La nueva Ley de Economía Circular de Andalucía, aprobada con el apoyo de los grupos parlamentarios de PP y PSOE, acaba de ser publicada en el BOJA y entrará en vigor el 1 de mayo. Esta ley ha sido acogida con expectación tanto por sectores económicos como colectivos ecologistas al suponer un paso definitivo en el respeto al medioambiente y lograr una economía verde.
En palabras del ente autonómico la Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA), «una de las piezas más importantes para el desarrollo y progreso de la comunidad autónoma ya que incentiva y acelera la transición hacia una economía más competitiva, sostenible e innovadora, capaz tanto de renovar los sectores productivos tradicionales como de abrirse decididamente a las nuevas actividades demandantes de empleos vinculados a la economía circular». El texto detalla que los proyectos de actividades de valorización de residuos son considerados como inversiones empresariales de interés estratégico, lo que implica impulsar su puesta en marcha con el objetivo de obtener una red de beneficios para el empleo, el desarrollo económico y la protección del medioambiente.
Cobran especial importancia iniciativas empresariales que se están llevando a cabo en nuestra provincia amparadas por la Ley de Economía Circular y que basan su actividad en la valorización y regeneración de zonas afectadas por la minería histórica que actualmente representan un pasivo medioambiental.
Dentro de este mismo ámbito se enmarcan las conclusiones del estudio sobre la recuperación ambiental de terrenos de la minería histórica. Este estudio, elaborado por la empresa Fundación Centro Tecnológico del Agua (Cetaqua), marca las bases para poner en marcha un plan de restauración de las zonas con pasivos mineros históricos de Huelva. Los resultados de este informe fueron presentados en la Mesa de la Minería, en la que se encuentran representadas entidades como la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer), la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), la empresa pública de Gestión Integral del Agua de Huelva (Giasha) y la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQB).
Todas las partes interesadas han coincidido en que las conclusiones del estudio son acertadas y necesarias. La principal conclusión no ha admitido debate: es vital para Huelva la restauración de las zonas mineras degradadas. De hecho, se hace imprescindible para la mejora de la calidad ambiental del territorio, poner en marcha acciones encaminadas a regenerar el medio natural.
De esta manera, Andalucía y Huelva se ponen a la vanguardia con esta nueva ley. Una norma que favorece el crecimiento y permite avanzar hacia un modelo social y económico más sostenible con nuevas vías de empleabilidad a través de actividades novedosas y que mejoran el medio natural.
