El Gobierno da un primer paso para la regeneración de las playas de La Antilla e Islantilla

Formula la declaración de impacto ambiental del proyecto con un presupuesto de 4,3 millones de euros

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha formulado la resolución para la declaración de impacto ambiental del proyecto “Regeneración de  la playa de la Antilla-Islantilla“, en la provincia de Huelva.

La solución adoptada por el promotor propone actuaciones en dos playas contiguas, la playa de La Antilla y la playa de Islantilla, localizadas en los municipios de Lepe e Isla Cristina. La playa de Islantilla (1.200 m) se encuentra situada frente a la urbanización del mismo nombre, aunque forma una playa continua con la playa anterior (playa de la Redondela) y la siguiente (playa de La Antilla). Por su parte, la playa de La Antilla (3.500 m) se sitúa frente al casco urbano de La Antilla.

El proyecto se  plantea  las siguientes acciones:

  1. Regenerar el frente costero hasta alcanzar un ancho mínimo de 70 m en las playas de La Antilla e Islantilla mediante la aportación artificial de arena. Para su obtención se utilizará un yacimiento marino ubicado frente a Punta Umbría, a unos 2,9 km de la línea de costa, con un tamaño medio D50 = 0,50 mm. El volumen de aportación estimado es de 491.454 m.
  2. Construir por medios terrestres (vertiendo bloques de escollera) un espigón, de aproximadamente 160 m, en el extremo de levante y de orientación perpendicular a la línea de costa, cuya profundidad máxima será de –0,75 m, encontrándose ésta dentro de la profundidad activa, lo que significa que el espigón no actúa como una barrera total del transporte longitudinal si no como una barrera parcial minimizando así su impacto aguas abajo de la línea de costa. Su función principal es frenar la pérdida de material ocasionada por el arrastre longitudinal de sedimentos. Se estima que el espigón retendrá alrededor del 47 % del volumen de material transportado el cual se ha calculado del orden de 100.000 m3/año.
  3. Las actuaciones propuestas suponen una solución a medio plazo y para alcanzar la estabilidad de la costa a largo plazo se debería liberar el territorio ocupado por la primera línea de edificaciones para la recuperación del cordón dunar.

La Subdelegadda ha indicado que  “el  objetivo principal de este proyecto es la estabilización de la playa de La Antilla-Islantilla para lo cual se hace necesario modificar la dinámica litoral que tiene la zona actualmente. El tramo de playa en estudio presenta problemas de equilibrio debido principalmente al transporte longitudinal de sedimentos, siendo este proyecto, después de numerosos estudios, la solución más indicada“.

El proyecto se realizará en el menor plazo posible procediendo a la contratación de las obras con cargo al Plan de Recuperación , Transformación y Resilencia.

También ha expresado que próximamente se formule también la declaración de impacto ambiental relativa al proyecto de “Aportación de arena y mejora de los dispositivos de retención de la misma, en la playa de Matalascañas, de Almonte”, con el que se hará realidad la estabilización de un amplio sector de la misma.

El Gobierno adjudica las obras de construcción de una glorieta en la N-435 en Valverde del Camino

En el entorno de la Urbanización de Los Pinos por casi 600.000 euros

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicado por importe de 593.370 euros la construcción de una glorieta en el km 198,050 de la carretera N-435, en el término municipal de Valverde del Camino

Según ha indicado el ministerio en una nota de prensa, el alcance del proyecto abarca la construcción de una glorieta en el km 198,050 de la N-435, en el entorno de la urbanización de Los Pinos, eliminando la actual intersección en ‘Y’ que conecta con la carretera HU-4100, de titularidad de la Diputación de Huelva, mejorando así, «la seguridad vial en esta intersección y su funcionalidad al permitir a su vez los cambios de sentido con mayor seguridad y comodidad».

En este sentido, esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Mitma ha invertido 42 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia, y que genera «un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente», ha señalado el ministerio.

La ministra de Transportes deja «claro» su compromiso con las infraestructuras de Huelva

El Gobierno destaca que tiene prevista una inversión de 190 millones de euros, un 68% superior a la del último presupuesto del Ejecutivo del PP

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, ha dejado «claro» el compromiso del Gobierno central con las infraestructuras de transporte de la provincia de Huelva, demandadas por la ciudadanía onubense a través de una concentración que tuvo lugar el pasado 4 de marzo en el Paseo de la Ría de la capital onubense.

