La empresa Atalaya espera que la Junta emita en los próximos días la nueva AAU

La Junta de Andalucía ha notificado a Atalaya Riotinto Minera, la empresa operadora de la mina de cobre de Riotinto, el Dictamen Ambiental que considera favorable la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la explotación onubense, un dictamen emitido en ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 19 de septiembre de 2018 que declaraba «anulable», por un defecto de forma en su tramitación, el permiso ambiental emitido en 2014 para las actuaciones mineras del Proyecto.

Así lo han comunicado desde la propia compañía, que, en función de la hoja de ruta que se le ha comunicado, espera que, en los próximos días y una vez finalizado el trámite de audiencia legalmente previsto, la Administración emita una nueva resolución convalidando la AAU favorable anulada por el Alto Tribunal.

A continuación, prosiguen desde la empresa, corresponderá a la Autoridad Minera convalidar la resolución de reinicio de los trabajos en la Mina de Riotinto de 23 de enero de 2015, un permiso de explotación fue también anulado por el TSJA en su sentencia de 24 de abril de 2019 como consecuencia de la sentencia de 2018, al considerar que el proyecto minero carecía del previo permiso ambiental.

Una vez se realice esta última actuación administrativa por parte de Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, la mina de Riotinto habrá «reestablecido la validez y eficacia de todos sus permisos administrativos», subrayan desde la compañía.

La empresa subraya que el Dictamen Ambiental recién emitido, como se esperaba, reproduce los condicionantes técnicos ambientales impuestos a la actividad ya en el año 2014, pues «toda la documentación presentada por Atalaya había sido objeto de un análisis exhaustivo por parte de los distintos órganos administrativos ambientales y los resultados ya formaban parte de las prescripciones ambientales dispuestas en la Evaluación de Impacto Ambiental de la mina», señalan.

Además, «frente a la exigencia de cierre de la mina expresada por los colectivos ecologistas, el nuevo dictamen especifica que para que pueda ordenarse una paralización de la actividad en el complejo minero debían de cumplirse determinados requisitos que no concurrirían en el caso», agregan desde la compañía minera.

Por todo ello, Atalaya y sus accionistas «se felicitan» porque, una vez culminado el proceso, la compañía «podrá contar ya con la seguridad jurídica administrativa necesaria para mantener la inversión en el histórico yacimiento minero de Riotinto», todo ello con vistas a «profundizar en la estrategia de crecimiento responsable emprendida» para ofrecer un proyecto «más robusto a largo plazo para beneficio de todos los grupos de interés y generar mayor empleo, crecimiento económico y valor añadido para su entorno», concluyen.