El padre de Mari Luz se reúne con José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín
La familia de El Campillo a la que la Junta de Andalucía le comunicó que tiene seis meses para abandonar su casa, una vivienda de protección oficial que la propia administración autonómica le concedió en régimen de alquiler hace 31 años, sigue recabando apoyos.
Ahora ha sido Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña que fue asesinada hace 10 años en Huelva, el que se ha comprometido a interceder para evitar el desahucio. De momento, según ha podido saber Tinto Noticias -el periódico de la Cuenca Minera de Riotinto- Cortés se ha reunido con los afectados, José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín, a quienes les ha indicado que trasladará la documentación del caso a un equipo jurídico para pedirles asesoramiento.
Juan José Cortés, que fue asesor en materia penal del Partido Popular, formación a la que se afilió el pasado 1 de noviembre, se une así a otras muestras de apoyo recabadas por esta familia, que ya recibió el respaldo de la alcaldesa del municipio, Susana Rivas, y de Ciudadanos (Cs).
La primera pidió a la Junta que no tome a esta familia como «cabeza de turco», pues hay «muchos más casos» como éste en el conjunto de la comunidad autónoma, indicó, mientras que el partido naranja se ha comprometido a hacer «todo lo posible» para evitar el desahucio.
De momento, la respuesta dada por la Administración autonómica sobre este asunto, que fue adelantado por este periódico, es que el expediente lo inició el Ayuntamiento de El Campillo en 2014 al comunicar a la Junta que la vivienda en cuestión estaba desocupada, si bien fuentes del gobierno municipal de entonces, del extinto Partido Andalucista, explicaron a este periódico que, de ser eso cierto, lo haría tras un requerimiento previo de la administración andaluza.
Como adelantó Tinto Noticias, la Junta comunicó a la familia afectada que debe abandonar su casa en seis meses, para lo que la Administración autonómica argumenta que Magdalena Martín tiene otro piso en propiedad, algo que “es cierto según los papeles pero no en la práctica”, hasta el punto de que “ni yo misma lo sabía”, defendió la propia Martín en declaraciones a Tinto Noticias.
El caso de remonta a principios del presente siglo, cuando uno de sus hijos se compra una casa en La Carlota (Córdoba). “Después de pagar la entrada a la constructora, el banco le dice que no le da la hipoteca porque es muy joven y no tiene un contrato fijo”, indica Magdalena, que acudió por ello a la entidad financiera para preguntar de qué manera puede ayudar a su hijo.
Fue entonces cuando “nos dijeron que necesitaban una nómina y una firma”, continúa, por lo que “yo les llevé mi nómina y firmé”, añadió, pero “yo no sabía que me habían puesto como propietaria”, explicó Magdalena, que aseguró que, de hecho, su hijo tiene los recibos que demuestran que fue sólo él quien realizó los pagos a los que hizo frente antes de que se formalizara la hipoteca.
El calvario de José Luis y Magdalena, que ahora tienen 64 y 62 años, respectivamente, comenzó en 2014, cuando desde la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía se les comunicó que le quitaban la concesión de la vivienda en régimen de alquiler, que no han dejado de pagar desde que se la concedieron hace ahora 31 años.
El matrimonio decidió entonces recurrir en el juzgado de lo contencioso administrativo, pero perdió el juicio, tras lo que la semana pasada les llegó la comunicación de que tienen que abandonar la casa en seis meses. “No podemos gastarnos más dinero en abogados”, aseguró Vizcaíno, quien, no obstante, pidió a la Junta que “frene este proceso”.
