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Condenan a prisión a un hombre por vender droga en su domicilio de Lepe

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El TSJA ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva

El Tribuna Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial por la que se condena a un hombre a tres años y ocho meses de prisión por un delito contra la salud pública por venta de estupefacientes en su domicilio de Lepe (Huelva).

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJA ha desestimado el recurso presentado por la defensa del condenado que alegaba «violación del derecho a la presunción de inocencia» al considerar que se le había condenado «sin que existiera prueba suficiente para ello».

En este sentido, el Alto Tribunal andaluz señala en la sentencia que «es cierto que no hay prueba directa de actos concretos de venta en los que interviniera el acusado», pero «sí la hay de hechos que, conforme a la persistente y conocida doctrina jurisprudencial sobre las condiciones de la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción de inocencia, pueden considerarse indicios suficientes».

Por otro lado, apunta que la sentencia de la Audiencia Provincial «está meticulosamente motivada en cuanto a la racionalidad de la inferencia desde los indicios hasta el hecho presunto dado por probado».

En su sentencia, la Audiencia de Huelva consideraba probado que el acusado, sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, se había dedicado «al menos desde el mes de Abril de 2018 a la venta de estupefacientes –cocaína, heroína y rebujo de heroína y cocaína– , desde su domicilio de Lepe», donde la Policía Nacional había observado la entrada y salida de personas, algunas de las cuales fueron interceptadas portando droga.

Asimismo, la sentencia recoge que tras realizar tareas de vigilancia los agentes registraron el domicilio del condenado «sorprendiendo» al mismo con un grupo de personas, más de mil euros repartidos en billetes de diversas cantidades, así como numerosas sustancias estupefacientes.

Ante esto, el condenado su recurso «no discute la existencia en su domicilio de las sustancias y efectos intervenidos», pero sostiene que «lo ignoraba» y que «se encontraban en una habitación de la misma que tenía alquilada a una tercera persona a la que no identifica», así como negaba «haber participado en ningún acto de venta».

Finalmente, y ante las pruebas expuestas durante el juicio y que recoge la sentencia de la Audiencia, el TSJA considera que «basta» con los indicios existentes «para considerar que existe prueba suficiente para vencer la presunción de inocencia del acusado» y que «comportan un cuadro suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, pues ninguna inferencia es más lógica que la que conduce a la conclusión de que el acusado traficaba con las sustancias en su domicilio».

Un juzgado de Huelva reconoce como enfermedad profesional el contagio de covid de una enfermera

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Se contagió a consecuencia de su actividad asistencial en el Juan Ramón Jiménez

El Juzgado de lo Social número 3 de Huelva ha emitido una sentencia en la que se reconoce como enfermedad profesional el contagio por Covid-19 de una enfermera a consecuencia del desarrollo de su actividad asistencial en el Hospital Juan Ramón Jiménez tras una denuncia interpuesta por el sindicato de enfermería Satse.

Según informa Satse en un comunicado, la enfermera fue contagiada de Covid-19 mientras realizaba su trabajo e inició el proceso de incapacidad temporal el 23 de marzo de 2020 hasta el 14 de abril del mismo año.

Así, con fecha 10 de mayo de 2021, la demandante insta la tramitación de un expediente administrativo para la determinación de la contingencia del proceso de incapacidad temporal iniciado con fecha 23 de marzo de 2020 y sin que conste resolución expresa del mismo, según ha indicado el sindicato.

Posteriormente, con fecha 15 de julio de 2021, se presenta escrito de reclamación previa frente a la eventual desestimación de la solicitud anteriormente reseñada por silencio administrativo. Y finalmente, con fecha 6 de octubre de 2021, se presenta la demanda en el Decanato de los juzgados de Huelva, ha informado Satse.

De este modo, el juzgado onubense considera «acreditado (elemento de hecho no discutido por ninguna de las partes) que la demandante contrajo el virus Covid-19 en su puesto de trabajo de enfermera del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva».

De este modo, el tribunal da la razón a la enfermera frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Andaluz de Salud «fallando a su favor en la reclamación por determinación de contingencia de proceso de incapacidad temporal como derivado de enfermedad profesional», ha subrayado el sindicato.

Así, Satse ha asegurado que se «ha conseguido abrir un espacio para continuar defendiendo a las enfermeras y fisioterapeutas contagiados por Covid-19 durante el ejercicio de su actividad asistencial».

