acusado a 21 años de prisión por un delito de asesinato y a cinco meses de cárcel por un delito de profanación de cadáver.

Además, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar con un total de 205.000 euros a sus cinco hermanos y una sobrina por el daño moral causado. Asimismo, lo absuelve de los delitos contra la integridad física y moral y robo con violencia por los que también fue juzgado.

En el juicio, la Fiscalía solicitó para el acusado 24 años de cárcel por el delito de asesinato y cinco meses de prisión por el delito de profanación de cadáver, mientras que la acusación particular ejercida por la familia de la víctima reclamó 25 años por el primer delito; cinco meses de cárcel por el segundo; cinco años de prisión por un delito de robo y otros dos años de cárcel por un delito contra la integridad física y moral. Por su parte, la defensa solicitó el delito de homicidio.

Hechos que se consideran probados

En su veredicto, el jurado consideró probado que, en horas no determinadas de la tarde del 29 de octubre de 2020, el condenado acudió al domicilio de la víctima, de modo que, entre las 22,00 horas de ese día y las 8,00 horas del día siguiente, y mientras el fallecido se encontraba en la cocina agachado delante del frigorífico, el encausado, que estaba detrás suya, «con ánimo de causarle la muerte, agarró con las dos manos un esqueleto metálico de calentador de aproximadamente 1,1 kilo de peso que había en el suelo de la cocina, lo elevó y le golpeó al menos dos veces en la cabeza».

El agredido sufrió «distintas lesiones y murió de manera prácticamente inmediata en dicha franja horaria», según el veredicto del jurado, que también vio probado que, tras fallecer la víctima, el condenado «trasladó su cuerpo a la habitación del fondo de la casa envuelto en una cortina y le seccionó completamente la cabeza usando para ello un cuchillo de 20 centímetros de hoja».

Tras realizar estos hechos, el acusado se marchó de la casa llevándose las llaves de la vivienda, a la que regresó entre las 5,00 y las 9,00 horas del día 30 de octubre.

Una vez allí, «consumió una cantidad no determinada de cerveza y drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, limpió la cocina y el baño, tratando de eliminar con ello las huellas o vestigios que pudieran implicarle en la muerte» de su amigo, y formó un hatillo con el esqueleto del calentador que usó para «acabar con su vida», el cuchillo «que empleó para decapitarlo» y varios objetos manchados de sangre, señala la sentencia.

Seguidamente, el condenado «metió la cabeza del fallecido en una bolsa de plástico y se dirigió a una determinada plaza de Huelva, donde dejó la bolsa con la cabeza de la víctima entre las ramas de un árbol y se sentó en el banco más próximo al árbol, marchándose a su casa minutos después y dejando en el árbol la bolsa».

Asimismo, considera probado que el acusado «mostró la cabeza a otras personas» y emprendió la huida por distintas calles de la capital onubense, siendo seguido en su huida por dos personas que lograron grabarle con un teléfono móvil e informar a la Policía de que se había refugiado en su domicilio. En su huida, el acusado arrojó la bolsa con la cabeza de la víctima junto a un contenedor de basura de Pío XII.

Asimismo, el jurado consideró probado que, al infligirle las heridas «que provocaron finalmente su muerte», el acusado «aprovechó el hecho de que el fallecido se encontraba de espaldas a él y agachado, utilizando para golpearlo en la cabeza un objeto de notable contundencia» que, impactando en tal zona, era susceptible de causar «grave daño» al agredido, consiguiendo con todo ello «cometer estos actos de manera que impedía efectivamente cualquier reacción defensiva eficaz por parte de la víctima».

Además, consideró probada la circunstancia de la falta de previsión de la víctima de que pudiera ser atacado «habida cuenta la relación de amistad existente entre ambos», según recoge la sentencia.

