La APH reclama más transparencia en el juicio y condena la decisión de cortar la señal de video e impedir el acceso de los periodistas en un caso de gran trascendencia
La Asociación de la Prensa de Huelva (APH) ha mostrado su «indignación» ante lo que califica como el «apagón informativo» que se ha producido respecto al juicio por el asesinato de Laura Luelmo, que ha comenzado en la mañana de este lunes 15 de noviembre en la Audiencia Provincial de Huelva y del que TINTO NOTCIAS se hizo eco a través de esta publicación.
El magistrado presidente Florentino Ruiz Yamuza decidió, tras escuchar a las partes, realizar el juicio a puerta cerrada y sin la señal televisiva que se había preparado para la cobertura periodística del juicio, algo que desde la Asociación de la Prensa de Huelva consideran un «grave error que atenta directamente contra los principios democráticos de un proceso público que la propia Constitución Española considera un derecho fundamental».
Para la APH, el hecho de que un juicio de enorme interés social y por el que se solicita una pena de Prisión Permanente Revisable se haga a “oscuras”, en una decisión tomada la propia mañana de juicio, es una “grave afrenta” a los principios del papel de garante democrático de la profesión periodística, al tiempo que “se le hurta a la ciudadanía su derecho a la información en un caso que escandalizó a toda la sociedad española y en el que están en juego numerosas implicaciones jurídicas y emocionales que debieran ser públicas para un futuro debate social».
Desde la Asociación de la Prensa de Huelva consideran «especialmente grave» esta decisión teniendo en cuenta que se trata de un juicio con jurado popular, por lo que «han sido personas legas en derecho las que han participado de la toma de decisión», añaden.
La APH defiende que el principio de publicidad de los juicios penales debe prevalecer salvo contadas excepciones y que así lo recoge la propia Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, más aún en un caso en el que además «ni concurre la presencia de menores ni se atisban problemas de orden público que pudieran motivar la decisión», agrega.
La Asociación de la Prensa ha anunciado que estará vigilante a las motivaciones que el juez debe exponer en un auto específico para hacer una excepción de la norma, así como que consultará con los servicios jurídicos de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) las posibilidades de recurso y/o protesta que la legislación permita en este caso, en el que los profesionales de la información sienten «vulnerados» sus derechos y están «plenamente capacitados» para salvaguardar el honor de la víctima y sus familiares de acuerdo a los principios del código deontológico de la profesión periodística, concluye.
La vista tiene lugar sin audiencia pública ni registros de grabación para salvaguardar el «derecho a la intimidad»
El juicio por el crimen de Laura Luelmo, que se celebra desde las 10.00 horas de este lunes 15 de noviembre en la Audiencia Provincial de Huelva, apenas ha tenido unos minutos de audiencia pública. Sobre las 12.30 horas, el magistrado presidente, Florentino Ruiz Yamuza, decidía que la vista continúe a puerta cerrada, por lo que proseguirá «sin audiencia pública ni registros de grabación», tal y como indicó el propio magistrado antes de interpelar al jurado a deliberar sobre esta cuestión.
La propuesta fue realizada por el abogado de la acusación particular, Francisco Luelmo, con el objetivo de proteger lo que calificó como el «derecho a la intimidad», tras lo que su planteamiento fue aceptado por el resto de las partes: acusación popular, ejercida por la Junta de Andalucía, y la defensa de Bernardo Montoya, el acusado por el asesinato de la joven profesora zamorana.
A continuación, el magistrado presidente instó al recién constituido jurado a deliberar sobre esta cuestión, al tiempo que le ofreció la posibilidad de optar por una opción intermedia en la que que solo sean a puerta cerrada las partes en que se compromete la «privacidad», si bien, una vez escuchado al jurado popular, la decisión final ha sido que el juicio se celebre a puerta cerrada, tal y como han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a los medios de comunicación acreditados, que hasta ese momento estaban siguiendo la sesión a través de un portal de internet habilitado para la ocasión.
Tal y como ya informó TINTO NOTICIAS, el acusado por el asesinato cometido el 12 de diciembre de 2018 en El Campillo, Bernardo Montoya, llegó sobre las 9,35 horas a la Audiencia Provincial de Huelva en medio de un amplio dispositivo de seguridad, que ha sido habilitado para garantizar que todo transcurra con total normalidad.
