Esperan que los juzgados consideren responsables a las entidades públicas
La Plataforma de Afectados por el Incendio de Las Peñuelas, en Doñana, de 2017, que afectó a un total de 10.340 hectáreas, en su mayor parte de titularidad pública y situadas en montes de los municipios de Almonte, Lucena del Puerto y Moguer, así como más de cien viviendas en el núcleo urbano de Mazagón, se han concentrado este viernes en el Juzgado de Moguer, cinco años después del incendio, para solicitar más «agilidad» en la instrucción judicial y ayudas de las administraciones.
Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la plataforma, Ángel Ruiz, quien ha apuntado que esperan que el Juzgado «declare responsable a las entidades públicas», en esta caso a la Junta de Andalucía «que es la única solvente que hay», y «no solo a la carbonera», al considerar que frente a este incendio «no solo hay un culpable» que es «quien generó el incendio» sino «quien no tenía las cosas en condiciones para que el fuego no se propagase».
En este sentido, ha lamentado que llevan «cinco años de espera» en los que «se ha ido demorando» la situación judicial ya que la instrucción de la causa «ha pasado por cinco jueces diferentes».
Se ha referido también a las ayudas concedidas en otras catástrofes por parte del Gobierno de España «en estos tres últimos años y medio», pero que la parte afectada por el incendio de Las Peñuelas «no se declaró zona catastrófica, a pesar de afectar a varios términos municipales y de llegar casi a las puertas de Doñana».
Asimismo, ha señalado que, si la Junta de Andalucía no es considerada responsable por la Justicia, irán por la vía civil contra la administración andaluza, apuntando que esto «puede durar hasta diez años», toda vez que ha reseñado que lo que llevan pidiendo «desde el primer día» es «atención» que «presupuesten ayudas para los damnificados, igual que en cualquier catástrofe, como se está viendo que lleva haciendo el Gobierno central durante tres años y medio», mientras que a los afectados por este incendio «no nos ayuda nadie».
En este punto, ha explicado que su casa se encuentra «en ruinas» y que el precio «ya no es de vivienda, sino de solar», por lo que ha lamentado que han pasado a vivir «en una vivienda de clase media» a vivir «en un local de 45 metros cuadrados» porque «son todas primeras viviendas».
EL INCENDIO
El fuego comenzó a las 21,15 horas del 24 de junio de 2017, uniéndose muchos factores para su propagación con virulencia como la hora, los 42 grados de temperatura que hacía y vientos de más de 90 kilómetros por hora.
Además, obligó al desalojo de más de 2.000 personas, muchas de ellas alojadas en el Hotel Solvasa, en el Parador de Mazagón, en el camping Doñana, y otros vecinos las casas de la zona conocida como Bonares, inmigrantes de asentamientos de las zonas de Las Madres y Las Posadillas, personal del INTA y el Centro de Cría en Cautividad de El Acebuche, donde falleció un lince. La infraestructura más dañada fue el citado camping, que quedó asolado y que reabrió sus puertas un año después de este siniestro.
