Un interno de la prisión de Huelva intenta agredir a funcionarios con palos afilados

Acaip denuncia la «inacción» de Instituciones Penitenciarias ante el «aumento de graves incidentes» y la «falta de personal» en el centro

El pasado martes se produjo, de nuevo, un grave incidente en El Centro Penitenciario de Huelva ha sido escenario de un nuevo incidente protagonizado por un interno del mismo, quien con palos afilados intentó agredir a funcionarios de la prisión, si bien éstos consiguieron arrebatárselos con «arrojo» y redujeron al interno, «evitando una tragedia».

Así lo han comunicado desde el sindicato Acaip, que asegura que este incidente, que tuvo lugar este martes, «se suma al aumento exponencial de graves incidentes en el centro penitenciario de Huelva, que en muchos de los casos han acabado con trabajadores agredidos», han añadido, tras lo que han lamentado que «la respuesta tanto de la dirección del centro como del secretario general de Instituciones Penitenciarias ha sido tibia, por no decir que nula».

«A día de hoy, la mayoría de los reclusos que han participado en estos graves incidentes, por no decir todos, no han sido trasladados del centro penitenciario de Huelva», prosiguen desde Acaip, para el que este hecho «tiene una consecuencia clara: la sensación de impunidad que desde Instituciones Penitenciarias se transmite ante estos graves hechos y, por tanto, el grave deterioro de la seguridad y la integridad de los funcionarios de la prisión de Huelva», alertan.

Por otra parte, el sindicato denuncia que «el aumento de la conflictivad no se ha intentado contrarrestar con medidas dirigidas a paliar la falta de personal, hasta tal punto que de la nueva promoción de 900 plazas solo tres han sido destinados al centro penitenciario de Huelva a pesar de que el número de funcionarios asignados a este centros es sensiblemente inferior, con entre 30 o 40 funcionarios menos, que el de cualquier centro penitenciario de similares características», añaden.

Para Acaip, «la dirección parece inmersa en una espiral de programas de tratamiento experimentales que no se dotan de personal ni formación, y en algunos casos hasta se compromete la seguridad de los trabajadores, lo que contrasta con la dotación en publicidad institucional tanto pública como por vía interna dirigida a las autoridades penitenciarias de la Secretaria General con sede en Madrid», agregan.

El sindicato pone como ejemplo que «de forma sorprendente e incongruente con la clasificación de vida interior, se dispuso la salida de primeros grados a la piscina dentro de un programa de tratamiento para internos con régimen de vida restringido, comprometiendo la seguridad interior del centro, para posterior cerrar la instalación por graves deficiencias en las instalaciones», explican.

Por otra parte, desde Acaip inciden en que «tampoco se entiende, viendo las deficiencias de personal, que el director del centro admita el ingreso en prisión de detenidos por la Guardia Civil en operaciones en narcotráfico, aumentando de forma considerable el trabajo de los funcionarios del centro y afectando a todas las áreas». Además, «detectamos la descoordinación e improvisación entre Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias, pagando los trabajadores del centro estas deficiencias, ya que muchos de estos detenidos son puestos en libertad en pocas horas», concluyen.

Prisión sin fianza para los dos detenidos por el tiroteo con muerte en El Rincón

Se les investigan presuntos delitos de homicidio, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública

El Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos detenidos por el tiroteo que el pasado viernes 21 de junio acabó con una persona muerta y otra herida en el núcleo de El Rincón (perteneciente a los términos municipales de Punta Umbría, Aljaraque y Gibraleón)

Según han informado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a los detenidos –que pasaron a disposición judicial ese mismo viernes– se les investigan presuntos delitos de homicidio, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. El Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva lleva esta causa al ser el que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos.

El suceso tuvo lugar el pasado día 21 de junio por la tarde cuando la Guardia Civil recibió a las 16,40 horas varios avisos de ciudadanos por un tiroteo en la localidad de Punta Umbría en un barrio cercano a Aljaraque.

Una vez desplazada a la zona, la Benemérita encontró a un varón de origen extranjero con heridas de arma de fuego y lesionado y a un segundo varón fallecido a causa también de heridas de bala.

