La tasa de suicidios en la prisión es ocho veces superior a la que se registra en la sociedad


Este lunes se celebra el día mundial de la Salud Mental. Por ese motivo ACAIP, Sindicato Mayoritario en Instituciones Penitenciarias, quiere poner en conocimiento de la sociedad onubense, “el grave problema que las patologías psiquiátricas suponen en los centros penitenciarios en general y en el Centro Penitenciario de Huelva en particular”.


La enfermedad mental en prisión es uno de los graves problemas a los que se enfrenta la Institución, que con un déficit de médicos del 60% a nivel nacional se muestra incapaz de dispensar una atención adecuada, detectar problemas con la medicación e incluso prevenir brotes que deriven en incidentes regimentales o en agresiones a otros reclusos o a trabajadores.


En los centros penitenciaros de Huelva “déficit de un 30% de personal, pero si tenemos en cuenta solo el déficit de facultativos, este alcanza el 70%”.Más del 30% de los presos está actualmente en tratamiento psiquiátrico, y más del 20% ha intentado en alguna ocasión quitarse la vida, “siendo la tasa de suicidio en prisión 8 veces más alta que la de la población general, y siendo la enfermedad mental la causa que hay detrás de la mayoría de dichos suicidios”.


El sistema Penitenciario estatal cuenta tan solo con dos hospitales psiquiátricos penitenciarios dedicados al cumplimiento de medidas de seguridad privativas de libertad, actuando las enfermerías del resto de los centros penitenciarios como hospitales de referencia estrictamente hablando, departamentos que no disponen de medios para la atención psiquiátrica.


Para ello, se crean programas destinados a estos reclusos con enfermedades mentales (PAIEM) , como el que se va a implantar en el Centro Penitenciario de La Ribera en este mes de octubre, donde no va a contar ni tan siquiera con una especialista en psiquiatría y con un déficit alarmante de médicos, poniendo como ejemplo hoy lunes no hay un médico presencial en el centro penitenciario de Huelva. Y sin apenas formar al personal del área de vigilancia para este cometido.


Desde ACAIP entienden que la solución al problema sería un compromiso por parte de la Administración Penitenciaria de no dejar caer el sistema sanitario penitenciario, traspasando la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas como así recoge la Ley de Sanidad 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y calidad del Sistema de Salud, que ya establecía en el año 2003 que las Comunidades Autónomas deberían hacerse cargo de la Sanidad Penitenciaria.