Ayuntamiento de Cartaya y Guardia Civil se coordinan en materia de seguridad ciudadana

La alcaldesa recibe al nuevo capitán jefe de Ayamonte

La alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo ha recibido en el Consistorio al nuevo capitán jefe de la 5ª Compañía del acuartelamiento de la Guardia Civil en Ayamonte, Diego Martín Gavira.

Durante el encuentro, celebrado en el Salón de Plenos del Consistorio, y que contó también con la presencia del concejal de Seguridad Ciudadana, José Ángel Rodríguez, y del Jefe de la Policía Local, José Antonio Márquez, la primera edil ha dado la bienvenida y ha felicitado al nuevo capitán, que recientemente se ha incorporado a su puesto.

Asimismo, González Bayo le ha trasladado su intención de mantener la coordinación existente entre el Consistorio, la Policía Local y la Guardia Civil y de “seguir trabajando de forma conjunta para garantizar la seguridad ciudadana en este municipio, que forma parte del ámbito de actuación del acuartelamiento de Ayamonte”.

Los responsables municipales y los de los cuerpos de seguridad abordaron en este primer encuentro las líneas de colaboración de ambas entidades en la actualidad y finalmente la alcaldesa, a la que también acompañó la concejala de Cultura y Ferias, María Dolores Carro, expresó sus mejores deseos al nuevo responsable de la Guardia Civil.

Guardias civiles denuncian falta de seguridad durante la custodia de la droga en Huelva

La AUGC reclama medidas a la subdelegada del Gobierno

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Huelva ha presentado un escrito donde solicita a la subdelegada del Gobierno central en la provincia onubense, Manuela Parralo, que se establezcan medidas de seguridad en el tinglado, donde se deposita la droga en el Puerto de Huelva.

Desde la organización se le ha informado de que, «por segunda vez, se deja depositada droga en un tinglado del muelle de levante y se encarga de la vigilancia de la misma a guardias civiles destinados en la prisión y en fiscal y de otras especialidades que no cuentan con los medios y la preparación adecuada para evitar un posible asalto».

Asimismo, se denuncia por parte de AUGC que este depósito temporal de droga se protege «con tan solo una pareja de servicio o, como mucho, con otra de la Compañía Fiscal del Puerto de Huelva que tiene que atender a sus cometidos específicos». Además, «estos guardias no conocen las instalaciones, no han recibido formación y no cuentan con medios para repeler un ataque o una entrada masiva de personas que quiera hacerse con el depósito», añaden.

A todo ello hay que unir el hecho de que «el tinglado no cuenta con ningún sistema de seguridad, cámaras, puertas de seguridad ni conexión a centrales de alarmas y a puestos de la guardia civil o a comisarias», al menos «que se sepa, porque nadie ha informado a los guardias civiles que han realizado el servicio», ya que estos «no han recibido ninguna información salvo la orden de estar durante las ocho horas en la puerta del tinglado», lamentan.

Además, desde la AUGC Huelva también señalan que «los guardias civiles no tienen acceso al interior del tinglado, desconociendo lo que puede estar ocurriendo dentro del mismo», agregan, al tiempo que informan a la subdelegada de que, aunque el acceso a este lugar está restringido, «en las cercanías se encuentran otros establecimientos que tienen mucha afluencia de personas y otros accesos que no pueden ser controlados por los guardias civiles».

Por todo ello, desde AUGC Huelva consideran que «las medidas de seguridad y de protección de los guardias civiles que realizan esa vigilancia son muy precarias para la cantidad de kilogramos de droga incautada que se guarda en el tinglado. Si este almacén se va a utilizar como depósito para la droga consideramos que sería necesario dotarlo de medidas de seguridad y protección para guardias civiles y para la droga incautada», añaden.

Igualmente, las mismas fuentes informan de que, por orden de la Comandancia, han realizado la custodia dos guardias civiles que se encuentran en el turno de vigilancia de la prisión, de modo que en algunas ocasiones se detrae personal de la seguridad de dicho centro para dedicarlo a la protección del tinglado, por lo que «consideramos que la seguridad del centro también se ve comprometida por esta circunstancia», sostienen.

