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CSIF presenta un recurso contra el modelo de estabilización del personal laboral de la Junta de Andalucía

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El sindicato considera que la administración discrimina a 2.500 empleados

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra las bases del proceso de estabilización del colectivo que integra el personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía por vulnerar el principio de igualdad de acceso al empleo público.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A, José Manuel Dorado, y su responsable en Huelva, Emilio Gallango, consideran ‘inadmisible’ que la Administración a la hora de convocar procesos de estabilización de su personal “haga diferenciación entre los empleados públicos en función del grupo al que pertenezca”.

De este modo, para la estabilización del personal laboral incluido en las categorías profesionales de los Grupos III, IV y V, que incluye a 2.532 empleados, la Administración pretende aplicar un baremo diferente al usado con los Grupos I y II, lo que genera “claras desigualdades”.

Mientras que a estos últimos grupos, integrados por personal licenciado y diplomado, se les aplica el acuerdo alcanzado en Comisión de Convenio celebrada en noviembre de 2022 para los procesos de estabilización de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de estabilización 2022, en el caso de los Grupos III, IV y V, la Administración utiliza el acuerdo alcanzado sólo unos meses antes, en concreto, en marzo de 2022 para la Oferta Pública de Empleo de carácter ordinario de 2020 y 2021 y estabilización 2021.

En sólo nueve meses que transcurren entre una negociación y otra para reducir la temporalidad en el empleo público del personal laboral, varía de forma considerable la valoración de determinados criterios. Esta situación, a juicio de la central sindical, favorece al colectivo de profesionales que integran los grupos I y II. En concreto, en la evaluación de estos últimos se prima para su estabilización la experiencia laboral dentro de la Junta.

Además, las diferencias radican también en los criterios de desempate y los subapartados de antigüedad y otros méritos, siendo más ventajosos para la estabilización del personal de los Grupos I y II.

El sector de AGJA de CSIF Huelva lamenta que la Junta de Andalucía se niegue a modificar el sistema aplicado en los procesos de estabilización alegando “problemas informáticos y falta de tiempo”. Para CSIF estos argumentos de la Administración son “pobres excusas” que no justifican los métodos aplicados y le insta a que utilice los mismos criterios para todo el personal laboral y garantice así la igualdad entre profesionales.

De este modo, el sindicato solicita a la Junta que a los grupos III, IV y V se les aplique el mismo baremo de estabilización de los grupos I y II.

CSIF dona juguetes educativos a la unidad de pediatría del Juan Ramón Jiménez

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CSIF dona juguetes

Sus Majestades los Reyes Magos han visitado a los más pequeños que estos días permanecen ingresados en el centro hospitalario

El sindicato CSIF ha donado juguetes didácticos para la sala de juegos del área de pediatría del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Los encargados de llevar estos juguetes han sido Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente que han visitado a los niños que en estos días permanecen ingresados.

Desde la central sindical se ha agradecido al hospital “su disposición a colaborar con esta iniciativa”. El presidente provincial, Juan Manuel Quilón, explica que “como agente social, estamos comprometidos con la mejora de la calidad de vida de los onubenses manteniendo nuestra línea solidaria como eje central de nuestra acción social. Tenemos una responsabilidad con la sociedad que incluye, además del plano laboral, el ámbito social en toda nuestra provincia”.

Melchor, Gaspar y Baltasar, precedidos por las Estrellas de la Ilusión, han visitado también la sede del sindicato para repartir regalos -todos ellos juguetes educativos- entre hijos e hijas de afiliados al sindicato. Los más pequeños han podido fotografiarse con su Rey favorito mientras recibían su regalo. Casi 400 pequeños han acudido a esta cita, tradicional en CSIF, que organiza la Unión Provincial y la Secretaría de Acción Social. Este año como novedad, los pequeños han sido recibidos de forma muy cariñosa por Estrellas de la Ilusión.

Sus Majestades, además, han asegurado que mañana cumplirán puntualmente con su cita recorriendo las casas de Huelva para que los niños onubenses que se han portado bien reciban sus regalos.

