El informe señala que «son letales» y que están relacionadas directamente con las lesiones observadas en las necropsias
El informe realizado por los laboratorios de la Junta de Andalucía sobre la necropsia y análisis de las cientos de peces -lisas- muertos que aparecieron flotando en las aguas del estero Domingo Rubio, en Palos de la Frontera, el pasado 16 de octubre, en la zona comprendida entre las carreteras A-5026 y A-494, señala que la causa de la mortandad podría asociarse a las «muy elevadas concentraciones» de dos tipos de algas -Prymnesium y Pseudonabaena catenate-.
Según han indicado a Europa Press desde la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, el informe detalla que esta algas han sido detectadas en las aguas de este humedal protegido y que sus toxinas «son letales» para peces, así como que se relacionan directamente «con las lesiones observadas en las necropsias».
Asimismo, el informe apunta que «su desproporcionada y excepcional proliferación parece obedecer a causas naturales concurrentes en la fecha, marea inusitadamente alta, grado de salinidad y temperatura», toda vez que descarta la contaminación por un vertido tóxico «como causa de la mortandad».
En este punto, desde la Consejería se ha recordado que «desde el mismo instante en el que se tuvo conocimiento del hecho se activó el Protocolo de Mortandades del Programa de emergencias» y se tomaron muestras, de peces y agua, para necropsia y análisis.
Antes de estos resultados, la Junta apuntaba como principal hipótesis, al haberse visto afectado solo una especie, es que las lisas se hubieran quedado atrapadas en agua dulce debido a «mareas muy altas» y son una especie que «necesita salinidad», toda vez que remarcado que el informe sería el que concluyese las causas de su mortandad.
Por su parte, Ecologistas en Acción solicitó la actuación de la Fiscalía de Huelva, al considerar de «gravedad y magnitud» el episodio de peces muertos en el Espacio Protegido Paraje Natural Estero Domingo Rubio, con el objetivo de que «participe en las investigaciones ya abiertas por distintas administraciones públicas para comprobar y determinar los hechos y las responsabilidades que puedan existir, ante la existencia de indicios de posible infracción penal».