El Supremo da la razón a la Diputación de Huelva y obliga a la Junta a consensuar la ayuda a domicilio

Resuelve favorablemente la demanda presentada por la institución provincial

La justicia ha dado la razón a la Diputación de Huelva al resolver favorablemente la demanda presentada por la institución provincial en la que se entendía que la Junta de Andalucía no había cumplido la legislación vigente a la hora de regular la prestación de la ayuda a domicilio, dejando fuera de la actualización del convenio de colaboración a las entidades locales como diputaciones y ayuntamientos, que prestan el servicio a la ciudadanía.

Desde la Diputación de Huelva han mostrado su satisfacción por la resolución favorable de esta demanda que a su juicio tendrá un impacto positivo en toda Andalucía, puesto que la Junta tendrá que elaborar un nuevo modelo de convenio de colaboración negociado en el que se respete la autonomía local y se articulen las relaciones con las entidades locales de acuerdo a la normativa vigente.

Asimismo, han destacado que se trata de una excelente noticia, especialmente, para las personas dependientes, puesto que va a permitir que las aportaciones de los ayuntamientos y diputaciones mejoren y enriquezcan la gestión de este servicio. De esta forma, «se garantiza que la Junta de Andalucía no ignore a las entidades locales que prestan este importante servicio cada día y conocen como nadie la situación y necesidades del mismo», añaden.

Los servicios jurídicos de la Diputación solicitaron la nulidad de la Orden de 7 de octubre de 2019 de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por la que se aprobaba el modelo actualizado de convenio de colaboración para la prestación del mencionado servicio en todo el ámbito regional y que en el caso de la provincia de Huelva se canaliza a través del ente provincial.

Para ello, los servicios jurídicos de la Diputación interpusieron un Recurso Contencioso-Administrativo en fecha 13/10/2020, al considerar que se omitía de manera flagrante el procedimiento legal y por ausencia de bilateralidad del convenio que aprobaba la Orden, vulnerando la autonomía local de la institución, e incumpliendo, además, el artículo 49 de la ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, referido a los convenios administrativos.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, dictó sentencia, en fecha de 11 de junio de 2021, estimando el recurso interpuesto por la Diputación y declarando la nulidad de pleno derecho de la Orden, con imposición de las costas a la Junta de Andalucía.

Esta sentencia fue recurrida por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo, acordando este, finalmente, su inadmisión mediante Providencia en fecha del 15 de diciembre de 2022, con imposición de nuevas costas a la Junta de Andalucía y sin dar lugar a recurso alguno por parte de la administración regional.

La Audiencia de Huelva revisa 60 sentencias por la ley del ‘Solo sí es sí’ y rebaja la pena en dos

Los restantes casos se revisarán a petición de las partes

La Audiencia Provincial de Huelva ha acordado revisar de oficio las penas impuestas conforme a la legislación derogada por la ley del ‘Solo sí es sí’ para los supuestos en que las mismas conductas se sancionen en el actual texto con una pena inferior y en aquellas condenas en que se evalúe que es posible aplicar una pena inferior conforme a la versión ahora vigente del Código Penal, según se indica en el acta del pleno de magistrados remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En este sentido, desde el TSJA han indicado que las secciones Primera y Tercera de la Audiencia de Huelva han revisado hasta el momento cerca de 60 sentencias emitidas sobre este tipo de condenas, aunque en la mayor parte de ellas no se cumplían los requisitos, por lo que finalmente solo han sido objeto de una revisión profunda diez y se ha producido una rebaja de la pena en dos de ellas.

De la misma manera, los magistrados han aprobado que en los restantes casos y «para el supuesto de que así lo interesaran las partes», el procedimiento de revisión se iniciaría a petición de éstas, «con traslado a las partes personadas y resolución de fondo».

Finalmente, han indicado que se utilizará como criterio interpretativo en la revisión de sentencias en ejecución, «ante la falta de disposiciones de régimen transitorio en la LO 6/22 de 6 de Septiembre, del art. 2.2 del Código Penal, que consagra el principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo, debiéndose analizar cada caso concreto».

Acusación y defensa recurrirán la sentencia del condenado por decapitar a un hombre en Huelva

La Audiencia Provincial de Huelva lo condenó a 21 años y cinco meses de cárcel por los delitos de asesinato y profanación de cadáver

El abogado encargado de la defensa de (M.J.N.B), condenado por asesinar y decapitar a otro varón (C.R.M) en Huelva y cuya cabeza paseó por la calle el 31 de octubre de 2020, así como el abogado de la acusación particular de la familia del fallecido, recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a esta persona a 21 años y cinco meses de cárcel por los delitos de asesinato y profanación de cadáver, según han indicado a Europa Press.

Así, el abogado de la defensa, Elías Carrillo, ha señalado que ha anunciado que presentará un recurso de apelación ante el TSJA que se enfocará en la «vulneración del principio de presunción de inocencia» y en un «error en la valoración» en pruebas, en referencia a la «ausencia de huellas» de su representado en el calentador de gas con el que presuntamente lo golpeó o en el cuchillo que usó para degollar a la víctima.

En este sentido, el letrado ha señalado que «no ha quedado acreditado» la presencia de «huellas» en el elemento estudiado como arma, algo que considera «fundamental» para considerar el delito de asesinato, por lo que con el recurso tratará de que finalmente se acepte el delito de homicidio, como solicitó durante el juicio celebrado entre el 24 y el 26 de octubre en Huelva con jurado popular.

En este punto, ha explicado que en la sentencia «se indica que ha podido borrarlas» o que pudo usar «un trapo o algo que evitase la impresión dactilar» pero que este extremo «hay que demostrarlo» porque «no está acreditado» y «el derecho hay que probarlo», al tiempo que ha añadido que «con los adelantos científicos que hay, si hubiera limpiado un objeto habría restos, al menos, de haber usado un producto para limpiar».