El juicio contará con sesiones de mañana (a partir de las 10,00 horas) y de tarde. Este lunes estaba prevista, tras la constitución del jurado, la declaración del acusado y de dos testigos, además de resolverse una serie de cuestiones previas planteadas por las partes, mientras que, en la sesión de tarde, tendrá lugar la declaración de 12 testigos.
El martes 16 de noviembre declararán 15 testigos en la sesión de mañana y cinco en la sesión de tarde, mientras que el miércoles 17 de noviembre comparecerán por la mañana seis médicos forenses y por la tarde agentes de distintos grupos de la Guardia Civil, mientras que en la mañana del día 18 tendrá lugar la comparecencia de seis agentes de la Guardia Civil, de cuatro médicos forenses y de un psicólogo.
Una vez concluya la práctica de la prueba, las partes personadas en el procedimiento presentarán sus informes finales, tras lo que el magistrado-presidente del juicio entregará el objeto del veredicto a los miembros del jurado popular, que se retirarán entonces a deliberar antes de hacer público su veredicto.
Tal y como ya informó este periódico, el Ministerio Fiscal pide para el acusado prisión permanente revisable por el delito de asesinato, 20 años de cárcel por el delito de detención ilegal y 12 años de cárcel por el delito de agresión sexual, toda vez que argumenta que se dan las agravantes de género en el caso del delito de agresión sexual y la de reincidencia en el de asesinato.
Además, el Ministerio Público argumenta que procede imponer la medida de libertad vigilada por un período de diez años y la prohibición de aproximación y comunicación con los padres y hermanos de la víctima y de acudir y de residir en la provincia de Zamora. Además, pide que se le imponga la obligación de participar en programas de educación sexual y se acuerde expresamente que no sea clasificado en tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de un mínimo de 22 años de prisión.
Respecto a la responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado indemnice a los padres de la fallecida en la cantidad de 300.000 euros y, a los dos hermanos de la misma, en la cantidad de 50.000 euros a cada uno de ellos.
La desaparición de Laura Luelmo se produjo el miércoles 12 de diciembre de 2018, solo dos días después de que la joven se instalara en municipio tras incorporarse, días antes, como profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vázquez Díaz de la vecina localidad de Nerva.
La desaparición de Laura, que fue adelantada por TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto- a través de esta publicación, fue denunciada el jueves 13 de diciembre por un familiar desde la provincia castellano leonesa, tras lo que la Guardia Civil inició las investigaciones pertinentes para hallar a la desaparecida, que desde el miércoles no acudía al instituto, donde daba clases de Plástica en sustitución de una profesora.
El cuerpo sin vida de la joven fue hallado cinco días después de su desaparición, el lunes 17 de diciembre, tras lo que, un día después, el martes 18, fue detenido su presunto asesino, Bernardo Montoya, un exconvicto que acababa de salir de la cárcel tras cumplir condena por asesinato y que se había instalado en una vivienda que su familia tenía en El Campillo, donde no era una persona conocida.
Montoya fue siempre el principal sospechoso. Sus antecedentes penales y el hecho de que viviese en frente de la casa de Laura hizo que la Guardia Civil lo tuviera en el punto de mira desde el principio. Su detención se produjo mientras conducía su coche y salió de la carretera para adentrarse en un carril, tras lo que agentes de la Guardia Civil inspeccionaron su vivienda en busca de pruebas.
Posteriormente, la juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Valverde del Camino, Elvira Mora, decretó su ingreso inmediato en prisión por los presuntos delitos de detención ilegal, asesinato y agresión sexual, por los que desde entonces se encuentra en prisión preventiva.
La Policía Nacional establecerá un dispositivo de seguridad para que todo transcurra con normalidad
La Audiencia Provincial de Huelva acoge desde este lunes y hasta el próximo viernes el juicio con jurado popular contra Bernardo Montoya, el varón acusado de agredir sexualmente y asesinar en diciembre de 2018 a la profesora zamorana de 26 años Laura Luelmo en el municipio El Campillo (Huelva).
Desde la Policía Nacional han confirmado, en declaraciones a Europa Press, que pondrá en marcha un dispositivo de seguridad para garantizar que todo transcurra con normalidad, al tratarse de un juicio por un caso que conmocionó a todo el país y principalmente a la población de la localidad campillera, donde se produjo el asesinato, por lo que despierta un gran interés mediático.
