CSIF participará el lunes en una protesta por el aumento de agresiones a funcionarios de prisiones

Frente a la Subdelegación del Gobierno junto a otros sindicatos

La sección sindical de Prisiones en Huelva acudirá a la concentración del día 5 de diciembre, a las 11 horas, en las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Huelva, con otros sindicatos, como protesta por el aumento de las agresiones a los funcionarios en el Centro Penitencio.

CSIF achaca esta situación de conflictividad que sufren los funcionarios de prisiones, entre otros factores ya denunciados por la central sindical, a la política de “buenismo” de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a no tener la consideración de agentes de la autoridad situación que pone en tela de juicio la actividad laboral de los trabajadores y al déficit de efectivos que genera inseguridad y desmotivación en el colectivo.

Para CSIF, la falta de efectivos en el Centro Penitenciario de Huelva, donde la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es escasa en comparación con otros centros de las mismas características —y que se ve mermada en algunas áreas como la sanitaria donde de siete puestos de médicos, solamente están cubiertas dos plazas—, provoca conflictividad dada la especial actividad de los funcionarios entre la población reclusa.

En algunos casos, la Dirección del centro pretende que el personal de vigilancia realice una labor de cribado en la asistencia sanitaria, demandada por los internos, lo que acarrea una crispación que lleva a continuos enfrentamientos con la población reclusa. En este sentido, CSIF señala que en las próximas semanas, la situación puede verse agravada por la finalización del contrato de un médico.

La Administración pretende paliar esta situación implantando la telemedicina, una medida a todas luces ineficaz, según CSIF, para solventar la problemática sanitaria del centro. A esto se suma, que los períodos vacacionales, las licencias y los permisos de los trabajadores no se cubren con personal contratado, como suele ocurrir en otras administraciones, sino que es la propia plantilla quien los asume. Para CSIF, este déficit del número de efectivos en algunos momentos no garantiza la seguridad de trabajadores e internos.

 “Nos encontramos con situaciones donde un mismo funcionario tiene que atender a dos módulos, con el riesgo que ello entraña”, señala la sección sindical.

CSIF, manifiesta que para afrontar estas situaciones excepcionales, la Administración estableció -mediante una instrucción- la posibilidad de pagar jornadas extraordinarias, un mecanismo que la Dirección activa de forma deficiente y escasa, prefiriendo repartir esa partida entre directivos, predirectivos y un reducido grupo de funcionarios, con lo que crea más discrepancias laborales.

Asimismo, CSIF denuncia que la prevención de riesgos laborales es una materia que está sin desarrollar plenamente en el medio penitenciario, prueba de ello es que CSIF ha retirado su firma del protocolo frente a agresiones en los centros penitenciarios y centros de reinserción social (PEAFA), muchos de los puntos recogidos en esta norma estaban pendientes de desarrollo y no se llevaron a cabo.

Todos los condicionantes expuestos están llevando al Centro Penitenciario de la Ribera, un referente penitenciario a nivel nacional por su buen funcionamiento, a un punto de no retorno, denuncia CSIF.

La carencia de empatía por parte de la Dirección, cuestionando aspectos tan importantes como la procedencia de ciertos permisos reglamentarios, provocan desmotivación y desafecto hacia la institución.

Desde CSIF queremos reiterar que el Centro Penitenciario de Huelva dispone de un gran equipo humano, que se debe poner en valor y al que no se puede privar de sus derechos.

Condenan a 21 años de prisión a la enfermera que intoxicó a compañeros en la cárcel de Huelva

La sentencia de la Audiencia Provincial la considera «autora criminalmente responsable» de cuatro delitos de lesiones

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un total de 21 años de cárcel a la funcionaria del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias que trabajaba en la prisión de Huelva y que fue acusada de intoxicar con metadona a siete sanitarios en el año 2018. Asimismo, ha sido condenada al pago de una indemnización a cada una de las víctimas y la prohibición de acercarse a ellas.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera a esta persona «autora criminalmente responsable» de cuatro delitos de lesiones por los que se le condena a dos años y tres meses de prisión, por cada uno de ellos, además de otros seis delitos por lesiones al resto de las víctimas, por los que pagará dos años de prisión por cada uno.

Así, tras el juicio celebrado el pasado mes de septiembre, el juzgado onubense ha señalado en la sentencia que el máximo cumplimiento de las penas no puede exceder de seis años y nueve meses «declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo».