Por ello, ha reseñado que «no se dice que esta persona no haya hecho nada» pero «no de lo que se le ha calificado», por lo que con el recurso tratará de «transformar el asesinato en homicidio, no que quede impune».

Por su parte, el abogado de la acusación particular en representación de la familia de la víctima, Marcos García Montes, ha explicado que también ha anunciado que presentarán un recurso «que se está ultimando» y estará listo en unos días.

De esta manera, en el recurso de apelación la acusación hará constar que la circunstancia de abuso de confianza –al ser el condenado amigo de la víctima– «no se puede incluir en la agravante de alevosía», sino que «es independiente», así como que consideran que «sí existe delito contra la integridad moral» algo que «tampoco se puede considerar como parte del delito de asesinato».

En este punto, García Montes ha explicado que sumar esto supondría «un aumento de condena» pero de «entre uno y tres años más», lo que «de cara al cumplimiento de la pena no tiene mayor trascendencia», al tiempo que ha reseñado que se solicita por «legitimidad legal».

Ambas partes tienen previsto entregar el escrito de sus recursos a lo largo de los próximos días, a fin de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los admita a trámite para la revisión de la sentencia.

La sentencia

Tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, la Audiencia condenó al acusado a 21 años de prisión por un delito de asesinato y a cinco meses de cárcel por un delito de profanación de cadáver.

Además, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar con un total de 205.000 euros a sus cinco hermanos y una sobrina por el daño moral causado. Asimismo, lo absuelve de los delitos contra la integridad física y moral y robo con violencia por los que también fue juzgado.

En el juicio, la Fiscalía solicitó para el acusado 24 años de cárcel por el delito de asesinato y cinco meses de prisión por el delito de profanación de cadáver, mientras que la acusación particular ejercida por la familia de la víctima reclamó 25 años por el primer delito; cinco meses de cárcel por el segundo; cinco años de prisión por un delito de robo y otros dos años de cárcel por un delito contra la integridad física y moral. Por su parte, la defensa solicitó el delito de homicidio.

Hechos que se consideran probados

En su veredicto, el jurado consideró probado que, en horas no determinadas de la tarde del 29 de octubre de 2020, el condenado acudió al domicilio de la víctima, de modo que, entre las 22,00 horas de ese día y las 8,00 horas del día siguiente, y mientras el fallecido se encontraba en la cocina agachado delante del frigorífico, el encausado, que estaba detrás suya, «con ánimo de causarle la muerte, agarró con las dos manos un esqueleto metálico de calentador de aproximadamente 1,1 kilo de peso que había en el suelo de la cocina, lo elevó y le golpeó al menos dos veces en la cabeza».

El agredido sufrió «distintas lesiones y murió de manera prácticamente inmediata en dicha franja horaria», según el veredicto del jurado, que también vio probado que, tras fallecer la víctima, el condenado «trasladó su cuerpo a la habitación del fondo de la casa envuelto en una cortina y le seccionó completamente la cabeza usando para ello un cuchillo de 20 centímetros de hoja».

Tras realizar estos hechos, el acusado se marchó de la casa llevándose las llaves de la vivienda, a la que regresó entre las 5,00 y las 9,00 horas del día 30 de octubre.

Una vez allí, «consumió una cantidad no determinada de cerveza y drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, limpió la cocina y el baño, tratando de eliminar con ello las huellas o vestigios que pudieran implicarle en la muerte» de su amigo, y formó un hatillo con el esqueleto del calentador que usó para «acabar con su vida», el cuchillo «que empleó para decapitarlo» y varios objetos manchados de sangre, señala la sentencia.

Seguidamente, el condenado «metió la cabeza del fallecido en una bolsa de plástico y se dirigió a una determinada plaza de Huelva, donde dejó la bolsa con la cabeza de la víctima entre las ramas de un árbol y se sentó en el banco más próximo al árbol, marchándose a su casa minutos después y dejando en el árbol la bolsa».

Asimismo, considera probado que el acusado «mostró la cabeza a otras personas» y emprendió la huida por distintas calles de la capital onubense, siendo seguido en su huida por dos personas que lograron grabarle con un teléfono móvil e informar a la Policía de que se había refugiado en su domicilio. En su huida, el acusado arrojó la bolsa con la cabeza de la víctima junto a un contenedor de basura de Pío XII.

Asimismo, el jurado consideró probado que, al infligirle las heridas «que provocaron finalmente su muerte», el acusado «aprovechó el hecho de que el fallecido se encontraba de espaldas a él y agachado, utilizando para golpearlo en la cabeza un objeto de notable contundencia» que, impactando en tal zona, era susceptible de causar «grave daño» al agredido, consiguiendo con todo ello «cometer estos actos de manera que impedía efectivamente cualquier reacción defensiva eficaz por parte de la víctima».

Además, consideró probada la circunstancia de la falta de previsión de la víctima de que pudiera ser atacado «habida cuenta la relación de amistad existente entre ambos», según recoge la sentencia.

En cuanto a la alevosía, la sentencia resalta que «no existe el mínimo atisbo de duda o incertidumbre respecto de que la intención» del acusado «fue acabar con la vida» de su amigo y pone de manifiesto que «no sólo es la violencia y ubicación de la zona de golpeo, sino también la reiteración de los golpes» lo que determina «la intención de buscar el resultado letal», por lo que subraya que los golpes fueron propinados «con un objeto peligroso y contundente y estando el fallecido de espaldas al encausado y agachado».