De hecho, se se han acreditado un total de 35 medios de comunicación entre periódicos, televisiones, radios y medios digitales, entre ellos TINTO NOTICIAS, el medio que adelantó la noticia de la desaparición de Laura. Además, la cobertura por parte de los medios se realizará mediante una sala de prensa virtual para garantizar las medidas de seguridad que exige la pandemia.
El juicio contará con sesiones de mañana (a partir de las 10,00 horas) y de tarde. Este lunes está prevista la constitución del jurado, tras lo que tendrá lugar la declaración del acusado y de dos testigos. Además, se resolverán una serie de cuestiones previas planteadas por las partes, mientras que, en la sesión de tarde, tendrá lugar la declaración de 12 testigos.
El martes 16 de noviembre declararán 15 testigos en la sesión de mañana y cinco en la sesión de tarde, mientras que el miércoles 17 de noviembre comparecerán por la mañana seis médicos forenses y por la tarde agentes de distintos grupos de la Guardia Civil mientras que en la mañana del día 18 tendrá lugar la comparecencia de seis agentes de la Guardia Civil, de cuatro médicos forenses y de un psicólogo.
Una vez concluya la práctica de la prueba, las partes personadas en el procedimiento presentarán sus informes finales, tras lo que el magistrado-presidente del juicio entregará el objeto del veredicto a los miembros del jurado popular, que se retirarán entonces a deliberar antes de hacer público su veredicto.
En este juicio están personados la Fiscalía, la acusación particular que ejerce la familia de la víctima, la acusación popular ejercida por la Junta de Andalucía y, por otro lado, la defensa de Montoya.
Tal y como ya informó este periódico, el Ministerio Fiscal pide para el acusado prisión permanente revisable por el delito de asesinato, 20 años de cárcel por el delito de detención ilegal y 12 años de cárcel por el delito de agresión sexual, toda vez que argumenta que se dan las agravantes de género en el caso del delito de agresión sexual y la de reincidencia en el de asesinato.
Además, el Ministerio Público argumenta que procede imponer la medida de libertad vigilada por un período de diez años y la prohibición de aproximación y comunicación con los padres y hermanos de la víctima y de acudir y de residir en la provincia de Zamora. Además, pide que se le imponga la obligación de participar en programas de educación sexual y se acuerde expresamente que no sea clasificado en tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de un mínimo de 22 años de prisión.
Respecto a la responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado indemnice a los padres de la fallecida en la cantidad de 300.000 euros y, a los dos hermanos de la misma, en la cantidad de 50.000 euros a cada uno de ellos.
La desaparición de Laura Luelmo se produjo el miércoles 12 de diciembre de 2018, solo dos días después de que la joven se instalara en municipio tras incorporarse, días antes, como profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vázquez Díaz de la vecina localidad de Nerva.
La desaparición de Laura, que fue adelantada por TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto- a través de esta publicación, fue denunciada el jueves 13 de diciembre por un familiar desde la provincia castellano leonesa, tras lo que la Guardia Civil inició las investigaciones pertinentes para hallar a la desaparecida, que desde el miércoles no acudía al instituto, donde daba clases de Plástica en sustitución de una profesora.
El cuerpo sin vida de la joven fue hallado cinco días después de su desaparición, el lunes 17 de diciembre, tras lo que, un día después, el martes 18, fue detenido su presunto asesino, Bernardo Montoya, un exconvicto que acababa de salir de la cárcel tras cumplir condena por asesinato y que se había instalado en una vivienda que su familia tenía en El Campillo, donde no era una persona conocida.
Montoya fue siempre el principal sospechoso. Sus antecedentes penales y el hecho de que viviese en frente de la casa de Laura hizo que la Guardia Civil lo tuviera en el punto de mira desde el principio. Su detención se produjo mientras conducía su coche y salió de la carretera para adentrarse en un carril, tras lo que agentes de la Guardia Civil inspeccionaron su vivienda en busca de pruebas.
Posteriormente, la juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Valverde del Camino, Elvira Mora, decretó su ingreso inmediato en prisión por los presuntos delitos de detención ilegal, asesinato y agresión sexual, por los que desde entonces se encuentra en prisión preventiva.
