La periodista condenada por el caso Laura Luelmo pide su absolución

La defensa recurre la sentencia de la Audiencia Provincial y apela al TSJA

La defensa de la periodista onubense condenada a dos años de prisión por revelación de secretos relacionados con el caso de asesinato de Laura Luelmo en El Campillo por unos artículos publicados en el diario Huelva Información ha recurrido la sentencia 96/2023, dictada el pasado 6 de junio por la Sección Tercera de Audiencia Provincial de Huelva, elevando al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso de apelación en el que reclama su absolución.

Además, la periodista ha sido condenada a una multa de 18 meses con cuota diaria de 6 euros, inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo y para el ejercicio de la profesión periodística por el tiempo que dure la condena, así como al pago de una determinada indemnización, con imposición de costas.

Según se recoge en el escrito de apelación, como ha adelantado HuelvaYa, en primer lugar la defensa considera que se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa de la periodista ya que “la Sentencia de instancia la ha condenado sin que se le tomara válidamente declaración durante la fase de instrucción del proceso”. Así, denuncian que durante la instrucción del procedimiento se acordó y practicó la declaración “fuera del plazo de instrucción, pese lo cual se siguió el procedimiento contra ella hasta el dictado de la Sentencia condenatoria, que ahora recurrimos”, lo que “entraña una gravísima vulneración del derecho a la defensa, cuyo único remedio posible en derecho es el dictado de una Sentencia absolutoria”.

Y es que, argumenta el recurso, el plazo de instrucción finalizaba el 27 de septiembre de 2019 y no fue hasta el 5 de febrero de 2020 (más de cuatro meses después del fin de la instrucción) cuando se acordó tomar declaración a la periodista en calidad de investigada.

Asimismo, la defensa, en su escrito de 69 páginas, esgrime que “la Sentencia impugnada infringe el artículo 197.3 párrafo 2 del Código Penal”, al condenar a la periodista por un delito de revelación de secretos “sin que dicho delito tenga encaje en los hechos que han sido declarados probados”. Concretamente, aseveran, “encontramos tres defectos que impiden subsumir el meritado tipo penal en los Hechos Probados de la Sentencia:

  • Los hechos probados de la Sentencia de instancia no contienen ninguna referencia al supuesto origen delictivo o ilícito de la información a partir de la cual se redactaron los artículos periodísticos;
  • Tampoco consta que fuente de dicha información fuera ilícita ni que mi poderdante fuera consciente de la supuesta ilicitud;
  • Y, además, no se ha declarado probado un perjuicio derivado de los hechos”.

La tercera alegación recogida en el escrito de apelación hace referencia a la “vulneración del derecho a la presunción de inocencia, por entenderse acreditado el origen ilícito de la información publicada en prensa y el dolo, sin que se haya practicado prueba de cargo suficiente”. A tal fin, continúa, “es fundamental tener en cuenta las circunstancias y el momento en que se publicaron los artículos periodísticos objeto del procedimiento, porque de las mismas se desprenden diferentes formas en las que la información pudo fluir hasta llegar a la periodista condenada. En este sentido, hay que comenzar destacando que la causa seguida por la muerte de Laura Luelmo no estaba declarada en secreta cuando se publicaron los artículos objeto de la condena”.

Asimismo, desde la defensa se subraya que “el delito de revelación de secretos es un delito doloso, en el que además el tipo penal exige que la acción típica se realice en perjuicio del titular de los datos. En este caso, continúan, “no se ha acreditado” que la periodista condenada “redactara los artículos periodísticos objeto de la causa con la intención de perjudicar ni a doña Laura Luelmo ni a ningún miembro de su familia”. Por el contrario, asegura, “la única finalidad acreditada de la publicación de dichos artículos era el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de la información, como profesional de dicho ámbito, y desde el periódico para el que trabajaba”.

Para finalizar, el escrito considera que la Sentencia impugnada, la cual es calificada como “una genuina novedad en nuestra jurisprudencia”, vulnera la libertad de información de la periodista, consagrada constitucionalmente en el Art. 20.1 d CE. “Por primera vez en nuestra historia democrática una periodista ha sido condenada por un delito de revelación de secretos por utilizar información procedente de un procedimiento judicial para redactar varios artículos periodísticos sobre un crimen atroz que suscitaba la atención y el interés de todo el país”, resalta la defensa.