Condenan a 21 años de cárcel al acusado de decapitar a un hombre en Huelva

La Audiencia Provincial dicta sentencia tras el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a 21 años y cinco meses de cárcel al varón acusado de asesinar a un hombre del que era amigo desde la infancia en una vivienda de la capital onubense en el mes de octubre de 2020, tras lo que, una vez ya muerto, le cortó la cabeza y transitó por varias calles de Huelva con dicha cabeza metida en una bolsa de plástico.

Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota de prensa, tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, la Audiencia condena al acusado a 21 años de prisión por un delito de asesinato y a cinco meses de cárcel por un delito de profanación de cadáver.

Además, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar con un total de 205.000 euros a sus cinco hermanos y una sobrina por el daño moral causado. Asimismo, lo absuelve de los delitos contra la integridad física y moral y robo con violencia por los que también fue juzgado.

En el juicio, la Fiscalía solicitó para el acusado 24 años de cárcel por el delito de asesinato y cinco meses de prisión por el delito de profanación de cadáver, mientras que la acusación particular ejercida por la familia de la víctima reclamó 25 años por el primer delito; cinco meses de cárcel por el segundo; cinco años de prisión por un delito de robo y otros dos años de cárcel por un delito contra la integridad física y moral.

En su veredicto, el jurado consideró probado que, en horas no determinadas de la tarde del 29 de octubre de 2020, el condenado acudió al domicilio de la víctima, de modo que, entre las 22,00 horas de ese día y las 8,00 horas del día siguiente, y mientras el fallecido se encontraba en la cocina agachado delante del frigorífico, el encausado, que estaba detrás suya, «con ánimo de causarle la muerte, agarró con las dos manos un esqueleto metálico de calentador de aproximadamente 1,1 kilo de peso que había en el suelo de la cocina, lo elevó y le golpeó al menos dos veces en la cabeza».

El agredido sufrió «distintas lesiones y murió de manera prácticamente inmediata en dicha franja horaria», según el veredicto del jurado, que también vio probado que, tras fallecer la víctima, el condenado «trasladó su cuerpo a la habitación del fondo de la casa envuelto en una cortina y le seccionó completamente la cabeza usando para ello un cuchillo de 20 centímetros de hoja».

Tras realizar estos hechos, el acusado se marchó de la casa llevándose las llaves de la vivienda, a la que regresó entre las 5,00 y las 9,00 horas del día 30 de octubre.

Una vez allí, «consumió una cantidad no determinada de cerveza y drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, limpió la cocina y el baño, tratando de eliminar con ello las huellas o vestigios que pudieran implicarle en la muerte» de su amigo, y formó un hatillo con el esqueleto del calentador que usó para «acabar con su vida», el cuchillo «que empleó para decapitarlo» y varios objetos manchados de sangre, señala la sentencia.

Seguidamente, el condenado «metió la cabeza del fallecido en una bolsa de plástico y se dirigió a una determinada plaza de Huelva, donde dejó la bolsa con la cabeza de la víctima entre las ramas de un árbol y se sentó en el banco más próximo al árbol, marchándose a su casa minutos después y dejando en el árbol la bolsa».

Le mostró la cabeza a varias personas

Según el veredicto del jurado que recoge la sentencia, sobre las 9,00 horas del día 31 de octubre de 2020, el acusado salió a pasear a sus perros y comprobó en dicho paseo que la cabeza del fallecido «seguía en el árbol, volviendo de nuevo a su casa, donde consumió una cantidad no determinada de drogas y alcohol, regresando a la plaza sobre las 15,00 horas de ese mismo día».

Una vez allí, cogió la bolsa con la cabeza y se dirigió con ella a unos contenedores de la plaza, «depositándola en el suelo mientras trataba de quemar una serie de prendas y objetos que podrían incriminarlo en la muerte de su amigo».

En esos momentos, una mujer que transitaba por la zona se aproximó al condenado y le preguntó qué llevaba en la bolsa, a lo que el acusado contestó «ven y mírala tú» y «con esto voy a hacerme un cenicero», todo ello mientras le mostraba la cabeza. En un principio, esta mujer no creyó que la cabeza fuera humana, dado que la fecha coincidía con la celebración de Halloween, y pensó que era una broma.

Asimismo, la sentencia recoge que se considera probado que el acusado «mostró la cabeza a otras personas» y, al correrse la voz por la plaza de que un hombre portaba una cabeza humana en una bolsa, emprendió la huida por distintas calles de la capital onubense, siendo seguido en su huida por dos personas que lograron grabarle con un teléfono móvil e informar a la Policía de que se había refugiado en su domicilio. En su huida, el acusado arrojó la bolsa con la cabeza de la víctima junto a un contenedor de basura de Pío XII.

El jurado, asimismo, consideró probado que, al infligirle las heridas «que provocaron finalmente su muerte», el acusado «aprovechó el hecho de que el fallecido se encontraba de espaldas a él y agachado, utilizando para golpearlo en la cabeza un objeto de notable contundencia» que, impactando en tal zona, era susceptible de causar «grave daño» al agredido, consiguiendo con todo ello «cometer estos actos de manera que impedía efectivamente cualquier reacción defensiva eficaz por parte de la víctima».

Además, los miembros del jurado consideraron probada la circunstancia de la falta de previsión de la víctima de que pudiera ser atacado habida cuenta la relación de amistad existente entre ambos, según recoge la sentencia, fechada el pasado día 2 de noviembre y que es susceptible de recurso.

La «violencia» de los golpes

En su veredicto, el jurado desestimó por unanimidad la concurrencia de circunstancias que pudieran excluir o modificar favorablemente la responsabilidad criminal del condenado, rechazando así que, al tiempo de cometer los hechos, se encontrara afectado por una alteración psíquica que le impidiera comprender la ilicitud de su conducta o actuar de acuerdo con tal comprensión, o que estuviera afectado por el consumo de tóxicos.

