El detenido por la muerte de un varón en El Rocío queda en libertad provisional

El juez le impone la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado (Huelva) acordó este jueves la puesta en libertad provisional del detenido tras la muerte de un varón en la aldea de El Rocío en la madrugada del lunes al martes pasado.

Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, el juez, como medida cautelar, le ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente en el Juzgado.

Asimismo, el TSJA ha confirmado que «inicialmente, y sin perjuicio de lo que se determine durante la instrucción de la causa, se investiga un presunto delito de homicidio», toda vez que ha señalado que «la causa la investigará este juzgado porque se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos».

Precisamente, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, confirmó este martes que la Guardia Civil detuvo a una persona tras la muerte de un hombre de 53 años y de nacionalidad rumana en la madrugada de esa misma jornada en El Rocío (Huelva).

El delegado explicó que el fallecido apareció en el suelo con «síntomas de haber recibido algún tipo de agresión», así como apuntó que «hay que determinar más específicamente las causas de la muerte».

Condenan a prisión a un hombre por vender droga en su domicilio de Lepe

El TSJA ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva

El Tribuna Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial por la que se condena a un hombre a tres años y ocho meses de prisión por un delito contra la salud pública por venta de estupefacientes en su domicilio de Lepe (Huelva).

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJA ha desestimado el recurso presentado por la defensa del condenado que alegaba «violación del derecho a la presunción de inocencia» al considerar que se le había condenado «sin que existiera prueba suficiente para ello».

En este sentido, el Alto Tribunal andaluz señala en la sentencia que «es cierto que no hay prueba directa de actos concretos de venta en los que interviniera el acusado», pero «sí la hay de hechos que, conforme a la persistente y conocida doctrina jurisprudencial sobre las condiciones de la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción de inocencia, pueden considerarse indicios suficientes».

Por otro lado, apunta que la sentencia de la Audiencia Provincial «está meticulosamente motivada en cuanto a la racionalidad de la inferencia desde los indicios hasta el hecho presunto dado por probado».

En su sentencia, la Audiencia de Huelva consideraba probado que el acusado, sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, se había dedicado «al menos desde el mes de Abril de 2018 a la venta de estupefacientes –cocaína, heroína y rebujo de heroína y cocaína– , desde su domicilio de Lepe», donde la Policía Nacional había observado la entrada y salida de personas, algunas de las cuales fueron interceptadas portando droga.

Asimismo, la sentencia recoge que tras realizar tareas de vigilancia los agentes registraron el domicilio del condenado «sorprendiendo» al mismo con un grupo de personas, más de mil euros repartidos en billetes de diversas cantidades, así como numerosas sustancias estupefacientes.

Ante esto, el condenado su recurso «no discute la existencia en su domicilio de las sustancias y efectos intervenidos», pero sostiene que «lo ignoraba» y que «se encontraban en una habitación de la misma que tenía alquilada a una tercera persona a la que no identifica», así como negaba «haber participado en ningún acto de venta».

Finalmente, y ante las pruebas expuestas durante el juicio y que recoge la sentencia de la Audiencia, el TSJA considera que «basta» con los indicios existentes «para considerar que existe prueba suficiente para vencer la presunción de inocencia del acusado» y que «comportan un cuadro suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, pues ninguna inferencia es más lógica que la que conduce a la conclusión de que el acusado traficaba con las sustancias en su domicilio».

Un juzgado de Huelva reconoce como enfermedad profesional el contagio de covid de una enfermera

Se contagió a consecuencia de su actividad asistencial en el Juan Ramón Jiménez

El Juzgado de lo Social número 3 de Huelva ha emitido una sentencia en la que se reconoce como enfermedad profesional el contagio por Covid-19 de una enfermera a consecuencia del desarrollo de su actividad asistencial en el Hospital Juan Ramón Jiménez tras una denuncia interpuesta por el sindicato de enfermería Satse.

Según informa Satse en un comunicado, la enfermera fue contagiada de Covid-19 mientras realizaba su trabajo e inició el proceso de incapacidad temporal el 23 de marzo de 2020 hasta el 14 de abril del mismo año.

Así, con fecha 10 de mayo de 2021, la demandante insta la tramitación de un expediente administrativo para la determinación de la contingencia del proceso de incapacidad temporal iniciado con fecha 23 de marzo de 2020 y sin que conste resolución expresa del mismo, según ha indicado el sindicato.

Posteriormente, con fecha 15 de julio de 2021, se presenta escrito de reclamación previa frente a la eventual desestimación de la solicitud anteriormente reseñada por silencio administrativo. Y finalmente, con fecha 6 de octubre de 2021, se presenta la demanda en el Decanato de los juzgados de Huelva, ha informado Satse.