CSIF valora el descenso del paro pero aboga por reforzar los servicios públicos

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El sindicato pide tomar los datos con prudencia y recuerda que la región acapara la cuarta parte del desempleo en España y que seis de cada diez personas paradas son mujeres

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha valorado de forma positiva los datos del paro en Andalucía durante el mes de diciembre, en el que 22.280 personas dejaron de estar en desempleo, lo que ha supuesto que en el cómputo del año 2022 haya descendido la cifra de parados en 58.544 personas en la región. No obstante, el sindicato ha avisado de que “la recuperación socioeconómica y laboral de la comunidad andaluza pasa necesariamente por reforzar los servicios públicos”.

Tras conocer los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que suponen un descenso del paro en Andalucía del 2,97% respecto al mes anterior y que sitúan la cifra de personas desempleadas en 727.097, CSIF-A ha reclamado a las administraciones la puesta en marcha de planes que refuercen los servicios públicos y creen empleo de calidad en este ámbito.

A juicio de CSIF, “el modelo productivo inestable que tenemos en Andalucía necesita ser reformulado, apostando por sectores estratégicos como la industria y la innovación, así como por un impulso de los servicios públicos a través de la Administración pública como motor”. En este sentido, “en el objetivo de reflotar la economía y el mercado laboral es fundamental un plan que potencie los servicios públicos, como por ejemplo la Sanidad y la Educación”.

El sindicato ha valorado también el incremento de afiliación a la Seguridad Social en 24.945 personas en diciembre, hasta alcanzar las 3.312.319 personas afiliadas en Andalucía en 2022 –según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones–, así como el hecho de que el paro haya bajado en todas las provincias andaluzas, lo que “debe ser un aliciente para implementar las medidas necesarias para mejorar la situación del mercado laboral andaluz”.

No obstante, llama a la prudencia a la hora de interpretar los datos y recuerda que la región acapara la cuarta parte del desempleo en el conjunto de España. Concretamente, representa el 25,6% del total de parados que hay en España –2.837.635–.

Asimismo, como se repite mes tras mes, el paro vuelve a afectar más a las mujeres que a los hombres. El desempleo femenino acapara el 60,3% del total (con un total de 438.505 mujeres en el paro. Es decir, que seis de cada diez personas paradas en la comunidad andaluza son mujeres, lo que supone una brecha de género ante la que hay que tomar medidas que corrijan esta desigualdad.

CSIF reafirma su compromiso con la igualdad y exige medidas urgentes contra la violencia de género

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Reclama la puesta en marcha de un pacto de Estado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, reafirma su compromiso con la igualdad y reclama medidas urgentes con la violencia de género, así como la puesta en marcha de un pacto de Estado y programas específicos en materia de formación en asistencia a las víctimas en todas las administraciones públicas.

La secretaría de Igualdad y Acción Social del sindicato, María del Carmen Alguacil, ha lamentado el aumento de víctimas por violencia de género en los últimos días, lo que ha provocado que diciembre se haya convertido en el mes más trágico del presente año como consecuencia de esta lacra social”. En este sentido, ha explicado que “es necesario dar un paso adelante y que el Gobierno, de una vez por todas, ponga en marcha las herramientas necesarias para activar un pacto de Estado contra la violencia machista y hacerlo permanente”. Este plan, a juicio de Alguacil, debe ir acompañado de programas de formación especializados para el personal implicado en la atención a las víctimas”.

La responsable sindical ha explicado que CSIF ultima con la Administración General de Estado la negociación de un protocolo pionero que tendrá rango de Real Decreto, contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral de la Administración General del Estado. Además, el sindicato reclama la aplicación de un Protocolo de Movilidad para mujeres víctimas de violencia de género, sin menoscabo de sueldo y promoción profesional en todas las administraciones públicas y el impulso de la negociación de los convenios colectivos y planes de igualdad para el desarrollo de los derechos laborales de las víctimas.