Asimismo, la Audiencia Provincial ha fallado la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de profesión de enfermera durante el tiempo de duración de la condena, toda vez que no podrá acercarse a las víctimas a menos de 300 metros por tiempo de once años y nueve meses a sus domicilios, lugares de trabajo ni ningún otro lugar que frecuenten, al tiempo que tampoco podrá comunicarse con ellos.

Por otro lado, el juzgado onubense ha condenado a la acusada a indemnizar a J.D.C.M. con 11.190 euros, a M.E.G. con 8.470 euros, a V.M.G., con 8.420 euros, a E.M.M. con 7.720 euros, a M.L.R.F. con 8.560 euros, a M.J.R.G. con 8.560 euros y a J.A.V.C. con 8.920 euros; en todos los casos.

El escrito de Fiscalía señala que los hechos por los que fue juzgada sucedieron entre julio y noviembre de 2018, cuando la acusada «con claro ánimo lesivo, aprovechando el acceso como enfermera a un armario con llave en la farmacia dentro de la enfermería» del centro penitenciario, al que tenía acceso, «procedió a hacerse con unas cantidades indeterminadas» de metadona «para introducirla en los alimentos que para consumo propio guardaban sus compañeros en la sala de descanso localizada en dichas dependencias».

Asimismo, apunta que esta era mezclada junto con Nordiazepam y, ocasionalmente, Pregabalina, así como indica que la ingesta de metadona por quien no está habituado mezclada con fármacos potenciadores «es susceptible de suponer un grave riesgo para la salud».

En este sentido, la Fiscalía manifiesta que, con motivo de ello, los compañeros de esta enfermera sufrieron intoxicación aguda con metadona, pregabalina y diacepam y trastorno adaptativo, por lo que tuvieron que ser médicamente tratados por diversos perjuicios para cada uno de ellos.

La cárcel de Huelva registra tres graves agresiones a funcionarios en menos de una semana

Acaip denuncia el «caos» del centro penitenciario onubense

El Centro Penitenciario de Huelva ha registrado en menos de una semana hasta tres «graves» incidentes regimentales que se han saldado con otros tantos funcionarios heridos, que han requerido acudir urgentemente al hospital para ser atendidos por los servicios sanitarios.

Tal y como han comunicado desde el sindicato Acaip Huelva, el último incidente se ha producido este mismo jueves, cuando un funcionario, al intentar disolver una pelea entre dos internos en uno de los módulos más conflictivos del centro, ha sido gravemente herido en una mano con un pincho carcelario, por lo que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Los otros dos graves incidentes regimentales se han producido en el módulo de aislamiento. El primero de ellos, que tuvo lugar el pasado viernes, se saldó con un funcionario gravemente lesionado en un tobillo al intentar reducir a un interno que se abalanzó sobre varios funcionarios, mientras que el segundo, que se produjo este miércoles, se saldón con otro funcionario gravemente lesionado en una rodilla en unas circunstancias similares.

Para Acaip Huelva, «esta acumulación de graves incidentes en un espacio corto de tiempo deja a las claras el caos en que está sumido el centro penitenciario no sólo por el continuo y progresivo aumento de incidentes regimentales sino también por el mal ambiente laboral creciente y, de forma irreversible, en todas las áreas de personal del centro».

«Podríamos hablar de muchas causas que han originado esta situación, como es tener una política de personal que se caracteriza por una falta de empatía hacia los trabajadores y desconocimiento de la situación que vive el centro o la falta o tardanza en las consecuencias regimentales y tratamentales, dando la sensación de que estos incidentes salen gratis a los protagonistas de estos incidentes», han proseguido.

Y todo ello, añaden, «sin tener en cuenta que otros incidentes regimentales como agresiones a otros internos o desórdenes colectivos, que se han producido sobre todo en estos últimos seis meses, han supuesto poco más que un cambio de módulo residencial».

Según denuncia Acaip, esto es fruto de las «políticas de tratamiento ineficaces y caracterizadas por el título de los programas pero vacíos de contenido. También podemos culpar a la actitud de nuestros gestores de instituciones penitenciarias en Madrid, elaborando una normativa obsesiva contra los funcionarios y contratos suculentos para suministro de videovigilancia que suponen un ‘gran hermano’ y que denota que no creen ni en el colectivo ni en la propia institución que dirigen», agregan.