Ante una pregunta oral formulada por el senador y secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, que instaba a la ministra a explicar «de qué forma está impulsando el Gobierno las infraestructuras de transporte en la provincia de Huelva», Sánchez Jiménez ha hecho un balance presupuestario en el ámbito del ferrocarril, las carreteras y el Puerto de Huelva, tras lo que ha concluido que «queda claro el compromiso del Gobierno para la mejora de las infraestructuras del transporte en la provincia de Huelva».

«Desde el Gobierno somos conscientes de las reclamaciones de los ciudadanos de la provincia de Huelva», por lo que «estamos impulsando aquellas actuaciones encaminadas a la mejora de la sostenibilidad ambiental y que, a su vez, son más cercanas», ha comentado la ministra en su respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso TINTO NOTICIAS, tras lo que ha remarcado que «esto se materializa este año con unos presupuestos aprobados para la provincia de Huelva que incluyen, en el ámbito del departamento, cerca de 190 millones de euros para inversiones, es decir, un 68 por ciento más que el último presupuesto aprobado por el Gobierno del Partido Popular en 2018», ha agregado.

La titular del Ministerio añade que «la mayor inversión es la destinada al ferrocarril, con casi 110 millones», con los que «continuaremos con el estudio informativo de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva que relanzamos en 2018 sacándolo a información pública, para el que actualmente estamos a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental», ha concretado.

Asimismo, en la red convencional, «estamos mejorando las líneas Zafra-Huelva y Sevilla-Huelva a través de distintas intervenciones, tales como la renovación de la vía, mejoras puntuales para eliminar limitaciones temporales de velocidad, la sustitución de traviesas o actuaciones en terraplenes y obras de drenaje», ha proseguido la ministra, tras lo que ha señalado que, «para el transporte de mercancías, vamos a ampliar la longitud de apartaderos de trenes hasta 750 metros, comenzando por el de Salteras, en Sevilla, y continuaremos con el de Escacena, en Huelva».

A continuación se ha referido a las actuaciones en el Puerto de Huelva, donde «está prevista una inversión superior a los 62 millones de euros», ha detallado, tras lo que ha enumerado algunas de las acciones contempladas «para la integración del puerto en la ciudad, como el lanzamiento de la urbanización del Muelle de Levante, que incluirá una marina deportiva con 400 atraques, zona social y comercial en colaboración con la iniciativa privada».

A ello hay que sumar, ha agregado, «las actuaciones en el puerto exterior, en el que, tras haber finalizado el pasado mes de febrero la mejora del saneamiento de los muelles de graneles sólidos, está previsto un nuevo acceso único y el edificio multifuncional, que será la nueva terminal de pasajeros», así como la «ampliación norte y el desdoble de la carretera de acceso en el Muelle Sur, la nueva rampa para poder embarcar vehículos rodados que permita la posibilidad de operar un mayor número de buques simultáneamente y, para el transporte ferroviario de mercancías, la ampliación de las vías de la terminal intermodal de Majarabique».

Por último, la ministra se ha referido a las actuaciones en las carreteras, a las que «destinamos más de 16 millones de euros en el presupuesto», ha subrayado, tras lo que ha indicado las actuaciones previstas, como, «tras haber puesto en servicio las variantes de Beas y Trigueros, continuar avanzando en los estudios para mejorar la conexión entre Huelva y Zafra».

Asimismo, «les anuncio que vamos a licitar antes de verano el contrato de obra para ejecutar las vías de servicio que permiten el acceso al centro Hospitalario de Alta Resolución de Lepe», ha proseguido, tras lo que ha comunicado que «también vamos a estudiar posibles humanizaciones de travesías en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia».

Adelante Andalucía lleva al Senado los residuos tóxicos de Nerva y pide explicaciones al Gobierno

Pilar González va a reclamar al Ministerio de Transición Ecológica información sobre las autorizaciones administrativas y el montante de esta operación

La senadora de Adelante Andalucía, Pilar González, va a interpelar a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por el vertido de 12.000 toneladas de residuos tóxicos procedentes de Montenegro que ha tenido lugar hace una semana en el vertedero de Nerva, en la provincia de Huelva.