La asociación también denuncia que no se ha realizado la «necesaria» evaluación de los riesgos laborales que se puedan producir en los agentes que prestan este tipo de servicios, una evaluación ha sido solicitada a la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de la Comandancia de Huelva, explican-

«La vigilancia se realiza sin ningún tipo de protección personal salvo el vehículo que puedan llevar, sin un conocimiento del terreno, al no estar destinados en el Puerto, con una falta de preparación y medios para respuestas a grupos organizados que puedan querer apoderarse de la droga incautada y una falta de medios para repeler un intento, aunque no sea con armas, de entrar en el tinglado», explican desde la AUGC, que indica que «estos riesgos no han sido evaluados al estar destinados en otras unidades y servicios».

La asociación explica que «en la actualidad se utilizan medios mecánicos para tirar puertas y gran cantidad de personas para alijar la droga, etc.», de modo que «una sola pareja de servicio o incluso dos no pueden repeler este tipo de situaciones, por lo que deben dotarse las instalaciones de los medios personales y materiales y medidas adecuadas para dar una protección eficaz a la droga incautada y a los guardias civiles que se encargan de la vigilancia», defienden.

Por todo ello, AUGC Huelva considera «totalmente necesario que se establezcan estas medidas de seguridad a la mayor brevedad posible, antes de que nuevas incautaciones hagan que se tenga que depositar la droga en el tinglado del muelle de levante, y no trasladar como se hace casi siempre la responsabilidad de la custodia a los guardias civiles sin antes dotarlos de medios de protección y medidas de seguridad. La responsabilidad en impartir las ordenes, sin las medidas adecuadas para su cumplimiento, debe ser del que las da y no del que las recibe sin ningún tipo de medios, medidas de seguridad y protección, como así ha ocurrido ya en alguna unidad», concluyen.

Carmen Catalán Arenas logra el VIII Premio Santa Bárbara con un proyecto que mejora la seguridad en la mina

La propuesta de la ingeniera onubense facilita una vía hacia la ubicación de los puntos de encuentro en caso de emergencia

Proyecto Riotinto ha hecho entrega del VIII Premio Santa Bárbara, que este año ha recaído en la ingeniera de Explotación de Minas y Recursos Energéticos onubense Carmen Catalán Arenas, concretamente por su iniciativa de colocar señales indicativas para los puntos de encuentro, que fue la propuesta elegida por el jurado del certamen.

Carmen Catalán Arenas, que es empleada de Insersa y cuenta también con el Máster de Ingeniería de Minas, pretendía con su proyecto «facilitar una vía hacia la ubicación de estos puntos en caso de emergencia para las más de 1.000 personas que entran en nuestras instalaciones a diario», ha señalado la responsable del Servicio de Prevención Propio en Atalaya, Isabel Zamora.

El acto de entrega del premio, al que se presentaron hasta 53 propuestas, ha sido inaugurado por el director general de Atalaya Riotinto, Enrique Delgado, que ha incidido en la importancia que tiene parar a analizar cualquier tarea antes de acometerla. «Debemos supervisar correctamente la tarea antes de iniciarla para eliminar o minimizar los riesgos asociados a ella», ha subrayado.

Desde Atalaya Riotinto han dado la «enhorabuena» a Carmen Catalán por su propuesta y «compromiso con la seguridad en nuestras instalaciones», mensaje que la compañía también ha hecho extensivo a todos los participantes de esta edición del concurso, que otorga un premio en metálico a la propuesta ganadora y obsequia a cada participante. Este año, la convocatoria ha enfatizado la importancia del concepto de ‘cultura preventiva’.

