Agricultura asigna 350.000 euros para reducir el impacto social y económico de una paralización temporal obligatoria que se extendió desde el 1 de mayo al 18 de junio
No había noticias y llegaron. La Junta de Andalucía ha reaccionado al “zarandeo” de los mariscadores a pie de la coquina ante el “calamitoso” e “insostenible” estado en el que han encontrado el caladero onubense de este molusco bivalvo en su totalidad, desde Isla Canela hasta Doñana, tras la veda. Si bien, como adelantó Tinto Noticias el pasado lunes, urgen el cierre “inmediato” y “subvencionado” de la pesquería al no alcanzar, “ni de lejos”, según manifiestan, el umbral medio de captura crítico de 1,5 kilos por hora fijado por el Plan de Gestión de la especie en el Golfo de Cádiz, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural atiende, al menos, su otra demanda y convoca las ayudas prometidas por la última parada, que se alargó desde el 1 de mayo hasta el 18 de junio.
En total, así ha tomado conocimiento el Consejo de Gobierno, el departamento autonómico dirigido por Carmen Crespo pone al servicio de los 250 mariscadores con licencia para trabajar a pie en el litoral onubense, “por primera vez en la historia”, un montante de 350.000 euros como compensación por aquella paralización temporal de la actividad. El objetivo, insiste la Consejería, es la reducción del impacto socioeconómico de las vedas obligatorias sobre las familias de Huelva, Sevilla y Cádiz que dependen de la captura artesanal de un recurso de alto interés comercial -y baluarte de la gastronomía andaluza- como es la coquina y que es posible, continúa, gracias a un Plan Andaluz de Gestión aprobado el pasado mes de julio para reconocerlos como “pescadores de pleno derecho”.
Un paso, pero insuficiente
La medida se produce cuando los profesionales del sector planteaban ya, incluso, una manifestación para el próximo 21 de septiembre en Sevilla, a las puertas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Sin que, de momento, pueda confirmar si la protesta sigue adelante o no, el presidente de la Asociación de Mariscadores ‘Nueva Umbría’, de Lepe, Emilio Jaldón, valora el gesto como un paso, pero lo considera “insuficiente”. La esquilmación del caladero es tal que, desde su óptica, sólo cabe el “cierre total” del mismo, “y con una vigilancia minuciosa que evite que el furtivismo, como hasta ahora, campe a sus anchas”, hasta que los estudios científicos avalen su reapertura una vez recuperado el recurso y garantizadas su sostenibilidad y la rentabilidad de la actividad.
Uno de los mariscadores de Doñana, Sergio Maldonado, de Almonte, secunda las reivindicaciones y lamenta que no hayan tenido una primera respuesta, en forma de una ayuda que esperaban, “como agua de mayo” ante el ahogo económico que sufren, desde hace tres meses, hasta que han levantado la voz. No obstante, “no queremos un caramelo, sino una solución definitiva”, un punto en el que no entiende que el departamento que encabeza Carmen Crespo anuncie incrementos de licencias profesionales a pie sin poner remedio antes a la “ruina” de unas capturas que se limitan, “y no siempre”, a escasos tres kilos de coquina en talla comercial por jornada (un salario mínimamente digno requeriría, a su juicio, unos ocho kilos). Con ello, ha censurado, “parecen no querer ver la realidad de un sector que agoniza”.