En este sentido, CSIF continúa trabajando para que todas las empresas tanto públicas como privadas que están obligadas a disponer de planes de igualdad, empiecen las negociaciones cuantos antes y hagan efectivo su compromiso. En la actualidad el sindicato está presente en la negociación de dichos planes en la Administración de Justicia y en la Administración General de la Junta de Andalucía, así como en la empresa Verdiblanca y en el Parque científico y tecnológico de Cartuja.

CSIF ha insistido en la importancia de crear la figura del delegado/a sindical especializada en igualdad y contra la violencia de género en todos los centros de trabajo que marcarán el camino para un ámbito laboral igualitario. Esta iniciativa ha sido propuesta por el sindicato al Ministerio de Igualdad en varias ocasiones puesto que “no podemos bajar la guardia ante un problema de primen orden como éste y que en lo que llevamos de 2022 ha dejado la cifra de 11 mujeres asesinadas en la comunidad autónoma a manos de sus parejas o ex parejas, de las 48 registradas en todo el país. Además, hasta el segundo trimestre del presente año se han contabilizado 18.572 denuncias por violencia de género en Andalucía, lo que representa el 40,6% del total recibidas en España, que asciende a 45.743.

Para la central sindical acabar con la violencia machista y con el número de mujeres asesinadas por este motivo está entre sus prioridades en cada una de las acciones que lleva a cabo y los acuerdos alcanzados tanto con entidades públicas como privadas, es por ello que todas sus sedes son puntos violeta.

En su balance de 2022, Alguacil ha calificado como una “victoria” para el CSIF que se haya convertido en un referente el haber logrado que la Justicia conceda el permiso de lactancia a un funcionario docente al que la Junta se lo había negado previamente al impedir que ambos progenitores disfrutaran de ese derecho. “Se trata de un caso avalado por una sentencia firme, que marca un camino para aquellos solicitantes que han visto vulnerados sus derechos consolidados y de igualdad de trato”.

Responsabilidad social

La dirigente sindical ha recodado también que el sindicato seguirá luchando en 2023 para que el Servicio Andaluz de Salud, negocie la actualización de las funciones y estatutos de algunas categorías de su personal como es el caso de los celadores, por ejemplo, “para para que dejen de ser obsoletas y sexistas”.

En cuanto a la responsabilidad social, desde la secretaría de Igualdad y Acción Social del sindicato se mantiene acuerdos de colaboración con diferentes entidades que se prevén intensificar. En este sentido, Alguacil ha detallado que trabajamos conjuntamente en varios proyectos relacionados con la investigación del cáncer, además de colaborar activamente con la AECC, con iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones de bienestar de personas con autismo y su integración en los centros de trabajo, así como con acciones relacionadas con el medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Denuncian la falta de negociación de la Junta para la bolsa de funcionarios interinos

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CSIF lamenta que no se cumpla la normativa de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y se cambien los criterios de acceso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, denuncia la falta de negociación de la Administración de la Junta de Andalucía para la creación de la bolsa específica de personal funcionario interino tras su participación en los procesos selectivos correspondientes a las convocatorias de estabilización. Según la normativa vigente dicha bolsa debe integrar a aquellas personas que no superen el proceso selectivo correspondiente pero sí obtengan la puntuación que la convocatoria considere suficiente.

El presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA), José Manuel Dorado, ha calificado de “incompresible” que la Administración autonómica incumpla la disposición adicional cuarta de la ley 2 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y “se salte a la torera los procesos de negociación con las organizaciones sindicales”.

Pese a que la Junta tenía el compromiso de informar a los sindicatos de las modificaciones al documento de creación de la bolsa específica de personal funcionario interino, “nos encontramos que el Consejo de Gobierno ha aprobado su regulación a través del Decreto-ley 12/2022 de 29 de noviembre sin estar cerrada la negociación”, explica Dorado.

Para el responsable sindical esta forma de proceder de la Junta es “deplorable” y atenta contra lo recogido en el artículo 33 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) respecto a la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos. En este sentido, el estatuto especifica que dicha negociación debe estar sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, articulándose mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales, “algo que se ha obviado en este caso”, ha explicado Dorado.