Un edificio de El Torrejón pone en peligro la seguridad ciudadana

El Ayuntamiento actúa de urgencia para evitar desprendimientos a la vía pública

El Servicio Municipal de Extinción de Incendios y Salvamento, bajo la supervisión de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Huelva, está trabajando durante toda la jornada de hoy para la demolición y retirada de un pretil inestable en un edificio de la calle Begonia de la barriada del Torrejón, ante el inminente riesgo de desprendimiento.

Se trata de una actuación de urgencia, para responder a una situación perentoria, con el objetivo de salvaguardar la seguridad ciudadana, después de haber trasladado una orden de ejecución en la que se demandaba una intervención inmediata a la propiedad del inmueble, entre la que se encuentra la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación AVRA, dependiente de la Junta de Andalucía.

De esta forma, desde primera hora de la mañana, los bomberos están procediendo a asegurar el perímetro, tanto mediante el acordonamiento de la zona de vía pública situada en la vertical del edificio, mediante cinta de señalización, para evitar el paso de peatones; como mediante el afianzamiento de los distintos elementos en fachada para evitar el vuelco de elementos a la calle.

Como ha explicado el teniente de alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez Márquez, a continuación, se procederá a la demolición de todo el pretil de cubierta, un elemento decorativo en fachada de unos 80 centímetros cuyo vuelo ha cedido con grave riesgo de desprendimiento. “La intención es llevar a cabo toda la operación hacia el interior del edificio, desde dentro, para evitar desplomes a la calle, aunque la zona permanecerá acordonada hasta el fin de los trabajos que probablemente se prolongarán hasta bien entrada la tarde”.

Asimismo, los técnicos municipales han llevado a cabo un análisis somero del inmueble, para comprobar el estado del resto de elementos de fachada, concluyendo la ausencia de peligro de manera general, salvo el pretil mencionado, cuyo riesgo podría aumentar además con las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

Policías locales de Huelva se suman a la gran manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad

El CSIF participará en la protesta para «defender la autoridad, la dignidad y la seguridad de profesionales y ciudadanos»

El sindicato CSIF, como organización representativa en las policías locales, se suma a la manifestación convocada el próximo día 27 de noviembre en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. La central sindical colaborará con la organización de esta protesta esperando que “miles de policías locales de toda España acudan para defender la autoridad y la dignidad de estos profesionales, además de la seguridad tanto de los agentes como del conjunto de la ciudadanía, que se verá seriamente menoscabada por la futura Ley”, señalan. Por ello, el responsable provincial del sector de Administración Local de CSIF-Huelva, Rafael Lozano, explica que “representantes de la Policía Local de la central sindical en Huelva acudirán a la manifestación del día 27 en Madrid” y, además, ha dado a conocer que, para los afiliados de CSIF que quieran sumarse a la movilización, esta organización ha facilitado a nivel provincial todos los medios necesarios para poder acudir a la cita.

CSIF se ha posicionado, así, en contra de la reforma, sobre la que asegura que supone “una merma importante al principio de autoridad de los policías”, lo que generará a su juicio una gran inseguridad para los agentes a la hora de actuar. Por otra parte, la central sindical considera que se vulnera el derecho a la intimidad, poniendo en riesgo la integridad física de los policías y de sus propias familias. No menos importante -asegura CSIF- es la anulación de la presunción de veracidad, lo que según el sindicato puede suponer dejar impunes multitudes de delitos e infracciones, al tener la misma validez el testimonio de un policía y el de cualquier ciudadano.

Asimismo, la central sindical asegura estar en contra de la modificación en materia de identificaciones que obliga a devolver a un sospechoso al mismo lugar en el que fue interceptado, una vez que se le ha identificado en comisaría. “Esta cuestión va a generar situaciones paradójicas que generarán inseguridad tanto para los propios policías, como para las víctimas de presuntos delitos”, insiste CSIF.

Por todo ello, desde la organización se subraya cómo “no podemos admitir que se ponga en riesgo la seguridad de los policías con reformas que menoscaban gravemente el principio de autoridad y cuestionan el principio de veracidad, dejando a los mismos en una situación de indefensión ante cualquier intervención”. Además, desde CSIF “abogamos por el respeto, la dignidad y la seguridad de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como defensores de nuestros derechos y garantías constitucionales, así como la pacífica y normal convivencia de los ciudadanos”, agregan.

