La sanción europea de 63 millones de euros impuesta a España por los vertidos de aguas fecales es solo una muestra más de hasta qué punto es necesario cerrar el ciclo del agua mediante políticas y acciones que apuesten por el cuidado del medio ambiente. Se trata de la mayor multa europea impuesta a España y es consecuencia de la falta de depuración de aguas residuales en varios municipios.

Las estaciones potabilizadoras, las depuradoras y las plantas de tratamiento de lodos son una inversión más que necesaria en este contexto de economía circular y políticas de sostenibilidad. La rentabilidad no viene marcada solo por los efectos positivos que conlleva la higienización de los residuos, sino, también, por el hecho de que permiten impedir futuras sanciones millonarias como las actuales.

El propio Gobierno reconoce que esas multas habrá que pagarlas como mínimo hasta 2025, fecha en la que se prevé solucionar los problemas de los municipios afectados y origen de la sanción. Sin embargo, el montante económico de la multa se incrementa cada seis meses y, según los mejores augurios, continuará haciéndolo durante los próximos tres años.

El Gobierno central maneja un calendario para solventar esta situación, pero las competencias de depuración recaen en los municipios, lo que dificulta en muchos casos la construcción o el mantenimiento de las depuradoras. A ello se suma la necesidad de instalaciones que complementen a las EDAR para poder cerrar el ciclo del agua de manera sostenible.

La agilización de trámites, la eliminación de burocracia, el entendimiento entre las administraciones y la colaboración público-privada se configura como un elemento vital para hacer viable una apuesta clara y decidida por la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. Y para ello, las herramientas son claras y evidentes: estaciones potabilizadoras, depuradoras y plantas de tratamiento.

Lo contrario conlleva una serie de efectos negativos y perjudiciales en forma de sanciones económicas millonarias y ataques a la sostenibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Evitar los vertidos es una necesidad económica y social a la que ninguna administración puede renunciar.