Además, desde el sindicato se indica que «el hecho de que sea calificada como enfermedad profesional supone un aumento de la protección para el trabajador en el supuesto que precise una adaptación de puesto de trabajo, acceder a una incapacidad temporal o jubilación, como consecuencia de las lesiones o secuelas que pudiera originar en la salud del profesional».

Condenan a un año de prisión al acusado de la muerte de un hombre en Huelva en 2019

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El TSJA confirma sentencia de la Audiencia Provincial

La Sala Civil y Penal del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado los recursos presentados por las acusaciones particulares contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva que condenaba a un año de prisión al acusado por la muerte de un hombre en el mes de abril de 2019 en un salón de juegos de la capital onubense.

De esta forma, confirma íntegramente la sentencia emitida por la Audiencia de Huelva tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, que lo consideraba responsable de un delito de homicidio imprudente con las eximentes incompletas de legítima defensa y miedo insuperable, por lo que fue condenado a un año de cárcel así como a indemnizar con un total de 115.890,23 euros a la madre, la pareja sentimental y el hijo menor del fallecido.

Así se expone en la sentencia del TSJA, consultada por Europa Press, que señala además que contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Conforme al veredicto emitido por el jurado popular, la Audiencia consideró probado que acusado y víctima se conocían con anterioridad y habían tenido una relación de amistad hasta que el condenado inició una relación sentimental con la expareja del fallecido, lo que provocó desavenencias entre ambos. En este sentido, el fallecido «amenazó de muerte al encausado en varias ocasiones, causando en éste un estado de temor y miedo».

Así, según la sentencia de la Audiencia, los hechos tuvieron lugar la noche del día 10 de abril de 2019 en un salón de juegos de Huelva capital, cuando la víctima tuvo conocimiento de que el acusado se encontraba jugando en la mesa de la ruleta y decidió abandonar el local con los amigos que lo acompañaban, aunque regresó poco después al establecimiento en una furgoneta conducida por uno de sus amigos.

De este modo, la víctima se dirigió a la mesa de la ruleta donde se encontraba jugando el investigado y le propinó varios manotazos por la espalda, momento en el que comenzó un forcejeo entre ambos en el marco del cual se desplazaron alrededor de la mesa de la ruleta hasta colocarse detrás de una columna. En ese forcejeo, y «sin intención de causarle la muerte ni previendo dicho resultado mortal», el acusado dirigió un arma blanca al cuerpo del fallecido y se la clavó a la altura de la zona lumbar, prosigue la sentencia.

A continuación, según recoge la sentencia, el encausado abandonó el local «rápidamente» y dejó allí al agredido aún con vida, siendo trasladado éste por sus amigos allí presentes en un vehículo particular a un centro hospitalario donde, pese a la asistencia médica recibida, falleció sobre las 1,25 horas del día 11 de abril de 2019.

Durante el forcejeo, el condenado experimentó un estado de «temor y miedo» que, «aunque no fuera insuperable, disminuyó notablemente su voluntad o capacidad de elección sin llegar a anularla, lo que le llevó a apuñalarlo en dos ocasiones, causándole las heridas que le produjeron la muerte».

El acusado permaneció en situación de prisión provisional desde el día 13 de abril de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, cuando fue puesto en libertad tras solicitarlo su defensa después de conocer el veredicto del jurado popular.

Inicialmente, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares ejercidas por la madre y la expareja del fallecido acusaron al investigado de un delito de homicidio y solicitaron para él penas de entre siete años y medio y catorce años de cárcel.

Reclaman un refuerzo de personal en los órganos judiciales con competencias en discapacidad

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El CSIF pide que se trate con urgencia el plan de medidas de autorrefuerzo y la repercusión de la Ley 8/2021

El sector de Justicia del sindicato CSIF ha reclamado un refuerzo de medios personales para los juzgados y órganos que «deben dar cumplimiento a la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la Legislación Civil y Procesal para el apoyo a las Personas Con Discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica», han destacado desde la central sindical, que asegura que dicha ley obliga a la revisión en un plazo de uno o de tres años, dependiendo del caso, de todas las medidas sobre la capacidad de las personas adoptadas con anterioridad a la entrada en vigor de la citada normativa.