Además, «cuando una organización, en este caso un centro penitenciario, se encuentra en estas condiciones, y existiendo, como estamos describiendo, múltiples causas de esta situación, debemos llegar a la conclusión que el director del centro, el máximo gestor de un centro penitenciario, es el máximo responsable de esta situación», añaden.

Por todo ello, desde Acaip Huelva han convocado a todos los empleados públicos penitenciarios y al resto de organizaciones sindicales a una concentración-manifestación frente a la Subdelegación del Gobierno el próximo 5 de diciembre. La cita es a las 11.00 horas y forma parte de una campaña informativa entre los trabajadores, partidos políticos y otros agentes sociales emprendida por Acaip.

Condenan a 21 años de cárcel al acusado de decapitar a un hombre en Huelva

La Audiencia Provincial dicta sentencia tras el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a 21 años y cinco meses de cárcel al varón acusado de asesinar a un hombre del que era amigo desde la infancia en una vivienda de la capital onubense en el mes de octubre de 2020, tras lo que, una vez ya muerto, le cortó la cabeza y transitó por varias calles de Huelva con dicha cabeza metida en una bolsa de plástico.

Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota de prensa, tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, la Audiencia condena al acusado a 21 años de prisión por un delito de asesinato y a cinco meses de cárcel por un delito de profanación de cadáver.

Además, en concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar con un total de 205.000 euros a sus cinco hermanos y una sobrina por el daño moral causado. Asimismo, lo absuelve de los delitos contra la integridad física y moral y robo con violencia por los que también fue juzgado.

En el juicio, la Fiscalía solicitó para el acusado 24 años de cárcel por el delito de asesinato y cinco meses de prisión por el delito de profanación de cadáver, mientras que la acusación particular ejercida por la familia de la víctima reclamó 25 años por el primer delito; cinco meses de cárcel por el segundo; cinco años de prisión por un delito de robo y otros dos años de cárcel por un delito contra la integridad física y moral.

En su veredicto, el jurado consideró probado que, en horas no determinadas de la tarde del 29 de octubre de 2020, el condenado acudió al domicilio de la víctima, de modo que, entre las 22,00 horas de ese día y las 8,00 horas del día siguiente, y mientras el fallecido se encontraba en la cocina agachado delante del frigorífico, el encausado, que estaba detrás suya, «con ánimo de causarle la muerte, agarró con las dos manos un esqueleto metálico de calentador de aproximadamente 1,1 kilo de peso que había en el suelo de la cocina, lo elevó y le golpeó al menos dos veces en la cabeza».

El agredido sufrió «distintas lesiones y murió de manera prácticamente inmediata en dicha franja horaria», según el veredicto del jurado, que también vio probado que, tras fallecer la víctima, el condenado «trasladó su cuerpo a la habitación del fondo de la casa envuelto en una cortina y le seccionó completamente la cabeza usando para ello un cuchillo de 20 centímetros de hoja».

Tras realizar estos hechos, el acusado se marchó de la casa llevándose las llaves de la vivienda, a la que regresó entre las 5,00 y las 9,00 horas del día 30 de octubre.

Una vez allí, «consumió una cantidad no determinada de cerveza y drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, limpió la cocina y el baño, tratando de eliminar con ello las huellas o vestigios que pudieran implicarle en la muerte» de su amigo, y formó un hatillo con el esqueleto del calentador que usó para «acabar con su vida», el cuchillo «que empleó para decapitarlo» y varios objetos manchados de sangre, señala la sentencia.

Seguidamente, el condenado «metió la cabeza del fallecido en una bolsa de plástico y se dirigió a una determinada plaza de Huelva, donde dejó la bolsa con la cabeza de la víctima entre las ramas de un árbol y se sentó en el banco más próximo al árbol, marchándose a su casa minutos después y dejando en el árbol la bolsa».

Le mostró la cabeza a varias personas

Según el veredicto del jurado que recoge la sentencia, sobre las 9,00 horas del día 31 de octubre de 2020, el acusado salió a pasear a sus perros y comprobó en dicho paseo que la cabeza del fallecido «seguía en el árbol, volviendo de nuevo a su casa, donde consumió una cantidad no determinada de drogas y alcohol, regresando a la plaza sobre las 15,00 horas de ese mismo día».

Una vez allí, cogió la bolsa con la cabeza y se dirigió con ella a unos contenedores de la plaza, «depositándola en el suelo mientras trataba de quemar una serie de prendas y objetos que podrían incriminarlo en la muerte de su amigo».

