Dos sentencias judiciales obligan al Consistorio a abonar el pago de facturas pendientes de suministro de electricidad

Dos sentencias judiciales han condenado recientemente al Ayuntamiento de Minas de Riotinto a pagar una deuda de casi 700.000 euros en concepto de facturaciones impagadas de suministro de electricidad, concretamente, una de 663.934,29 euros contraída con la empresa Gas Natural Servicios SDG SA y otra de 33.154,23 euros contraída con la empresa Aldro Energía y Soluciones SL

La sentencia de mayor envergadura, dictada el pasado 11 de octubre por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva, estima el recurso interpuesto por la compañía y condena al Consistorio riotinteño a pagar a la demandante los citados 663.934,29 euros, tal y como se indica en la propia sentencia, a la que ha tenido acceso Tinto Noticias -el periódico de la Cuenca Minera de Riotinto-.

La sentencia explica, en el apartado ‘antecedentes de hecho’, que la citada compañía interpuso un recurso contra una resolución del Ayuntamiento “desestimatoria de las reclamaciones fehacientes de abono de la cantidad de 672.845,55 euros”, tras lo que, “admitido a trámite el recurso”, el Ayuntamiento presentó un “escrito de allanamiento parcial” por la cantidad de 663.934,29 euros, lo que suponía una reducción de más de 8.000 euros respecto a la cantidad reclamada en base, por un lado, a la “tasa de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de los ejercicios 2014, 2015 y 2016”, y por otro, a unas “facturas rectificativas” emitidas por la empresa.

A continuación, tal y como se añade en la sentencia, la demandante “aceptó los términos del allanamiento conforme con la reducción aplicada por los conceptos indicados”, tras lo que se ha producido al citado fallo judicial en el que, por un lado, se estima el recurso interpuesto por la empresa contra la resolución “desestimatoria” del Consistorio de las “reclamaciones fehacientes de abono” por ser “no ajustada a derecho” y, por otro lado, se condena al Ayuntamiento “a pagar a la actora” la cantidad antes referida.

Por último, el documento indica que “no procede la imposición de costas procesales causadas”, así como que la sentencia “es firme y no cabe contra ella recurso ordinario alguno”, tras lo que señala que el Ayuntamiento deberá indicar el cumplimiento del fallo en el plazo de 10 días.

De otra parte, la segunda sentencia antes referida, dictada el pasado 17 de octubre el por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Huelva, condena al Ayuntamiento a abonar 33.154,23 euros a la empresa Aldro Energía y Soluciones SL, por “suministros impagados” de gas y servicios energéticos, de los que 30.414,23 son en concepto de principal y 2.740 euros en concepto indemnización legal por costes de cobro “debidamente acreditados”.

En este caso, el Ayuntamiento, defendido en ambos casos por los servicios jurídicos de la Diputación de Huelva, alegó que el contrato de suministro, firmado el 8 de marzo de 2016, contenía “defectos apreciables”, en lo que el juez le da la razón, pues no se formalizó en “documento administrativo, sino en modelo impuesto por la suministradora”, por lo que en este caso no es la administración la que aprueba los pliegos de condiciones administrativas particulares y técnicas y “es el contratista particular el que fija sus propias condiciones generales de contratación”, tal y como se admite en la sentencia.

Sin embargo, la sentencia judicial sostiene que “aún aceptando tales causas de nulidad del contrato”, ello “no es obstáculo para el abono del importe de los servicios realizados, máxime teniendo en cuenta que los defectos de forma contractuales no son imputables al contratista”, señala.

Reacción

Ante ello, desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Riotinto han explicado a esta redacción que estas sentencias judiciales forman parte del “procedimiento habitual” de los ayuntamientos, que no pueden pagar todas sus deudas a la vez, al tiempo que han recalcaldo que, en el caso de Riotinto, el Consistorio está realizando un “gran esfuerzo” para reducir su deuda y “lo estamos consiguiendo”, han añadido.

Asimismo, las mismas fuentes han indicado que el Ayuntamiento está negociando con las empresas el pago de sus deudas en unas condiciones “satisfactorias”, por lo que han garantizado que no existe ningún motivo de preocupación para la ciudadanía como consecuencia de estas sentencias judiciales.