En este sentido, CSIF ha reivindicado la necesidad de fortalecer los órganos judiciales con competencias en materia de discapacidad, así como las fiscalías y los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que gestionan estos procedimientos. Para ello, “apostamos por plan de refuerzo de jornada de tarde para la propia plantilla, complementándolo con un incremento de personal en los órganos afectados, que hagan posible el cumplimiento de los plazos establecidos», subrayan.

La central sindical destaca que las plantillas que conforman los diferentes órganos judiciales “ya se encuentran operando generalmente por encima de los módulos legalmente establecidos y, por tanto, es imprescindible desarrollar este plan de refuerzo del personal y que esté debidamente retribuido, evitando así que este incremento de carga de trabajo perjudique a los asuntos que de forma ordinaria tienen entrada diariamente en estos órganos”, agregan.

CSIF ya presentó el pasado mes de febrero un escrito dirigido a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal para solicitar la convocatoria urgente de la mesa de negociación del plan de medidas de autorrefuerzo en materia de discapacidad, sin que por el momento se haya atendido dicha petición, explican.

En la mesa sectorial que el sindicato ha solicitado se pretende analizar la repercusión que la Ley 8/2021 supondrá sobre las condiciones de trabajo del personal y establecer unas retribuciones adecuadas a las exigencias que supone dar cumplimiento a la disposición transitoria 5ª de la misma Ley, tanto por el incremento de la carga de trabajo como por la urgencia que determinan los plazos previstos en esta disposición, concluyen.

Justicia y Minas de Riotinto firman un convenio para facilitar la reeducación de menores infractores

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La alcaldesa Rocío Díaz asegura que es positivo para su futuro un «ambiente laboral»

El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Huelva, Alfredo Martín, y la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, han firmado este miércoles un acuerdo para que los menores infractores del municipio puedan realizar y cumplir las medidas de medio abierto impuestas por los jueces, como los trabajos en beneficio de la comunidad, en su propia localidad.

El objetivo que persigue la Consejería que dirige Juan Marín con este tipo de acuerdos, según ha recordado el delegado, es permitir la ejecución de aquellas medidas judiciales de medio abierto que no implican el internamiento cuando el Servicio de Justicia estime que un menor cumple con el perfil y tras la pertinente autorización judicial. El acuerdo supone además un seguimiento de la actividad educativa del menor y de los resultados de la misma.

«Quiero agradecer al Ayuntamiento de Minas de Riotinto y a su alcaldesa su colaboración y su disposición desde el principio para facilitar a los menores la ejecución de estas medidas en su propio municipio. Sin duda, estamos apostando por la reinserción de estos jóvenes con las actividades socioeducativas desarrolladas en la propia localidad en la que residen, facilitando así su cumplimiento, sin que tanto ellos como sus familiares tengan que desplazarse», ha señalado el delegado.

En este sentido, Martín ha explicado que «no solo se trata de un servicio que se presta a su ayuntamiento», sino que, además, «les ayuda a darse cuenta de las medidas reparatorias que tienen que realizar para el daño ocasionado, aunque sean de carácter leve».

Asimismo, el delegado territorial ha detallado que es un convenio que «ya se venía realizando», pero que «desde la Consejería de Juan Marín se le ha puesto mucho más énfasis, puesto que se ha buscado trasladar este acuerdo a municipios más pequeños, ya que antes se suscribía con localidades de mayor tamaño». Por lo tanto, ya son 18 los municipios en los que se ha firmado este acuerdo.

«Hemos alcanzado un número importante de convenios, por lo que hemos encontrado una amplia respuesta en la provincia cumpliendo, así, una de nuestras líneas de trabajo, acercar la Administración de Justicia al ciudadano con independencia de dónde residan», ha subrayado Martín.

De esta forma, los jóvenes podrán ejecutar trabajos en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas y labores reparadoras, que se realizarán a través de servicios municipales y siempre en coordinación con los técnicos de la Delegación y con la autorización judicial pertinente.

Por otro lado, el delegado territorial ha anunciado que la Universidad de Huelva ha firmado la autorización para que «los universitarios puedan realizar las prácticas en los recursos de Justicia Juvenil de la delegación provincial, «con la que pueden seguir formándose y sumar experiencia y bagaje en la administración».