En ese sentido, García ha recordado que, a estos residuos, se le suman las 70.000 toneladas que llegarán en los próximos meses, tras la autorización de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con el consentimiento de la Junta. Se trata de unos residuos que son parte de las 110.000 toneladas de ecotóxicos provenientes del desmantelamiento del astillero de Bijela y que tienen como destino el vertedero onubense. Así, y según las informaciones aportadas por grupos ecologistas, “estos residuos  son el equivalente a 1000 aviones Boeing 787 y necesitarán cerca de 500 para ser transportados desde Sevilla al vertedero, que está situación a 800 metros de las primeras casas de los vecinos de la localidad”, ha explicado la senadora de Adelante Andalucía.

Asimismo, García ha recordado que el Convenio de Basilea, que regula estas actividades, señala que “el país importador es responsable de garantizar que los residuos sean gestionados de manera que la salud humana y el medio ambiente queden protegidos con los efectos novicos que puedan derivarse de tales residuos”.

Por todo ello, Adelante Andalucía reclama al Gobierno información sobre las autorizaciones administrativas que se han dado para el traslado de estos residuos al vertedero de Nerva, así como el montante económico resultante de esta operación. García también exige al Ministerio de Transición Ecológica los informes o la documentación que asegure que el vertido de los residuos montenegrinos no va a afectar de ninguna forma a la salud de los vecinos de Nerva y su comarca. Finalmente, plantea al Gobierno si tiene prevista alguna actuación de transición ecológica justa para desmantelar el vertedero de Nerva estableciendo un plan para su comarca,

Desde la Cámara Alta, García ha insistido en que “vamos a defender con uñas y dientes los intereses de Andalucía porque el desprecio y el olvido a nuestra tierra es continuo”, ha concluido.

El Gobierno acusa a la Junta de dar la autorización para traer a Nerva los residuos tóxicos de Montenegro

La Junta devuelve la pelota al Ministerio asegurando que «es su competencia»

La Delegación del Gobierno de España en Andalucía ha indicado que la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, es la que «ha dado su autorización a la llegada de los residuos» de Montenegro a Nerva, al «informar favorablemente» para ello, algo que, han destacado, «es un trámite necesario, tal y como lo contempla la ley».

Así se ha pronunciado en un comunicado con respecto a las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras la inauguración de las obras de modernización y mejora de la sostenibilidad ambiental de los muelles de graneles sólidos del puerto onubense, donde ha señalado que la competencia sobre esta materia es «exclusiva» del Gobierno central «que es quien ha lo ha autorizado».

Desde la Delegación han indicado que «al ser un material transfronterizo» el Gobierno es «el que actúa, previa autorización e informe favorable de la Junta de Andalucía, que es la administración que informa favorablemente a la llegada de los mismos a instalaciones situadas en Andalucía».

Asimismo, han apuntado que «la competencia para la inspección y vigilancia de las instalaciones de tratamiento de residuos recae en las comunidades autónomas», por lo que «deberá ser la Junta la autoridad competente para vigilar que esas plantas operan y tratan los residuos adecuadamente conforme a su autorización».

En este punto, ha señalado que el artículo 12.4 de la Ley 22/2011 detalla «de forma clara» las competencias de la comunidades autónomas «a las que corresponde la elaboración de los programas autonómicos de prevención de residuos y de los planes autonómicos de gestión de residuos, a autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos y el registro de la información en materia de producción y gestión de residuos en su ámbito competencial».

Además, han señalado que también corresponde a las mismas «el otorgamiento de la autorización del traslado de residuos desde o hacia países de la Unión Europea, regulados en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, así como las de los traslados en el interior del territorio del Estado y la inspección y, en su caso, sanción derivada de los citados regímenes de traslados».

«La misma ley artículo 27.1 detalla que estas instalaciones quedan sometidas al régimen de autorización por el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde están ubicadas, las instalaciones donde vayan a desarrollarse operaciones de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento en el ámbito de la recogida en espera de tratamiento, así como la ampliación, modificación sustancial o traslado de dicha instalación», han concluido desde la delegación.

Respuesta de la Junta de Andalucía

Por su parte, la Junta de Andalucía no ha tardado en devolver la pelota de la mano de la directora general de Calidad Ambiental que ha pedido al delegado del Gobierno de España en Andalucía que “deje de manipular a la
opinión pública y se estudie la Ley”.

La directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, María López Sanchís, ha asegurado que “la competencia en el traslado de residuos procedentes de países no comunitarios es del Ministerio para la Transición Ecológica” y ha pedido al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, “que deje de manipular a la opinión pública, se estudie la Ley y reconozca las competencias del Ministerio”. “Ninguna comunidad autónoma tiene competencias para autorizar el traslado de residuos procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea”, ha incidido.