En cuanto a la alevosía, la Audiencia resalta que «no existe el mínimo atisbo de duda o incertidumbre respecto de que la intención» del acusado «fue acabar con la vida» de su amigo, ya que el ataque se concentra en la cabeza de la víctima, estando localizada la práctica totalidad de las lesiones en planos superiores y posteriores del cráneo, y «la intensidad de los golpes fue tal que genera una contusión muy importante a nivel craneal».

La Audiencia pone de manifiesto que «no sólo es la violencia y ubicación de la zona de golpeo, sino también la reiteración de los golpes» lo que determina «la intención de buscar el resultado letal», por lo que subraya que los golpes fueron propinados «con un objeto peligroso y contundente y estando el fallecido de espaldas al encausado y agachado».

Por todo ello, le impone 21 años de cárcel por el delito de asesinato y 5 meses de prisión por el delito de profanación de cadáver, considerando que en este segundo delito la pena legalmente establecida debe ser impuesta en su máxima expresión «habida cuenta de la gravedad y naturaleza de la conducta que en este aspecto desplegara» el acusado a través de distintos actos «dotados cada uno de ellos de una notable potencialidad ofensiva para el respeto debido a los difuntos y que conllevan un gravamen moral considerable para la familia» de la víctima.

Declaran culpable al decapitador de Halloween

La acusación solicita una pena de 32 años y cinco meses de cárcel y la Fiscalía la rebaja a 24

El jurado popular ha declarado este miércoles por unanimidad culpable a M.J.N.B de asesinar a C.R.M, así como de profanar su cadáver, que decapitó y cuya cabeza paseó por la calle en Huelva capital el 31 de octubre de 2020, tras lo que la depositó en un contenedor de basura de la avenida Pío XII.

Así, el jurado considera que el acusado, conocido como ‘el mexicano’, es culpable de «aprovechar su relación de amistad» con el fallecido y cree que el golpe que provocó su muerte se hizo «intencionadamente» mientras «estaba agachado» como «determina el informe forense». De la misma manera, lo considera culpable de «no haber tratado con respeto al cadáver».

Sin embargo, no considera a M.J.N.B culpable de los delitos de robo con violencia por el teléfono móvil y la televisión de la víctima «al considerar que «no queda acreditado», como pedía la acusación particular que representaba a la familia del fallecido y que solicita 32 años y cinco meses, así como mantiene una petición de 350.000 euros de indemnización para la familia del fallecido.

Por su parte, el Ministerio Fiscal también mantiene su solicitud de 24 años de cárcel por un presunto delito de asesinato, así como cinco meses más por un delito de profanación de cadáver y una indemnización de 25.000 euros para cada uno de los hermanos del fallecido.

El jurado popular recibió el objeto de veredicto a las 14,30 horas de este miércoles, tras lo que se han retirado a deliberar una vez concluidas en la sesión de mañana las exposiciones de las conclusiones de las partes.

Ahora, queda visto para sentencia ya que será el juez el encargado de dictaminar la pena de cárcel. De momento, ‘el mexicano’ permanecerá en prisión preventiva hasta que se determine la sentencia.

En el uso de su última palabra, M.J.N.B ha pedido «perdón a la familia» del fallecido por «esa acción inadecuada» y ha apuntado que está «realmente arrepentido».

En su declaración el primer día de juicio, M.J.N.B aseveró que la muerte de C.R.M. fue «accidental» y que se produjo durante el transcurso de una trifulca en el domicilio del fallecido, así como señaló que «se arrepentía» de lo ocurrido, ya que eran amigos desde pequeños y lo consideraba «su hermano».

En este contexto, su abogado defendió que se trataba de un homicidio y no de un asesinato, ya que la muerte de esta persona «no fue premeditada» y que «nunca fue a su domicilio con la intención de matarlo», sino que se produjo en el marco de un «forcejeo» por la «provocación» del fallecido al acusado, al tiempo que aseveró que la vivienda de la víctima era «un fumadero».

Así, tanto el abogado como el acusado sostuvieron que C.R.M. fue a buscar al encausado a su casa el 30 de octubre de 2020 para que le ayudara a arreglar una bicicleta, toda vez que M.J.N.B afirmó que acudió a su casa pero que el fallecido lo que quería es que le diera droga, ya que él tenía «cocaína» pero se negó a entregársela, por lo que el fallecido le «mostró vídeos» de índole sexual «en los que aparecía su hermana», así como que se empezó «a masturba» mirando una foto de su sobrina.

Este fue, según su versión, el detonante para una pelea en la que, durante «un forcejeo», el fallecido «cayó hacia atrás golpeándose en la cabeza» con la pieza de calentador de gas que «se encontraba en la encimera de la cocina», toda vez que se reafirmó en que «nunca» se situó detrás de él para golpearlo y que tras su muerte quiso «cortarse la venas» al ser consciente de lo que había hecho.

Con respecto a la decapitación, contó que era un «ritual» que aprendió en las cárceles de México, en las que cumplió una condena de más de diez años por «robo» tras «ser víctima de una trampa» y en la que acabó metido en uno de los cárteles de droga «más peligrosos del país», aseverando que se vio abocado a ello porque «o eran otro o eras tú».

Por ello, ha explicado que tras morir C.R.M «perdió la percepción del espacio y el tiempo» debido «a las drogas» y se sintió de nuevo como si estuviera en la cárcel de México, por lo que, tras arrastrar el cuerpo a otra estancia de la casa, «le cortó la cabeza» aunque no recuerda «cómo» ya que «no era consciente» de lo que hacía.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha destacado el carácter «agresivo» del acusado como cree que prueba «su historia en las cárceles mexicanas» y considera que «no estaba influido por sustancias estupefacientes» en el momento del suceso y que esta persona «no sufre problemas mentales» y que en su declaración durante la instrucción «él mismo dijo que tuvo que rematarlo», y que «de ahí los dos golpes que presenta el cráneo» el fallecido.

