La Junta le da seis meses de plazo para abandonar su vivienda

Una familia de El Campillo tiene seis meses para abandonar su casa, una vivienda de protección oficial en la que el matrimonio formado por José Luis Vizcaíno y Magdalena Martín reside, junto a sus hijos, desde 1988, cuando les fue adjudicado el inmueble en régimen de alquiler.

La Junta de Andalucía, propietaria de la vivienda, les acaba de comunicar que deben dejar la casa en 180 días, para lo que la Administración autonómica argumenta que Magdalena Martín tiene otro piso en propiedad, algo que «es cierto según los papeles pero no en la práctica», hasta el punto de que «ni yo misma lo sabía», defiende la propia Martín en declaraciones a Tinto Noticias -el periódico de la Cuenca Minera de Riotinto-.

El caso de remonta a principios del presente siglo, cuando uno de sus hijos se compra una casa en La Carlota (Córdoba). «Después de pagar la entrada a la constructora, el banco le dice que no le da la hipoteca porque es muy joven y no tiene un contrato fijo», indica Magdalena, que acude por ello a la entidad financiera para preguntar de qué manera puede ayudar a su hijo.

Fue entonces cuando «nos dijeron que necesitaban una nómina y una firma», continúa, por lo que «yo les llevé mi nómina y firmé», añade, pero «yo no sabía que me habían puesto como propietaria», explica Magdalena, que asegura que, de hecho, su hijo tiene los recibos que demuestran que fue sólo él quien realizó los pagos a los que hizo frente antes de que se formalizara la hipoteca.

El calvario de José Luis y Magdalena, que ahora tienen 64 y 62 años, respectivamente, comenzó en 2014, cuando la Delegación Territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía tramita el expediente para quitarles la concesión de la vivienda en régimen de alquiler, que no han dejado de pagar desde que se la concedieron hace ahora 31 años.

El matrimonio decidió entonces recurrir en el juzgado de lo contencioso administrativo, pero perdió el juicio, tras lo que ahora les ha llegado la comunicación de que tienen que abandonar la casa en seis meses. «No podemos gastarnos más dinero en abogados», asegura Vizcaíno, quien, no obstante, pide a la Junta que «frene este proceso».