En este sentido, la directora general de Calidad Ambiental ha señalado que la Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados -Ley 22/2011- recoge en su artículo 12.3 las competencias del Ministerio, entre ellas “autorizar los traslados de residuos desde o hacia terceros países no pertenecientes a la Unión Europea, así como ejercer las funciones de inspección y sanción derivadas del citado régimen de traslados, sin perjuicio de la colaboración que pueda prestarse por la Comunidad Autónoma donde esté situado el centro de la actividad correspondiente”.


De hecho, según ha detallado López Sanchís, la propia “resolución de autorización de notificación de movimientos transfronterizos/traslados de residuos” que emite el Ministerio se basa en este punto de la normativa para autorizar el traslado de residuos de Valgo Montenegro hasta el vertedero de Nerva.

“La Junta es competente para autorizar el traslado de residuos desde y hacia países de la Unión Europea, como indica el punto 4 del artículo 12 de la ley estatal de residuos, pero para el traslado de residuos de terceros países es el Ministerio”, ha incidido la directora general.

Asimismo, ha apuntado que el artículo 26 de la citada Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados contempla, además, que el Ministerio “podrá prohibir, de forma motivada, toda importación de residuos procedentes de terceros países cuando exista alguna razón para prever que los residuos no van a ser gestionados sin poner en peligro la salud humana o sin perjudicar el medio ambiente, durante el transporte o su posterior tratamiento”.

El Gobierno autoriza los pliegos para licitar la nueva depuradora de Trigueros

El presupuesto de licitación es de 6,3 millones de euros y el plazo de ejecución de 18 meses

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado en su reunión de este martes los pliegos para la licitación del contrato de ejecución de las obras de la depuradora de Trigueros.

Según ha informado en una nota de prensa, el presupuesto de licitación del contrato es de más de 6,3 millones de euros (IVA incluido) con un plazo de ejecución de 18 meses, sumando el periodo de construcción –doce meses– y de pruebas –seis meses–.

El proyecto se enmarca en el convenio suscrito el 2 de noviembre con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Servicios de Huelva para la ampliación y mejora de las depuradoras de Mazagón, Moguer, La Palma de Condado y Beas-San Juan del Puerto-Trigueros, en la provincia de Huelva. Asimismo, en algunas de las actuaciones, está previsto que se complete la red saneamiento y se modernicen estaciones de bombeo.

El objetivo que se persigue con estas actuaciones es resolver los problemas de insuficiencia de depuración de los sistemas actuales de saneamiento y depuración, de manera que los municipios puedan cumplir con los límites normativos fijados por la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, en especial con los parámetros de calidad de vertido a zonas sensibles como el entorno de Doñana, que exigen la eliminación de nitrógeno y fósforo.

La adecuación de la depuradora de Trigueros, que trata las aguas de este municipio y de San Juan del Puerto y Beas, permitirá dar servicio a una población de 20.533 habitantes equivalentes. Así, está previsto la construcción de una nueva Estación de Bombeo de aguas residuales (EBAR), que impulsará los vertidos hasta la EDAR para su correcto tratamiento.

Una vez finalizadas las obras, los ayuntamientos se encargarán de la gestión de su explotación, es decir de las tareas materiales de operación, conservación y mantenimiento.

Las actuaciones serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).

La Plataforma cree que el Túnel de San Silvestre no es una prioridad para el Gobierno

El colectivo hace balance de un año en el que la “decepción” ha sido la constante

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha cerrado el año 2021 con la sensación de que “el desdoble no es una prioridad para el Gobierno de España”, después de que no se haya avanzado en los últimos meses en el proyecto.

Tal y como ha explicado la Plataforma, la última noticia que tiene el colectivo sobre los avances en la obra se remonta al mes de octubre, cuando el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, les trasladó en una reunión que “se encontraba en la fase de tramitación ambiental y no hemos sabido nada más”. En ese encuentro, Morán también trasladó el retraso del inicio de las obras al último trimestre de 2022, un año después del plazo inicial, “siempre que no haya inconvenientes”.