En cuanto a la alevosía, la sentencia resalta que «no existe el mínimo atisbo de duda o incertidumbre respecto de que la intención» del acusado «fue acabar con la vida» de su amigo y pone de manifiesto que «no sólo es la violencia y ubicación de la zona de golpeo, sino también la reiteración de los golpes» lo que determina «la intención de buscar el resultado letal», por lo que subraya que los golpes fueron propinados «con un objeto peligroso y contundente y estando el fallecido de espaldas al encausado y agachado».

El alcalde obtiene el «firme compromiso» de la Junta para construir la Ciudad de la Justicia

Gabriel Cruz y José Antonio Nieto ponen de manifiesto «la voluntad de cooperación y colaboración entre las dos administraciones»

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, tras el encuentro institucional celebrado esta mañana con el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha obtenido “el firme compromiso y absoluta determinación por parte de la Junta de Andalucía para construir la Ciudad de la Justicia de Huelva” poniendo de manifiesto “la voluntad de cooperación y colaboración entre las dos administraciones para desarrollar un asunto secular durante más de 20 años”.

De esta forma, el primer edil ha anunciado la creación de una Comisión Técnica “para abordar con realismo, rigor y seriedad un proyecto en el que primero debemos establecer de manera definitiva el espacio, tras explorar las posibilidades existentes en la ciudad, para encargarnos desde el Ayuntamiento de Huelva de la cesión y puesta a disposición del suelo, mientras la Junta de Andalucía trabaja en los presupuestos, la redacción de los proyectos y licitación de las obras”.

Gabriel Cruz ha señalado que “la Ciudad de la Justicia es la principal aspiración de la capital onubense en este ámbito y por ello es urgente abordar el tema de manera rigurosa y definitiva, para tomar decisiones que nos garanticen escapar de la entelequia para convertirlo en un proyecto real”.

Por su parte, José Antonio Nieto, ha mostrado su intención de “definir una hoja de ruta, para proponer a los onubenses certezas reales sobre el cómo, el dónde y el cuándo de la Ciudad de la Justicia, para que Huelva no se quede atrás del resto de capitales de provincia andaluzas”. En este sentido, ha asegurado que desde la Comisión Técnica se trabajará para “concretar y visibilizar un proyecto que debe seguir el mismo modelo y programa de usos que en el resto de Andalucía, por lo que se estima una edificabilidad de 35.000 metros cuadrados de techo y una inversión de 70 millones de euros”.

El TSJA tumba la adjudicación de la parcela de las ‘Dos Torres’ en Punta Umbría

El Alto Tribunal andaluz ratifica la sentencia del juzgado onubense

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva que anuló en junio de 2020 la adjudicación de las parcelas de la zona de los antiguos depósitos -ubicadas en la avenida Ciudad de Huelva- realizada por el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) a la entidad Riaumbría Towers S.L y que tenían como destino el proyecto urbanístico William Martin con la construcción de dos edificios de 19 plantas -conocidos como las ‘Dos Torres’-.

Según recoge la sentencia, el TSJA desestima el recurso de apelación interpuesto por Riaumbría Towers y condena en costas a la entidad «con el límite de 800 euros».

Así, el TSJA señala que hace suya la «extensa» motivación de la sentencia apelada del Contencioso-Administrativo 3 de Huelva y concluye que el acto de adjudicación «partía de un presupuesto viciado de nulidad», y que declarada ésta, «la consecuencia inevitable no era otra que la anulación a su vez del acto de concreta adjudicación, que así por tanto debe declararse».

En este sentido, esgrime que la misma «muestra bien a las claras que, ni en la valoración de los hechos, ni en la aplicación del derecho, se ha incurrido en ningún error».

El TSJA destaca que el proyecto tenía una previsión de 172 viviendas a construir de las que únicamente 52 –las correspondientes a una de las parcelas– tendrán la consideración de viviendas protegidas y señala que «resulta evidente que el acto de enajenación impugnado no puede cabalmente separarse de las condiciones inherentes a la propia venta, que aparecen delimitadas o configuradas en el Pliego».

