Las organizaciones han cumplimentado hasta 15 solicitudes conforme a ley
Asociaciones y colectivos montan una ‘oficina ciudadana’ en el asentamiento chabolista de Las Madres para el empadronamientos de trabajadores agrícolas que el Ayuntamiento de Moguer se niega a tramitar
La ley establece que «las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas etc. e incluso ausencia total de techo pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón».
Las organizaciones cumplimentan más de 15 solicitudes con todos los requisitos que el Ayuntamiento de Moguer “tendrá la obligación de responder”.
La iniciativa ha sido promovida por la Asociación Multicultural de Mazagón, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA); Alianza por la Solidaridad, Asociación de Mailienses, Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Jornaleras de Huelva en Lucha, Mujeres 24H y La Mar de Onuba.
«A pesar de que la Ley ampara que las personas que viven en chabolas se puedan empadronar, no son pocos los Ayuntamientos que incumplen con esta obligación», una forma de “violencia y racismo institucional” sobre las personas migrantes que quieren empadronarse. Este es el caso, entre otros del Ayuntamiento de Moguer, donde varias asociaciones y colectivos ciudadanos tuvieron que mover Roma con Santiago para registrar en la oficina municipal la solicitud de empadronamiento en su chabola de cinco personas migrantes. Solo una de ellas llegó a obtener el empadronamiento, y otras 4 no, alegando el consistorio moguereño que «no contaban con un informe favorable de servicios sociales del Ayuntamiento». Las personas migrantes interesadas no han podido acceder ni conocer a qué «informe de servicios sociales» se refiere el ayuntamiento que preside el socialista Gustavo Cuéllar.
Una situación que ONGs, asociaciones de migrantes y colectivos sociales no dudan definir como «violencia y racismo institucional» por parte del Ayuntamiento de Moguer» contra las personas migrantes que quieren ejercer su derecho a empadronarse en sus chabolas. El artículo 3.3 de la actualización del 30 de enero de 2015 del Real Decreto 1690/1986 establece que “en el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas etc. e incluso ausencia total de techo pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón”.
Ante esta situación, un organizaciones de la sociedad civil implicadas en la defensa de los derechos humanos y de las personas migrantes instalaron el pasado viernes una sentada en el asentamiento chabolista de Las Madres de Moguer en el que durante varias horas, se atendió, asesoró y facilitó la cumplimentación de de solicitudes de empadronamiento a todas las personas migrantes que lo solicitaron tras ver rechazada esta oportunidad en el propio registro del municipio onubense. Una vez verificada y debidamente organizada toda la documentación y pruebas, las organizaciones procederán a registrar las solicitudes en el Ayuntamiento de Moguer, “que tendrá la obligación de responderles”.
La iniciativa, en la que se han rellenado hasta quince solicitudes debida y fehacientemente documentadas, ha partido de la Asociación Multicultural de Mazagón, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Asociación de Mailienses, Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Alianza por la Solidaridad, Jornaleras de Huelva en Lucha, Mujeres 24H y la revista La Mar de Onuba, pretende dar a conocer que “empadronarse es un derecho para las personas migrantes que viven en el asentamiento”, y que “el Ayuntamiento de Moguer y otros no están cumpliendo con su obligación”.
El objetivo, en este sentido, es “llamar la atención de la sociedad sobre esta vulneración de derechos que están sufriendo las personas migrantes que viven en el asentamiento”. Las organizaciones recuerdan que “el impedimento al acceso al empadronamiento dificulta a la larga la regularización administrativa de las personas migrantes, quienes quedan sin acceso a una cobertura sanitaria completa o a determinadas ayudas como puede ser acceso a guarderías en el caso de madres con hijos mejores”.