De otro lado, la acusación particular ha manifestado que considera que la muerte de C.R.M se debió a «un plan urdido y con intención», así como ha asegurado que el acusado «declaró ante la Policía Nacional «con total nitidez» y no solicitó atención médica «ni él ni su abogado», por lo que descarta que «estuviera bajo los efectos de las drogas», al tiempo que ha aducido que «nunca tuvo tratamiento psiquiátrico ni psicológico» y que C.R.M fue «humillado, ultrajado y decapitado» y cree que fue «con ánimo de matar».

En la línea de lo que mantuvo desde un primer momento, cree que el acusado es «un psicópata con un trastorno asocial y que disfruta matando» con «una personalidad narcisista» y que «no puede estar en la sociedad», toda vez que ha remarcado que tras la muerte de la víctima «no fue a la Policía a confesar ni a entregarse» sino que «hizo un atillo para deshacerse de las cosas», al tiempo que ha lamentado que «no se ha oído» al acusado «dar el pésame» por la muerte de C.R.M.Copiar al portapapeles

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El TSJA tumba la adjudicación de la parcela de las ‘Dos Torres’ en Punta Umbría

El Alto Tribunal andaluz ratifica la sentencia del juzgado onubense

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva que anuló en junio de 2020 la adjudicación de las parcelas de la zona de los antiguos depósitos -ubicadas en la avenida Ciudad de Huelva- realizada por el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) a la entidad Riaumbría Towers S.L y que tenían como destino el proyecto urbanístico William Martin con la construcción de dos edificios de 19 plantas -conocidos como las ‘Dos Torres’-.

Según recoge la sentencia, el TSJA desestima el recurso de apelación interpuesto por Riaumbría Towers y condena en costas a la entidad «con el límite de 800 euros».

Así, el TSJA señala que hace suya la «extensa» motivación de la sentencia apelada del Contencioso-Administrativo 3 de Huelva y concluye que el acto de adjudicación «partía de un presupuesto viciado de nulidad», y que declarada ésta, «la consecuencia inevitable no era otra que la anulación a su vez del acto de concreta adjudicación, que así por tanto debe declararse».

En este sentido, esgrime que la misma «muestra bien a las claras que, ni en la valoración de los hechos, ni en la aplicación del derecho, se ha incurrido en ningún error».

El TSJA destaca que el proyecto tenía una previsión de 172 viviendas a construir de las que únicamente 52 –las correspondientes a una de las parcelas– tendrán la consideración de viviendas protegidas y señala que «resulta evidente que el acto de enajenación impugnado no puede cabalmente separarse de las condiciones inherentes a la propia venta, que aparecen delimitadas o configuradas en el Pliego».

A este respecto, reseña que «entra en frontal contradicción con las exigencias, en la medida en que su destino prioritario no es otro que la construcción de viviendas libres», apuntando que «en tal sentido, ha de concluirse que dicho acto de enajenación no resulta conforme con las exigencias del precepto reseñado» ya que «ni se da cumplimiento a la norma de carácter general que lo integra» de que «las parcelas en cuestión sean destinadas a la construcción de viviendas de protección oficial o equivalentes, condición que no se cumple respecto de tres de ellas, en concreto la R2, R3 y R4».

Asimismo, señala que «tampoco consta se haya dado cumplimiento por la administración a la posibilidad de excepcionar dicha adscripción» de que «se podrán enajenar estos bienes para la construcción de otros tipos de viviendas siempre que su destino se encuentre justificado por las determinaciones urbanísticas y redunde en una mejor gestión del patrimonio público de suelo».

También sobre este proyecto se pronunció en enero de este año la Sala de Refuerzo de los Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la modificación urbanística para el proyecto por un recurso del Ministerio de Transición Ecológica «por vulnerar la Ley de Costas».

El Alto Tribunal andaluz entendía que las 19 plantas previstas en la construcción «dan lugar a una pantalla arquitectónica» que «proscribe» la Ley de Costas, al general «impacto visual», así como señalaba que la torres proyectadas «añaden un indeseado efecto de verticalidad que irrumpe en el paisaje».

Consideraba el TSJA que los dos edificios proyectados por la empresa en los terrenos de la Avenida Ciudad de Huelva, «suponen una pantalla arquitectónica», por lo que obligaba a reducir la altura de las edificaciones «repartiendo los usos en cuatro bloques».

Así las cosas, la empresa promotora del proyecto urbanístico y residencial William Martin anunció que defenderá en el Tribunal Supremo la «legalidad» del proyecto urbanístico y el modelo de actuación que propone «al liberar más espacios libres y favorecer usos a favor del ciudadano, en contraposición con el modelo que defiende el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que opta por un proyecto de cuatro edificios».

El juicio contra el farmacéutico acusado de fraude al SAS comienza el 29 de septiembre

Le acusan de defraudar más de 600.000 euros mediante el ‘vaciado de tarjetas’

La Audiencia Provincial de Huelva acoge los próximos días 29 y 30 de septiembre el juicio contra un farmacéutico de la capital acusado de defraudar 600.989,70 euros al Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2016 y 2019 mediante un sistema conocido como ‘vaciado de tarjetas’ por el que simulaba que había dispensado medicamentos que sus usuarios no habían recogido, quedándose con ellos y facturándolos tras confeccionar unos cupones-precintos que trataban de simular los verdaderos.

