Rivas pide a la Junta que no tome como «cabeza de turco» a la familia desahuciada de El Campillo

La alcaldesa de la localidad asegura que hay «muchísimas familias» en toda Andalucía que están en una situación similar

La alcaldesa de El Campillo, Susana Rivas, ha salido en defensa de la familia de este pueblo a la que, tal y como adelantó Tinto Noticias, la Junta de Andalucía le ha dado un plazo de seis meses para abandonar su casa, una vivienda de protección oficial que la propia Administración autonómica le concedió en régimen de alquiler hace 31 años y que ahora le quita por tener otra vivienda en un municipio de Córdoba, aunque con una serie de matices, tal y como informó este periódico de la Cuenca Minera de Riotinto a través de esta publicación.

La regidora campillera, que se reunió este lunes con el matrimonio afectado, José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín, ha mostrado su «respeto» a los criterios de la administración y a las decisiones judiciales, pero ha reclamado al Gobierno andaluz que no tome a esta familia como «cabeza de turco», pues considera que hay «muchísimas familias» en una situación similar en el conjunto de Andalucía, de ahí que defienda que «deben ser tratadas todas por igual», ha añadido.

Por su parte, el propio Vizcaíno ha hecho público un comunicado, a través de las redes sociales, en el que agradece el apoyo de todas las personas que han mostrado su «interés» en que finalmente no se le quite la vivienda, así como a la Plataforma Antidesahucio de Huelva y al Ayuntamiento de la localidad. «Esto no es un banco ni un particular, es la Junta de Andalucía», señala, tras lo que deja claro que «no tengo ningún impago en 30 años que vivo en esta casa» y anuncia que «seguiré luchando contra viento y marea para que no me expulsen de mi casa».

Tal y como ya informó este periódico, la Junta comunicó a esta familia que debe abandonar su casa en seis meses, para lo que la Administración autonómica argumenta que Magdalena Martín tiene otro piso en propiedad, algo que “es cierto según los papeles pero no en la práctica”, hasta el punto de que “ni yo misma lo sabía”, defendió la propia Martín en declaraciones a Tinto Noticias.

El caso de remonta a principios del presente siglo, cuando uno de sus hijos se compra una casa en La Carlota (Córdoba). “Después de pagar la entrada a la constructora, el banco le dice que no le da la hipoteca porque es muy joven y no tiene un contrato fijo”, indicó Magdalena, que acude por ello a la entidad financiera para preguntar de qué manera puede ayudar a su hijo.

Fue entonces cuando “nos dijeron que necesitaban una nómina y una firma”, continúa, por lo que “yo les llevé mi nómina y firmé”, añadió, pero “yo no sabía que me habían puesto como propietaria”, explicó Magdalena, que asegura que, de hecho, su hijo tiene los recibos que demuestran que fue sólo él quien realizó los pagos a los que hizo frente antes de que se formalizara la hipoteca.

El calvario de José Luis y Magdalena, que ahora tienen 64 y 62 años, respectivamente, comenzó en 2014, cuando la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía tramita el expediente para quitarles la concesión de la vivienda en régimen de alquiler, que no han dejado de pagar desde que se la concedieron hace ahora 31 años.

El matrimonio decidió entonces recurrir en el juzgado de lo contencioso administrativo, pero perdió el juicio, tras lo que ahora les ha llegado la comunicación de que tienen que abandonar la casa en seis meses. “No podemos gastarnos más dinero en abogados”, aseguró Vizcaíno, quien, no obstante, pide a la Junta que “frene este proceso”.