A este respecto, reseña que «entra en frontal contradicción con las exigencias, en la medida en que su destino prioritario no es otro que la construcción de viviendas libres», apuntando que «en tal sentido, ha de concluirse que dicho acto de enajenación no resulta conforme con las exigencias del precepto reseñado» ya que «ni se da cumplimiento a la norma de carácter general que lo integra» de que «las parcelas en cuestión sean destinadas a la construcción de viviendas de protección oficial o equivalentes, condición que no se cumple respecto de tres de ellas, en concreto la R2, R3 y R4».

Asimismo, señala que «tampoco consta se haya dado cumplimiento por la administración a la posibilidad de excepcionar dicha adscripción» de que «se podrán enajenar estos bienes para la construcción de otros tipos de viviendas siempre que su destino se encuentre justificado por las determinaciones urbanísticas y redunde en una mejor gestión del patrimonio público de suelo».

También sobre este proyecto se pronunció en enero de este año la Sala de Refuerzo de los Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la modificación urbanística para el proyecto por un recurso del Ministerio de Transición Ecológica «por vulnerar la Ley de Costas».

El Alto Tribunal andaluz entendía que las 19 plantas previstas en la construcción «dan lugar a una pantalla arquitectónica» que «proscribe» la Ley de Costas, al general «impacto visual», así como señalaba que la torres proyectadas «añaden un indeseado efecto de verticalidad que irrumpe en el paisaje».

Consideraba el TSJA que los dos edificios proyectados por la empresa en los terrenos de la Avenida Ciudad de Huelva, «suponen una pantalla arquitectónica», por lo que obligaba a reducir la altura de las edificaciones «repartiendo los usos en cuatro bloques».

Así las cosas, la empresa promotora del proyecto urbanístico y residencial William Martin anunció que defenderá en el Tribunal Supremo la «legalidad» del proyecto urbanístico y el modelo de actuación que propone «al liberar más espacios libres y favorecer usos a favor del ciudadano, en contraposición con el modelo que defiende el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que opta por un proyecto de cuatro edificios».

Condenado a nueve años de cárcel por agredir sexualmente de manera continuada a su ex en Huelva

También le prohíben acercarse a menos de 300 metros de esta persona durante 14 años

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva por la que condenaba a un hombre, súbdito italiano, a nueve años de prisión como autor responsable de un delito continuado de agresión sexual a su expareja, así como le prohíbe aproximarse a menos de 300 metros de esta persona durante 14 años y comunicarse con ella.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, se condena a este hombre –que en 2015 ya había sido condenado a seis meses de prisión por un delito de lesiones– a indemnizar a la víctima en la suma de 5.203 euros por lesiones y secuelas y en la suma de 6.000 euros por daños morales y se impone al condenado la medida de libertar vigilada durante cinco años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

La sentencia del TSJA, a la que ha tenido acceso Europa Press, acepta el relato de los hechos probados de la sentencia –y desestima el recurso presentado por la defensa–, que concluye que también se produjeron los delitos de lesiones y detención ilegal ya que «no se perpetró un único delito en el que el sujeto activo actuara contra la víctima en una ‘eclosión erótica prolongada'», sino que «el mantenimiento de la conducta» de agresión sexual, «durante más de nueve horas, excluye la existencia de una unidad natural de acción, dando lugar a la continuidad delictiva».

Según señala la sentencia, la agredida y el condenado mantuvieron una relación sentimental que finalizó en el año 2012, aunque ambos continuaron conviviendo en el mismo domicilio hasta el momento en el que el hombre entró en prisión por la sentencia condenatoria por lesiones de 2015 –que cumplió en 2019–. Una vez dentro, tuvo conocimiento de que la víctima había mantenido una relación con otro hombre por lo que, cuando salió de la cárcel, se presentó en la vivienda que compartía con la misma y la agredió sexualmente en diversas ocasiones.