El Ministerio Fiscal considera a este hombre autor de un delito continuado de falsedad documental y de un delito de estafa agravada, por lo que pide la pena de seis años de prisión y multa de doce meses, a razón de diez euros cada cuota diaria.

Además, acusa por estos hechos a tres empleados de la farmacia como cooperadores necesarios y al titular de una imprenta que realizaba las copias de los cupones-precintos como responsable en concepto de autor del delito de falsificación de documento; y en concepto de cooperador necesario del delito de estafa. Para ellos pide cuatro años de cárcel, según consta en el escrito de acusación.

Según recoge el escrito, al farmacéutico ya le constaban antecedentes por falsedad y estafa, por lo que considera que se da la circunstancia agravante de reincidencia y solicita que los acusados indemnicen, conjunta y solidariamente, al Servicio Andaluz de Salud en 600.989,70 euros por el importe de la cantidad «indebidamente abonada por los medicamentos facturados pero no dispensados».

La Fiscalía expone que el principal acusado como autor del delito «ideó un plan para aparentar que había dispensado medicamentos sin que fuera cierto, pero que hacía constar en el justificante de dispensación de la receta colocando en ese recibo unos cupones que había confeccionado imitando a los verdaderos».

Así, señala que «con los justificantes alterados para obtener un beneficio ilícito» los presentaba mensualmente entre junio de 2016 y mayo 2019 en la Delegación de Salud y Familias en Huelva para «conseguir que el SAS le abonara las cantidades correspondientes a esos medicamentos que aparentaba que había dispensado, logrando obtener un beneficio ilícito con el consiguiente perjuicio para la Sanidad pública andaluza que abonó las cantidades» por la supuesta dispensación de esos medicamentos.

Asimismo, apunta que esa misma operación la realizaba «aprovechando las tarjetas sanitarias que muchos clientes habían dejado en la farmacia para que les fueran consiguiendo los medicamentos que les eran recetados», pese a que «estaba prohibida la retención de las tarjetas sanitarias en las oficinas de farmacia una ves dispensados los medicamentos recetados».

Estas cinco personas fueron detenidas por la Policía Nacional en febrero de 2021 por el «presunto fraude de más de dos millones de euros» cometidos por esta farmacia a la Seguridad Social.

La investigación se inició en el mes de diciembre de 2018, después de que la Policía Nacional recibiera un escrito de la Fiscalía Provincial de Huelva en el que se participaba de unos hechos detectados por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud, donde se alertaba de una serie de irregularidades en las recetas facturadas por una farmacia de Huelva.

En los inicios de la investigación, los agentes detectaron cómo en las recetas facturadas por esta farmacia existían cupones-precintos de medicamentos falsos, localizando a usuarios de la farmacia que advertían de la retirada de sus medicamentos por parte de la misma sin su autorización.

Según indicó la Policía Nacional en una nota de prensa tras la detención de estas personas, la farmacia realizaba «distintas acciones» para «conseguir el fin defraudatorio», siendo la «más significativa» la denominada como ‘vaciado de tarjetas’, es decir, la retirada no autorizada por el farmacéutico de medicamentos que figuraban prescritos en la receta electrónica de los usuarios.

Se trataba de una dispensación simulada, ya que «no se producía la entrega efectiva del medicamento» y se hacía uso de los cupones-precintos falsos para «la obtención de beneficio económico fraudulento». Esto conllevaba, en muchas ocasiones, «un perjuicio para el usuario ante la imposibilidad de retirar los medicamentos prescritos por su médico».

Los investigadores constataron que se trataba de una actividad «organizada e integrada en el funcionamiento habitual de la farmacia, con el conocimiento y colaboración de todos los empleados que la llevaban desarrollando durante los últimos ocho años, perfeccionándose con el paso del tiempo».

En este sentido, la Policía Nacional indicó que «prueba de ello es que tenían en su poder una gran cantidad de tarjetas sanitarias de usuarios que gestionaba la farmacia con total autonomía».

Además, indicaron que dentro de las instalaciones «existía una dependencia dedicada, en exclusiva, a la confección de los documentos falsos» que posteriormente se remitían para su facturación al Sistema Andaluz de Salud, toda vez que apuntaron que otra muestra de la «profesionalización» que había alcanzado es la contratación de los servicios de una imprenta para la confección de los cupones-precinto falsos, «con lo que obtenía copias de gran calidad y lograban una gran similitud con los originales».

Así, tras la investigación se concluyó que la cuantificación económica de la estafa asciende a más de 2 millones de euros que es el sumatorio de los 600.989,70 euros defraudados al Servicio Andaluz de Salud y, por otro, del valor de los documentos que se intervinieron al farmacéutico.

Solicitan 11 años de prisión por el asesinato de una joven en Rociana en 2020

El intercambio de 4,5 kilos de hachís está detrás del suceso según la fiscalía

La Fiscalía de Huelva ha pedido once años de prisión por el supuesto homicidio de un joven de Martos a manos de un conocido durante una transacción de droga. El suceso ocurrió en Rociana del Condado en 2020, y en él se vieron involucradas, además, otras dos personas.

Según recoge el escrito de acusación de Fiscalía, los hechos sucedieron en 2020, concretamente, el 13 de mayo los acusados, que responden a las iniciales D.C.S., H.E.A. y D.G.M., acordaron junto con A.A.C., la víctima, según la Fiscalía, en trasladarse de Jaén a Huelva para comprar droga, en concreto hachís, después de contactar por teléfono D.C.S. con el también acusado D.G.M.».

De este modo, continúa el escrito, la droga apalabrada «consistía en 4,5 kg de hachís, por valor de 2.400 euros, cuatro kilos, y 2.450 euros el medio kilo, que debían trasladar de Huelva a Jaén para una vez aquí distribuirla a terceros».