La Plataforma ha recordado que ha mantenido tres reuniones durante el año 2021 con Hugo Morán, dos de ellas por videoconferencia (en marzo y en agosto) y la última presencial (el 27 de octubre) “y los plazos para el inicio de las obras han cambiado en todas ellas”. Desde el colectivo han asegurado que entienden “la complejidad del proyecto” pero a la vez han hecho hincapié en que “la velocidad de trabajo del ministerio no es la que necesitamos en la provincia, a la que le urge que se ejecute la obra cuanto antes”.

“Ejemplo de ello es que facilitamos en noviembre los datos de las personas que formarían parte de la mesa de seguimiento del proyecto y el ministerio aún no nos ha contestado a esto”, ha indicado.

En resumen, la plataforma asegura que “existe un descontento general de la ciudadanía” sobre esta situación, a lo que ha añadido que la falta de noticias nos lleva a “desconfiar que el proyecto esté incluso en fase de tramitación medioambiental”.

Encuentros de 2021

La incidencia del COVID-19 ha obligado a la plataforma a suspender las reuniones durante el último año y a optar por el formato de videoconferencia. Así fue cómo se celebró la última asamblea general el pasado mes de febrero, una reunión en la que se conectaron sus más de 30 integrantes. Tras este encuentro, la plataforma inició una ronda de encuentros, divididos por usuarios del agua que pasa por el túnel.

Así, el primero de ellos tuvo lugar en abril con las comunidades de regantes de Huelva que forman parte de la plataforma; seguido por la asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE) en mayo; Giahsa, en junio; Aguas de Huelva, en septiembre; y CCOO en este mes de diciembre. 

Finalmente, la plataforma ha reclamado al Gobierno que “lo que valen son los hechos, no las palabras” y ha anunciado que celebrará una asamblea general en la que reunirá a todos sus integrantes a comienzos de 2022.

San Juan recibe casi un millón de euros para cambiar la luminaria pública

La resolución del Gobierno de España supondrá un ahorro importante del 74% para las arcas municipales

El pasado 25 de octubre, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, emitía una resolución al Ayuntamiento sanjuanero por importe de 943.275,97€ con la que se favorecerá en el municipio el paso de una economía baja en carbono.

Este martes la alcaldesa ha mostrado su satisfacción con esta subvención “estamos de enhorabuena con esta resolución millonaria del Gobierno de España a través del Ministerio de Transición Ecológica porque en esta subvención llevábamos varios años trabajando en ella desde la concejalía de Transición Ecológica ya que era necesario para el municipio” -indica Rocío Cárdenas.

La primera edil ha explicado “nosotros pedimos esta subvención puesto que veíamos la necesidad de transformar toda la luminaria pública y obsoleta que actualmente disponemos en el municipio y que requería que se adaptara a la filosofía que estamos impulsando desde el Ayuntamiento relacionada con las energías renovables y la apuesta del consistorio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hoy le decimos a los sanjuaneros y sanjuaneras que hemos obtenido de este Ministerio una subvención de 1.790.000 euros para todos los recursos que necesita este pueblo en transformar al cien por cien todo el alumbrado público exterior”.

Con esta subvención San Juan del Puerto se pondrá a la vanguardia de estas políticas que apuestan por una economía baja en carbono y por las energías verdes suponiendo un ahorro del 74% en el consumo y en el gasto público que supone para este ayuntamiento el gasto de la luz “esos recursos que vamos a dejar de gastar una vez que implementemos el cambio de toda la luminaria, supondrá un ahorro del 74% y que serán recursos públicos que destinemos a otras necesidades”.

El concejal de Innovación Tomás Domínguez señala que el IDAE pondrá 920.000 € aproximadamente el 80% “renovaremos los más de 2.000 puntos de luz distribuidos por todo el pueblo cambiando a tecnología led, de ahí que haya una reducción importante del consumo de energía de hasta un 74% suponiendo igualmente una reducción en la factura de la luz”. Como ha añadido, la inversión municipal será de algo menos de 240.000 €, el ahorro será de unos 80.000 euros al año y en menos de cuatro ejercicios la inversión estará amortizada en beneficio del pueblo.

El Gobierno entrega a los siete alcaldes de la Cuenca Minera los fondos del PFEA

Los representantes municipales recogen de manos de la subdelegada la resolución, las instrucciones y los modelos necesarios para la tramitación de las partidas del Gobierno correspondientes al Plan de Garantía de Rentas

 La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha entregado esta mañana a 80 regidores de la provincia y a un representante de la Diputación, la comunicación oficial que contempla la asignación de los fondos estatales del Plan de Garantía de Rentas destinados a cada municipio, cuantías correspondientes al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) de 2021. Entre los asignatarios están los siete representantes munícipes de la Cuenca Minera.