Por su parte, la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, ha calificado de «buena noticia» este convenio, ya que «no solo es positivo para evitar el desplazamiento de estos menores y familiares», sino también «para su reinserción y aprender a trabajar en un ambiente laboral».

Asimismo, Díaz ha agradecido a la delegación que «tienda la mano y ayude a los municipios», ya que «los ayuntamientos están, precisamente, para contribuir en la mejora de los menores».

Como administración competente en Justicia Juvenil y tal y como recoge la Ley del Menor, la Consejería y sus delegaciones tienen la potestad de alcanzar este tipo de acuerdos con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas.

La realización de estas tareas no implica ningún tipo de relación laboral con el Consistorio ni tampoco son remuneradas. Además, todas deberán estar adaptadas a las capacidades del menor y estarán relacionadas con las actividades que desarrolla el Ayuntamiento.

La «precariedad» de la Justicia en Huelva obliga a señalar juicios para 2026

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El CSIF ve «desbordada» la situación de los juzgados en la provincia, tal y como reconoce el propio Consejo General del Poder Judicial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la Administración Pública y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado “la precariedad de medios, tanto materiales como humanos, que soporta la Administración de Justicia en Huelva, que obliga a señalamientos de juicios incluso para el año 2026 en el caso de los juzgados de cláusulas suelo y para 2024 en los juzgados de lo social”, han detallado.

Durante una visita a Huelva, el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha analizado la situación en la que se encuentra la Justicia en esta provincia y ha recordado que hasta “el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoce que la situación está desbordada, sobre todo a raíz del parón que hubo a consecuencia de la pandemia y la necesidad posterior de poner al día los juicios pendientes que fueron pospuestos”.

Girela se ha referido expresamente a los cuatro juzgados de lo Penal de la capital onubense, que suman alrededor de 5.000 asuntos anuales, a lo que hay que añadir los que se encuentran archivados de forma provisional y que pueden ser reabiertos en cualquier momento, ha indicado. Sin embargo, mientras la ratio recomendada por el CGPJ debe estar entre los 600 y los 800 asuntos anuales, en cada uno de los juzgados de lo Penal de Huelva se superan los 1.000, con una media de 1.200 asuntos al año, según las cifras que maneja el sindicato.

Además, el representante del CSIF ha indicado que dichos juzgados cuentan sólo con dos salas para juicios, lo que les limita a dos días en semana para celebrar juicios. “Este nivel de demora, que ha sido la realidad cotidiana en los últimos cinco años, supera a la media nacional”, ha manifestado Girela.

Respecto a los juzgados de lo Social, el responsable sindical ha apuntado que se señalan procedimientos para 2024 y ha denunciado específicamente la situación de los juzgados dedicados a las cláusulas suelo, en los que «los señalamientos se realizan hasta a cuatro años vista, para 2026, lo que constituye un auténtico despropósito”, ha señalado.

El presidente de CSIF-A ha lamentado que la plantilla de funcionarios de Justicia en Huelva es la misma que hace 25 años, con unos 550 en total y una media de ocho trabajadores por cada uno de los juzgados. “A esta escasez de personal se le une la falta de infraestructuras y espacio para dar cabida a las remodelaciones que se van aprobando”, ha agregado, tras lo que ha incidido en que “la Nueva Oficina Fiscal supondrá próximamente una reasignación de funciones para fiscales y funcionarios que hará necesario más personal y más espacio”.

“Los problemas de espacio llegan a tal punto que, por ejemplo, los archivos de los juzgados de Huelva tienen que ser trasladados a Valverde del Camino. Y lo mismo ocurre con Ayamonte, cuyos archivos judiciales son enviados a Sevilla por falta de sitio. Ello implica que los funcionarios, si los necesitan, no pueden contar con determinados expedientes de manera ágil”, ha explicado Germán Girela.

Dispersión de sedes

El representante delCSIF también ha destacado que la dispersión de los juzgados de Huelva capital es otro de los “males endémicos” de la Justicia en la provincia, con seis sedes judiciales distantes entre sí. Ante ello, el dirigente sindical ha reivindicado “la necesidad de que se reactive el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Huelva, de manera que se cuente con un espacio suficiente y con dotaciones que permitan sacar de la marginalidad la Justicia de Huelva, que lleva sometida a décadas de parálisis y abandono”, ha apuntado.