Así, para realizar la transacción, los acusados acordaron en verse en «el 24 horas de la barriada de la Hispanidad de Huelva», por tanto D.C.S. H.E.A. y A.A se trasladaron en un vehículo a esa dirección y sobre las 19,15 horas, aproximadamente, y después de parar en Córdoba, llegaron al sitio acordado.

El acusado D.G.M., según el relato de los hechos, «llegó al poco tiempo se montó en el vehículo junto a los otros tres ocupantes e indicó al conductor que, para no ser vistos, trasladarse a una plaza de garaje que tenía alquilada en un edificio cercano». Así, una vez allí «les enseñó dos placas de hachís con las inscripciones ‘Amnesia’ y ‘Gold’, y al mostrase los tres ocupantes interesados, se bajó de vehículo y fue a buscar la droga acordada».

Más tarde, el vendedor «volvió con la droga apalabrada, se montó de nuevo voluntariamente en el vehículo, en la parte trasera izquierda y tras entregarles la droga les pidió el dinero acordado».

Sin embargo, «después de contar los tres ocupantes la sustancia entregada, con la intención de apoderarse de la droga sin abonar el precio pactado, A.A agarró a D.G.M por el cuello y por las manos impidiéndole que se moviera y golpeándolo, emprendiendo la huida dirección a la autovía A-49 saliendo del garaje después de que cortara los cables de la puerta para conseguir abrirla».

El escrito de la fiscalía continúa relatando que «tras varios kilómetros de conducción», el conductor decidió parar el vehículo en el arcén de la autovía y D.G.M. contestó «que eso no era lo acordado» y se dispuso a bajar, pero antes, «con el vehículo parado y con su mano derecha asestó una única puñalada en el lado izquierdo del pecho de A.A. y salió huyendo campo a través llamando con su móvil a un amigo para pedirle ayuda».

Entonces, D.C.S. se colocó en la parte trasera del vehículo para auxiliar a A.A. y H.E.A. condujo hasta el desvío de Rociana del Condado donde ambos pidieron ayuda y finalmente detuvieron a un vehículo y le introdujeron a A.A. moribundo en el asiento del copiloto».

Finalmente A.A. «ya había fallecido cuando llegó al centro de salud de Rociana del Condado sobre las 21,00 horas a consecuencia de la puñalada recibida» y la causa de la muerte «fue herida cardiaca con instauración de shock hipovolémico secundario o lesión por arma blanca».

Por todo ello, la Fiscalía pide para el acusado D.G.M. once años de prisión por el delito de homicidio del art 138 del C.P, además de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Por el delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancia que no causan grave daño a la salud del art 368.1 se pide una pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 8.000 euros.

Por otro lado, la Fiscalía solicita, además, que D.G.M. indemnice a los padres del fallecido con la cantidad de 180.000 euros y a su hermano con la cantidad de 25.000 euros, todo ello por «aplicación analógica del Baremo de Tráfico vigente incrementadas en un 30 por ciento al tratarse de un hecho doloso».

Asimismo, para el acusado D.C.S., la Fiscalía solicita cuatro años de prisión por el delito de robo con violencia e intimidación y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Mientras que por el delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancia que no causan grave daño a la salud del art 368.1, pide una de dos años de prisión inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 8.000 euros. Por el delito contra la seguridad vial, también se solicita la pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Por último, para el acusado H.E.A., la Fiscalía pide pena de cuatro años por el delito de robo con violencia e intimidación e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Por el delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancia que no causan grave daño a la salud del art. 368.1, pide pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 8.000 euros.

Condenan a un policía local de Aljaraque por falsificación de documento oficial

El TSJA desestima el recurso de la defensa y ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por la defensa y, por tanto, ratifica la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Huelva a un policía local de Aljaraque a la pena de 24 meses de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de su empleo de policía que lleva consigo la privación definitiva por un «delito continuado falsificación de documento oficial en concurso medial con un delito continuado de estafa».

Asimismo, en la sentencia de la Audiencia Provincial, ratificada por el TSJA, también se condenaba al acusado «a la pena de 12 meses de multa con cuota de seis euros diarios (2.160 euros) y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas de acreditarse insolvencia (seis meses máximo).

En concepto de responsabilidad civil el acusado indemnizará a la entidad aseguradora Ocaso en 800 euros con los intereses del art.576 de la L.E.Crim».

De este modo, como se recoge en los hechos probados de la sentencia de la audiencia provincia, «J.R.P.F., agente de la Policía Local de Aljaraque con número de carné profesional XXX concertó póliza de seguro de hogar número 611821 con la compañía ‘Línea Directa Aseguradora S.A.’ con fecha de inicio 1/8/2017 y el 22 de octubre de 2017 dio parte a ésta de un siniestro al declararse víctima de un robo con violencia acaecido en la calle Azucena de Aljaraque».

Así, el agente dijo que «se le había sustraído un bolso que contenía 30 euros, su DNI, llaves del vehículo C-4, un móvil Huawei Ascend G7 imei XXX, un móvil Sony Xperia M4 imei XXX y una tablet Lenovo modelo Tab2a10-30 con n.o de serie XXX, hecho que no se había producido».

Para ello, continúa el escrito «presentó documentación consistente en un atestado de número 338/2017 de la Policía Local de Aljaraque con aparente firma de los agentes 5640 y 5637 y correspondiente al día 22 de octubre de 2017 que recogía su denuncia ante las propias dependencias de la Policía Local de Aljaraque en las que trabajaba, pero que había confeccionado él mismo mediante manipulación de los archivos policiales para aparentar que había sucedido el siniestro y poder cobrar la indemnización correspondiente de la entidad aseguradora».