Tras ello, esa misma semana fueron detenidas dos personas presuntamente relacionadas con el tiroteo, toda vez que desde la Subdelegación del Gobierno indicaron que no se descartan nuevas detenciones, así como que el suceso podría estar relacionado con temas de narcotráfico.

La Policía Judicial continúa con la investigación, que se encuentra en secreto de sumario. Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informó a Europa Press de que el herido, de 42 años, tuvo que ser trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez.

Un interno incendia su propia celda en el Centro Penitenciario de Huelva

Los funcionarios logran salvar su vida y la del resto de presos alojados en el mismo módulo

Un interno de la Prisión Provincial de Huelva con un largo historial penitenciario provocó un grave incendio en su celda durante la jornada de este martes, lo que generó una gran cantidad de humo y puso en peligro no solo su propia vida, sino también la de los funcionarios que fueron a socorrerlo y la del resto de internos que están alojados en el mismo módulo.

Así lo han comunicado desde el sindicato Acaip Huelva, que ha destacado los funcionarios de la prisión, en una nueva «gran actuación» en la que pusieron en riesgo su propia integridad y en «momentos de gran tensión», consiguieron salvar la vida del interno y desalojar a la población reclusa de la segunda planta del módulo residencial ante el peligro de inhalación del denso humo que provenía del incendio.

Las mismas fuentes señalan que esta «gran intervención» se encontró con una «fuerte oposición» por parte del interno, que «se abalanzó a los trabajadores cuando procedieron a la apertura de la celda para sacar el interno y la extinción del incendio», explican, tras lo que lamentan que hubo un «fallo inexplicable» de los extractores de humo, instalados hace poco más de cuatro meses.

De otra parte, Acaip Huelva denuncia que desde Instituciones Penitenciarias, dirigida por Ángel Luis Ortiz, se rechazó la propuesta del Centro Penitenciario de Huelva de clasificar a este interno, dada su «nula adaptación a un régimen de vida normal», en primer grado, lo que conlleva un régimen de vida más restrictivo, con lo que Instituciones Penitenciarias «estimó oportuno mantenerlo en un régimen de vida ordinario en contra de la propuesta del centro», añaden.

Además, las mismas fuentes indican que este interno, en momentos posteriores al incendio, agredió a un trabajador, otro motivo más por el que Acaip espera que Instituciones Penitenciarias «tome nota y reconsidere esa decisión por la seguridad de los trabajadores de la prisión de Huelva y de la población reclusa que habita en ella».

Por otra parte, «exigimos la revisión exhaustiva de todos los extractores de humo de todas las dependencias del centro para que este tipo de fallos no vuelvan a producirse», agregan desde el sindicato.

Acaip Huelva también ha querido poner en valor esta actuación teniendo en cuenta que «los funcionarios de prisiones apenas contamos con formación para la extinción de incendios y nos estamos enfrentando a situaciones en las que, literalmente, nos estamos jugando la vida», por lo que «la administración penitenciaria debe aportar soluciones más eficaces» para reducir este tipo de incidentes y no exponer de esta manera la integridad de los trabajadores, añaden

Por último, desde Acaip Huelva han querido ensalzar la «encomiable labor que realizan los funcionarios y las funcionarias de prisiones y en particular en nuestro centro para salvaguardar la vida de los internos y las internas que están bajo nuestra tutela», lo que «contrasta con la puesta en valor de este trabajo por Instituciones Penitenciarias y que se refleja dejando en el sueño de los justos unas negociaciones para establecer a sus trabajadores un incremento salarial digno, el aumento de plantillas para paliar el elevado déficit de funcionarios de prisiones en toda España y, en definitiva, poner en valor una profesión tan compleja y difícil como la de funcionario de prisiones», concluyen.

Piden 23 años de prisión para la enfermera acusada de intoxicar a varios sanitarios de la cárcel de Huelva

El Ministerio Fiscal la acusa de un delito continuado de lesiones

La Fiscalía de Huelva ha pedido 23 años de cárcel para una funcionaría del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias que trabajaba en la prisión provincial y que fue acusada de intoxicar con metadona a siete sanitarios en el año 2018.