Una espada de Damocles sobre los periodistas

Así, continúa, “la insólita Sentencia que impugnamos afecta a la línea de flotación del ejercicio de la libertad de información por los periodistas, sentando un peligroso precedente que criminaliza una práctica frecuente, como es el empleo de información procedente del sumario suministrada por fuentes del caso en cuestión”.

De esta manera, “no podemos obviar que lo que en principio es un asunto personal de una ciudadana en particular se ha convertido en una causa que afecta al conjunto de la sociedad. Y decimos al conjunto de la sociedad porque, como la jurisprudencia constitucional destaca, la libertad de información, sobre todo cuando se ejerce por periodistas a través de los medios de comunicación, no es una mera libertad individual, sino que se erige como uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad democrática”.

En este sentido, la defensa esgrime que “el Estado debe garantizar que, cuando un periodista se disponga a realizar su trabajo, pueda hacerlo con la confianza, al menos, de que por parte del poder estatal no será reprimido, censurado o castigado”. De lo contrario, asevera, “se estaría colocando una espada de Damocles sobre cada uno de los periodistas cada vez que estos se dispusieran a realizar su trabajo. Esta amenaza, sin duda, arrojaría a la autocensura a muchos de estos profesionales, impidiendo en estos casos que la información llegase hasta la sociedad, lo que en última instancia erosionaría los pilares mismos de nuestra sociedad democrática”.

“Rechazo absoluto” de las asociaciones de la prensa

Las asociaciones de la prensa de Andalucía, por su parte, han manifestado su “rechazo absoluto a la sentencia” al considerar que “atenta directamente contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz, en este caso, verdadera”.

Así, coincidiendo con el Día Internacional de la Democracia que se celebra este viernes, 15 de septiembre, la Asociación de la Prensa de Huelva (APH), con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), se ha hecho un llamamiento a todos las asociaciones de la prensa de España para que, en sus respectivas provincias, se lleven a cabo actos de protesta, a las 11.00 horas, que tendrán lugar frente a las diferentes audiencias provinciales españolas, excepto en el caso de Madrid, que se celebrará frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Las concentraciones se desarrollarán bajo el lema de #SinPeriodismoNoHayDemocracia y se ruega a los asistentes que acudan al llamamiento con esparadrapo o similares en la boca, para visibilizar el intento de “censura previa” que esta sentencia supone contra los periodistas españoles.

Prisión provisional para el acusado del apuñalamiento en Pablo Rada

El juzgado ordena su ingreso en la cárcel a petición de la Fiscalía

El Juzgado de Instrucción número 2 de Huelva, en funciones de guardia, ordenó este jueves, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido acusado por apuñalar presuntamente con arma blanca a otro hombre tras protagonizar una pelea en la calle Pablo Rada de Huelva,

Según han indicado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al detenido se le atribuye inicialmente un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Además, durante su comparecencia judicial, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar. La causa la investigará el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos.

Según explicaron desde el 112, sobre las 20,40 horas de este martes, el servicio de emergencias recibió una llamada alertando sobre una pelea entre varias personas que «portaban armas blancas» en la calle Pablo Rada de la capital, a la altura del parking.

Durante la pelea, un hombre de 37 años de nacionalidad ecuatoriana fue apuñalado con arma blanca a la altura del pecho. Fue atendido por los servicios sanitarios y lo trasladaron al Hospital Juan Ramón Jiménez, ya que sufría de «una importante pérdida de sangre». No obstante, según ha informado la Policía Nacional, su estado es grave pero estable.

El presunto autor del apuñalamiento, un hombre de 37 años de nacionalidad española, fue detenido y pasará este jueves a disposición judicial, según han indicado desde la Policía.

La Fiscalía recurre la sentencia que condena a una periodista por el caso de Laura Luelmo

El Ministerio Fiscal solicita una rebaja de la pena

El Ministerio Fiscal ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la sentencia de la Audiencia de Huelva que condena a dos años de cárcel a una periodista por un delito de revelación de secretos al publicar noticias del sumario del caso del asesinato de Laura Luelmo, y en el que solicita que se mantenga la condena en relación con el delito, pero que «apreciando la concurrencia de la eximente incompleta de actuar en ejercicio de la profesión periodística», se rebaje la pena de prisión a nueve meses.

