Inmatriculaciones

La iglesia se apropió de dos fincas en Berrocal como bienes inmatriculados

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La polémica de las posesiones de la Iglesia ha llegado hasta la Cuenca Minera

La Iglesia española ha reconocido públicamente que cerca de un millar de bienes inmuebles que aparecen en la lista de activos inmatriculados no son suyos, y ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para abrir un proceso para su devolución. De entre este millar de bienes repartidos por toda España cinco estarían en la provincia de Huelva y dos corresponderían a dos fincas de Berrocal según han señalado desde la propia Diócesis de Huelva.

El acuerdo se hizo público ayer tras la reunión que mantenida entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella.

La previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan así iniciar los procesos de regularización que puedan corresponder. La Iglesia ha expresado su compromiso de colaboración para facilitar estos procesos.

Este estudio se ha realizado a través de las consultas realizadas a las distintas diócesis y ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y la verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados.

El Gobierno abre la puerta a reclamar bienes de la iglesia como la Ermita de San Blas de Zalamea o el templo de San Miguel de Campofrío

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La Iglesia parroquial de Nuestra Señora de La Granada o fincas urbanas en Berrocal, El Campillo, Nerva y Campofrío también forman parte del patrimonio que cualquier ciudadano puede reclamar

El Consejo de Ministros ha hecho público el listado de inmatriculaciones de la Iglesia Católica entre 1996 y 2015 y que fue posible gracias a una ley impulsada durante el Gobierno de José María Aznar  y que deja una docena de espacios de la Iglesia Católica que podrían ser reclamados por cualquier ciudadano, empresa o entidad que entienda que podría tener un derecho histórico sobre los mismos.

Entre los bienes que pueden ser reclamados se encuentran algunos templos como el de Nuestra Señora de La Granada de La Granada de Riotinto, o el de San Miguel de Campofrío, además de ermitas como la de San Blas en Zalamea y otras fincas urbanas.

En este sentido, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha abierto la puerta a que el listado permita tanto a las administraciones públicas como a los particulares (personas físicas o jurídicas) reclamar inmatriculaciones si consideran que han sido parte afectada de las mismas, pero ha recordado que, en principio, serían legales. «Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica se han producido al amparo de una situación legal. Otra cosa es que haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el presidente Aznar», ha explicado.

Además, ha añadido que si la Iglesia Católica considera que hay algunas inmatriculaciones que pueden ser, o no contestadas y que de oficio las puede resolver, o va a defender sus derechos ante los tribunales frente a una parte hipotética que también ejerza el derecho, “esa será una decisión suya”.

Estos los principales vienes que el Gobierno ha detectado en la Cuenca Minera.

Campofrío: Ermita de Las Ventas, Templo parroquial San Miguel Arcángel.
Granada de Riotinto: Iglesia.
Berrocal: fincas urbanas, casa parroquial y rústicas.
El Campillo: fincas urbanas.
Nerva: fincas urbanas.
Zalamea la Real: Ermita San Blas y local Los Apestados, cementerio parroquial de El Pozuelo, dependencia parroquia de El Membrillo, varias denominadas parroquia y ermita y fincas rústicas.