Asimismo, el presidente de CSIF Andalucía ha valorado “el buen hacer, la eficacia y la capacidad de trabajo de los funcionarios del ámbito judicial, que asumen -añade- una carga de trabajo muy superior a lo estipulado”. En concreto, ha indicado que en los juzgados de lo Penal esa carga laboral adicional es del 100%, mientras que los juzgados de lo Civil asumen un 76,8% más y los de lo Social, un 46,5% de carga extra. “Por lo tanto, es el sobreesfuerzo de estos empleados y empleadas públicas y su compromiso y responsabilidad lo que hacen que la situación no sea aún peor”, ha concluido.

El Supremo tumba la segregación de Tharsis

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La Sala III del Alto Tribunal inadmite los recursos contra la sentencia que anulaba la creación del municipio

La Sala III del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido a trámite el recurso de casación preparado por las representaciones de la Entidad Local Autónoma de Tharsis y del Ayuntamiento de Alosno y por el letrado de la Junta de Andalucía contra la sentencia de 20 de octubre de 2020, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que anuló el Decreto por el que se aprobaba la creación del municipio de Tharsis, en Huelva, por segregación del término municipal de Alosno, al estimar un recurso de la Asociación por Alosno.

En un auto, el Supremo destaca que los recurrentes, en sus respectivos escritos, no han fundamentado suficientemente, con singular referencia al caso concreto, la concurrencia de los supuestos de interés casacional y la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, destacando que existe reiterada doctrina de la Sala respecto de la cuestión concernida relativa a la aplicación retroactiva de las normas, pretendiéndose un pronunciamiento sobre el caso concreto incompatible con el vigente sistema casacional.

El auto del Supremo recuerda que la sentencia del TSJ andaluz anuló el Decreto por el que se aprobaba la creación del municipio de Tharsis “al considerar que éste no cuenta con una población mínima de 5.000 habitantes -requisito exigido por en el artículo 13.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según redacción dada por la Ley 27/13-, entendiendo que el referido precepto resulta de aplicación, al ser la norma vigente al momento de dictar la resolución, sin que contenga precepto de derecho transitorio alguno que excluya su aplicación a procedimientos de segregación de municipios iniciados antes de su entrada en vigor”.

La Asociación por Alosno ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo, expresando una vez más su confianza en el Estado de Derecho y haciendo un llamamiento a la convivencia. Además, también ha llamado a los responsables políticos de Alosno y Tharsis cuyas tesis han sido derrotadas que, «en coherencia, asuman sus responsabilidades políticas y económicas».

Condenan a cuatro años de prisión a un hombre por abusar de la hija menor de su pareja

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El TSJA confirma la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva el pasado mes de marzo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de cuatro años de prisión a un hombre por abusar sexualmente «en numerosas ocasiones» de la hija menor de su pareja durante siete años y desde «casi el inicio de la relación» y hasta que la menor alcanzó los 14 años.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal desestima los recursos de apelación interpuestos por el acusado y por la acusación particular contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva el 22 de marzo de 2021 y confirma la misma.

Así, se considera a este hombre autor de un delito «continuado» de abuso sexual a menor de 16 años, por el que además le impone la prohibición de comunicarse por cualquier medio y aproximarse a menos de 200 metros a la menor durante cinco años y la medida de libertad vigilada, que se ejecutara con posterioridad a la pena privativa de libertad, por un periodo de cinco años.

Por contra, se le absuelve del delito de agresión sexual que se le imputaba por la acusación particular, ejercida por los padres de la menor, a la que deberá indemnizar con 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Según recoge la sentencia, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se considera probado que el procesado mantuvo desde el año 2011 hasta el año 2018 una relación sentimental con la madre de la menor y que convivió con la misma y la hija hasta esa fecha.

Asimismo, señala que «casi desde el comienzo de la relación el acusado hizo a la menor objeto de tocamientos en diversas partes de su cuerpo, introduciéndose en ocasiones en su habitación para mirarla y tocarla por debajo del edredón, ocurriendo estos hechos en un número indeterminado de ocasiones».

Prosigue la sentencia que «en una de dichas ocasiones encontrándose el procesado y la menor en un camping de la provincia, el procesado procedió a frotar su cuerpo desnudo con el cuerpo de la menor», una actuación que «cesó en el año 2014» cuando nació la hija común del acusado y la madre de la víctima.