Además de la resolución, la subdelegada ha entregado las instrucciones y modelos que necesitan cumplimentar los ayuntamientos para la tramitación de estas partidas concedidas por el Gobierno  a la provincia onubense, fondos que permitirán la contratación de casi 10.000 trabajadores agrícolas en paro y la generación de más de 185.000 jornales

La subdelegada ha subrayado ante los alcaldes la importancia y repercusión  de este plan de empleo del Gobierno “para compensar los desequilibrios que se producen por la estacionalidad del empleo agrario generando  puestos de trabajo, peonadas e inversión a los trabajadores/as que dependen del empleo agrario y que repercute en los municipios en una provincia donde este sector económico es vital  para su desarrollo y donde los municipios necesitan de las obras del PFEA “para realizar mejoras y arreglos de servicios municipales e infraestructuras urbanas y que contribuye, además, a un objetivo fundamental, para el Plan de recuperacuón diseñado“..

Por su parte, los representantes municipales han  señalado que “el PFEA es un ejemplo de los beneficios obtenidos desde la coordinación institucional. Beneficios en forma de renta y cotizaciones para eventuales del régimen agrario; actividad económica para el sector de la construcción y renovación de servicios públicos para los municipios.   Además agradecen la implicación  del Gobierno de España”.

La  subdelegada ha matizado “el esfuerzo realizado por el Gobierno que a través de las administraciones públicas permiten el desarrollo del programa y su repercusión a los municipios”.

La Comisión Provincial con representación de todas las administraciones, empresas y agentes sociales ratificaron en consenso el  reparto de 14,649 millones de euros para Huelva, lo que supone un incremento de 1 millón de euros  , con respecto al año anterior, aumentando así las partidas destinadas a nuestra provincia.

De los 14,649 millones del PFEA 2021  que recibe Huelva, un total de más de  13,082.074  millones de euros se destinan al Plan de Garantía de Rentas, mientras que los más de  1.567.652  millones restantes son para el Plan Generador de Empleo Estable.

La cantidad asignada al Plan de Garantía de Rentas engloba las ayudas que el SEPE otorga directamente a los municipios en base al criterio de reparto de demanda/oferta. Su finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos. Con estos más de 14 millones de euros se cubren los costes salariales y las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social.

En total son 80 municipios beneficiarios. De esta cantidad, el 30,75% se destina a 29 pueblos de la Sierra; el 26,46% a 14 municipios del Condado Campiña; el 26,46% a 14 localidades del Andévalo Occidental; el 20,47% a 10 pueblos del Andévalo Oriental; el 8,91% a 10 pueblos de la Costa II, el 2,85% a dos municipios del Condado Litoral y el 1,5% a Gibraleón (Costa I).

Además, de los fondos del Plan de Garantía de Rentas se reservan 200.000 euros para obras de reparación y mejoras en cuarteles de la Guardia Civil, mientras que 650.000 euros se asignan a la Diputación para proyectos de la propia institución provincial, como el arreglo de carreteras de la provincia que son de su titularidad.

Respecto al Plan Generador de Empleo Estable, el Servicio Público de Empleo Estatal abre ahora una convocatoria para que los municipios presenten sus proyectos.

 

 Eficacia y celeridad del SEPE

La subdelegada del Gobierno ha manifestado que desde el SEPE se esfuerzan para dar celeridad a los tramites para que los municipios puedan disponer de sus partidas en el menor tiempo posible y con el objetivo de que los proyectos financiados con los fondos del PFEA se puedan poner en marcha en la época estival, y además activando mecanismos para en caso justificado prorrogar el tiempo de presentación.                                       .

Parralo ha resaltado el consenso y coordinación interadministrativa que muestran para liberar sus fondos destinados al pago de materiales  para que los ayuntamientos puedan disponer de estas partidas destinadas por el  PFEA con la mayor brevedad posible, y con una finalidad  “ abordar la situación sociolaboral  del colectivo de trabajadores eventuales agrarios desde un enfoque integral y una perspectiva global, para  su inserción en el mercado laboral, contribuyendo al desarrollo económico de los municipios de Huelva y así neutralizar los efectos económicos producidos por la pandemia e incentivar actividades económicas afectadas por la crisis.