Para el sector de AGJA de CSIF-A este Decreto-Ley no da cumplimiento a lo establecido por la disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, puesto que en lugar de establecer como requisito para formar parte de la bolsa específica el haber participado en el proceso selectivo correspondiente y, aún sin superarlo, haber obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente, se exige que el candidato haya prestado servicios durante al menos quince años.

Para CSIF este requisito que establece el Decreto-Ley de la prestación de servicios durante al menos quince años, provoca una diferencia de trato discriminatoria en el acceso al empleo de los candidatos e incumple el único requisito que impone la Ley 20/2021 en su disposición adicional cuarta. En este punto, la central sindical denuncia que la Junta “está vulnerando los derechos fundamentales establecidos en el artículo 23.2 de la Constitución y no da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica y eficacia”.

Denuncian otro «maltrato» a los profesionales del SAS por el retraso en las retribuciones de Navidad

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El CSIF lamenta la “falta de previsión flagrante” de la Administración sanitaria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y primera fuerza sindical multiprofesional del Servicio Andaluz de Salud, ha denunciado “un nuevo maltrato hacia los profesionales y una falta de previsión flagrante” del SAS debido al retraso, previsiblemente hasta enero –según ha comunicado–, del cobro de las retribuciones en concepto de la actividad complementaria desempeñada por los profesionales durante el mes de noviembre.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, quien ha explicado que una parte de los trabajadores y trabajadoras que hacen actividad complementaria fuera de su jornada ordinaria, guardias incluidas, no cobrarán en diciembre el total de las retribuciones a las que tienen derecho por dicho concepto, un extremo que ha considerado “inaceptable”.

En este sentido, el dirigente sindical ha tildado de “preocupante la falta de previsión de la Administración sanitaria, máxime en estas fechas”, al tiempo que entiende que las explicaciones ofrecidas por el SAS al respecto, justificando esta decisión en la adaptación a la reclasificación presupuestaria necesaria, no son satisfactorias.

“La falta de consideración con sus profesionales no es nueva en lo que a retribuciones se refiere, como ha ocurrido, por ejemplo, con el Complemento de Rendimiento Profesional”, ha subrayado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, que ha añadido que con el retraso en el abono del total de la nómina complementaria, “el SAS se convierte ahora en una suerte de Grinch de la Navidad para miles de profesionales de la sanidad pública andaluza”.

En este sentido, CSIF Sanidad elevará la correspondiente queja y estudiará posibles acciones encaminadas a reclamar al SAS la compensación económica a los profesionales que sufran este retraso en la percepción de sus retribuciones.

CSIF pide que la nueva Ley de la Función Pública de Andalucía despolitice la Administración

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Reclama mayores garantías para las potestades públicas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza en la Administración Pública y con presencia creciente en la empresa privada, ha expresado su deseo de que la futura Ley de la Función Pública de Andalucía despolitice y modernice la Administración, al tiempo que ofrezca mayores garantías sobre las potestades públicas del personal funcionario.

Así lo ha puesto de manifiesto la vicepresidenta de CSIF Andalucía, Yolanda Salgado, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública para valorar el proyecto de Ley de la Función Pública de Andalucía, que ha calificado como “positivo en su globalidad” ya que “Andalucía necesita contar en este ámbito con una Ley actualizada y adaptada al siglo XXI”, al tiempo que ha destacado su carácter integral y los avances que plantea en cuanto a conciliación laboral, formación, promoción profesional y agilización de procesos.

No obstante, la responsable sindical ha matizado que el texto es susceptible de “mejoras que son vitales para que la futura norma responda a las necesidades de las empleadas y los empleados públicos y de la propia ciudadanía”, entre las que ha citado mayores garantías en la movilidad por razones de salud y en las potestades públicas, sobre las que ha reclamado que haya “la garantía jurídica necesaria que permita que dejemos de vernos abocados a la judicialización como consecuencia de la vulneración de las mismas”.