En esos momentos, una mujer que transitaba por la zona se aproximó al condenado y le preguntó qué llevaba en la bolsa, a lo que el acusado contestó «ven y mírala tú» y «con esto voy a hacerme un cenicero», todo ello mientras le mostraba la cabeza. En un principio, esta mujer no creyó que la cabeza fuera humana, dado que la fecha coincidía con la celebración de Halloween, y pensó que era una broma.

Asimismo, la sentencia recoge que se considera probado que el acusado «mostró la cabeza a otras personas» y, al correrse la voz por la plaza de que un hombre portaba una cabeza humana en una bolsa, emprendió la huida por distintas calles de la capital onubense, siendo seguido en su huida por dos personas que lograron grabarle con un teléfono móvil e informar a la Policía de que se había refugiado en su domicilio. En su huida, el acusado arrojó la bolsa con la cabeza de la víctima junto a un contenedor de basura de Pío XII.

El jurado, asimismo, consideró probado que, al infligirle las heridas «que provocaron finalmente su muerte», el acusado «aprovechó el hecho de que el fallecido se encontraba de espaldas a él y agachado, utilizando para golpearlo en la cabeza un objeto de notable contundencia» que, impactando en tal zona, era susceptible de causar «grave daño» al agredido, consiguiendo con todo ello «cometer estos actos de manera que impedía efectivamente cualquier reacción defensiva eficaz por parte de la víctima».

Además, los miembros del jurado consideraron probada la circunstancia de la falta de previsión de la víctima de que pudiera ser atacado habida cuenta la relación de amistad existente entre ambos, según recoge la sentencia, fechada el pasado día 2 de noviembre y que es susceptible de recurso.

La «violencia» de los golpes

En su veredicto, el jurado desestimó por unanimidad la concurrencia de circunstancias que pudieran excluir o modificar favorablemente la responsabilidad criminal del condenado, rechazando así que, al tiempo de cometer los hechos, se encontrara afectado por una alteración psíquica que le impidiera comprender la ilicitud de su conducta o actuar de acuerdo con tal comprensión, o que estuviera afectado por el consumo de tóxicos.

En cuanto a la alevosía, la Audiencia resalta que «no existe el mínimo atisbo de duda o incertidumbre respecto de que la intención» del acusado «fue acabar con la vida» de su amigo, ya que el ataque se concentra en la cabeza de la víctima, estando localizada la práctica totalidad de las lesiones en planos superiores y posteriores del cráneo, y «la intensidad de los golpes fue tal que genera una contusión muy importante a nivel craneal».

La Audiencia pone de manifiesto que «no sólo es la violencia y ubicación de la zona de golpeo, sino también la reiteración de los golpes» lo que determina «la intención de buscar el resultado letal», por lo que subraya que los golpes fueron propinados «con un objeto peligroso y contundente y estando el fallecido de espaldas al encausado y agachado».

Por todo ello, le impone 21 años de cárcel por el delito de asesinato y 5 meses de prisión por el delito de profanación de cadáver, considerando que en este segundo delito la pena legalmente establecida debe ser impuesta en su máxima expresión «habida cuenta de la gravedad y naturaleza de la conducta que en este aspecto desplegara» el acusado a través de distintos actos «dotados cada uno de ellos de una notable potencialidad ofensiva para el respeto debido a los difuntos y que conllevan un gravamen moral considerable para la familia» de la víctima.

Alumnos del Pedro Gómez destapan los horrores de la antigua cárcel a través de un documental

Estudiantes del instituto onubense dan a conocer la represión sufrida por el colectivo lgtbiq+ con testimonios e intervenciones de varios investigadores

Destapar los horrores acontecidos en la antigua cárcel de Huelva durante la guerra civil y la dictadura franquista de forma rigurosa y veraz ha sido la ardua tarea que ha llevado a cabo un grupo de alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Pintor Pedro Gómez, quienes han producido para ello una película documental que arroja luz sobre uno de los más graves episodios de represión que haya sufrido nunca el colectivo lgtbiq+.

‘Ley del silencio’ es el título de este trabajo que ya está a punto de ver la luz y que desvela la verdad sobre lo que esconden los muros de la antigua prisión onubense, una verdad que “los jóvenes de hoy en día no conocen” porque “nadie nos la enseñó”, señalan los creadores del documental, quienes atribuyen este desconocimiento a que siempre ha imperado “la ley del silencio”.