De forma previa a la manifestación del 27 de noviembre en Madrid, CSIF participará en una concentración de protesta el próximo miércoles día 24 en la subdelegación del Gobierno de Huelva. Rafael Lozano ha hecho un llamamiento para que la Policía Local se movilice en esta jornada de protesta y “hagamos visible cómo puede afectar la reforma de la Ley de Seguridad a nuestros agentes y a los ciudadanos en la provincia de Huelva”.

El Ayuntamiento de Cartaya inicia los trámites para su adhesión al Sistema VioGén

La Junta Local de Seguridad aprueba su incorporación al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género

La Junta Local de Seguridad de Cartaya, a la que han asistido la alcaldesa de la localidad, Pepa González Bayo, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha adoptado los acuerdos conducentes a la incorporación de la Policía Local del Ayuntamiento del municipio al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) de la Secretaría de Estado de Seguridad.

González Bayo ha destacado que “se trata de un recurso más que ponemos a disposición de la Policía Local y que da seguridad a las mujeres que sufren malos tratos”. “Con este paso tan importante -ha añadido- seguimos avanzando en la lucha contra la violencia de género, en la que estamos trabajando intensamente, especialmente desde el Área de Igualdad que dirige Consolación Benítez, y en coordinación con la Subdelegación, intensificando las medidas y poniendo en marcha nuevas herramientas y recursos contra esta lacra social”.

Parralo, por su parte, ha destacado la importancia de seguir avanzando en la colaboración de todas las administraciones, en este caso en el ámbito de la coordinación policial, y ha animado a los demás ayuntamientos de la provincia a sumarse a este sistema para combatir de forma conjunta esta lacra social que sigue cobrándose la vida de mujeres e hijas e hijos.

Con esta nueva incorporación serán 14 los municipios onubenses que han suscrito con el Ministerio del Interior el convenio que permitirá la colaboración entre Guardia Civil y Policía Local en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, procedimiento de cuya tramitación es responsable la jefa de la Unidad de violencia sobre la Mujer en la Subdelegación del Gobierno en Huelva, que también coordinará la formación a impartir a los nuevos agentes de la policía local.

El número a nivel nacional de mujeres víctimas mortales desde el 1 de enero de 2003 a día de hoy asciende a 1.118, de ellas 37 en lo que va de 2021. Asimismo durante el mes de octubre pasado ha quedado oficialmente confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género el caso de la víctima de nacionalidad cubana ocurrido en la localidad de Ayamonte 2019, con lo que el número de mujeres asesinadas por su pareja o expareja en la provincia de Huelva asciende a ocho desde que se registran cifras oficiales.

A fecha de 30 de septiembre, según los últimos datos publicados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en la provincia de Huelva en el Sistema Viogén figuran un total de 1.256 víctimas con medidas de protección policial, de las que 15 son casos en riesgo alto, 119 en riesgo medio, 476 en riesgo bajo y 646 en riesgo no apreciado, cuyo seguimiento y protección corresponde a Guardia Civil, Policía Nacional y a las policías locales de Aljaraque, Almonte, Aracena, Bonares, Gibraleón, Hinojos, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Moguer, Nerva, La Palma del Condado y Valverde del Camino. Del total de víctimas indicadas, 548 tienen menores a su cargo, de los que en 122 casos los menores están en situación de vulnerabilidad y en ocho los menores están en situación de riesgo.

En cuanto a las llamadas al servicio 016 de atención a todas las formas de violencia sobre la mujer, experimenta un incremento del 16,33 % en el número de llamadas respecto al mismo periodo de 2020, siendo significativo que en el 72% de los casos las llamadas proceden de las usuarias y solo un 15,8% de familiares y personas allegadas. Por su parte, las cifras de usuarias del Servicio de Atención y Protección para víctimas de Violencia de Género (ATENPRO) son en la provincia de 161, lo que supone un incremento del 9,5%.