Respecto a la despolitización de la Administración, CSIF considera necesario ampliar la carrera profesional del personal funcionario hasta el máximo nivel (nivel 30), disminuyendo en contrapartida el número de puestos ocupados por el procedimiento de libre designación, según ha explicado Salgado.

La vicepresidenta de CSIF-A, que ha confiado en que dichas mejoras se incorporen al texto durante el trámite parlamentario en la Cámara andaluza, se ha referido a la evaluación del desempeño, “un concepto sobre el que se ha generado cierta desinformación” y que la dirigente sindical ha desvinculado del régimen sancionador, que ya se rige por la normativa básica sobre régimen disciplinario y por lo dispuesto en el Título XII del texto del proyecto de Ley, según ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que “un resultado negativo en la evaluación del desempeño no supondrá en ningún caso pérdida retributiva ni menoscabo en el tramo de carrera profesional consolidado”. “Desde CSIF estamos tranquilos con el trabajo realizado en este sentido y hemos protegido con uñas y dientes los principios básicos contemplados en el TREBEP –Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público– para esta evaluación y así lo seguiremos haciendo en su posterior desarrollo reglamentario”, ha enfatizado a este respecto.

La organización sindical ha confiado en que el trámite parlamentario sirva para enriquecer la norma de la que finalmente se dote Andalucía para actualizar el régimen jurídico y el marco estatutario del sector público andaluz y para “modernizar, agilizar y despolitizar de verdad la Administración”, ha concluido Yolanda Salgado.

CSIF se concentra contra la «imposición» de un nuevo modelo organizativo de Justicia

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El sindicato critica que el Ministerio no se haya sentado a negociar la futura Ley de Eficiencia Organizativa que implicará modificaciones de las condiciones laborales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la Administración de Justicia, se ha concentrado hoy en las puertas del Palacio de Justicia en Huelva, así como en el resto de las provincias andaluzas y españolas para denunciar el nuevo modelo organizativo de dicha administración impuesto en la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO), que implicará modificaciones sobre jornadas, horarios, centros de destino y retribuciones que no han sido negociadas con la parte social. La próxima concentración está prevista para el próximo 20 de diciembre de 2022.

Estas concentraciones forman parte del calendario de movilizaciones que CSIF ha puesto en marcha junto a otras organizaciones sindicales hasta que el Ministerio de Justicia se siente a negociar la futura norma, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria y que implicará modificaciones de las condiciones laborales sin negociar con los representantes de los trabajadores. 

La responsable del sector de Justicia de CSIF Huelva, Mari Paz de la Cruz, ha criticado que la LEO vulnere la negociación colectiva puesto que supone que los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de las plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, entre otros aspectos, vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

De la Cruz ha lamentado que el debate de la justicia se centre en cuestiones políticas relacionadas con la renovación de los órganos constitucionales y administrativos del gobierno del poder judicial cuando la prioridad sería dotar a la Administración de Justicia de más y mejores medios para hacerla más ágil y más eficaz para el ciudadano.

En este sentido, el sector de Justicia de CSIF-A recuerda que al  déficit de plazas, -desde jueces a personal de auxilio judicial- se suman equipos informáticos desfasados o que no funcionan, juzgados con infraestructuras obsoletas y en malas condiciones de conservación y una plantilla de trabajadores y trabajadoras totalmente sobrepasada.  El sindicato lamenta que sea la ciudadanía quien una vez más pague las consecuencias del mal funcionamiento de la Administración y tenga que soportar una justicia lenta y con excesiva burocracia.

Para la central sindical es necesario que la reforma de la Justicia cuente con el máximo de los consensos, que suponga una mejora del servicio público y que se convierta en una fuente de oportunidades reales y efectivas para el personal de Justicia en su promoción profesional, condiciones laborales y retributivas.

