Todos los partidos con representación en el Consistorio se unen por el cierre inmediato de la instalación

El Ayuntamiento de Nerva se enfrenta al próximo miércoles 11 de junio a una vista judicial por su decisión de denegar la licencia de obra para las fases 2 y 3 del recrecimiento del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de la localidad, una medida que fue tomada por el Consistorio nervense en febrero de 2023.

La empresa gestora del vertedero, DSM, anunció entonces que tomaría «todas las medidas legales» contra la resolución municipal, tras lo que interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento y Ecologistas en Acción que fue admitida por los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Huelva, donde se celebrará la vista el próximo miércoles a partir de las 12,50 horas.

La cercanía del juicio ha unido a todas las fuerzas políticas con representación en el Consistorio, PSOE, PP, XNerva e Izquierda Unida, que han emitido un comunicado conjunto contra el vertedero en el que reclaman el cierre inmediato de la instalación. «Queremos el cierre del vertedero ya», aseguran.

El comunicado, al que también se unen Antivertederos Nerva, Ecologistas en Acción, Movimiento Ciudadano ni Vertedero, ni Tecnosuelos, Nerva Salud y Dignidad y Riotinto Salud y Dignidad, señala además que «ha llegado el momento de que resuene en las distintas administraciones, el lamento de un pueblo masacrado, que clama por la justicia que hasta ahora se le ha venido negando».

Asimismo, los partidos políticos nervenses y colectivos referidos consideran que la autorización del recrecimiento del vertedero supone «eternizar la condena que viene sufriendo Nerva desde hace casi 30 años, casi tres décadas en la que los hombres y mujeres de Nerva han sido obligados a convivir junto a residuos procedentes de todo el mundo, depositados a 700 metros de sus casas», añaden.

Recrecimiento

Cabe recordar que el Ayuntamiento denegó la licencia para las fases 2 y 3 del recrecimiento del vertedero en base al «redimensionamiento de la instalación», tal y como se indicaba en la resolución del Consistorio, que no encontraba «amparo en la declaración inicial de utilidad publica e interés social que en su día emitió la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y urbanismo y que posibilitó la instalación».

Por su parte, desde Ecologistas en Acción, organización contra la que también fue interpuesta la denuncia de DSM, entiende quela cota de recrecimiento, con la misma autorización desde 1996, ha crecido 20 metros, ya que «era de 305 y se encuentra actualmente en 325», puntualiza.

Frente a ello, la empresa consideró que la resolución era «nula», al entender que el Ayuntamiento se había «saltado el procedimiento administrativo mientras el procedimiento estaba en trámite de audiencia», al tiempo que aseguró que el Consistorio ya concedió la licencia para la primera fase del proyecto y emitió un informe positivo de compatibilidad urbanística «que ya incluía todas las fases del proyecto», por lo que «la licencia de obra denegada es la continuación de la fase I que actualmente se encuentra en ejecución», añadió.

Desde DSM advirtieron igualmente de que la decisión del Ayuntamiento podía ocasionar «consecuencias de una gran trascendencia», como «la imposibilidad de clausura de los vasos en condiciones de seguridad ambiental», ya que «no realizar el canal propuesto imposibilita la clausura del vaso de Residuos Peligrosos en las condiciones autorizadas por la administración medioambiental», explicaron.