Las cifras de dispositivos activos para el seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género se sitúa a la fecha de referencia en 14, lo que representa un descenso del 17,6% y coloca a la provincia de Huelva a la cola de las provincias andaluzas en cuanto a la utilización de este sistema.

Por último y referente al ámbito judicial, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, de enero a junio de 2021 se presentaron un total de 1.162 denuncias y se resolvieron 433 peticiones de órdenes de protección, acordándose en 379 de los casos y denegándose en 54.

Alertan de un nuevo «maltrato» a los más de mil vigilantes de seguridad privada de Huelva

CSIF denuncia que se verán perjudicados por el nuevo convenio colectivo estatal

El sector de Empresa Privada del sindicato CSIF ha denunciado el perjuicio que a su juicio supondrá el nuevo convenio colectivo estatal de Seguridad Privada para los más de 1.000 vigilantes que trabajan en la provincia de Huelva. Según explica la central sindical, el texto sellado por los empresarios y tres sindicatos ha sido “una nueva ocasión perdida” de plantear mejoras para compensar las pérdidas socioeconómicas que ha sufrido el colectivo, que rondan el 30% en las tres últimas décadas, según especifica CSIF.

El sindicato critica que los firmantes -el banco empresarial, UGT, CCOO y USO- no han tratado “con valentía” la posibilidad de firmar un convenio de tres años para que los profesionales recuperen así parte del poder adquisitivo que han perdido. En este sentido, califica como “más que insuficiente” la subida lineal del 2% en todos los conceptos que introduce el nuevo convenio y recuerda que el IPC subió su tasa interanual en septiembre hasta el 4%, lo que supone que cada trabajador perderá de media 27 euros mensuales. Según los cálculos de CSIF, la pérdida de poder adquisitivo acumulada es de en un 29,5% en los últimos 30 años.

La central sindical lamenta que el nuevo texto no reduce el cómputo de 1.782 horas al año ni altera la consideración del día de asuntos propios como recuperable. “Podían haber tenido la empatía suficiente de firmarlo como no recuperable, ya que sólo ese gesto habría disminuido el cómputo anual a 1.774 horas”, ha señalado el sindicato, que añade que el acuerdo tampoco contempla la inclusión de los pluses de Transporte y Vestuario dentro del salario base, con lo que tampoco se recuperan estos mismos pluses en las tres pagas extraordinarias, a pesar de que su supresión en 2013 se anunció como una simple medida transitoria, agrega.

La negociación del convenio, según CSIF, ha estado marcada por parte de todos los firmantes por “comunicados vacíos, falta de claridad en las propuestas” y la necesidad de un convenio puente, como ya ocurrió en los contactos para el anterior acuerdo, con lo que este nuevo convenio estatal es “una muestra más del maltrato laboral que sufre un colectivo abandonado”, apostilla el sindicato, que considera que «así quedó en evidencia durante la pandemia, en la que estos profesionales desempeñaron una labor fundamental y estuvieron altamente expuestos al contagio debido a la falta de medios de protección y a su exclusión de los grupos de riesgo por parte de la Administración».

En base a ello, desde la central sindical se asegura que la negociación del nuevo convenio ha constituido “un agravio y una oportunidad perdida para reponer parte de los derechos arrebatados a un sector que sigue siendo víctima de las agresiones, el intrusismo laboral y el deterioro continuo de sus condiciones laborales”. CSIF, en cambio, ensalza la «profesionalidad y entrega de estos trabajadores, especialmente llamativas durante la crisis sanitaria», y hace un llamamiento a las empresas del sector de la seguridad privada para que «tomen las medidas necesarias de protección y garanticen así la seguridad y la salud de las plantillas».