Como consecuencia de ello, la agredida sufrió varias lesiones genitales que «precisaron para su sanidad de una primera asistencia facultativa sin ulterior tratamiento médico habiendo precisado para su sanidad de 60 días de perjuicio personal», así como secuelas de un cuadro de estrés postraumático.

La defensa recurrió la sentencia al considerar que el tribunal de instancia «incurrió en un error en la valoración de la prueba», al haber condenado a su cliente «en base a la declaración de la denunciante», toda vez que la sentencia del TSJA recoge que la Audiencia de Huelva consideró esta declaración «totalmente creíble, ausente de contradicciones y persistente, destacando su coherencia, claridad, precisión y minuciosidad por los detalles que ofreció».

De la misma manera, apunta que, además de la declaración de la víctima, la Audiencia tuvo en cuenta «diversos elementos corroboradores periféricos que vinieron a avalarla» como la declaración de las hermanas de la denunciante, las manifestaciones y testificales de una trabajadora social de Cruz Roja y una psicóloga de esta organización, la declaración de policías nacionales que «constataron» que la víctima «estaba nerviosa y asustada, no cesando de llorar cuando les contó lo sucedido, diciéndoles que tenía miedo a posibles represalias del acusado» si presentaba una denuncia.

En este sentido, el TSJA indica que no fue la víctima la que denunció los hechos, sino «que lo hizo el Instituto Andaluz de la Mujer, que comunicó a la Policía lo que la mujer había relatado en las dependencias de la Cruz Roja».

Además, destaca la presentación en el juicio de un informe médico forense en el que se recogen las lesiones que presentaba la agredida que, además de las físicas, indica secuelas psicológicas como la existencia de una trastorno adaptativo, así como se presentó un informe de ADN realizado por el Laboratorio de Biología-ADN de la Brigada Provincial de Policía Científica de Sevilla –cuyas conclusiones eran compatibles con la versión de los hechos de la denunciante–.

A ello, según indica la sentencia del TSJA, «se puede unir que el procesado, que en su primera declaración ante el juez instructor admitió expresamente haber forzado en un momento puntual a la denunciante, aunque solo con la finalidad de tocarla» y «sin admitir en el juicio la existencia de violencia o intimidación, en realidad no dijo que ella hubiera accedido voluntariamente a tener sexo con él».

Por todo ello, el Alto Tribunal andaluz subraya que «siendo la cuestión planteada por la defensa de carácter estrictamente probatorio, no siendo función de esta Sección de Apelación revaluar la prueba, sino revisar críticamente la valoración realizada por el órgano de instancia, no se aprecia en este caso ningún error patente y manifiesto que se deba rectificar, y debiendo respetarse aquellos aspectos que dependen exclusivamente de la inmediación, prescindiendo de simples apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas pruebas, el motivo se debe rechazar».

Condenan a un policía local de Aljaraque por falsificación de documento oficial

El TSJA desestima el recurso de la defensa y ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por la defensa y, por tanto, ratifica la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Huelva a un policía local de Aljaraque a la pena de 24 meses de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de su empleo de policía que lleva consigo la privación definitiva por un «delito continuado falsificación de documento oficial en concurso medial con un delito continuado de estafa».

Asimismo, en la sentencia de la Audiencia Provincial, ratificada por el TSJA, también se condenaba al acusado «a la pena de 12 meses de multa con cuota de seis euros diarios (2.160 euros) y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas de acreditarse insolvencia (seis meses máximo).

En concepto de responsabilidad civil el acusado indemnizará a la entidad aseguradora Ocaso en 800 euros con los intereses del art.576 de la L.E.Crim».

De este modo, como se recoge en los hechos probados de la sentencia de la audiencia provincia, «J.R.P.F., agente de la Policía Local de Aljaraque con número de carné profesional XXX concertó póliza de seguro de hogar número 611821 con la compañía ‘Línea Directa Aseguradora S.A.’ con fecha de inicio 1/8/2017 y el 22 de octubre de 2017 dio parte a ésta de un siniestro al declararse víctima de un robo con violencia acaecido en la calle Azucena de Aljaraque».