CSIF denuncia la opacidad el Ayuntamiento de Isla Cristina

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La central sindical considera inaceptable que el consistorio isleño no proporcione la información que se le solicita

El sindicato CSIF, a través de su sector de Administración Local, denuncia que el Ayuntamiento de Isla Cristina no facilita información sindical, pese a que ha sido solicitada en reiteradas ocasiones, vulnerando un derecho protegido como fundamental por la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical.

Aunque el Ayuntamiento ha facilitado uno de los listados de delegados de las distintas delegaciones sindicales después de un año, otro listado se niega a facilitarlo con la excusa de estar consultando la Ley de Protección de Datos, -insiste CSIF en destacar que lo hace después de un año-, lo que es inadmisible por parte de esta central sindical.

CSIF solicitó, en noviembre de 2021, -hace un año, insiste-, un listado de los delegados de las distintas secciones sindicales, según lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de Libertad Sindical, y en especial además solicitó un listado de delegados con los derechos establecidos en el artículo 10.3 de la citada ley. Este artículo viene a decir que “Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas, así como los siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer por convenio colectivo:

1.º Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa, estando obligados los delegados sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legalmente proceda.

2.º Asistir a las reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos de la empresa en materia de seguridad e higiene o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas, con voz pero sin voto.

3.º Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos.”

En la misma línea, en verano del año pasado, el 13 de agosto de 2021, la Sección Sindical de CSIF solicitó otro listado mensual del número de horas extraordinarias realizadas y su forma de compensación individual y mensualmente de los trabajadores municipales desde enero de 2020 hasta la actualidad, y además se pidió al Ayuntamiento que lo facilitara mensualmente, en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1561/1995 de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo, a lo que este ayuntamiento notificó que “se encuentra consultando –después de más de un año, recalca- a efectos de no incumplir la Ley de Protección de datos”.

Asimismo, se han pedido otras cuestiones que permanecen sin respuesta, hecho que esta central sindical considera inaceptable.

CSIF traslada a la Junta un informe sobre el «déficit de personal» en los servicios públicos

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El sindicato mantiene un encuentro con la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Huelva, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia en la empresa privada, se ha reunido con la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Huelva, Carmen Céspedes, para presentarle un informe «exhaustivo» sobre «el déficit de personal» en todos los sectores con competencia autonómica: Educación, Sanidad, Justicia y Administración General de la Junta de Andalucía, que además ha sido presentado formalmente por registro.

A la reunión ha asistido el presidente de CSIF Huelva, Juan Manuel Quilón, los responsables de los sectores de Educación, Prado Rodríguez; de Sanidad, César Cercadillo; de Justicia, Mari Paz de la Cruz; y de Administración General de la Junta de Andalucía, Emilio Gallango. Por parte de la Delegación, además de la delegada, ha estado la secretaria general de Función Pública, Carmen Calleja, y el jefe de servicio de personal, Pablo García Pérez, según ha indicado el sindicado en una nota de prensa.

Quilón ha manifestado a la delegada la «realidad que sufren» los empleados en los servicios del sector público y «la consecuencia por este deterioro» que «sufren al fin y al cabo los ciudadanos», toda vez que ha subrayado que su sindicado «no se queda de brazos cruzados» ante «la patente sobrecarga del trabajo que sufren los empleados públicos».

CSIF ha negado que los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023 «sirvan para fortalecer los servicios públicos básicos en la comunidad» y ha cifrado en 45.000 el «déficit de efectivos» que hay en los sectores de Sanidad, Educación, Justicia y Administración General de la Junta en toda Andalucía, estimando en Huelva «la necesidad de 3.000 empleados públicos».

En esta línea, Quilón ha recordado las movilizaciones que comenzaron el pasado 23 de noviembre, bajo el lema ‘Servicios públicos, lo primero’, con las que «se quieren hacer visible el deterioro de los servicios públicos básicos en nuestra región y de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que hacen posible su prestación».

Educación

La responsable del sector de Educación de CSIF Huelva, Prado Rodríguez, ha dado a conocer a la delegada la situación del profesorado y del sistema educativo público onubense resumiéndolo en «una apuesta pobre por la educación por parte de la administración».

