Supone un 8,7% más que el año pasado y podrán destinarlo a infraestructuras públicas como vivienda, alumbrado o instalaciones deportivas, entre otras

Los siete ayuntamientos de la Cuenca Minera de Huelva —Nerva, Minas de Riotinto, Zalamea la Real, El Campillo, Campofrío, Berrocal y La Granada de Riotinto— percibirán en 2026 un total de 4.498.748 euros en concepto de entregas a cuenta, lo que supone un incremento conjunto de 360.065 euros respecto a 2025, un aumento del 8,7 % en todos los municipios de la comarca.

Según las estimaciones oficiales del sistema de financiación local, Nerva será el municipio que mayor cuantía reciba, con 1,62 millones de euros, seguido de Minas de Riotinto (1,17 millones) y Zalamea la Real (837.246 euros). Les siguen El Campillo (547.021 euros), Campofrío (184.728 euros), Berrocal (77.309 euros) y La Granada de Riotinto (65.065 euros).

Este incremento de ingresos permitirá a los ayuntamientos contar con mayor margen financiero en un contexto en el que, además, el Gobierno ha prorrogado la posibilidad de destinar el superávit y los remanentes de tesorería a inversiones financieramente sostenibles, en lugar de obligar a destinar esos recursos exclusivamente a la amortización de deuda.

En concreto, el Real Decreto-ley 15/2025 amplía hasta 2027 la aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que permite a las entidades locales emplear el superávit de 2024 en actuaciones como mejoras en el abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado público, vivienda, vías públicas, instalaciones deportivas, equipamientos culturales, infraestructuras de transporte, recursos hidráulicos, medio ambiente o servicios sociales, siempre que cumplan los criterios de sostenibilidad financiera.

Para municipios de la Cuenca Minera, con una elevada demanda de inversiones en infraestructuras básicas y servicios públicos, esta mayor capacidad de gasto abre la puerta a impulsar proyectos largamente demandados por la ciudadanía, reforzar la actividad económica local y mejorar la calidad de vida, sin poner en riesgo la estabilidad presupuestaria de las corporaciones locales.