De este modo, el juzgado onubense considera «acreditado (elemento de hecho no discutido por ninguna de las partes) que la demandante contrajo el virus Covid-19 en su puesto de trabajo de enfermera del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva».

De este modo, el tribunal da la razón a la enfermera frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Andaluz de Salud «fallando a su favor en la reclamación por determinación de contingencia de proceso de incapacidad temporal como derivado de enfermedad profesional», ha subrayado el sindicato.

Así, Satse ha asegurado que se «ha conseguido abrir un espacio para continuar defendiendo a las enfermeras y fisioterapeutas contagiados por Covid-19 durante el ejercicio de su actividad asistencial».

Además, desde el sindicato se indica que «el hecho de que sea calificada como enfermedad profesional supone un aumento de la protección para el trabajador en el supuesto que precise una adaptación de puesto de trabajo, acceder a una incapacidad temporal o jubilación, como consecuencia de las lesiones o secuelas que pudiera originar en la salud del profesional».

Condenan a un año de prisión al acusado de la muerte de un hombre en Huelva en 2019

El TSJA confirma sentencia de la Audiencia Provincial

La Sala Civil y Penal del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado los recursos presentados por las acusaciones particulares contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva que condenaba a un año de prisión al acusado por la muerte de un hombre en el mes de abril de 2019 en un salón de juegos de la capital onubense.

De esta forma, confirma íntegramente la sentencia emitida por la Audiencia de Huelva tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, que lo consideraba responsable de un delito de homicidio imprudente con las eximentes incompletas de legítima defensa y miedo insuperable, por lo que fue condenado a un año de cárcel así como a indemnizar con un total de 115.890,23 euros a la madre, la pareja sentimental y el hijo menor del fallecido.

Así se expone en la sentencia del TSJA, consultada por Europa Press, que señala además que contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Conforme al veredicto emitido por el jurado popular, la Audiencia consideró probado que acusado y víctima se conocían con anterioridad y habían tenido una relación de amistad hasta que el condenado inició una relación sentimental con la expareja del fallecido, lo que provocó desavenencias entre ambos. En este sentido, el fallecido «amenazó de muerte al encausado en varias ocasiones, causando en éste un estado de temor y miedo».

Así, según la sentencia de la Audiencia, los hechos tuvieron lugar la noche del día 10 de abril de 2019 en un salón de juegos de Huelva capital, cuando la víctima tuvo conocimiento de que el acusado se encontraba jugando en la mesa de la ruleta y decidió abandonar el local con los amigos que lo acompañaban, aunque regresó poco después al establecimiento en una furgoneta conducida por uno de sus amigos.

De este modo, la víctima se dirigió a la mesa de la ruleta donde se encontraba jugando el investigado y le propinó varios manotazos por la espalda, momento en el que comenzó un forcejeo entre ambos en el marco del cual se desplazaron alrededor de la mesa de la ruleta hasta colocarse detrás de una columna. En ese forcejeo, y «sin intención de causarle la muerte ni previendo dicho resultado mortal», el acusado dirigió un arma blanca al cuerpo del fallecido y se la clavó a la altura de la zona lumbar, prosigue la sentencia.

A continuación, según recoge la sentencia, el encausado abandonó el local «rápidamente» y dejó allí al agredido aún con vida, siendo trasladado éste por sus amigos allí presentes en un vehículo particular a un centro hospitalario donde, pese a la asistencia médica recibida, falleció sobre las 1,25 horas del día 11 de abril de 2019.

Durante el forcejeo, el condenado experimentó un estado de «temor y miedo» que, «aunque no fuera insuperable, disminuyó notablemente su voluntad o capacidad de elección sin llegar a anularla, lo que le llevó a apuñalarlo en dos ocasiones, causándole las heridas que le produjeron la muerte».

El acusado permaneció en situación de prisión provisional desde el día 13 de abril de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, cuando fue puesto en libertad tras solicitarlo su defensa después de conocer el veredicto del jurado popular.

Inicialmente, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares ejercidas por la madre y la expareja del fallecido acusaron al investigado de un delito de homicidio y solicitaron para él penas de entre siete años y medio y catorce años de cárcel.