Según la responsable sindical, existe «un gran déficit» de profesionales en la provincia que cifra en 770 docentes. «Es necesario un incremento en las plantillas para reforzar el sistema educativo público, apostar así por una verdadera calidad de la enseñanza pública onubense. Concretamente habría que incrementar unos 400 maestros, 300 docentes en secundaria y 70 profesionales del PT y AL para la atención a la diversidad», ha señalado.

Asimismo, Rodríguez ha dado a conocer a la delegada un análisis elaborado por CSIF donde se revela que en Huelva el cien por cien de los docentes onubenses encuestados considera que ha sufrido desgaste emocional a lo largo de su vida profesional y que considera «necesario» un pacto por la educación «que dote de estabilidad legislativa al sistema educativo».

Sanidad

Por su parte, el responsable del sector de Sanidad de CSIF Huelva, César Cercadillo, ha explicado a la delegada que «a día de hoy» hay un total de 12.000 profesionales que a 31 de diciembre finalizan sus contratos y «no saben si seguirán».

En la provincia de Huelva, «supone el déficit de más de 500 profesionales, tratándose de un personal necesario para seguir prestando la asistencia sanitaria en Huelva, de por sí ya deficitaria desde hace mucho tiempo, ante la falta de inversiones en recursos humanos», ha aseverado el responsable sindical.

Cercadillo ha subrayado que actualmente en la provincia «hay un déficit de médicos de familia, médicos especialistas, entre otras categorías, así como de fisioterapeutas», así como que «hay 56.000 personas en espera de una primera consulta, sin añadir las revisiones», ya que «esta falta de especialistas está produciendo un aumento de lista de espera generalizado».

«Ahora mismo, estamos con una demora de más de 100 días. Para tener esa ansiada primera cita, y en algunas especialidades como pueden ser neurología y dermatología que son las más acuciantes, con más de un año de espera», ha explicado Cercadillo.

Justicia

De otro lado, la responsable del sector de Justicia, Mari Paz de la Cruz, ha exigido ampliar la plantilla de «prácticamente todos los juzgados de Huelva», porque «es la misma que hace 25 años» y ha apuntado que «actualmente hay unos 550 efectivos en total y una media de ocho trabajadores por cada uno de los juzgados».

En este sentido, ha explicado que es «necesaria» la creación de «varios» órganos judiciales, «al menos uno de Primera Instancia, uno de lo Penal, otro más en Ayamonte, uno en Moguer y uno en La Palma del Condado», así como «el aumento de plantilla en la mayoría de los órganos judiciales de la provincia» lo que «supondría la creación de unos 70 puestos de trabajo aproximadamente».

De la Cruz, ha comentado que los juzgados de Primera Instancia de Huelva, que son los que llevan materia civil, están «saturados», y que se «asume una carga de trabajo muy superior a lo estipulado, en concreto dice que se asume un 76,8% más, situación reconocida por el Consejo General del Poder Judicial».

Con respecto a los juzgados de lo Penal, ha afirmado que suman «alrededor de 5.000 asuntos anuales, a lo que hay que añadir los que se encuentran archivados de forma provisional y que pueden ser reabiertos en cualquier momento», al tiempo que ha concluido que es «muy necesario» el aumento de la plantilla en Ayamonte, La Palma, Moguer, Valverde y Aracena, así como que «el déficit de órganos judiciales y de plantilla en juzgados de la provincia, es un problema estructural e histórico que no se ha resuelto».

Administración General de la Junta

El responsable del sector de la Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF Huelva, Emilio Gallango, ha presentado a la delegada un informe comparativo por delegaciones con el detalle de las plazas ocupadas en 2018 y 2022, en base a las relaciones de puestos de trabajo para especificar el «déficit» por delegaciones.

Según ha explicado, el informe «revela que de las plazas totales de las relaciones de puestos de trabajo de todas las delegaciones de la Junta de Andalucía en Huelva que son 4.887 puestos, están ocupadas sólo 2.510 plazas, lo que representa un 51,36%».