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Cortés exige el cumplimiento de las penas íntegras tras el asesinato del niño de Lardero

Emite un vídeo a través de las redes sociales donde reivindica que «no debió salir de la cárcel»

Juan José Cortés, padre de la pequeña niña Mari Luz y activista en favor de la Prisión Permanente Revisable y del cumplimiento íntegro de las penas en delitos contra menores de edad, ha reaparecido en redes sociales tras el asesinato de «otro niño inocente» ocurrido en Lardero (La Rioja) a manos presuntamente de un violador reincidente y que estaba en libertad desde el año 2020.

Según ha señalado a Cortés, el asesinado de este niño con tan sólo 9 años se ha producido «por no aplicar el derecho con sensatez y sentido común», por lo que ha pedido un no rotundo «a los beneficios penitenciarios para los violadores y asesinos de menores, que cumplan las penas íntegras y que no se les proteja en las cárceles, ya está bien de darle privilegios a quienes acaban con la vida de nuestros hijos».

Este asesino, ha comentado Cortés, «debería de estar en la cárcel, pero no, no estaba en la cárcel, estaba en la calle y por eso ahora hay un niño de 9 años asesinado».

«¿Y ahora que, quien se responsabiliza de este asesinato. Como siempre diremos el sistema….. La ley penitenciaria necesita una reforma urgente, no puede ser que se considere igual el que roba como el que asesina a un menor indefenso o viola a una mujer, es inadmisible otorgar los mismos derechos a unos y a otros. Los beneficios se deben aplicar según la gravedad del delito cometido y no hacer tabla rasa para todos, esta gentuza no debería salir a la calle hasta que se mueran, porque ni cambian ni se reinserta».

Detienen a Juan José Cortés por una presunta agresión a una mujer

El juzgado lo pone en libertad provisional y lo investiga por un presunto delito de lesiones cometido en la estación de Santa Justa de Sevilla

La Policía Nacional ha detenido este lunes y puesto a disposición judicial este martes a Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, por un presunto delito de lesiones cometido en la estación de Santa Justa de Sevilla, hechos por los que el Juzgado de Instrucción 9 de la ciudad, en funciones de guardia, ha acordado su puesta en libertad provisional, tal y como han informado a Europa Press fuentes del Cuerpo Nacional de Policía y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Por otro lado, la mujer que acusa a Cortés de la agresión ha explicado en un vídeo difundido en TikTok que le ha «abordado con una vara, abierto la cabeza» y «agredido brutalmente». «Lo tengo denunciado por amenazas de muerte y las ha cumplido», añade.

Juan José Cortés es conocido por ser padre de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años que murió en 2008 en Huelva a manos de Santiago del Valle y su hermana Rosa, ambos condenados en 2011 a la pena de 19 años de cárcel por un delito de asesinato y a la de tres años por un delito de abuso sexual el primero, mientras que su hermana lo fue a nueve años como cómplice de asesinato.

Además, ha sido uno de los que más apoyo público ha dado a la prisión permanente revisable. También ha sido diputado del PP en el Congreso por la provincia de Huelva, cargo que ocupó de abril a noviembre de 2019.

Juan José Cortés media para frenar el desahucio de la familia de El Campillo

El padre de Mari Luz se reúne con José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín

La familia de El Campillo a la que la Junta de Andalucía le comunicó que tiene seis meses para abandonar su casa, una vivienda de protección oficial que la propia administración autonómica le concedió en régimen de alquiler hace 31 años, sigue recabando apoyos.

Ahora ha sido Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña que fue asesinada hace 10 años en Huelva, el que se ha comprometido a interceder para evitar el desahucio. De momento, según ha podido saber Tinto Noticias -el periódico de la Cuenca Minera de Riotinto- Cortés se ha reunido con los afectados, José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín, a quienes les ha indicado que trasladará la documentación del caso a un equipo jurídico para pedirles asesoramiento.

Juan José Cortés, que fue asesor en materia penal del Partido Popular, formación a la que se afilió el pasado 1 de noviembre, se une así a otras muestras de apoyo recabadas por esta familia, que ya recibió el respaldo de la alcaldesa del municipio, Susana Rivas, y de Ciudadanos (Cs).

La primera pidió a la Junta que no tome a esta familia como «cabeza de turco», pues hay «muchos más casos» como éste en el conjunto de la comunidad autónoma, indicó, mientras que el partido naranja se ha comprometido a hacer «todo lo posible» para evitar el desahucio.

De momento, la respuesta dada por la Administración autonómica sobre este asunto, que fue adelantado por este periódico, es que el expediente lo inició el Ayuntamiento de El Campillo en 2014 al comunicar a la Junta que la vivienda en cuestión estaba desocupada, si bien fuentes del gobierno municipal de entonces, del extinto Partido Andalucista, explicaron a este periódico que, de ser eso cierto, lo haría tras un requerimiento previo de la administración andaluza.

Como adelantó Tinto Noticias, la Junta comunicó a la familia afectada que debe abandonar su casa en seis meses, para lo que la Administración autonómica argumenta que Magdalena Martín tiene otro piso en propiedad, algo que “es cierto según los papeles pero no en la práctica”, hasta el punto de que “ni yo misma lo sabía”, defendió la propia Martín en declaraciones a Tinto Noticias.

El caso de remonta a principios del presente siglo, cuando uno de sus hijos se compra una casa en La Carlota (Córdoba). “Después de pagar la entrada a la constructora, el banco le dice que no le da la hipoteca porque es muy joven y no tiene un contrato fijo”, indica Magdalena, que acudió por ello a la entidad financiera para preguntar de qué manera puede ayudar a su hijo.

Fue entonces cuando “nos dijeron que necesitaban una nómina y una firma”, continúa, por lo que “yo les llevé mi nómina y firmé”, añadió, pero “yo no sabía que me habían puesto como propietaria”, explicó Magdalena, que aseguró que, de hecho, su hijo tiene los recibos que demuestran que fue sólo él quien realizó los pagos a los que hizo frente antes de que se formalizara la hipoteca.

El calvario de José Luis y Magdalena, que ahora tienen 64 y 62 años, respectivamente, comenzó en 2014, cuando desde la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía se les comunicó que le quitaban la concesión de la vivienda en régimen de alquiler, que no han dejado de pagar desde que se la concedieron hace ahora 31 años.

El matrimonio decidió entonces recurrir en el juzgado de lo contencioso administrativo, pero perdió el juicio, tras lo que la semana pasada les llegó la comunicación de que tienen que abandonar la casa en seis meses. “No podemos gastarnos más dinero en abogados”, aseguró Vizcaíno, quien, no obstante, pidió a la Junta que “frene este proceso”.