Indica la Fiscalía que «no podemos obviar que en caso contrario estaríamos abriendo la posibilidad de graves y numerosas condenas privativas de libertad por excesos periodísticos que deben ser resueltos al margen del derecho penal y así lo viene siendo aplicándose la jurisdicción civil y la ley de protección del derecho al honor, la intimidad y propia imagen».

Así lo señala el Ministerio Fiscal en su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, donde solicita al Alto Tribunal andaluz que «revoque la sentencia en relación con la acusada» pero que la condene por revelación de secretos y que, además de la rebaja de prisión, se la condene a nueve meses de multa con seis euros de cuota y la inhabilitación para el ejercicio del periodismo durante el tiempo de la condena, así como que se mantengan las mismas responsabilidades civiles impuestas.

Considera la Fiscalía que la periodista incurrió en «claros excesos por el contenido concreto de ciertas informaciones» que, a juicio de la Fiscalía «poco o nada aportaban para el derecho a la información e incidían gravemente en la intimidad de la víctima y su familia».

Mantiene asimismo que, aunque comparten «en gran parte» la sentencia dictada por la Audiencia de Huelva, la misma «valora la prueba practicada en relación a la calificación jurídica de los hechos probados llegando a conclusiones sin motivación suficiente y razonable», toda vez que entiende que «el contenido de alguna de las informaciones publicadas claramente revela datos íntimos y muy sensibles sobre la salud y vida sexual, en este caso referida a los detalles de su agresión sexual».

«Y que además así lo reconoce la sentencia al transcribir textualmente en los hechos probados esas informaciones y sobre todo en los fundamentos jurídicos al analizar la grave afectación por los mismos a la intimidad de la víctima y de su familia al conocer esas informaciones», subraya.

Mantiene el Ministerio Fiscal que «parece fuera de toda duda que es la clave del caso un conflicto entre la intimidad y dignidad de la víctima y su familia por un lado» y «la información periodística veraz y contrastada en un tema de claro interés público» pero, a su juicio, «con un origen ilícito en la obtención de datos reservados y un claro exceso en los detalles publicados por otro», al tiempo que valora que «son desgraciadamente frecuentes los casos de publicación de los detalles de una investigación secreta» y que «en este caso fue muy intenso e invasivo el tratamiento en medios escritos y televisivos de la muerte violenta de la víctima».

«Es ese exceso el que el Ministerio Fiscal llevó a juicio oral entendiendo que es punible, pero partiendo de la doctrina constitucional reseñada apreciando esa eximente incompleta y graduando por ello la pena de forma proporcionada», añadiendo el recurso que «es evidente y así lo reconoce la sentencia, cuyos hechos probados parten de la condición de periodista de la condenada y que reproducen las noticias objeto de acusación que la información es veraz y de interés público».

Pero reitera que «al mismo tiempo que se dan detalles ilícitamente obtenidos al proceder de una investigación judicial reservada que nada aportan a la opinión pública y que atacan gravemente la intimidad de la víctima y su familia».

La Fiscalía apunta que «la información era en abstracto de interés público y sin duda veraz por ser en realidad las copias de las diligencias judiciales» y «que en el caso se han producido claros excesos por el contenido concreto de ciertas informaciones que poco o nada aportaban para el derecho a la información e incidían gravemente en la intimidad de la víctima y su familia», por lo que subraya que «no es razonable» que la sentencia «no analice y desarrolle de forma suficiente la concurrencia como incompleta de la eximente alegada por el Ministerio Fiscal que citó expresamente, al igual que las defensas».

Finalmente, la Fiscalía especifica que «partiendo de que se ha producido la condena de la acusada, que no cuestiona los hechos probados» y que «lo debatido es una cuestión jurídica», señala que «en ningún caso solicita pena mayor de la impuesta», ni vista para la segunda instancia, «al no entenderla necesaria según la interpretación de la doctrina del Tribunal Constitucional».

A prisión por el asesinato de un hombre en Lepe

Le propinó varias cuchilladas el pasado lunes en plena calle tras una pelea

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte ha ordenado este miércoles prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido como presunto autor de la muerte de un varón ocurrida en la noche del pasado lunes en la localidad de Lepe, al que se le atribuye un delito de asesinato.