La Audiencia Provincial de Huelva acoge a partir del lunes el juicio con jurado popular contra el presunto asesino de Laura Luelmo en El Campillo
La Audiencia Provincial de Huelva acoge a partir de este próximo lunes el juicio con jurado popular contra Bernardo Montoya, el varón acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018, a la profesora zamorana de 26 años Laura Luelmo en la localidad de El Campillo. En el procedimiento, el Ministerio Fiscal pide para el acusado prisión permanente revisable por uno de los delitos y 32 años de cárcel por el resto.
La Fiscalía, en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que los hechos acontecidos son constitutivos de un delito de detención ilegal, un delito de agresión sexual y otro de asesinato, toda vez que argumenta que se dan las agravantes de género en el caso del delito de agresión sexual y la de reincidencia en el de asesinato.
El Ministerio Público señala que procede imponer a Montoya la pena de 20 años por el delito de detención ilegal, doce por agresión sexual y prisión permanente revisable por el asesinato, al tiempo que argumenta que procede imponer la medida de libertad vigilada por un período de diez años y la prohibición de aproximación y comunicación con los padres y hermanos de la víctima y de acudir y de residir en la provincia de Zamora. Además, pide que se le imponga la obligación de participar en programas de educación sexual.
Asimismo, la Fiscalía remarca que se declare prisión permanente revisable y se acuerde expresamente que no sea clasificado en tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de un mínimo de 22 años de prisión.
Respecto a la responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado indemnice a los padres de la fallecida en la cantidad de 300.000 euros, y a los dos hermanos de la misma, en la cantidad de 50.000 euros a cada uno de ellos.
En cuanto a sus conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal argumenta que Montoya, -con un amplio historial delictivo al contar antecedentes penales al haber sido condenado por un delito de allanamiento de morada, un delito de obstrucción a la justicia y un delito de asesinato, entre otros-, entre las 17,25 horas y las 17,30 horas del día 12 de diciembre de 2018 «abordó a la joven, quien regresaba a su domicilio tras hacer la compra en un supermercado cercano».
Montoya, que era vecino de enfrente de la joven zamorana, «sorprendió a la víctima» la introdujo a la fuerza en su domicilio, donde la golpeó y después de dejarla «malherida y muy debilitada», la agredió sexualmente, siempre «imposibilitándole cualquier tipo de defensa».
Después, «para evitar que se conociera tanto la comisión del delito que acababa de cometer como que él era el autor, con ánimo de acabar con la vida de Laura, pero no sin antes someterla a padecimientos innecesarios y un sufrimiento más intenso que el necesario para causarle la muerte, le propinó más golpes», y finalmente, le asestó «un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente», culminando los hechos con el fallecimiento de la chica.
Posteriormente, sobre las 18,42 horas, la introdujo en el maletero de su vehículo para, entre las 19,16 horas y las 19,25 horas, llegar y arrojar el cuerpo en una zona de difícil acceso y entre matorrales conocida como Las Mimbreras, sita en la carretera nacional N-435 en el punto kilométrico 166.
El cuerpo sin vida de la joven profesora, cuya desaparición fue adelantada por TINTO NOTICIAS a través de esta publicación, fue hallado el día 17 de diciembre de 2018, siendo detenido Montoya un día después y pasando a disposición judicial el día 21 de diciembre de 2018, acordándose la prisión provisional comunicada y sin fianza para el mismo.
Juicio oral
De otro lado, de cara a la vista oral, el Ministerio Fiscal propone el interrogatorio de Montoya, declaraciones de testigos, de agentes de la Guardia Civil, del director y funcionarios del Centro Penitenciario Sevilla II de Morón de La Frontera –donde ha estado Montoya–.
Igualmente, solicita pruebas periciales como declaraciones de agentes del Instituto Armado, forenses, especialistas del Departamento de Escena del Crimen, del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil o especialistas del Grupo de Apoyo Tecnológico Operativo del Instituto Armado, entre otros expertos. Además, solicitará diversas pruebas documentales.
La inspectora jefa lo llevó a juicio por prevaricación y nombramiento ilegal de cargo público
El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha absuelto al exalcalde de Almonte José Antonio Domínguez Iglesias (PP) y al exconcejal de Seguridad Ciudadana, José Carlos Curto del Arco (PP) de los delitos de prevaricación, nombramiento ilegal de cargo público, contra la integridad moral y lesiones tras la denuncia que les interpuso la inspectora jefa de la Policía Local, Francisca Borrero.
