La Junta y los docentes condenan los hechos

La Junta de Andalucía y el colectivo de docentes han mostrado este lunes su condena y repulsa contra un intento de agresión y amenazas sufridas la semana pasada por una profesora del IES Clara Campoamor de Huelva por parte del padre de un alumno. Los compañeros del centro se han concentrado a las puertas del mismo, mientras que la Delegación de Desarrollo Educativo ha expresado en un comunicado su rechazo a estas agresiones y prestado su apoyo para aclarar los hechos.

Tal y como ha descrito el sindicato CGT, los hechos tuvieron lugar la pasada semana cuando la profesora, que se encontraba de guardia, no dejó pasar a un alumno cuando faltaban diez minutos para finalizar la clase, tras lo que éste avisó de lo sucedido a su padre con su teléfono móvil, lo que está “en contra de las normas”, indican desde la central sindical.

De este modo, el padre se personó en el centro “con actitud claramente amenazadora y a voz en grito”, entrando, sin autorización, hasta la misma puerta de la sala de profesorado, pero “no pudo dar con ella”, aunque según los testigos “amenazó también con agredir a la docente”.

Por ello, compañeros de la profesora y de otros centros de la zona se han manifestado este lunes a las puertas del IES Clara Campoamor como apoyo y condena a cualquier acto de violencia o intimidación en centros educativos.

“Acto intolerable”

Por su parte, la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Huelva, a través de un comunicado emitido a Europa Press, ha condenado “firmemente todo acto violento contra cualquier ciudadano, más si cabe, el que se produce contra un docente en el ejercicio de su labor”.

“La violencia contra el profesorado, quien quiera que sea el autor, es totalmente intolerable. Por eso, desde la Delegación territorial nos solidarizamos con la docente agredida verbalmente y con el profesorado del IES Clara Campoamor”, han añadido.

Por ello, desde la Delegación se ha prestado todo el apoyo institucional para que “los hechos sean aclarados y se pongan en marcha los mecanismos legales oportunos”.