Según ha indicado el TSJA en un comunicado, esta decisión del tribunal ayamontino se realiza a petición de la Fiscalía y de la acusación particular e inicialmente, se le atribuye un presunto delito de asesinato.

Asimismo, el TSJA ha explicado que durante la comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Esta persona fue detenida por la Policía Local de Lepe en la noche de este lunes por supuestamente propinarle una serie de puñaladas a otra persona, la cual falleció durante su traslado al hospital.

Por su parte, desde el 112 afirmaron que a las 23,00 horas de este lunes recibieron varias llamadas alertando sobre una pelea entre dos hombres frente a un centro comercial de la avenida Andalucía de Lepe que culminaría en un asesinato.

Un asesinato en plena calle

Así, según ha detallado la Guardia Civil, durante la misma uno de los hombres, el detenido, propinó una serie de puñaladas al otro individuo, que le provocaron su fallecimiento durante su traslado al hospital, aunque no se han precisado más detalles.

Por lo tanto, hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, además de sanitarios, quienes confirmaron la muerte de la persona apuñalada.

De este modo, las investigaciones están siendo llevadas a cabo por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva y Lepe, aunque por el momento no se han dado detalles sobre la misma.

A prisión por vender droga en Manzanilla

La heroína y cocaína la trasladaba también a municipios cercanos como La Palma o Escacena

La Guardia Civil ha detenido a un varón, que ya ha ingresado en prisión por orden judicial, como presunto autor de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes –delito contra la salud pública–, dentro de una operación que ha permitido desactivar varios puntos de venta de droga «muy activos» en Manzanilla (Huelva).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la denominada ‘Operación Devolución’ se inició en el mes de julio de 2022, cuando desde la Guardia Civil de Manzanilla, se conoció la posible venta de droga en varios inmuebles de la localidad, pertenecientes a una misma persona, lo cual había provocado «una gran alarma social» entre los vecinos.

Así, los agentes, tras investigaciones, comprobaron que las dosis de cocaína y heroína eran suministradas a multitud de drogodependientes de Manzanilla y de poblaciones cercanas a la misma como Escacena del Campo, Villalba del Alcor, Paterna del Campo y La Palma del Condado.

Por todo ello, tras existir indicios de venta de droga, fue autorizada la entrada y registro en tres inmuebles del presunto vendedor por la Autoridad Judicial competente. En dichos registros se incautaron 47,50 gramos de cocaína en roca, 41 dosis de heroína, 33 dosis de cocaína, 60 gramos de sustancia de corte, 330 gramos de marihuana y dos balanzas de precisión, por lo que se procedió a la detención de esta persona, a la cual le constaban antecedentes por delitos similares.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de La Palma del Condado (Huelva), y se ha decretado su ingreso en prisión. En los registros, además de agentes del Puesto de Manzanilla, han participado personal de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huelva, Equipo ROCA e Investigación de la Compañía de La Palma del Condado.

Condenan a 21 años de prisión a la enfermera que intoxicó a compañeros en la cárcel de Huelva

La sentencia de la Audiencia Provincial la considera «autora criminalmente responsable» de cuatro delitos de lesiones

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un total de 21 años de cárcel a la funcionaria del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias que trabajaba en la prisión de Huelva y que fue acusada de intoxicar con metadona a siete sanitarios en el año 2018. Asimismo, ha sido condenada al pago de una indemnización a cada una de las víctimas y la prohibición de acercarse a ellas.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera a esta persona «autora criminalmente responsable» de cuatro delitos de lesiones por los que se le condena a dos años y tres meses de prisión, por cada uno de ellos, además de otros seis delitos por lesiones al resto de las víctimas, por los que pagará dos años de prisión por cada uno.

Así, tras el juicio celebrado el pasado mes de septiembre, el juzgado onubense ha señalado en la sentencia que el máximo cumplimiento de las penas no puede exceder de seis años y nueve meses «declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo».

Asimismo, la Audiencia Provincial ha fallado la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de profesión de enfermera durante el tiempo de duración de la condena, toda vez que no podrá acercarse a las víctimas a menos de 300 metros por tiempo de once años y nueve meses a sus domicilios, lugares de trabajo ni ningún otro lugar que frecuenten, al tiempo que tampoco podrá comunicarse con ellos.