La Justicia desestima los recursos de Gildoy y respalda la expropiación del Recreativo

El alcalde aplaude la decisión judicial que avala la medida que llevó el Ayuntamiento en 2016 «para salvar al Decano de una desaparición segura»

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, acompañado por la primera teniente de alcalde de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales, María Villadeamigo; el teniente alcalde de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, José Fernández; y el presidente del Real Club Recreativo de Huelva, José Antonio Sotomayor; ha anunciado este jueves en rueda de prensa que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva ha desestimado los recursos interpuestos en 2016 por Gildoy España SL, con los que el anterior propietario del club albiazul pretendía invalidar tanto la expropiación de las acciones del Recre como la ocupación urgente de las mismas, a la que procedió el Consistorio el 6 de junio de 2016 para tomar el control del Recreativo, “salvando al Decano de una desaparición segura”.

Así lo ha destacado el primer edil, tras lo que ha puesto de relieve que, “por el bien del recreativismo, los tribunales han respaldado absolutamente las tesis del Ayuntamiento de Huelva, avalando una decisión de enorme trascendencia para el presente y el futuro del Recreativo, de la que dependía su supervivencia”.

“A esto -ha proseguido Cruz- hay que sumar el aval, por parte del Jurado Provincial de expropiaciones, cuando también respaldó la tasación que se hizo sobre el valor de las acciones en el tiempo de la expropiación”.

De esta manera, destacan desde el Consistorio onubense, se pudieron tomar decisiones determinantes sobre el club en el inicio de una nueva etapa que se materializó en octubre de aquel año con un nuevo Consejo de Administración bajo la tutela del Ayuntamiento de Huelva.

El primer edil ha apuntado que “desde la condición de BIC, al ser el Decano una seña de identidad de la ciudad, la sentencia recoge el abandono absoluto por parte de la anterior propiedad de la sociedad del Recreativo, el incumplimiento de sus obligaciones como propietario, dándonos la razón en todos y cada uno de los puntos esgrimidos por parte del Ayuntamiento de Huelva para iniciar ese procedimiento de expropiación que ha posibilitado la salvación del Recre”.

Tal y como se señala en la sentencia que avala la expropiación, notificada al Ayuntamiento en el día de ayer, “en el expediente expropiatorio tramitado por el Ayuntamiento, se entiende que ha quedado acreditada una evidente falta de cumplimiento por parte de la propiedad del club de las obligaciones necesarias para garantizar la preservación de un bien que posee protección como BIC (Bien de Interés Cultural), lo que ha justificado que el Ayuntamiento, por razones de urgencia, haya adoptado las medidas necesarias para su preservación como es el ejercicio de la potestad expropiatoria”.

Además, indica que “las indicadas circunstancias, la situación de riesgo de desaparición, la imputabilidad del mismo a la gestión de la propiedad y la solución que supondría la expropiación por el Ayuntamiento han quedado acreditadas ante el más que evidente riesgo de desaparición, procediendo a su expropiación, siguiendo el procedimiento legal establecido”.

Giahsa reclama siete millones de euros al Ayuntamiento de Valverde por «irse sin pagar» en 2012

El consistorio privatizó los servicios del agua y recogida de residuos sólidos urbanos tras salirse de la mancomunidad

La ruptura unilateral del contrato en 2012 por parte del Ayuntamiento de Valverde con la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva ha provocado que la sociedad le reclame más de 7 millones de euros al Consistorio como liquidación derivada de la separación voluntaria de Valverde del Camino. En el año 2012, el equipo de Gobierno de Loles López decidió desvincularse de esta mancomunidad y de Giahsa, su empresa pública de gestión del ciclo integral del agua y la recogida de residuos sólidos urbanos, para otorgarle estos servicios a una empresa privada.

La Mancomunidad de Servicios reclama una indemnización por pasivos, capital social, extinción de contratos de trabajo, cánones pendientes y cantidades vencidas no satisfechas, entre otros conceptos. En un escrito de la entidad al Ayuntamiento de Valverde del Camino del 17 de enero de este año se refleja que el pleno de la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva desestimó la solicitud del Ayuntamiento de Valverde por el que se solicita la suspensión de la liquidación definitiva de entidad supramunicipal de 17 de mayo de 2021.

El Ayuntamiento de Valverde del Camino ha realizado diferentes alegaciones a las reclamaciones de la mancomunidad por la cantidad que ha presentado por liquidación como consecuencia de la separación voluntaria de la localidad valverdeña.

El actual equipo de Gobierno ha heredado una situación provocada en 2012 tras la ruptura del acuerdo entre la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva y el Ayuntamiento mediante el que el Consistorio la abandonó para privatizar el ciclo integral del agua y la recogida de residuos sólidos urbanos. Ahora es la entidad afectada la que reclama indemnizaciones por el daño derivado de ese abandono.

