El SAT ha admitido que las placas solares “no eran compatibles con el ordenamiento jurídico”
El alcalde de Lucena del Puerto, el independiente Manuel Mora, ha declarado este pasado martes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Moguer como investigado tras una denuncia interpuesta por el Sindicato Andaluz de Trabajadores del campo (SAT) que lo acusa de prevaricación administrativa al considerar que no actuó correctamente en el desmantelamiento de una instalación eléctrica de placas fotovoltaicas que el SAT instaló en un asentamiento chabolista del municipio con una donación realizada por una asociación inglesa.
Así, el SAT ha admitido que la instalación “no era compatible con el ordenamiento urbanístico”, según han indicado a Europa Press, pero consideran que el Ayuntamiento debía haber notificado al sindicato su intención de desmontarla para que el sindicato pudiera tener la opción de hacerlo y recuperarlas, así como creen que no se había realizado el expediente administrativo correspondiente para llevar a cabo esta acción.
Esta instalación, que según el SAT tiene un valor de “unos 7.000 euros”, fue desmontada en junio de 2021 y se había instalado con la finalidad de “aportar luz” a las personas que ocupaban el asentamiento.
Por su parte, el alcalde de Lucena ha indicado que “todo se hizo conforme a ley” después de “realizar el correspondiente expediente de restauración de la legalidad tras una denuncia del Seprona” al encontrarse el asentamiento “en monte público” y que el desmontaje se llevó a cabo “con permiso judicial”, por lo que considera que esta denuncia “no tendrá más recorrido”.
Asimismo, en declaraciones a Europa Press, Mora ha apuntado que desconocían hasta el momento de la denuncia quién era el propietario de la instalación que, según ha indicado se encuentra en dependencias municipales, y que ahora el Ayuntamiento iniciará un expediente sancionador por la colocación de las placas fotovoltaicas, así como ha subrayado que considera que el SAT ha interpuesto la denuncia como “una forma de justificar una actuación que no se corresponde con la legalidad”.
De la misma manera, ha señalado que van a reclamar costas, así como ha reseñado que “se han archivado ya unas ocho denuncias” por temas relacionados con actuaciones municipales en asentamientos de la localidad.
Así las cosas, el auto de incoaciones previas indica que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, al tiempo que apunta que “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente instruir Diligencias Previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable”.