Por otro lado, el juzgado onubense ha condenado a la acusada a indemnizar a J.D.C.M. con 11.190 euros, a M.E.G. con 8.470 euros, a V.M.G., con 8.420 euros, a E.M.M. con 7.720 euros, a M.L.R.F. con 8.560 euros, a M.J.R.G. con 8.560 euros y a J.A.V.C. con 8.920 euros; en todos los casos.

El escrito de Fiscalía señala que los hechos por los que fue juzgada sucedieron entre julio y noviembre de 2018, cuando la acusada «con claro ánimo lesivo, aprovechando el acceso como enfermera a un armario con llave en la farmacia dentro de la enfermería» del centro penitenciario, al que tenía acceso, «procedió a hacerse con unas cantidades indeterminadas» de metadona «para introducirla en los alimentos que para consumo propio guardaban sus compañeros en la sala de descanso localizada en dichas dependencias».

Asimismo, apunta que esta era mezclada junto con Nordiazepam y, ocasionalmente, Pregabalina, así como indica que la ingesta de metadona por quien no está habituado mezclada con fármacos potenciadores «es susceptible de suponer un grave riesgo para la salud».

En este sentido, la Fiscalía manifiesta que, con motivo de ello, los compañeros de esta enfermera sufrieron intoxicación aguda con metadona, pregabalina y diacepam y trastorno adaptativo, por lo que tuvieron que ser médicamente tratados por diversos perjuicios para cada uno de ellos.

Nuevo incidente grave con presos en la cárcel de Huelva, el segundo en menos de 24 horas

Cuatro funcionarios resultaron lesionados al intentar reducir a un reo en el módulo de aislamiento

Desde Acaip Huelva han querido denunciar el nuevo incidente grave que se produjo en la tarde de ayer 27 de octubre en el módulo de aislamiento, un interno empezó a insultar y amenazar a la facultativa que se desplazó para realizar una consulta médica ordinaria a dicho interno. Para posteriormente, en un estado de agresividad, lanzar patadas al jefe de servicios presente así como agarrar del cuello a otros de los funcionarios, saldándose el incidente con cuatro funcionarios lesionados al intentar reducir a un interno.

Esto hace que desde mes de septiembre, haya al menos ocho funcionarios agredidos. Por tanto, que en menos de 24 horas haya ocurrido otro incidente grave en La Ribera, «no puede ser casualidad».

El perfil de internos que han protagonizado dichas agresiones son internos que han llevado a cabo anteriormente agresiones a funcionarios u otros reclusos, y que disfrutan un régimen de vida menos restrictivo a tenor  de su historial penitenciario por esa política de penitenciaria de “buenísmo” y de una mejora de las estadísticas, algo que estamos pagando los funcionarios de prisiones.

El caos existente en el centro penitenciario, es el sentir de no solo Acaip Huelva sino de la mayoría de los trabajadores del centro penitenciario.

Tras el «caótico desarrollo de las obras que se han realizado en el centro penitenciario, el inicio de módulos experimentales (como el programa  de atención para enfermos mentales) y el cumplimento al dedillo por parte director del centro de directrices absurdas por parte del Secretario General de Instituciones Penitenciarias donde se evidencia el desconocimiento del medio penitenciario, han sumido al centro en un caos absoluto».

«Cuando aumentan las agresiones a los funcionarios de la prisión de la Ribera, y se dicta cada vez más normas por parte de la dirección  y de la Secretaria General de Instituciones penitenciarias, dejan a las claras que no confían en sus propios trabajadores. Con una falta de personal alarmante y constante en el tiempo en el área de vigilancia».

El resultado, advierten desde Acaip, es una plantilla «preocupada por el devenir de los acontecimientos y por su futuro dentro de la institución. Y como no puede ser de otra manera por todo lo que estamos describiendo  el resultado también es la prestación de un servicio público pésimo, donde solo existe la foto, no hay nada más».

Un interno «extremadamente peligroso» lesiona a cuatro funcionarios de la prisión de Huelva

El sindicato Acaip reclama su traslado a otro centro para evitar «un grave deterioro» de la seguridad en la cárcel onubense

Un interno del Centro Penitenciario de Huelva ha protagonizado este miércoles un grave incidente regimental en el módulo de aislamiento de la prisión onubense que se ha saldado con cuatro funcionarios lesionados de diversa consideración que han tenido que acudir a urgencia hospitalaria para ser tratados.