Según recoge el escrito de acusación de Fiscalía, al que ha tenido Europa Press, el Ministerio Fiscal acusa a la enfermera de un delito continuado de lesiones, por el que pide una pena de cinco años, así como de seis delitos de lesiones, por los que pide tres años por cada uno de ellos.

El escrito de Fiscalía señala que los hechos por los que será juzgada sucedieron entre julio y noviembre de 2018, cuando la acusada «con claro ánimo lesivo, aprovechando el acceso como enfermera a un armario con llave en la farmacia dentro de la enfermería» del centro penitenciario, al que tenía acceso, «procedió a hacerse con unas cantidades indeterminadas» de metadona «para introducirla en los alimentos que para consumo propio guardaban sus compañeros en la sala de descanso localizada en dichas dependencias».

Asimismo, apunta que esta era mezclada junto con Nordiazepam y, ocasionalmente, Pregabalina, así como indica que la ingesta de metadona por quien no está habituado mezclada con fármacos potenciadores «es susceptible de suponer un grave riesgo para la salud».

En este sentido, la Fiscalía manifiesta que, con motivo de ello, los compañeros de esta enfermera sufrieron intoxicación aguda con metadona, pregabalina y diacepam y trastorno adaptativo, por lo que tuvieron que ser médicamente tratados por diversos perjuicios para cada uno de ellos.

Por otra parte, además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal solicita a esta persona el pago de indemnizaciones que van desde los 7.720 a los 11.190 euros para los afectado y pide su inhabilitación especial en la profesión de Enfermería durante el tiempo de la condena.

Condenan a prisión a un hombre por vender droga en su domicilio de Lepe

El TSJA ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva

El Tribuna Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial por la que se condena a un hombre a tres años y ocho meses de prisión por un delito contra la salud pública por venta de estupefacientes en su domicilio de Lepe (Huelva).

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJA ha desestimado el recurso presentado por la defensa del condenado que alegaba «violación del derecho a la presunción de inocencia» al considerar que se le había condenado «sin que existiera prueba suficiente para ello».

En este sentido, el Alto Tribunal andaluz señala en la sentencia que «es cierto que no hay prueba directa de actos concretos de venta en los que interviniera el acusado», pero «sí la hay de hechos que, conforme a la persistente y conocida doctrina jurisprudencial sobre las condiciones de la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción de inocencia, pueden considerarse indicios suficientes».

Por otro lado, apunta que la sentencia de la Audiencia Provincial «está meticulosamente motivada en cuanto a la racionalidad de la inferencia desde los indicios hasta el hecho presunto dado por probado».

En su sentencia, la Audiencia de Huelva consideraba probado que el acusado, sin antecedentes penales a efectos de reincidencia, se había dedicado «al menos desde el mes de Abril de 2018 a la venta de estupefacientes –cocaína, heroína y rebujo de heroína y cocaína– , desde su domicilio de Lepe», donde la Policía Nacional había observado la entrada y salida de personas, algunas de las cuales fueron interceptadas portando droga.

Asimismo, la sentencia recoge que tras realizar tareas de vigilancia los agentes registraron el domicilio del condenado «sorprendiendo» al mismo con un grupo de personas, más de mil euros repartidos en billetes de diversas cantidades, así como numerosas sustancias estupefacientes.

Ante esto, el condenado su recurso «no discute la existencia en su domicilio de las sustancias y efectos intervenidos», pero sostiene que «lo ignoraba» y que «se encontraban en una habitación de la misma que tenía alquilada a una tercera persona a la que no identifica», así como negaba «haber participado en ningún acto de venta».

Finalmente, y ante las pruebas expuestas durante el juicio y que recoge la sentencia de la Audiencia, el TSJA considera que «basta» con los indicios existentes «para considerar que existe prueba suficiente para vencer la presunción de inocencia del acusado» y que «comportan un cuadro suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, pues ninguna inferencia es más lógica que la que conduce a la conclusión de que el acusado traficaba con las sustancias en su domicilio».

Condenan a un año de prisión al acusado de la muerte de un hombre en Huelva en 2019

El TSJA confirma sentencia de la Audiencia Provincial

La Sala Civil y Penal del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado los recursos presentados por las acusaciones particulares contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva que condenaba a un año de prisión al acusado por la muerte de un hombre en el mes de abril de 2019 en un salón de juegos de la capital onubense.