Según recoge la sentencia «se declara no acreditada actuación de los acusados en los que concurran los elementos de los tipos penales imputados, por lo que procede un pronunciamiento absolutorio» para Curto y Domínguez.
Tras las elecciones municipales de 2011, el PP se alzó con el mando en el Ayuntamiento almonteño tras décadas de gobierno socialista. En el mes de mayo de 2012 la inspectora jefa y el cuadro de mandos de la Policía Local de Almonte ya venían denunciando «una situación de inestabilidad» en el funcionamiento de la Policía, y solicitaban intervención del alcalde.
El 14 de mayo la inspectora jefa denunció en escrito dirigido al alcalde que «desde septiembre de 2011 sufría la indiferencia y acoso profesional, moral y personal de los concejales de Seguridad Ciudadana y del alcalde». Un día después, el entonces alcalde dictó un decreto aprobando una nueva estructura organizativa de la Policía Local, se hizo una división de competencias con otro profesional y se les asignaron a Borrero otras.
Al conocer el nuevo decreto, la inspectora jefa «lo estimó, además de ilegal, como un claro ataque a su integridad psíquica, moral y profesional», interpuso contra el mismo los recursos pertinentes y acudió en septiembre de 2014 al Juzgado Contencioso Administrativo, el cual dictó sentencia anulando la resolución de alcaldía.
De hecho, el TSJA confirmó la sentencia de primera Instancia, y en abril de 2015 el acusado Juan Antonio Domínguez, en el ejercicio de sus funciones de alcalde, dictó decreto declarando que procedía el cumplimiento en su integridad de la resolución judicial, dejando sin efecto, en consecuencia, la división de competencias entre dos responsables en la Policía Local de 2012.
Por su parte, la sentencia explica que «el alcalde acusado no había designado a la inspectora, pero aunque la hubiera designado, estaba legitimado, en el ejercicio de su cargo, para cesar y sustituir a la Inspectora Jefa al frente de la Policía Local, dada la ya mencionada naturaleza del cargo: puesto de confianza».
Añade que «no se aprecian razones que justifiquen que tal resolución anulada pueda ser calificada como arbitraria, ni caprichosa, ni que tuviera como finalidad perjudicar a la acusadora».
En definitiva, entre otros argumentos, tras recordar los distintos acontecimientos en este largo proceso, indica que los hechos denunciados «carecen de relevancia jurídico penal», remarcando que estaba el proceso contencioso-administrativo sobre la cuestión.
Finalmente, el juzgado señala que «la actuación fundamental y exclusiva acreditada de los acusados se concreta en haber adoptado decisiones y resoluciones en el ejercicio de sus competencias, sobre los extremos y con la finalidad ya indicados, y haber actuado en consecuencia».
Murió como consecuencia de las dos puñaladas que le asestaron
La Fiscalía Provincial de Huelva ha solicitado once años de prisión para el acusado de matar a un hombre en un salón de juegos de la capital en abril de 2019, al considerar que los hechos constituyen un delito de homicidio al presuntamente asestar al fallecido dos puñaladas.
El escrito de acusación del Ministerio Fiscal recoge como conclusiones provisionales que el día 10 de abril de 2019 sobre las 22,00 horas el acusado se encontraba en el interior del salón de juegos acompañado de un conocido y que sobre las 22,15 horas se dirigió a él la víctima «con quien tenía una relación conflictiva y a quien temía por haber sido amenazado por el mismo por cuestiones personales».
Según prosigue el escrito, la víctima «increpó» al investigado «que se encontraba en la mesa del juego de la ruleta y le propinó varias manotazos por la espalda empezando ambos a discutir y a pelearse», lo que ocasionó que el forcejeo se desplazaran «varios metros alrededor de la mesa de la ruleta». Así, apunta que la camarera y algunos de los clientes intentaron separarlos «sin éxito».
Así, la Fiscalía apunta que en ese forcejeo mutuo «el investigado haciendo uso de una arma blanca de al menos 15 centímetros de longitud de hoja y 23 milímetros de anchura y con ánimo de acabar con la vida de la víctima le propinó dos puñaladas, una a la altura de la zona lumbar de la espalda y otra en la clavícula izquierda», tras lo cual «se dio a la fuga».
