El Comité de Empresa sale en defensa de la compañía y se plantea movilizaciones contra una situación que «puede abocarnos a un panorama similar a la crisis de la minería de 2001», alertan
El Comité de Empresa de Atalaya Riotinto Minera ha salido al paso este lunes de la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ratifica el pronunciamiento previo del mismo tribunal que declaraba la anulabilidad de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la mina por un defecto de forma en el procedimiento de información pública llevado a cabo por la Junta de Andalucía.
En concreto, los representantes de la plantilla han mostrado su «honda preocupación» ante la «inseguridad jurídica« en la que a su juicio se sitúa el proyecto de la mina de Riotinto y las «posibles consecuencias» que, añaden, «pueden sufrir los trabajadores en la estabilidad de sus empleos», por lo que salen «en defensa de los trabajadores y trabajadoras de la compañía y sus contratas y de la empleabilidad que genera este sector en una zona que hace sólo tres años publicaba datos de paro por encima del 70% en algunas de sus localidades», añaden, al tiempo que anuncian que, «por nuestra parte, defenderemos los derechos y libertades laborales de los trabajadores y ciudadanos de la Cuenca Minera ante lo que consideramos un atentado contra el derecho fundamental al trabajo».
En segundo lugar, desde el Comité de Empresa han apoyado la argumentación de la empresa y han salido en defensa de lo que califican como un «trabajo exhaustivo» de su área medioambiental, tras lo que señalan que tanto la empresa como los trabajadores son conscientes de que «la comarca donde se ubica la mina y el paraje natural que la rodea deben ser herencia vitalicia para todos los ciudadanos de la Cuenca Minera», por lo que desde el Comité de Empresa «se valora de forma positiva la vigilancia del medio ambiente por asociaciones y partidos políticos, pero se reclama que no se utilicen las necesidades laborales de la comarca como arma electoral», agregan.
Por todo ello, los representantes de la plantilla han anunciado que se plantean «un proceso de movilizaciones tendentes a transmitir a las administraciones y partidos políticos nuestras exigencias para dar estabilidad a los más de 800 puestos de trabajo directos más los indirectos e inducidos que genera la actividad minera», para lo que plantean, por un lado, iniciar una «ronda urgente» de reuniones con las administraciones central, autonómica, provincial y local y con todas las fuerzas políticas a nivel comarcal y provincial y, por otro lado, convocar una manifestación, después de estos contactos, con la que «se visualice la magnitud y la gravedad de la situación, que puede abocarnos a un panorama similar a la crisis de la minería sufrida en el año 2001», alertan.