De esta forma, confirma íntegramente la sentencia emitida por la Audiencia de Huelva tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, que lo consideraba responsable de un delito de homicidio imprudente con las eximentes incompletas de legítima defensa y miedo insuperable, por lo que fue condenado a un año de cárcel así como a indemnizar con un total de 115.890,23 euros a la madre, la pareja sentimental y el hijo menor del fallecido.

Así se expone en la sentencia del TSJA, consultada por Europa Press, que señala además que contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Conforme al veredicto emitido por el jurado popular, la Audiencia consideró probado que acusado y víctima se conocían con anterioridad y habían tenido una relación de amistad hasta que el condenado inició una relación sentimental con la expareja del fallecido, lo que provocó desavenencias entre ambos. En este sentido, el fallecido «amenazó de muerte al encausado en varias ocasiones, causando en éste un estado de temor y miedo».

Así, según la sentencia de la Audiencia, los hechos tuvieron lugar la noche del día 10 de abril de 2019 en un salón de juegos de Huelva capital, cuando la víctima tuvo conocimiento de que el acusado se encontraba jugando en la mesa de la ruleta y decidió abandonar el local con los amigos que lo acompañaban, aunque regresó poco después al establecimiento en una furgoneta conducida por uno de sus amigos.

De este modo, la víctima se dirigió a la mesa de la ruleta donde se encontraba jugando el investigado y le propinó varios manotazos por la espalda, momento en el que comenzó un forcejeo entre ambos en el marco del cual se desplazaron alrededor de la mesa de la ruleta hasta colocarse detrás de una columna. En ese forcejeo, y «sin intención de causarle la muerte ni previendo dicho resultado mortal», el acusado dirigió un arma blanca al cuerpo del fallecido y se la clavó a la altura de la zona lumbar, prosigue la sentencia.

A continuación, según recoge la sentencia, el encausado abandonó el local «rápidamente» y dejó allí al agredido aún con vida, siendo trasladado éste por sus amigos allí presentes en un vehículo particular a un centro hospitalario donde, pese a la asistencia médica recibida, falleció sobre las 1,25 horas del día 11 de abril de 2019.

Durante el forcejeo, el condenado experimentó un estado de «temor y miedo» que, «aunque no fuera insuperable, disminuyó notablemente su voluntad o capacidad de elección sin llegar a anularla, lo que le llevó a apuñalarlo en dos ocasiones, causándole las heridas que le produjeron la muerte».

El acusado permaneció en situación de prisión provisional desde el día 13 de abril de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, cuando fue puesto en libertad tras solicitarlo su defensa después de conocer el veredicto del jurado popular.

Inicialmente, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares ejercidas por la madre y la expareja del fallecido acusaron al investigado de un delito de homicidio y solicitaron para él penas de entre siete años y medio y catorce años de cárcel.

Decretan prisión provisional para el conductor que atropelló a dos personas en Lepe

Una mujer falleció y un varón se encuentra ingresado en un centro hospitalario como consecuencia del accidente

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ayamonte (Huelva), en funciones de guardia, ha acordado este domingo, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del conductor detenido por el atropello de dos personas el pasado viernes en la localidad de Lepe, en concreto una mujer que resultó fallecida y un varón que se encuentra ingresado en un centro hospitalario,. tal y como TINTO NOTICIAS informó a través de esta publicación.

Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente, y sin perjuicio de lo que se determine en el marco de la investigación de la causa, la jueza le atribuye presuntos delitos de homicidio consumado (por la mujer fallecida) y tentativa de homicidio (por el atropello del peatón que está ingresado). En su comparecencia judicial, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

El atropello se produjo el viernes a las 19,30 horas en la avenida Andalucía de la localidad lepera, a la altura de la rotonda del cementerio, y fue de tal magnitud que los dos fueron enviados al hospital y en la madrugada de este domingo ha muerto la mujer.

Al lugar del atropello se desplazaron Guardia Civil, Policía Local, Bomberos del Consorcio Provincial y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), cuyos sanitarios evacuaron al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva capital al varón, de 35 años. El presunto autor, que se dio a la fuga, fue detenido el sábado.