Como consecuencia de estos hechos, el Ministerio Público afirma que el hombre sufrió dos heridas que «le provocaron una perforación del pulmón y una lesión del hilio vascular», por lo que fue trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez, «falleciendo sobre las 01,40 horas de la madrugada». El fallecido tenía 39 años en el momento de los hechos.
De este modo, además de los once años de prisión, la Fiscalía solicita para el acusado su inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como que se haga cargo de las costas judiciales. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil la Fiscalía pide al acusado que indemnice a la madre de la víctima con la cantidad de 53.800 euros; a su pareja sentimental con 121.000 euros y a su hijo con la cantidad de 121.000 euros.
El juicio, según ha adelantado el diario Huelva24, se llevará a cabo con jurado popular y está previsto que se celebre el próximo 25 de noviembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva.
El único imputado por los hechos se enfrenta a una petición de la Fiscalía de Prisión Permanente Revisable
Ya hay señalamiento oficial para el juicio más mediático del año por el asesinato de Laura Luelmo, la joven de 26 años natural de Zamora y que fue presuntamente asesinada en El Campillo a manos de Bernardo Montoya. La fecha escogida para el inicio del juicio será el 15 de noviembre (con la elección del jurado popular) y se extenderá en varias sesiones hasta al menos el 19 de noviembre, según ha adelantado del diario ABC.
El tribunal estará presidido por el magistrado de la Sección Tercera, Florentino G. Ruiz Yamuza. El juicio se llevará finalmente a cabo tras dos años y medio de investigaciones y después de que el Juzgado Primera Instancia e Instrucción 1 de Valverde del Camino dictara el pasado junio auto de apertura de juicio oral contra Montoya,
El presunto asesino se encuentra en prisión desde su detención por la Guardia Civil el 18 de diciembre de 2018, un día después de que fuera encontrado el cuerpo sin vida y semidesnudo de Laura a pocos kilómetros del pueblo.
Tanto la fiscalía de Huelva como la acusación particular solicitarán Prisión Permanente Revisable por los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato para el presunto asesino de la joven zamorana Laura Luelmo.
El asesinato de Laura Luelmo se produjo en diciembre de 2018. La joven profesora llegó a Huelva, para hacer una sustitución en el instituto de Nerva, en lo que era su primer empleo, y fue presuntamente secuestrada y asesinada por Bernardo Montoya, que residía justo enfrente de la vivienda que alquiló la profesora en este municipio. El caso conmocionó a todo el país. Su cuerpo sin vida fue hallado, tras una agónica, búsqueda, en un paraje, semidesnudo y cubierto con ramas de jara con claros signos de muerte violenta.
Tras el impago sistemático de las cotizaciones de los trabajadores
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos hermanas a tres años de prisión para cada una por defraudar casi 400.000 euros (398.151,74) a la Seguridad Social mediante el impago sistemático de las cotizaciones de los trabajadores por cuenta ajena en las empresas que gestionaban, la Autoescuela Rábida en dos diferentes fórmulas jurídicas.
De este modo, la sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que ambas crearon junto con su padre «ya fallecido» una sociedad cooperativa «que tenía por objeto la enseñanza y formación tanto práctica como teórica de las normas de circulación vigente y conducción de vehículos automóviles», siendo ellos los miembros del Consejo rector y «dándose de alta al primer trabajador para dicha empresa en el año 1989, explotando a partir de dicho momento un negocio de autoescuela».
Así, la sentencia explica que al tratarse la anterior mercantil de una sociedad cooperativa «que por sus propias características no podía contar más que con un trabajador por cuenta ajena decidieron constituir una sociedad limitada en marzo 2001 junto con su padre y sus esposos con el mismo objeto social que la cooperativa», para que aportaron 3006 euros «desembolsados en su totalidad por la sociedad cooperativa».
El escrito prosigue señalando que «al fallecer el padre y al finalizar los matrimonios de las acusadas estás pasaron a ejercer de facto la administración y dirección de las dos mercantiles» pasando a operar finalmente «como si un verdadero grupo empresarial o empresa única se tratara».
En este punto, reza la sentencia que «durante los años 2013 a 2016 ambos incluidos las acusadas como empresarias de la cooperativa y de la sociedad, actuando de común acuerdo y unidad de fin, como si de un única empresa se tratara, optaron por el impago sistemático de las cotizaciones de la Seguridad social de los trabajadores por cuenta ajena de las mismas generándose una deuda con el citado organismo de 398.151,74 euros».