El juez absuelve a dos exalcaldes de Almonte y 13 acusados más por la extracción de aguas en Doñana

Considera que los exalcaldes carecían de competencias para ordenar a los agricultores acusados la suspensión del riego y la clausura de los sondeos

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva ha absuelto a dos exalcaldes de Almonte y a otras 13 personas, administradoras todas ellas de explotaciones agrícolas, que fueron juzgadas el pasado mes de marzo por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por extracción ilegal de aguas subterráneas causando riesgo de perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales del espacio natural de Doñana y, subsidiariamente, de un delito de usurpación-distracción de aguas.

En la sentencia notificada hoy jueves a las partes personadas en el procedimiento, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huelva, el magistrado absuelve a los quince acusados –los dos exalcaldes como cómplices y el resto como coautores del delito referido- y a siete entidades vinculadas a éstos últimos.

El juez considera probado que el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), organismo autónomo de la Junta de Andalucía adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, firmó entre 1996 y 2006 varios convenios con el Ayuntamiento de Almonte para la realización de una experiencia de introducción de técnicas de cultivo de fresa compatibles con el medio ambiente y para la realización de experiencias para el fomento de la agricultura y ganadería ecológicas en el marco de la sostenibilidad, para lo que el IARA cedió al Ayuntamiento unas hectáreas de terreno determinadas en el paraje Matalagrana, que forma parte del Espacio Natural de Doñana.

Así, los convenios tenían como objetivo que las parcelas se destinaran a la explotación agraria, considera probado el juez, que añade que, en cumplimiento de dichos convenios, el Ayuntamiento de Almonte, “como mero intermediario”, firmó con la Asociación de Agricultores de Matalagrana sendos convenios mediante los cuales cedía las hectáreas de tierra previamente convenidas con el IARA para su explotación a cambio del pago de un canon que dedicaba exclusivamente a arreglar los caminos de acceso y actuaciones similares.

En los citados convenios, “se hablaba del uso de “técnicas no agresivas con apoyo mínimo de riego” y se encomendaba al Ayuntamiento el seguimiento y vigilancia de los cultivos”, según indica la sentencia fechada hoy jueves 23 de diciembre.

El juez asegura que los 13 acusados como administradores de diferentes explotaciones agrícolas de la zona, en ejecución de los convenios aludidos, hicieron uso de los sondeos para la extracción de agua del acuífero 27 “Almonte Marismas” para regar sus respectivas explotaciones “en la creencia de que eran legales porque los mismos contaban con las autorizaciones correspondientes”, porque lo hacían “bajo el amparo de la actuación de las administraciones competentes en materia de aguas y medio ambiente, sin alterar el balance hídrico del acuífero y sin generar un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido de Doñana, así como sobre las especies que alberga y sus hábitats”.

De su lado, y según agrega el magistrado en la sentencia, los dos ex alcaldes investigados, en su condición de primeros ediles de la localidad de Almonte, “carecían de competencias para ordenar a los acusados la suspensión del riego y la clausura de los sondeos”, por lo que “no pudieron realizar comportamiento alguno que pudiera favorecer una supuesta extracción ilegal de aguas”.

En el juicio, la Fiscalía solicitó para los dos ex alcaldes un año de cárcel y el pago de una multa de 2.160 euros, así como seis meses de inhabilitación especial para profesión/oficio relacionado con la agricultura, mientras que los administradores de las explotaciones agrícolas se enfrentaban a dos años de prisión, multa de 7.200 euros, e inhabilitación especial para profesión/oficio relacionado con la agricultura durante un año.

Admitida a trámite una denuncia de un trabajador contra el alcalde de Hinojos y dos concejales

El juzgado admite a trámite la querella por los presuntos delitos de prevaricación, usurpación de funciones y contra la integridad moral

El sindicato CSIF, a través del sector provincial de Administración Local, se ha hecho eco de la admisión a trámite de una denuncia realizada por un trabajador del Ayuntamiento de Hinojos contra el alcalde del municipio, Miguel Ángel Curier, y dos concejales de su equipo de Gobierno, Alejandro Franco y Antonio Corchero, por tres presuntos delitos: contra la integridad moral, prevaricación y usurpación de funciones.

En concreto, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado ha admitido la querella presentada por un empleado público del consistorio por la vía penal tras el estudio de la documentación presentada por el afectado. De igual forma se han abierto diligencias y será el próximo 2 de febrero, tal y como se recoge en el auto, cuando el trabajador acuda a los juzgados para declarar.

La central sindical activó su gabinete CSIF-Ayuda para prestar asesoramiento laboral al afectado después de que éste se pusiera en contacto con el sindicato informando de un presunto caso de acoso laboral. Tras acudir a este gabinete especializado, se le prestó ayuda y apoyo para gestionar la situación y fue el propio afectado el que inició las medidas legales oportunas a nivel particular. Desde entonces, CSIF está realizando un “seguimiento exhaustivo del caso” y asegura que permanecerá «vigilante ante el desarrollo de los acontecimientos”.