Posteriormente, señala la sentencia que «a partir del año 2017 y hasta el mes de mayo de 2018 el acusado volvió a retomar dichas prácticas, llegando en una ocasión a efectuarle tocamientos en los genitales metiendo la mano por debajo de su ropa interior, sin que conste le introdujera un dedo en la vagina, ni que empleara en ninguna de las ocasiones violencia o intimidación».

El Campillo celebra que se haga «justicia» en el caso de Laura Luelmo

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El alcalde del municipio, en nombre del pueblo, aplaude la sentencia que pone a Bernardo Montoya «el castigo más duro al que se podía enfrentar»

El Campillo ha celebrado la sentencia judicial que condena al asesino de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, a la máxima pena que contempla el Código Penal español, la prisión permanente revisable, con lo que «se ha hecho justicia» en este caso que conmocionó a todo el municipio desde el 14 de diciembre de 2018, cuando se tuvo noticia de la desaparición de la joven profesora zamorana que desde hacía unos días residía en la localidad.

Casi tres años después de aquella desaparición, que fue adelantada por TINTO NOTICIAS a través de esta publicación, «hoy puedo decir que, por fin, se ha hecho justicia», ha declarado el alcalde de El Campillo, Juan Carlos Jiménez, nada más conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, recogida a través de esta información.

La sentencia pone a Montoya «el castigo más duro al que se podía enfrentar, el castigo que merece», ha proseguido el regidor campillero, por lo que «mi persona, en representación del pueblo de El Campillo, al igual que Susana Rivas Pineda como anterior alcaldesa, celebra el hecho de que se haya hecho justicia de esta manera», ha remarcado.

«Tras tres años de consternación, dolor, lucha e incertidumbres, sabemos que la persona que atentó contra la vida de nuestra joven profesora, porque así la sentimos, se va a pasar la vida entre rejas», ha continuado Jiménez, convencido además de que, «aunque ya no puedan volver a ver a su hija, su amiga, su compañera, los seres queridos de Laura pueden respirar algo más tranquilos».

«Ojalá esta lacra que afecta a nuestra sociedad acabe algún día», ha exclamado el alcalde, tras lo que ha finalizado su valoración con un mensaje dirigido a la profesora zamorana: «tu memoria y tu sonrisa nos acompañará siempre, Laura».

La Fiscalía archiva la denuncia de tres vecinos por las obras del Paseo Marítimo de El Rompido

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Da la razón al Ayuntamiento «al no haberse constatado, ni aun de forma indiciaria, la comisión de ilícito penal alguno»

La Fiscalía Provincial de Huelva ha archivado las diligencias iniciadas a raíz de la denuncia presentada por tres vecinos contra el Ayuntamiento de Cartaya en relación a las obras de reforma y mejora del Paseo Marítimo de El Rompido.

De esta forma, el órgano judicial da la razón al Ayuntamiento “al no haberse constatado, ni aun de forma indiciaria, la comisión de ilícito penal alguno”. El Equipo de Gobierno municipal trasladó en su día a los vecinos que en la puesta en marcha y realización de este proyecto “se han seguido en todo momento los procedimientos oportunos y se ha respetado escrupulosamente la legalidad vigente”.

Además, el Consistorio celebró en junio, antes de la ejecución de la obra, una semana de puertas abiertas en la Oficina de Información Turística de El Rompido, para informar, mediante infografías e imágenes en 3D sobre el proyecto de mejora del Paseo Marítimo de El Rompido a todos los vecinos y vecinas del núcleo costero y recoger las aportaciones de la población local.

Entonces, los responsables municipales destacaron que este proyecto de mejora del Paseo Marítimo, incluye pérgolas para entoldar la zona en verano y un mínimo espacio escénico diáfano, multifuncional, integrado en la segunda mitad del paseo y con bajo impacto visual.

El nuevo espacio cuenta con una pequeña grada semicircular, de sólo 0,55 metros de altura, y la actuación permitirá el desarrollo de actuaciones artísticas, culturales e infantiles en pequeño formato, mejorando el equipamiento urbano del Paseo Marítimo.

El proyecto se financia con cargo a la subvención de ‘Municipio Turístico de Andalucía’.