El presunto autor de los hechos fue detenido el sábado, un día después del accidente mortal, tras lo que el domingo fue puesto a disposición judicial.

Tres años y seis meses de prisión por maltratar a su pareja durante 20 meses en Huelva

Además del maltrato, le han condenado por delitos de lesiones y allanamiento de morada

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un hombre a la pena de tres años y seis meses de prisión por maltratar psicológica y físicamente a la que fuera su pareja sentimental durante los casi 20 meses que duró su relación.

La sentencia a la que ha sido adelantada por la agencia EFE, lo considera responsable de un delito de violencia física y psíquica habitual en el ámbito familiar, un delito de maltrato de obra, un delito de allanamiento de morada y un delito de lesiones.

Por ellos, además de la pena de prisión, se le impone la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por ocho años y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros o de comunicarse con la víctima por un período de nueve años; 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad; y multa de 540 euros.

Además, debe indemnizar a la mujer en 128 euros por las lesiones sufridas y en 2000 euros por los daños morales sufridos cantidades.

Se le concede suspensión de la pena de prisión por tres años condicionada a que no vuelva a delinquir en ese tiempo, pague la indemnización, cumpla con la orden de alejamiento y participe en programas de educación sexual y de igualdad de trato relacionados con la violencia contra la mujer oportunos.

Se considera probado que acusado y víctima iniciaron una relación en diciembre del 2016, que empezó a deteriorarse en el verano del 2017 y que se tensó aún más cuando ella decidió poner fin al embarazo del hijo que ambos estaban esperando.

Desde entonces el acusado empezó a mostrarse celoso y a controlar su móvil, su participación en las redes sociales y sus salidas con amigos; además, la sometía a frecuentes insultos, expresiones vejatorias y humillantes tales como: «drogadicta, enferma mental, delincuente o mala madre» y a amenazas de muerte.

Este maltrato psicológico fue, también, acompañado de maltrato físico como agarrones de brazos o cuello, empujones y puñetazos llegando en alguna ocasión, a colocarle un cinturón alrededor del cuello; igualmente, la sometió a violencia ambiental siendo frecuente que rompiese enseres y objetos de la casa, esencialmente, los que a ella le hacían feliz.

En julio del 2018, cuando ella le comunicó su intención irrevocable de terminar la relación la agredió, sin que ella denunciara.

Un mes mas tarde cuando ella se encontraba durmiendo con su nueva pareja sentimental en la casa en la que vivía de «ocupa» el acusado se introdujo en ella sin permiso con portando tres cuchillos, uno en la mano y dos en el bolsillo, y comenzó a amenazarlos de muerte.

Después la cogió de los pelos tirándola al suelo, dándole un fuerte golpe con la empuñadura del cuchillo en la cara, a la vez que continuaba amedrentándola y amenazándola hasta que la actual pareja pudo intervenir dándose el acusado a la fuga.

Bernardo Montoya ingresa en la prisión de Morón donde cumplirá condena por el asesinato de Laura Luelmo

El reo está a la espera de conocer la sentencia y podría enfrentarse a Prisión Permanente Revisable

Bernardo Montoya, considerado por el jurado popular culpable de la detención ilegal, agresión sexual y asesinato de la joven zamorana Laura Luelmo en El Campillo en diciembre de 2018, ha ingresado esta tarde en la cárcel de Sevilla II, en Morón (Sevilla), donde cumplirá su condena.

A la espera de conocer la sentencia que tendrá que cumplir, Montoya ha sido trasladado a la cárcel sevillana en un transporte especial no previsto, en el que solo viajaba él junto a agentes de la Guardia Civil, han informado fuentes penitenciarias.

Aunque inicialmente se había previsto que permaneciese en la cárcel de Huelva hasta que se conociese la sentencia que debe emitir el magistrado-presidente del juicio, Florentino G. Ruiz Yamuza, al final ha sido enviado al penal en el que ha estado en prisión preventiva desde que se produjeron los hechos.

En esa prisión, Montoya se ha negado a hacer cursos sobre violencia y agresores sexuales porque, como ha venido manteniendo en el juicio, no asume ni el delito de agresión sexual, ni el de asesinato, achacándole este último a una expareja suya.