La grabación y montaje de la película han supuesto un año de trabajo, concretamente desde noviembre de 2021, cuando estos alumnos y alumnas de Primero C del Bachillerato de Artes Escénicas toman la iniciativa durante una clase de la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, impartida por la profesora del centro educativo onubense e historiadora del arte Bárbara Yáñez Feria, que ha ejercido de directora del documental.

La película, que también aborda el aspecto patrimonial de la antigua cárcel, cuenta con las intervenciones de cinco expertos y expertas que desvelan sus investigaciones sobre los hechos ocurridos en aquella prisión onubense: el profesor de la Universidad de Valdivia (Chile) Pedro Feria, el profesor de la Universidad Pablo de Olavide Rafael Cáceres, la profesora de la Universidad de Huelva Asunción Díaz y las investigadoras onubenses sobre Memoria Histórica Felicidad Mendoza y Luna del Rocío Mazo.

Además, el documental recoge testimonios de personas que vivían junto a la cárcel antigua durante aquellos sucesos, como Amparo, una mujer de 90 años que entonces desconocía lo que estaba ocurriendo a unos metros de su casa, tal y como explica la propia Yáñez, que ha mostrado su agradecimiento a los investigadores e investigadoras y a todas las personas que han participado y colaborado para que esta película vea la luz.

La profesora explica que los recursos con los que han trabajado los alumnos y alumnas han sido “limitados”. Las grabaciones se han realizado con un iPhone, lo que, no obstante, no impide que todos estén “muy satisfechos” con el resultado. Además, el día que grabaron en las instalaciones de la antigua cárcel tenían “muy poco tiempo” para ello, pero “salió bastante bien”, destaca.

Los artífices del documental son alrededor de 15 alumnos y alumnas del referido instituto onubense, con quienes ha contactado TINTO NOTICIAS para dar a conocer su proyecto. Entre ellos se encuentra Sara Muñoz, directora técnica de la película, para quien la experiencia ha sido “muy interesante”. “Los jóvenes de hoy no saben lo que ocurrió en las paredes de esa cárcel”, por lo que “lo hemos trabajado bastante y con muchas ganas”, subraya.

La imagen del documental es Vanessa Garrido, que asegura haber vivido una “experiencia increíble”. Le dio “mucha impresión” descubrir esta historia “que no nos habían contado” y que “debemos conocer”, motivo por el que este proyecto es “muy importante”, destaca esta estudiante que además ha vivido todo el proceso con una especial implicación personal. “Como persona que pertenece al colectivo Lgtbiq+, a mí me habría ocurrido lo mismo”, confiesa.

Luis Burtea es el narrador y el cámara del documental y coincide con sus compañeros y compañeras en que se trata de un proyecto “muy importante”. “Hemos descubierto cosas de las que no se quiere hablar y hemos querido aportar información 100 por 100 verídica”, para lo que “hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchos especialistas en el tema desde varios puntos de vista”, detalla.

El encargado de las funciones de community manager ha sido Miguel Valerio, para quien la experiencia ha sido “bastante interesante”. “Yo vivo al lado de la cárcel antigua y no conocía estos hechos”, por lo que “queríamos hacer saber a los jóvenes lo que ocurrió”, asegura, tras lo que aplaude el éxito de las publicaciones sobre el documental que ha ido realizando en la página de Instagram @BaeHuelva.

Por último, todos coinciden en que “sentimos miedo dentro de la cárcel al ver todo en ruinas”, lamentan estos alumnos y alumnas del IES Pedro Gómez de Huelva, para quienes “es triste ver cómo algo con tanta historia está así”. Es “una falta de respeto a las víctimas”, concluyen.

El documental será estrenado en breve y proyectado en otros centros educativos de Huelva. Además, los artífices de la película participarán el próximo 21 de noviembre en las II Jornadas de Memoria Histórica y Educación de la Universidad de Huelva. De momento, los lectores de TINTO NOTICIAS pueden ver el último spot de la película a través de este enlace.

Un interno «extremadamente peligroso» lesiona a cuatro funcionarios de la prisión de Huelva

El sindicato Acaip reclama su traslado a otro centro para evitar «un grave deterioro» de la seguridad en la cárcel onubense

Un interno del Centro Penitenciario de Huelva ha protagonizado este miércoles un grave incidente regimental en el módulo de aislamiento de la prisión onubense que se ha saldado con cuatro funcionarios lesionados de diversa consideración que han tenido que acudir a urgencia hospitalaria para ser tratados.