Así lo han denunciado desde el sindicato Acaip Huelva, que ha asegurado que este interno «extremadamente peligroso» había sido progresado recientemente desde el modo de vida más restrictivo en el módulo de aislamiento a un modo regimental más suave también en ese mismo módulo, por lo que «no ha tardado en causar este grave incidente por su manifiesta inadaptación al nuevo modo de vida regimental».

Las mismas fuentes señalan que el agresor se atrincheró en su celda para «incumplir las actividades regimentales previstas» mientras «insultaba y amenazaba de muerte a los funcionarios presentes», y todo ello «ofreciendo una violenta resistencia para impedir su aislamiento provisional», añaden.

Desde Acaip Huelva han instado tanto a la Dirección del centro penitenciario como a la Secretaría General a «que este interno, como protagonista de un grave incidente regimental, sea trasladado inmediatamente a otro centro penitenciario, ya que su no traslado trasmitiría una sensación de impunidad al interno y al resto de población reclusa», con lo que, a su vez, «desde la propia institución penitenciaria se estaría propiciando un grave deterioro de la seguridad que atentaría contra la integridad física de los funcionarios de la prisión de Huelva», agregan.

Para Acaip Huelva, «estos incidentes graves, habituales en nuestro centro, se podrían paliar si la dotación de la plantilla del Centro Penitenciario La Ribera fuera mayor y acorde a las necesidades, pues a día de hoy hay una falta crónica de personal», lamentan, tras lo que indican que la prisión onubense «tiene un número de funcionarios asignados bastante inferior a centros similares», concretamente de «entre 30 o 40 funcionarios menos». Además «la Secretaría General solo ha destinado tres funcionarios en prácticas de los 900 de la última promoción», añaden.

Por otra parte, desde Acaip Huelva han manifestado que «se hace imprescindible que los funcionarios públicos sean considerados como agentes de la autoridad», al tiempo que reclaman «la reforma del programa PEAFA para la evaluación de las agresiones a trabajadores penitenciarios y que se cubra el déficit de más de 3.000 vacantes dentro de Instituciones Penitenciarias».

Sanitarios intoxicados en prisión afrontan el juicio con «seguridad» por las pruebas

La acusación particular pide 32 años de cárcel para la enfermera investigada

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge a partir de este martes el juicio contra la funcionaria del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias que trabajaba en la prisión provincial y que fue acusada de intoxicar con metadona a siete sanitarios en el año 2018. El abogado de cinco de los siete enfermeros, Benito Saldaña, ha afirmado que enfrentan el juicio con «la seguridad» de que «hay pruebas para acreditar que fue la acusada quien realizó estos envenenamientos»

En declaraciones a los medios de comunicación antes de iniciar el juicio, el abogado de la acusación ha detallado que solicitan «32 años por las agresiones, es decir cuatro año por cada uno de los ocho delitos; y otro delito por nuestra parte, ya que no lo hace la Fiscalía, contra la salud pública, por el que se piden seis años y seis meses».

En este sentido, el abogado ha esgrimido que su teoría sobre el móvil del hecho que se juzga este martes es que la acusada «quería el puesto de supervisor de uno de los envenenados», pero «como nunca lo conseguía porque llevaba muchísimos años detrás de él, decidió tomarse la justicia por su mano».

Además de la jornada de la sesión de este martes, el juicio se prolongará durante dos sesiones más que tendrán lugar los días 29 y 30 de este mes.

Para el juicio, el Ministerio Fiscal ha propuesto la declaración de la acusada, así como el testimonio como testigos de un total de 16 personas –dos de ellas agentes de Policía Nacional– y la declaración como peritos de analistas del Laboratorio Toxicológico de la Policía Científica de Sevilla; facultativos del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla y dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Huelva.

ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA

Para esta persona, la Fiscalía solicita 23 años de cárcel al considerar que la acusada es culpable de un delito continuado de lesiones, por el que pide una pena de cinco años, así como de seis delitos de lesiones, por los que pide tres años por cada uno de ellos.

Asimismo, pide su inhabilitación especial para empleo o cargo público y profesión de enfermera durante el tiempo de condena, así como el pago de indemnizaciones que van desde los 7.720 a los 11.190 euros para los afectados.