La sentencia, que debe conocerse en los próximos días, debe de ser de acuerdo con lo manifestado por las partes y en el sentido en que se ha pronunciado el jurado.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones que ejercen la familia y la Junta de Andalucía solicitan las mismas penas, 20 años de cárcel por un delito de detención ilegal, 12 por el de agresión sexual y prisión permanente revisable por el de asesinato.

Cuatro de los acusados en el macrojuicio por narcotráfico aceptan una condena inferior a cinco años de prisión

Fueron interceptados en una embarcación con 1.800 kilos de droga

Cuatro de los 15 acusados que se enfrentan a más de 164 años de condena por los delitos de tráfico de drogas y de pertenencia a grupo criminal en el juicio que ha comenzado este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que tres de ellos aceptan la pena de prisión de tres años y siete meses –se enfrentaban a cinco años y diez meses y a 18 meses por los presuntos delitos– y el cuarto ha aceptado una pena inferior a cinco años.

De este modo, durante la sesión, la defensa de los acusados que han llegado al acuerdo de conformidad han informado de su intención de solicitar la suspensión de la pena al considerar que actuaban «bajo los efectos de sustancias estupefacientes» y cambiar la misma por la realización de un tratamiento de desintoxicación en un organismo autorizado.

En concreto, tres de los acusados que han llegado a este acuerdo de conformidad –de tres años y siete meses– fueron interceptados en la embarcación semirrígida transportando un alijo de 60 fardos de hachís, que arrojó un total de 1.800 kilos de esta droga.

Asimismo, en esta jornada se han matizado las conformidades y no se han producido declaraciones testificales ni periciales, así como se ha acordado reducir el número de estas comparecencias eliminando las de testigos que se consideran «no necesarios».

Igualmente, estos cuatro acusados se enfrentaban también a dos multas de diez millones de euros cada una, que han sido suspendidas al declararse insolventes, por lo que cumplirán 15 días más de cárcel por cada una –un mes más–, lo que ha elevado la pena a los tres años y siete meses.

Por otra parte, el juicio continúa este jueves para el resto de acusados –once– y, aunque en principio solo estaban previstas dos sesiones, se ha ampliado a una más, que previsiblemente se celebrará el próximo día 3 de noviembre.

La acusación

Estas personas fueron detenidas en 2019 durante una operación en la que se llevaron a cabo registros en domicilios y lugares empleados por la red para mantener su infraestructura en las provincias de Huelva –Bollullos, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y Gibraleón–, Cádiz –Algeciras– y Sevilla –Huévar del Aljarafe–.

Asimismo, el Ministerio Fiscal señalaba como un hecho en su escrito que «desde al menos el mes de marzo de 2019, los acusados, de manera estable y continuada en el tiempo desarrollaron tareas ilícitas conjuntas con la finalidad de lograr la introducción de sustancias estupefacientes, concretamente hachís, por vía marítima en las costas españolas».

De la misma manera, detalla que los acusados se estructuraban «de una manera clara», y «con un reparto de funciones que permitía lograr su propósito delictivo común, vinculado al tráfico de drogas» y destaca a cuatro de ellos como los responsables principales de la rama operativa, de la logística marítima, y de la logística terrestre.

Igualmente, la Fiscalía considera que los acusados no se ponían de acuerdo «únicamente» para «la comisión puntual de un hecho delictivo vinculado al tráfico de drogas», sino que «esta organización dedicada a la introducción de sustancias estupefacientes por las costas españolas suponía una ilegal y lucrativa fuente de ingresos, y a su vez les permitía disponer de un entramado logístico que facilitó el éxito de sus propósitos criminales».

La Fiscalía considera que dicho entramado «permitía a los acusados obtener la infraestructura necesaria para preparar las embarcaciones adecuadas para la introducción vía marítima de la sustancia estupefaciente».

Finalmente, los días 10 de julio, 26 de julio, 30 de julio y 31 de julio de 2019 se realizaron alijos con la una embarcación que transportaba la droga entre Cádiz y Huelva y que fue avistada por las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la huida de sus tripulantes e intervención final de un alijo de 1.800 kilos de hachís, compuesto por 60 fardos con un valor en el mercado ilícito de más de 2,8 millones de euros.