Así lo han denunciado desde el sindicato Acaip Huelva, que ha asegurado que este interno «extremadamente peligroso» había sido progresado recientemente desde el modo de vida más restrictivo en el módulo de aislamiento a un modo regimental más suave también en ese mismo módulo, por lo que «no ha tardado en causar este grave incidente por su manifiesta inadaptación al nuevo modo de vida regimental».

Las mismas fuentes señalan que el agresor se atrincheró en su celda para «incumplir las actividades regimentales previstas» mientras «insultaba y amenazaba de muerte a los funcionarios presentes», y todo ello «ofreciendo una violenta resistencia para impedir su aislamiento provisional», añaden.

Desde Acaip Huelva han instado tanto a la Dirección del centro penitenciario como a la Secretaría General a «que este interno, como protagonista de un grave incidente regimental, sea trasladado inmediatamente a otro centro penitenciario, ya que su no traslado trasmitiría una sensación de impunidad al interno y al resto de población reclusa», con lo que, a su vez, «desde la propia institución penitenciaria se estaría propiciando un grave deterioro de la seguridad que atentaría contra la integridad física de los funcionarios de la prisión de Huelva», agregan.

Para Acaip Huelva, «estos incidentes graves, habituales en nuestro centro, se podrían paliar si la dotación de la plantilla del Centro Penitenciario La Ribera fuera mayor y acorde a las necesidades, pues a día de hoy hay una falta crónica de personal», lamentan, tras lo que indican que la prisión onubense «tiene un número de funcionarios asignados bastante inferior a centros similares», concretamente de «entre 30 o 40 funcionarios menos». Además «la Secretaría General solo ha destinado tres funcionarios en prácticas de los 900 de la última promoción», añaden.

Por otra parte, desde Acaip Huelva han manifestado que «se hace imprescindible que los funcionarios públicos sean considerados como agentes de la autoridad», al tiempo que reclaman «la reforma del programa PEAFA para la evaluación de las agresiones a trabajadores penitenciarios y que se cubra el déficit de más de 3.000 vacantes dentro de Instituciones Penitenciarias».

La cárcel de Huelva funciona con tan solo tres de los nueve médicos que tiene asignados

Acaip-UGT denuncia que es «imposible» realizar una correcta atención sanitaria

ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en prisiones, ha vuelto a denunciar este lunes la precariedad en la que se encuentra la sanidad penitenciaria. No se cubren las plazas vacantes. En el último año, el déficit ha aumentado en casi 10 puntos en los centros dependientes de la Secretaría General con 300 plazas sin cubrir, lo que supone un 58,25% del total.

La prisión de Huelva cuenta con 3 facultativos «de los 9 que debería tener». La ausencia de médicos no solo redunda en una «mala atención sanitaria de la población reclusa, sino que genera grandes cargas de trabajo en el personal sanitario existente».

La falta de facultativos «nos aboca a encontramos sin atención médica presencial» en los centros. La solución planeada por la administración, con carácter general, es establecer un servicio de “telemedicina”, lo cual es inoperativo dada la idiosincrasia de las prisiones y las particularidades asistenciales y legales que son necesarias en las mismas. Aplicar este modelo en los centros es tanto como desconocer la realidad de los mismos.

A modo de ejemplo, ante una alteración regimental del orden en la prisión es precisa la intervención del médico para la elaboración de informe y valorar la conveniencia o no de la aplicación de una sujeción mecánica. Es frecuente también que el médico deba atender situaciones de urgencia derivadas de autolesiones de los internos, de intoxicaciones por estupefacientes o lesiones por incidentes con otros presos. En definitiva, numerosas actuaciones que requieren la pertinente emisión de informes médicos que deben basarse en la exploración del paciente y que es imposible a través de medios telemáticos.

Podemos encontramos ante un problema médico-legal si la administración pretende que otros profesionales sanitarios asuman decisiones que son competencia exclusiva de los facultativos. El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades son competencia exclusiva del médico, no estando otros profesionales capacitados para decidir que situaciones son de urgencia vital o precisan ser trasladados al hospital para exploraciones complementarias.

La sanidad es un problema complejo que la administración no afronta de manera adecuada, no articula soluciones viables y, como en otras facetas, hace política de hechos consumados como la asistencia por “telemedicina”, sin tener en cuenta la apreciación de quienes trabajan día a día en los centros y son plenos conocedores de los problemas que este tipo de atención puede generar, de carácter jurídico y sanitario que, además, redunda en la propia seguridad de los centros y la salud de los internos.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema de salud en su disposición adicional sexta, establece que las comunidades autónomas, en el plazo de 18 de meses, debían hacerse cargo de las transferencias sanitarias de prisiones. 19 años después la mayoría de comunidades no han asumido estas competencias.