Desde la central sindical, y a través de CSIF-Ayuda, se asegura que “se pondrán en marcha las acciones necesarias para actuar ante posibles casos de acoso laboral” e insiste en que, en cada una de las administraciones, se debe contar con un protocolo anti-acoso y una comisión que se encargue de estudiar las situaciones de los trabajadores que las denuncien.

Finalmente, la organización sindical recuerda que su gabinete psicosocial CSIF-Ayuda está a disposición de todas sus personas afiliadas para prestar asesoramiento y soporte en casos de acoso laboral, conflicto, estrés laboral o el síndrome de burnout, violencia en el trabajo, riesgos laborales, adicciones o problemas de consumo y acoso sexual y por razón de sexo. La ayuda se centrará en un asesoramiento jurídico, técnico, psicológico y pedagógico a la persona que se encuentra en situación de riesgo psicosocial. Con esta iniciativa, CSIF pretende conseguir organizaciones saludables y en las que exista una cultura preventiva de respeto a todos los niveles.

Decretan prisión provisional para el conductor que atropelló a dos personas en Lepe

Una mujer falleció y un varón se encuentra ingresado en un centro hospitalario como consecuencia del accidente

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ayamonte (Huelva), en funciones de guardia, ha acordado este domingo, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del conductor detenido por el atropello de dos personas el pasado viernes en la localidad de Lepe, en concreto una mujer que resultó fallecida y un varón que se encuentra ingresado en un centro hospitalario,. tal y como TINTO NOTICIAS informó a través de esta publicación.

Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente, y sin perjuicio de lo que se determine en el marco de la investigación de la causa, la jueza le atribuye presuntos delitos de homicidio consumado (por la mujer fallecida) y tentativa de homicidio (por el atropello del peatón que está ingresado). En su comparecencia judicial, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

El atropello se produjo el viernes a las 19,30 horas en la avenida Andalucía de la localidad lepera, a la altura de la rotonda del cementerio, y fue de tal magnitud que los dos fueron enviados al hospital y en la madrugada de este domingo ha muerto la mujer.

Al lugar del atropello se desplazaron Guardia Civil, Policía Local, Bomberos del Consorcio Provincial y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), cuyos sanitarios evacuaron al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva capital al varón, de 35 años. El presunto autor, que se dio a la fuga, fue detenido el sábado.

El presunto autor de los hechos fue detenido el sábado, un día después del accidente mortal, tras lo que el domingo fue puesto a disposición judicial.

El Supremo tumba la segregación de Tharsis

La Sala III del Alto Tribunal inadmite los recursos contra la sentencia que anulaba la creación del municipio

La Sala III del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido a trámite el recurso de casación preparado por las representaciones de la Entidad Local Autónoma de Tharsis y del Ayuntamiento de Alosno y por el letrado de la Junta de Andalucía contra la sentencia de 20 de octubre de 2020, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que anuló el Decreto por el que se aprobaba la creación del municipio de Tharsis, en Huelva, por segregación del término municipal de Alosno, al estimar un recurso de la Asociación por Alosno.

En un auto, el Supremo destaca que los recurrentes, en sus respectivos escritos, no han fundamentado suficientemente, con singular referencia al caso concreto, la concurrencia de los supuestos de interés casacional y la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, destacando que existe reiterada doctrina de la Sala respecto de la cuestión concernida relativa a la aplicación retroactiva de las normas, pretendiéndose un pronunciamiento sobre el caso concreto incompatible con el vigente sistema casacional.

El auto del Supremo recuerda que la sentencia del TSJ andaluz anuló el Decreto por el que se aprobaba la creación del municipio de Tharsis “al considerar que éste no cuenta con una población mínima de 5.000 habitantes -requisito exigido por en el artículo 13.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según redacción dada por la Ley 27/13-, entendiendo que el referido precepto resulta de aplicación, al ser la norma vigente al momento de dictar la resolución, sin que contenga precepto de derecho transitorio alguno que excluya su aplicación a procedimientos de segregación de municipios iniciados antes de su entrada en vigor”.

La Asociación por Alosno ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo, expresando una vez más su confianza en el Estado de Derecho y haciendo un llamamiento a la convivencia. Además, también ha llamado a los responsables políticos de Alosno y Tharsis cuyas tesis han sido derrotadas que, «en coherencia, asuman sus responsabilidades políticas y económicas».