Asimismo, señala que «con objeto de eludir el pago de la deuda» las acusadas «crearon una segunda sociedad limitada en 2015» que pasó a ejercer la misma actividad que las dos anteriores desde septiembre de 2018, para que pasaran a estar dados de alta en ella «los profesores y los vehículos de la sociedad inicial».
Así, la Audiencia entiende que con esto evitaban «tanto las actuaciones de ejecución de la Seguridad Social como la identificación del verdadero deudor». Igualmente, «para dar apariencia de que no estaban continuando con la misma actividad», esta empresa figuraba a nombre del hijo de una de las acusadas, también juzgado en la causa.
Por todo ello, los magistrados consideran a las dos acusadas responsables de un delito de defraudación a la Seguridad Social por el que les impone a cada una dos años de cárcel, el pago de una multa de 796.303,48 y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales a de la Seguridad social por un período de cuatro años; y de un delito de frustración de la ejecución por el que suman la pena de un año de prisión y una multa de 2.200 euros.
Asimismo, imponen la misma pena al tercer encausado y, en concepto de responsabilidad civil, las acusadas deberán de abonar «conjunta y solidariamente» a la Seguridad Social la cantidad defraudada.
La Audiencia Provincial de Huelva recibe la causa contra Bernardo Montoya para la celebración de la vista oral
La Audiencia Provincial de Huelva ha recibido el procedimiento seguido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino contra el acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018 a la joven profesora zamorana Laura Luelmo en El Campillo para la celebración del correspondiente juicio con jurado popular, vista oral que actualmente está pendiente de señalamiento en la Audiencia.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino remitió la causa el pasado 9 de julio a la Audiencia Provincial de Huelva, procedimiento que, una vez recibido ese mismo día en la Audiencia, ha correspondido por turno al magistrado de la Sección Tercera Florentino G. Ruiz Yamuza.
Casi un mes antes, el pasado 17 de junio, la juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde dictó un auto por el que decretó la apertura de juicio oral contra el acusado, Bernardo Montoya, al entender que existen indicios “suficientes” de la comisión de presuntos delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato, señalando como órgano competente para el enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Huelva.
La juez tomó esta decisión tras recibir los escritos de conclusiones provisionales presentados por la Fiscalía, la acusación particular que ejerce la familia de la víctima y la acusación popular ejercida por la Junta de Andalucía. Asimismo, la instructora ha requerido al acusado para que preste una fianza de 800.000 euros al objeto de poder asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse pertinentes.
En este mismo auto, la juez mantiene la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado, situación en la que éste se encuentra desde el día 22 de diciembre de 2018, una decisión que la instructora adopta porque considera que no han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su día para adoptar dicha decisión y al subsistir el riesgo de fuga “a la vista de la pena solicitada y la posibilidad de que el investigado pueda cometer otros hechos delictivos de la misma naturaleza”.
El Ministerio Público y las acusaciones ejercidas por la familia de la víctima y de la Junta de Andalucía solicitaron el mantenimiento de dicha medida cautelar, lo que la juez ahora acepta dando por reproducidos los argumentos expuestos en el auto de 4 de diciembre de 2020 por el que el Juzgado prorrogó la situación de prisión provisional del acusado y en las resoluciones por las que se acordaba la procedencia de dicha medida.
El próximo lunes se llevará a cabo la reconstrucción de los hechos por parte de la Guardia Civil
La familia de Alicia Rodríguez, la reportera gráfica de Teleonuba presuntamente asesinada en Marmolejo (Jaén) el sábado 12 de junio, se ha personado en la mañana de este viernes como acusación particular bajo la dirección del abogado Enrique Arroyo Aranda, según han transmitido a este periódico fuentes cercanas a la familia.
El escrito de personación se ha dirigido esta mañana al Juzgado de Andújar y una vez que en Huelva sea oficial la recepción se reiterará la misma en los juzgados onubenses. El próximo lunes, 21 de junio, un cuerpo especial de Tráfico de la Guardia Civil reconstruirá los hechos acaedidos la madrugada de la muerte en un camino rural.
El Gobierno de España ha calificado que el caso de Alicia Rodríguez es de «presunta violencia de género». «Mi rotunda condena a este nuevo crimen machista en Jaén confirmado por la Delegación del Gobierno», expresó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a través de Twitter.