Desde ACAIP-UGT «entendemos que la solución del problema pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias comunidades autónomas de no dejar caer el sistema sanitario penitenciario. No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria.

Un interno incendia su propia celda en el Centro Penitenciario de Huelva

Los funcionarios logran salvar su vida y la del resto de presos alojados en el mismo módulo

Un interno de la Prisión Provincial de Huelva con un largo historial penitenciario provocó un grave incendio en su celda durante la jornada de este martes, lo que generó una gran cantidad de humo y puso en peligro no solo su propia vida, sino también la de los funcionarios que fueron a socorrerlo y la del resto de internos que están alojados en el mismo módulo.

Así lo han comunicado desde el sindicato Acaip Huelva, que ha destacado los funcionarios de la prisión, en una nueva «gran actuación» en la que pusieron en riesgo su propia integridad y en «momentos de gran tensión», consiguieron salvar la vida del interno y desalojar a la población reclusa de la segunda planta del módulo residencial ante el peligro de inhalación del denso humo que provenía del incendio.

Las mismas fuentes señalan que esta «gran intervención» se encontró con una «fuerte oposición» por parte del interno, que «se abalanzó a los trabajadores cuando procedieron a la apertura de la celda para sacar el interno y la extinción del incendio», explican, tras lo que lamentan que hubo un «fallo inexplicable» de los extractores de humo, instalados hace poco más de cuatro meses.

De otra parte, Acaip Huelva denuncia que desde Instituciones Penitenciarias, dirigida por Ángel Luis Ortiz, se rechazó la propuesta del Centro Penitenciario de Huelva de clasificar a este interno, dada su «nula adaptación a un régimen de vida normal», en primer grado, lo que conlleva un régimen de vida más restrictivo, con lo que Instituciones Penitenciarias «estimó oportuno mantenerlo en un régimen de vida ordinario en contra de la propuesta del centro», añaden.

Además, las mismas fuentes indican que este interno, en momentos posteriores al incendio, agredió a un trabajador, otro motivo más por el que Acaip espera que Instituciones Penitenciarias «tome nota y reconsidere esa decisión por la seguridad de los trabajadores de la prisión de Huelva y de la población reclusa que habita en ella».

Por otra parte, «exigimos la revisión exhaustiva de todos los extractores de humo de todas las dependencias del centro para que este tipo de fallos no vuelvan a producirse», agregan desde el sindicato.

Acaip Huelva también ha querido poner en valor esta actuación teniendo en cuenta que «los funcionarios de prisiones apenas contamos con formación para la extinción de incendios y nos estamos enfrentando a situaciones en las que, literalmente, nos estamos jugando la vida», por lo que «la administración penitenciaria debe aportar soluciones más eficaces» para reducir este tipo de incidentes y no exponer de esta manera la integridad de los trabajadores, añaden

Por último, desde Acaip Huelva han querido ensalzar la «encomiable labor que realizan los funcionarios y las funcionarias de prisiones y en particular en nuestro centro para salvaguardar la vida de los internos y las internas que están bajo nuestra tutela», lo que «contrasta con la puesta en valor de este trabajo por Instituciones Penitenciarias y que se refleja dejando en el sueño de los justos unas negociaciones para establecer a sus trabajadores un incremento salarial digno, el aumento de plantillas para paliar el elevado déficit de funcionarios de prisiones en toda España y, en definitiva, poner en valor una profesión tan compleja y difícil como la de funcionario de prisiones», concluyen.

Piden 23 años de prisión para la enfermera acusada de intoxicar a varios sanitarios de la cárcel de Huelva

El Ministerio Fiscal la acusa de un delito continuado de lesiones

La Fiscalía de Huelva ha pedido 23 años de cárcel para una funcionaría del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias que trabajaba en la prisión provincial y que fue acusada de intoxicar con metadona a siete sanitarios en el año 2018.

Según recoge el escrito de acusación de Fiscalía, al que ha tenido Europa Press, el Ministerio Fiscal acusa a la enfermera de un delito continuado de lesiones, por el que pide una pena de cinco años, así como de seis delitos de lesiones, por los que pide tres años por cada uno de ellos.