Así, el agente dijo que «se le había sustraído un bolso que contenía 30 euros, su DNI, llaves del vehículo C-4, un móvil Huawei Ascend G7 imei XXX, un móvil Sony Xperia M4 imei XXX y una tablet Lenovo modelo Tab2a10-30 con n.o de serie XXX, hecho que no se había producido».

Para ello, continúa el escrito «presentó documentación consistente en un atestado de número 338/2017 de la Policía Local de Aljaraque con aparente firma de los agentes 5640 y 5637 y correspondiente al día 22 de octubre de 2017 que recogía su denuncia ante las propias dependencias de la Policía Local de Aljaraque en las que trabajaba, pero que había confeccionado él mismo mediante manipulación de los archivos policiales para aparentar que había sucedido el siniestro y poder cobrar la indemnización correspondiente de la entidad aseguradora».

Asimismo, La sentencia continua alegando que «de la información ofrecida por Unión de entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) se conoció que el acusado tenía historial de comunicación de partes a distintas compañías aseguradoras y de entre ellos destacaba que el día 15 de julio de 2014 denunció en dependencias de la Policía Nacional haber sido víctima de un robo ocurrido a las 21,20 del día anterior en la Playa de La Bota».

«En el que se le había sustraído documentación, cámara de fotos, teléfono móvil, varias joyas y 20 euros, lo que originó la incoacción de Diligencias Previas 2262/14 del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva que finalizaron con sobreseimiento provisional por falta de autor conocido, y que fue rehusado por falta de cobertura», indica el escrito.

Por tanto, «se comprobó que el acusado había cobrado 800 euros de la entidad aseguradora ‘Ocaso’, tras dar parte de un robo con violencia del que habría sido víctima a las 21:20 horas del día 28 de agosto de 2016 en un puente de madera en la vía multimodal de los núcleos de Aljaraque y Bellavista, zona de las Vegas, y en el que manifestó que se le había sustraído una mochila donde portaba una cámara de fotos Cannon modelo Eos 600D, móvil Huawei Ascend G7 imei XXX, móvil Samsung SM G7105 Galaxy Grand 2 imei XXX, DNI y 40 euros.

Así, según la sentencia, «justificó aparentemente este hecho aportando copia de denuncia presentada el día 26 de agosto de 2016 en las dependencias de la Policía Local de Aljaraque donde prestaba servicios como funcionario y que habría dado lugar al atestado 279/2016, que incluía los datos personales del acusado como denunciante, y mención de los agentes 5640 como instructor y su propio carné 5635 como secretario».

Al respecto, «tras contrastarse con la documentación de la policía local «resultó que se correspondía con documento en el que solo figuraba el encabezamiento y el número policial del acusado al pie del documento como secretario, quedando vacío de todo contenido descriptivo y de firmas».

Asimismo, la sentencia continúa explicando que «la factura aportada a la compañía Línea Directa respecto del móvil Huawei Ascend G7 imei XXX n.o 60240311 de Media Markt se había usado previamente por el acusado en el parte dado a la entidad Ocaso, y la cámara Cannon Eos 600 D coincide con aquélla incluida en el parte dado a la compañía línea Directa, y en «las diligencias 14192/14 de la policía nacional del 15 de julio de 2014 referidas».

Además, «las copias de los atestado 338/17 y 279/16 de la policía local de Aljaraque no tuvieron alta de entrada en la guardia Civil ni están reflejadas en sus bases de datos».

«Sí constaban dos denuncias de J.R.P.F. de fechas 12/10/2015 en Punta Umbría por hurto de su mochila, y de 4/4/2012 en Gibraleón por hurto de una bolsa de bebé que se decía cometido en Huelva. El acusado no cobró cantidad alguna de la entidad ‘Línea Directa'», explica la sentencia.