Asimismo, La sentencia continua alegando que «de la información ofrecida por Unión de entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) se conoció que el acusado tenía historial de comunicación de partes a distintas compañías aseguradoras y de entre ellos destacaba que el día 15 de julio de 2014 denunció en dependencias de la Policía Nacional haber sido víctima de un robo ocurrido a las 21,20 del día anterior en la Playa de La Bota».

«En el que se le había sustraído documentación, cámara de fotos, teléfono móvil, varias joyas y 20 euros, lo que originó la incoacción de Diligencias Previas 2262/14 del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva que finalizaron con sobreseimiento provisional por falta de autor conocido, y que fue rehusado por falta de cobertura», indica el escrito.

Por tanto, «se comprobó que el acusado había cobrado 800 euros de la entidad aseguradora ‘Ocaso’, tras dar parte de un robo con violencia del que habría sido víctima a las 21:20 horas del día 28 de agosto de 2016 en un puente de madera en la vía multimodal de los núcleos de Aljaraque y Bellavista, zona de las Vegas, y en el que manifestó que se le había sustraído una mochila donde portaba una cámara de fotos Cannon modelo Eos 600D, móvil Huawei Ascend G7 imei XXX, móvil Samsung SM G7105 Galaxy Grand 2 imei XXX, DNI y 40 euros.

Así, según la sentencia, «justificó aparentemente este hecho aportando copia de denuncia presentada el día 26 de agosto de 2016 en las dependencias de la Policía Local de Aljaraque donde prestaba servicios como funcionario y que habría dado lugar al atestado 279/2016, que incluía los datos personales del acusado como denunciante, y mención de los agentes 5640 como instructor y su propio carné 5635 como secretario».

Al respecto, «tras contrastarse con la documentación de la policía local «resultó que se correspondía con documento en el que solo figuraba el encabezamiento y el número policial del acusado al pie del documento como secretario, quedando vacío de todo contenido descriptivo y de firmas».

Asimismo, la sentencia continúa explicando que «la factura aportada a la compañía Línea Directa respecto del móvil Huawei Ascend G7 imei XXX n.o 60240311 de Media Markt se había usado previamente por el acusado en el parte dado a la entidad Ocaso, y la cámara Cannon Eos 600 D coincide con aquélla incluida en el parte dado a la compañía línea Directa, y en «las diligencias 14192/14 de la policía nacional del 15 de julio de 2014 referidas».

Además, «las copias de los atestado 338/17 y 279/16 de la policía local de Aljaraque no tuvieron alta de entrada en la guardia Civil ni están reflejadas en sus bases de datos».

«Sí constaban dos denuncias de J.R.P.F. de fechas 12/10/2015 en Punta Umbría por hurto de su mochila, y de 4/4/2012 en Gibraleón por hurto de una bolsa de bebé que se decía cometido en Huelva. El acusado no cobró cantidad alguna de la entidad ‘Línea Directa'», explica la sentencia.

Tras esta, la defensa del acusado recurrió la sentencia, alegando que «el tribunal de instancia incurrió en un error en la valoración de las pruebas e infringió el derecho del acusado a la
presunción de inocencia»

No obstante, en su fallo, el TSJA alega que «no se acredita que el tribunal de instancia incurriera en un error claro y manifiesto en la valoración de las pruebas que se debe corregir, ni que infringiera el derecho a la presunción de inocencia de que gozaba el acusado».

«Por el contrario, los indicios existentes, plurales y plenamente acreditados, valorados en su conjunto conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, acreditan de forma inequívoca que el acusado llevó a cabo los hechos que se le imputan, sin que pueda prosperar, tampoco, la invocación que se hace del principio in dubio pro reo, pues es claro que los integrantes del tribunal no tuvieron dudas sobre la culpabilidad del acusado», ha concluido el TSJA.

La familia de Alicia Rodríguez muestra su indignación por la puesta en libertad de su presunto asesino

Los padres de la reportera onubense consideran que el Ministerio Fiscal otorga «trato de favor» y recurrirá el auto

Los padres de la reportera onubense de Teleonuba asesinada hace un año presuntamente a manos de su pareja sentimental, Alicia Rodríguez López, han mostrado su «profunda indignación» por la puesta en libertad del presunto responsable de la muerte de su hija, al tiempo que han lamentado la «falta de sensibilidad» mostrada a su juicio por la representante del Ministerio Fiscal al «adherirse e informar favorablemente sobre la petición de libertad provisional solicitada por la defensa», tal y como informó TINTO NOTICIAS a través de esta publicación.

La familia considera que quien debe ejercer la acusación pública ha otorgado un «trato de favor» al presunto asesino de Alicia a pesar de los «contundentes» informes elaborados por la Guardia Civil que «apuntan a una clara intencionalidad de los hechos», señalan los padres, que ven «muy triste» que con ello se propicie que «el autor quede en libertad y se pasee tranquilamente por las calles de su localidad mientras que su víctima, Alicia Rodríguez, se encuentra desde hace un año en el cementerio de Huelva», añaden.

«No es justo, no es aceptable y no es entendible que unos padres tengan que sufrir esta nueva afrenta al conocer que quien les ha arrebatado para siempre a su hija disfruta tranquilamente de una libertad inmerecida, pues el daño causado es indescriptible e irreparable», prosiguen los padres de Alicia a través de un comunicado.

Por último, la familia de la joven asegura que ha dado instrucciones a su representante legal, el letrado Enrique Arroyo, de que recurra el auto de puesta en libertad para así tratar de corregir lo que consideran «un error de la acción de la Justicia» y hacer «más llevadero el inmenso dolor» que siente la familia desde hace un año, cuando le arrebataron «injustamente» a su hija, concluyen.