El escrito de Fiscalía señala que los hechos por los que será juzgada sucedieron entre julio y noviembre de 2018, cuando la acusada «con claro ánimo lesivo, aprovechando el acceso como enfermera a un armario con llave en la farmacia dentro de la enfermería» del centro penitenciario, al que tenía acceso, «procedió a hacerse con unas cantidades indeterminadas» de metadona «para introducirla en los alimentos que para consumo propio guardaban sus compañeros en la sala de descanso localizada en dichas dependencias».

Asimismo, apunta que esta era mezclada junto con Nordiazepam y, ocasionalmente, Pregabalina, así como indica que la ingesta de metadona por quien no está habituado mezclada con fármacos potenciadores «es susceptible de suponer un grave riesgo para la salud».

En este sentido, la Fiscalía manifiesta que, con motivo de ello, los compañeros de esta enfermera sufrieron intoxicación aguda con metadona, pregabalina y diacepam y trastorno adaptativo, por lo que tuvieron que ser médicamente tratados por diversos perjuicios para cada uno de ellos.

Por otra parte, además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal solicita a esta persona el pago de indemnizaciones que van desde los 7.720 a los 11.190 euros para los afectado y pide su inhabilitación especial en la profesión de Enfermería durante el tiempo de la condena.

Condenan a un año de prisión al acusado de la muerte de un hombre en Huelva en 2019

El TSJA confirma sentencia de la Audiencia Provincial

La Sala Civil y Penal del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado los recursos presentados por las acusaciones particulares contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva que condenaba a un año de prisión al acusado por la muerte de un hombre en el mes de abril de 2019 en un salón de juegos de la capital onubense.

De esta forma, confirma íntegramente la sentencia emitida por la Audiencia de Huelva tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, que lo consideraba responsable de un delito de homicidio imprudente con las eximentes incompletas de legítima defensa y miedo insuperable, por lo que fue condenado a un año de cárcel así como a indemnizar con un total de 115.890,23 euros a la madre, la pareja sentimental y el hijo menor del fallecido.

Así se expone en la sentencia del TSJA, consultada por Europa Press, que señala además que contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Conforme al veredicto emitido por el jurado popular, la Audiencia consideró probado que acusado y víctima se conocían con anterioridad y habían tenido una relación de amistad hasta que el condenado inició una relación sentimental con la expareja del fallecido, lo que provocó desavenencias entre ambos. En este sentido, el fallecido «amenazó de muerte al encausado en varias ocasiones, causando en éste un estado de temor y miedo».

Así, según la sentencia de la Audiencia, los hechos tuvieron lugar la noche del día 10 de abril de 2019 en un salón de juegos de Huelva capital, cuando la víctima tuvo conocimiento de que el acusado se encontraba jugando en la mesa de la ruleta y decidió abandonar el local con los amigos que lo acompañaban, aunque regresó poco después al establecimiento en una furgoneta conducida por uno de sus amigos.

De este modo, la víctima se dirigió a la mesa de la ruleta donde se encontraba jugando el investigado y le propinó varios manotazos por la espalda, momento en el que comenzó un forcejeo entre ambos en el marco del cual se desplazaron alrededor de la mesa de la ruleta hasta colocarse detrás de una columna. En ese forcejeo, y «sin intención de causarle la muerte ni previendo dicho resultado mortal», el acusado dirigió un arma blanca al cuerpo del fallecido y se la clavó a la altura de la zona lumbar, prosigue la sentencia.

A continuación, según recoge la sentencia, el encausado abandonó el local «rápidamente» y dejó allí al agredido aún con vida, siendo trasladado éste por sus amigos allí presentes en un vehículo particular a un centro hospitalario donde, pese a la asistencia médica recibida, falleció sobre las 1,25 horas del día 11 de abril de 2019.

Durante el forcejeo, el condenado experimentó un estado de «temor y miedo» que, «aunque no fuera insuperable, disminuyó notablemente su voluntad o capacidad de elección sin llegar a anularla, lo que le llevó a apuñalarlo en dos ocasiones, causándole las heridas que le produjeron la muerte».

El acusado permaneció en situación de prisión provisional desde el día 13 de abril de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2021, cuando fue puesto en libertad tras solicitarlo su defensa después de conocer el veredicto del jurado popular.

Inicialmente, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares ejercidas por la madre y la expareja del fallecido acusaron al investigado de un delito de homicidio y solicitaron para él penas de entre siete años y medio y catorce años de cárcel.