El escrito de Fiscalía señala que los hechos por los que será juzgada sucedieron entre julio y noviembre de 2018, cuando la acusada «con claro ánimo lesivo, aprovechando el acceso como enfermera a un armario con llave en la farmacia dentro de la enfermería» del centro penitenciario, al que tenía acceso, «procedió a hacerse con unas cantidades indeterminadas» de metadona «para introducirla en los alimentos que para consumo propio guardaban sus compañeros en la sala de descanso localizada en dichas dependencias».

Asimismo, apunta que esta era mezclada junto con Nordiazepam y, ocasionalmente, Pregabalina, así como indica que la ingesta de metadona por quien no está habituado mezclada con fármacos potenciadores «es susceptible de suponer un grave riesgo para la salud».

En este sentido, la Fiscalía manifiesta que, con motivo de ello, los compañeros de esta enfermera sufrieron intoxicación aguda con metadona, pregabalina y diacepam y trastorno adaptativo, por lo que tuvieron que ser médicamente tratados por diversos perjuicios para cada uno de ellos.

Un interno de la prisión de Huelva intenta agredir a funcionarios con palos afilados

Acaip denuncia la «inacción» de Instituciones Penitenciarias ante el «aumento de graves incidentes» y la «falta de personal» en el centro

El pasado martes se produjo, de nuevo, un grave incidente en El Centro Penitenciario de Huelva ha sido escenario de un nuevo incidente protagonizado por un interno del mismo, quien con palos afilados intentó agredir a funcionarios de la prisión, si bien éstos consiguieron arrebatárselos con «arrojo» y redujeron al interno, «evitando una tragedia».

Así lo han comunicado desde el sindicato Acaip, que asegura que este incidente, que tuvo lugar este martes, «se suma al aumento exponencial de graves incidentes en el centro penitenciario de Huelva, que en muchos de los casos han acabado con trabajadores agredidos», han añadido, tras lo que han lamentado que «la respuesta tanto de la dirección del centro como del secretario general de Instituciones Penitenciarias ha sido tibia, por no decir que nula».

«A día de hoy, la mayoría de los reclusos que han participado en estos graves incidentes, por no decir todos, no han sido trasladados del centro penitenciario de Huelva», prosiguen desde Acaip, para el que este hecho «tiene una consecuencia clara: la sensación de impunidad que desde Instituciones Penitenciarias se transmite ante estos graves hechos y, por tanto, el grave deterioro de la seguridad y la integridad de los funcionarios de la prisión de Huelva», alertan.

Por otra parte, el sindicato denuncia que «el aumento de la conflictivad no se ha intentado contrarrestar con medidas dirigidas a paliar la falta de personal, hasta tal punto que de la nueva promoción de 900 plazas solo tres han sido destinados al centro penitenciario de Huelva a pesar de que el número de funcionarios asignados a este centros es sensiblemente inferior, con entre 30 o 40 funcionarios menos, que el de cualquier centro penitenciario de similares características», añaden.

Para Acaip, «la dirección parece inmersa en una espiral de programas de tratamiento experimentales que no se dotan de personal ni formación, y en algunos casos hasta se compromete la seguridad de los trabajadores, lo que contrasta con la dotación en publicidad institucional tanto pública como por vía interna dirigida a las autoridades penitenciarias de la Secretaria General con sede en Madrid», agregan.

El sindicato pone como ejemplo que «de forma sorprendente e incongruente con la clasificación de vida interior, se dispuso la salida de primeros grados a la piscina dentro de un programa de tratamiento para internos con régimen de vida restringido, comprometiendo la seguridad interior del centro, para posterior cerrar la instalación por graves deficiencias en las instalaciones», explican.

Por otra parte, desde Acaip inciden en que «tampoco se entiende, viendo las deficiencias de personal, que el director del centro admita el ingreso en prisión de detenidos por la Guardia Civil en operaciones en narcotráfico, aumentando de forma considerable el trabajo de los funcionarios del centro y afectando a todas las áreas». Además, «detectamos la descoordinación e improvisación entre Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias, pagando los trabajadores del centro estas deficiencias, ya que muchos de estos detenidos son puestos en libertad en pocas horas», concluyen.