Denuncian la falta de efectivos de la Guardia Civil con solo dos agentes para siete municipios

La AUGC ha presentado un escrito ante la Subdelegación del Gobierno

AUGC Huelva ha presentado un escrito a la Subdelegada del Gobierno en Huelva, donde denuncia la falta de patrullas de la Guardia Civil, el pasado viernes día 20 de agosto en horario de 14 a 22 horas, horario en que tan solo una patrulla, formada por dos Guardias Civiles, uno del Puesto de Punta Umbría y otro del Puesto de Aljaraque, tuvieron que hacerse cargo de la seguridad ciudadana de las localidades de, Trigueros, Beas, San Juan del Puerto, Gibraleón, San Bartolomé, Aljaraque, Punta Umbría y El Portil, más de 200000 personas para tan solo una patrulla de “super” agentes de la Guardia Civil.

Ya se ha denunciado en muchas ocasiones por parte de AUGC, «la falta de guardias civiles en la provincia de Huelva, con la consiguiente merma del servicio que se presta al ciudadano. en algunas unidades se está, paliando esta situación porqué cuentan, con la presencia de los guardias civiles en prácticas y porque, los guardias en prácticas que llegaron el año pasado, no se han incorporado a sus nuevos destinos, que se producirá a mediados de septiembre».

Ese déficit de plantilla, apuntan desde AUGC, «redunda inevitablemente en un peor servicio a la población y afecta a la seguridad ciudadana. A pesar de los esfuerzos, de los guardias civiles para intentar paliar las carencias de personal con su profesionalidad y compromiso, lo cierto es que los datos estadísticos demuestran que cuanto menores son las plantillas policiales mayores son los índices de criminalidad».

«Debe tenerse en cuenta que algunas unidades apenas pueden sacar patrullas a la calle o abrir las dependencias para atender a la ciudadanía o como ha ocurrido en este caso una sola patrulla, para seis localidades con más de 200.000 personas. Es evidente que, ante cualquier incidencia que ocurra, es imposible acudir a más de una llamada de emergencia, porque no hay más efectivos en la zona».

Esta falta de efectivos se está intentando solventar «poniendo en riesgo la integridad de los propios agentes. El ejemplo lo tenemos en las denuncias que AUGC Huelva, hace públicas en relación a la falta de efectivos, que se tienen que trasladar en solitario desde una localidad a otra, con el consiguiente peligro de agresión, accidente, etcétera».

Cuando esta situación es solicitada que se «anule por los legítimos representantes de los Guardias Civiles de Huelva, la Comandancia  y la subdelegación, responde que es un asunto del servicio y que no está dentro de las competencias de las Asociaciones, dejando de un lado la protección que se merecen los guardias civiles y que tienen que defender sus legítimos representantes, recurriendo a otros estamentos, como la Inspección de Trabajo o incluso los propios tribunales de justicia, cuando debe ser la propia guardia civil la que vele por el cumplimiento de la prevención de RRLL dentro de sus competencias».

Según AUGC «a la vista de que no llegan, ni van a llegar los recursos humanos necesarios, la única solución posible es la que AUGC lleva mucho tiempo reclamando incluso en el Congreso de los Diputados, la reorganización territorial y funcional de las unidades de la Guardia Civil, así como la configuración de un nuevo modelo policial».

Desde la asociación señalan que «la verdadera solución para tener más presencia de guardias civiles, pasa no solo por el aumento de la plantilla de la guardia civil, y anunciar las vacantes que existen en todas las comandancias, sino en hacer una reorganización de las Unidades, creando pequeñas comisarias, en las localidades grandes, donde siempre haya una equipo para recoger las denuncias, patrullas en las localidades y calabozos para los detenidos, mientras no se tome esta solución, este problema irá aumentando ante la falta de agentes y la dedicación de muchos de ellos a labores que no son de prevención de la delincuencia, la actual distribución de la Guardia Civil esta anticuada y no adaptada a los medios de transporte y a las comunicaciones del siglo XXI y mucho nos tememos que seguirá empeorando la situación si las autoridades políticas no toman las decisiones adecuadas».