Tras esta, la defensa del acusado recurrió la sentencia, alegando que «el tribunal de instancia incurrió en un error en la valoración de las pruebas e infringió el derecho del acusado a la
presunción de inocencia»

No obstante, en su fallo, el TSJA alega que «no se acredita que el tribunal de instancia incurriera en un error claro y manifiesto en la valoración de las pruebas que se debe corregir, ni que infringiera el derecho a la presunción de inocencia de que gozaba el acusado».

«Por el contrario, los indicios existentes, plurales y plenamente acreditados, valorados en su conjunto conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, acreditan de forma inequívoca que el acusado llevó a cabo los hechos que se le imputan, sin que pueda prosperar, tampoco, la invocación que se hace del principio in dubio pro reo, pues es claro que los integrantes del tribunal no tuvieron dudas sobre la culpabilidad del acusado», ha concluido el TSJA.

Zulema Fariña llevará su caso ante la Justicia para demostrar que fue despedida por ‘antivertedero’

Asegura que pondrá a disposición judicial la conversación telefónica y los mensajes que recibe cuando le comunican el despido

La trabajadora del servicio de limpieza del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva que fue despedida tras su primer día de trabajo, la nervense Zulema Fariña, denunciará su caso ante los Tribunales de Justicia para demostrar su versión sobre los motivos de su despido: ser hija de ‘antivertederos’.

Así lo ha trasladado la propia Fariña en declaraciones a TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto- nada más conocer el comunicado remitido por la empresa gestora de la instalación, Diseño de Soluciones Medioambientales (DSM), que atribuyó su decisión a que la empleada no completó la formación específica en prevención de riesgos laborales, tal y como este periódico informó a través de esta publicación.

Frente a ello, la trabajadora despedida asegura que tiene en su poder todas las pruebas que demuestran las justificaciones que recibió cuando le comunicaron que no podría seguir en el servicio, como los mensajes de whatsapp o la conversación telefónica, así como la información relativa a los cursos formativos. «Todo será puesto a disposición judicial», ha remarcado.

Sobre los motivos que alega la empresa para justificar el despido (no completar la formación específica en prevención de riesgos laborales), Zulema Fariña detalla que el pasado 28 de junio, tres días antes de su primer y único día de trabajo, recibe los enlaces para realizar los cursos de formación a través de la plataforma Quirón Prevención, al tiempo que le informan de que dispone de una semana para llevarlos a cabo.

Eran «cuatro cursos de tres horas de duración cada uno», indica Fariña, tras lo que asegura que «en dos días acabé dos de ellos»: ‘Seguridad y Salud en actividades de limpieza’ y ‘Almacenamiento y manipulación de productos químicos’. Aún tenía hasta el lunes día 4 para finalizar los otros dos, ‘Prevención del riesgo eléctrico’ y ‘Manipulación manual de cargas’, pero desde el mismo viernes por la tarde que la empresa que la contrató, SIES, le comunica el despido, «se anula mi enlace a dicha plataforma», prosigue la afectada a través de un comunicado remitido a esta redacción.

«Efectivamente fui contratada por la empresa SIES. Así lo explico desde el primer momento en la carta que traslado a medios de comunicación y redes sociales. Es más, ahora sé que con ustedes no hubiese trabajado nunca. Tanto aborrecían mi presencia en sus instalaciones que trasladaron a SIES una orden directa e indiscutible: quítala por ser antivertedero», apostilla la empleada despedida.

Los Juzgados de Menores de Huelva estrenan nueva sede

Justicia recepciona las obras tras acometer una inversión de 420.000 euros

El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en funciones, Alfredo Martín, ha visitado hoy la nueva sede de los Juzgados de Menores de Huelva tras la finalización de las obras realizadas, en las que la Junta ha invertido 420.000 euros para adecuar un inmueble situado en la calle San Sebastián de la capital onubense. Se trata de un local de 814,51 metros cuadrados que acogerá en este verano el juzgado y la Fiscalía de Menores de Huelva.

