La Junta anuncia un plan para regularizar las edificaciones

Más de 32.000 familias onubenses podrán beneficiarse del Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares aprobado por el Ejecutivo andaluz en el pasado Consejo de Gobierno, con el que se buscar integrar, normalizar y equilibrar el territorio y dar una respuesta «clara» a los dueños de estas edificaciones repartidas por toda la provincia, según han manifestado este jueves desde la administración autonómica.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, ha manifestado, durante una comparecencia de prensa, que “dicho Decreto, en cuyo desarrollo será fundamental la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos afectados, pone fin al caos urbanístico existente y pone el acento en dos cuestiones: la protección ambiental y la simplificación de los trámites”.

“En nuestros municipios existe un grave problema generado por aquellas edificaciones construidas al margen de la legalidad urbanística y sobre las que ya no es posible actuar, por lo que no tienen garantizadas unas condiciones mínimas de seguridad y salubridad”, ha señalado Verano, tras lo que ha puntualizado que «con este Decreto no se pretende dar una amnistía, ya que la Junta será muy escrupulosa sobre todo en lo que afecta a la protección ambiental que en nuestra provincia tiene una especial importancia”, ha añadido la delegada.

En concreto, según los datos aportados por la Junta, se han contabilizado 32.440 viviendas ilegales en la provincia de Huelva, un 11% de las de toda Andalucía, repartidas entre la zona del Condado-Marismas (8.170), Andévalo y Minas (7.023), Zona Metropolitana de Huelva (4.506), Costa Occidental de Huelva (3.509) y Sierra de Aracena (9.232). Huelva es, con estos datos, la provincia andaluza que posee menos viviendas irregulares, al menos reconocidas.

El Decreto amplía la declaración de asimilado a la de fuera de ordenación AFO que permitirá a los propietarios, tras realizar los trámites correspondientes, acceder al Registro de la Propiedad, servicios básicos como la luz, el agua y el alcantarillado y realizar otras obras de reparaciones. Se establecen dos excepciones claras: el que la vivienda esté en plazo para restablecer la legalidad (6 años desde su construcción) o con sentencia, o aquellas que se asienten sobre suelo de especial protección.

Los municipios podrán formular, de forma inmediata, un plan especial para la agrupación de viviendas concretas que, se prevé, se pueda resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, frente a los nueve años de media que llevaba hasta ahora la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), según han destacado desde la Junta, que ha añadido que los ayuntamientos deberán asimismo prever una serie de servicios mínimos como equipamientos públicos o zonas verdes si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.