Riotinto convoca dos plazas de Policía Local tras 14 años en blanco

El cuerpo policial que llegó a contar con una docena de efectivos tiene ahora tan solo un funcionario de seguridad

 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes 7 de junio la resolución por la cual el Ayuntamiento de Minas de Riotinto convoca dos plazas para el puesto de Policía Local, una convocatoria que no ocurría desde el año 2007 en el municipio pese a la progresiva pérdida de efectivos por jubilaciones o paso a segunda actividad que se produjeron «en su mayoría durante la anterior etapa de gobierno del Partido Popular», ha matizado para Tinto Noticias, la alcaldesa del municipio Rocío Díaz Cano.
 
De este modo, la convocatoria para las dos plazas de policía local, viene a cubrir una carencia en el municipio que, actualmente solo contaba con un efectivo de la policía local, debido a las progresivas jubilaciones. El Ayuntamiento de Riotinto llegó a contar con una docena de efectivos de policías.
 
Según ha explicado Rocío Díaz, «nuestra intención es convocar al menos dos plazas más en esta legislatura», pese a las dificultades en las que se encuentra el Ayuntamiento sometido al Plan de Ajuste del Gobierno, por lo que la burocracia para conseguir aumentar el gasto en personal es muy complicado.
 
Desde el Ayuntamiento de Minas de Riotinto esperan que los nuevos efectivos puedan hacer el examen en el mes de agosto y que se incorporen a la disciplina del Ayuntamiento minero inmediatamente después.
 
Hasta el momento, ha explicado la alcaldesa, se cubren esas carencias con vigilancia municipal mediante una bolsa de trabajo que se realizó en el municipio, pero al no ser reconocidos como policías tienen «limitaciones a la hora de actuar».
 
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOE. Es decir, a partir de mañana martes.
 
Los anuncios que vayan en relación con esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios del ayuntamiento de Riotinto, en la Sede Electrónica (https://minasderiotinto.sedelectronica.es) y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.
 
La alcaldesa de Minas de Riotinto, ha señalado que se trata de una noticia «importantísima para todos los vecinos y vecinas y para el futuro de Minas de Riotinto. Algo necesario en Riotinto y que no se hace desde hace mucho tiempo».

 

Otros municipios de la Cuenca Minera

 

Minas de Riotinto no es el único municipio de la Cuenca Minera que ha podido aumentar sus efectivos de Policía Local últimamente, así el Ayuntamiento de El Campillo cuenta desde el mes de diciembre con un nuevo agente de la Policía Local, que se incorporó a la plantilla el pasado 22 de diciembre, con los que ya son dos los efectivos policiales que tiene la localidad, si bien la intención del Consistorio es convocar una nueva plaza, según ha comunicado el alcalde del municipio, Juan Carlos Jiménez.
 
También el municipio de Zalamea incrementó su plantilla con la llegada de un nuevo agente . Tras la reciente incorporación del jefe de la plantilla, que tuvo lugar el pasado 10 de febrero, este cuerpo policial dispone ya de cuatro efectivos
 

Fallece un joven electrocutado mientras trabajaba en La Palma del Condado

Sus compañeros lo trasladaron hasta el centro de Salud pero fue imposible salvar su vida

Un trabajador de 30 años de edad ha fallecido este martes tras sufrir una descarga eléctrica en el municipio onubense de La Palma del Condado según informa en una nota de prensa el servicio Emergencias 112 Andalucía.

El accidente laboral se ha producido en torno a las 12,45 horas, cuando los servicios sanitarios de la Junta han solicitado al centro de coordinación la activación del protocolo judicial tras la muerte de un obrero electrocutado por un cable de alta tensión.

La víctima ha sido evacuada por sus propios compañeros de trabajo hasta el centro de salud de la localidad y allí se le ha practicado la reanimación cardiopulmonar hasta que se ha decretado su fallecimiento.

De momento no ha trascendido el lugar en el que se ha producido el siniestro y se ha alertado a Inspección de Trabajo, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, Policía Local y Guardia Civil.