Martín ha recordado que el traslado del Juzgado de Menores a unas instalaciones adecuadas “era una demanda de los agentes judiciales de la ciudad a la que hemos respondido desde la Consejería de Justicia, buscando para ello un local adecuado para cubrir las necesidades que requiere, por las especiales características de esta jurisdicción, un juzgado de Menores”.

El nuevo inmueble está situado en los números 10, 12 y 14 de la calle San Sebastián de Huelva y cuenta con una superficie total de 814,51 metros cuadrados. En el mismo, se ubicarán tanto el Juzgado de Menores número 1 de Huelva como la Fiscalía de Menores, que actualmente se encuentran en la calle Echegaray, «en un espacio que no cumplía con las condiciones necesarias para ofrecer un buen servicio. En cambio, en este nuevo local dispondrá de espacio suficiente y una sede moderna», ha aseverado Martín.

La Delegación firmó el pasado 1 de enero el contrato con la arrendadora por un importe total de 419.337,60 euros para los próximos cuatro años, con opción de prorrogarse. En esta cuantía están incluidas las obras de adaptación que el delegado ha recepcionado una vez finalizadas. Está previsto que el traslado esté completado a finales de julio o principios de agosto para que en septiembre el Juzgado y la Fiscalía estén completamente operativos ya en la nueva sede.

Durante su visita, el delegado territorial en funciones también ha informado de la instalación de desfibriladores en la sede de la Audiencia Provincial de Huelva y los juzgados de Primera Instancia, haciendo de estos inmuebles espacios seguros ante cualquier incidencia. Además, se ha formado a cuatro funcionarios en cada sede para aprender a usar estos equipos ante una emergencia.

“Todo ello forma parte del compromiso que hemos mantenido durante esta legislatura desde la Consejería de Justicia por mejorar las infraestructuras judiciales para facilitar el trabajo de los funcionarios, jueces y fiscales así como el servicio que se ofrece a la ciudadanía que acude a la Justicia”, ha subrayado.

La familia de Alicia Rodríguez muestra su indignación por la puesta en libertad de su presunto asesino

Los padres de la reportera onubense consideran que el Ministerio Fiscal otorga «trato de favor» y recurrirá el auto

Los padres de la reportera onubense de Teleonuba asesinada hace un año presuntamente a manos de su pareja sentimental, Alicia Rodríguez López, han mostrado su «profunda indignación» por la puesta en libertad del presunto responsable de la muerte de su hija, al tiempo que han lamentado la «falta de sensibilidad» mostrada a su juicio por la representante del Ministerio Fiscal al «adherirse e informar favorablemente sobre la petición de libertad provisional solicitada por la defensa», tal y como informó TINTO NOTICIAS a través de esta publicación.

La familia considera que quien debe ejercer la acusación pública ha otorgado un «trato de favor» al presunto asesino de Alicia a pesar de los «contundentes» informes elaborados por la Guardia Civil que «apuntan a una clara intencionalidad de los hechos», señalan los padres, que ven «muy triste» que con ello se propicie que «el autor quede en libertad y se pasee tranquilamente por las calles de su localidad mientras que su víctima, Alicia Rodríguez, se encuentra desde hace un año en el cementerio de Huelva», añaden.

«No es justo, no es aceptable y no es entendible que unos padres tengan que sufrir esta nueva afrenta al conocer que quien les ha arrebatado para siempre a su hija disfruta tranquilamente de una libertad inmerecida, pues el daño causado es indescriptible e irreparable», prosiguen los padres de Alicia a través de un comunicado.

Por último, la familia de la joven asegura que ha dado instrucciones a su representante legal, el letrado Enrique Arroyo, de que recurra el auto de puesta en libertad para así tratar de corregir lo que consideran «un error de la acción de la Justicia» y hacer «más llevadero el inmenso dolor» que siente la familia desde hace un año, cuando le arrebataron «injustamente» a su hija, concluyen.