La labor de Fray Rafael Pozo que traspasa fronteras

El fundador de la Asociación Paz y Bien y Fundación Tutelar TAU realiza su labor pastoral en Guatemala desde 1969

Texto y Fotografías: Rocío Maestre

Detrás de la labor de la Asociación Paz y Bien y la Fundación Tutelar TAU, dos entidades solidarias con un fuerte arraigo en Huelva, hay una persona echa a sí misma y cuya empatía y bondad han traspasado fronteras y ha llevado una encomiable labor pastoral y de ayuda a los más necesitados hasta Guatemala, lugar que visita anualmente y en el que se siente su presencia benefactora: «Se tienen menos necesidades cuanto más se sienten las ajenas», se lee en el cartel que cuelga frente al escritorio de Fray Rafael Pozo, fundador de Paz y Bien.

Debajo de la cita de Doris Lessing, la imagen de una mujer muy mayor, de etnia chortí, que come lentejas de un plato de plástico. La foto fue tomada en el centro de promoción social Tuncushá, en el municipio de Quezaltepeque, perteneciente al departamento de Chiquimula, en Guatemala. Un pequeño milagro socio-sanitario en mitad de una de las zonas más pobres del mundo, el Corredor Seco; una franja de clima hostil que recorre, como una cicatriz, el oriente del país centroamericano. Allí se alternan las lluvias torrenciales con largas sequías, haciendo imposible una previsión de cosechas, con sus consecuentes hambrunas.

Fray Rafael Pozo recorrió aquellas tierras en 1969. En aquel año, su sueño por construir un mundo más justo se materializó en un viaje que cambió su vida. En Guatemala, tras ser ordenado capuchino, dio inicio su actividad pastoral. A lomos de una mula y con un megáfono comenzó su aportación a la labor de reconstrucción social de un país necesitado, ahogado en su propia carestía. Con los pies enrojecidos por el camino, sin largas homilías, comenzó su transformación pausada. Puso en marcha actividades que supusieran la mejora anímica y cultural de los vecinos: instalaciones sociales, consultorios, arreglo de caminos, escuelas radiofónicas o escuelas de promoción del campesinado.

Fray Rafael Pozo había nacido en 1941 en el calor de un hogar sencillo y llano en la aldea de El Palomar de Puente Genil, en Córdoba. «Desde muy pequeño quise seguir la estela de San Francisco de Asís», responde a este periódico. La de la modestia y la cercanía con las personas más necesitadas. Sin boato, con palabras sencillas y un lema que le ha acompañado toda la vida: «Hechos, no palabras».

Las iniciativas de Paz y Bien en Guatemala son intergeneracionales.

De vuelta a España, Rafael Pozo impulsó la Asociación Paz y Bien y la Fundación Tutelar Tau, puntales andaluces en el apoyo a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, pero nunca olvidó Guatemala. Por eso en 2007 cumplió uno de sus sueños más ansiados: abrir una sede de Paz y Bien en Quezaltepeque. En la actualidad hay 47 profesionales trabajando en el Centro de Promoción Social Tuncushá. 28.064 beneficiarios del Consultorio Médico, 59.482 del Comedor Social, 17.254 del Programa de Alimentos… Números desorbitados para un proyecto con catorce años de vida.

Preguntado por una foto con la Reina Sofía, que visitó su sede en Guatemala: «Le habían llegado comentarios de nuestra labor allí, y quiso conocernos. ‘Se puede comer en el suelo’, nos dijo, por la limpieza y pulcritud de nuestro centro. Almorzamos tamales con los profesionales y usuarios de nuestra residencia. Fue un día inolvidable», recuerda.

Actualmente, la Asociación Paz y Bien cuenta con dos sedes en la provincia de Huelva (Cortegana y Galaroza) y gestiona un hotel rural 100% inclusivo para mejorar la estancia de las personas con discapacidad. El Hotel Sierra Luz ha sido ejemplo y referente de los hoteles inclusivos de Andalucía acaparando varios premios por su labor pensando en las necesidades de los discapacitados.

La integración laboral: asignatura pendiente

El movimiento asociativo nació hace aproximadamente 45 años. Los padres afectados por tener un hijo o una hija con discapacidad se encontraban tremendamente desesperados y sin esperanzas de conocer cuál sería el futuro de sus hijos cuando ellos faltasen. Es más: sentían una culpabilidad social que les hacía resistirse a sacar a sus hijos a la calle. Estos padres y madres se vieron entonces en la necesidad de agruparse y levantar su voz para reivindicar los derechos que como personas debían reconocerse a sus hijos.

Es precisamente con el nacimiento de la democracia y la publicación de la Constitución Española, basada en la Carta de los Derechos Humanos reconocidos a toda persona, como se inició la siguiente reivindicación: las personas con discapacidad son capaces de convivir, de trabajar y tienen sus derechos y obligaciones como cualquier ciudadano español. La batalla ha sido muy fuerte y muy prolongada, pues, a la fecha actual, cuando estamos disfrutando ya de muchísimas conquistas, sentimos la nostalgia de todos aquellos padres y madres que se dejaron la piel para conseguir lo que hoy disfrutamos como unos derechos reconocidos, tantos y tantas hombres y mujeres que ya no están con nosotros… Pero el presente y el futuro de ese hijo o hija suyos están garantizados, pues se ha llegado a un consenso que supone asegurar una serie de servicios que inciden en el respeto y en el derecho a unos apoyos que acompañen a la persona con discapacidad durante todos los días de su vida.

Andalucía fue pionera en la lucha y conquista de esos derechos. Juan Pérez Marín, fundador de PROMI (en Cabra, Córdoba) fue el gran líder que nos empujó y motivó para conseguir la creación de servicios y programas de los que hoy todos disfrutamos. Gracias a él, en el año 1981, se crearon los Centros Especiales de Empleo, lo que suponía abrir una puerta a la capacidad que poseen nuestros jóvenes para realizar un trabajo productivo. Y creíamos que los Centros Especiales de Empleo se iban a multiplicar fácilmente, pero, debido a la asfixia que sufrieron por un retraso en las subvenciones a dichos centros, la mayoría se vieron obligados a su cierre.

Después surgieron otras leyes, como la de obligar a las empresas a que reserven un 2% de sus plantillas para personas cuya discapacidad supere un 33% de minusvalía. Igualmente se crearon los enclaves laborales y ciertos beneficios para aquellas empresas que consumían productos o servicios de trabajadores autónomos con discapacidad.

Y las leyes están ahí, vigentes, pero la realidad es otra: muy poquitas empresas cumplen con la normativa de reservar ese 2% para trabajadores con discapacidad. Lamentablemente –y empezando por los organismos públicos (ayuntamientos, diputaciones, delegaciones provinciales…) – casi ninguno se han hecho eco de este compromiso. ¿Cuántas personas con minusvalía vemos en los cientos de organismos públicos de nuestras provincias? Y no hablemos de las empresas privadas. Muy poquitas, por no decir casi ninguna, se han hecho eco de este compromiso de reservar unos cuantos puestos para personas con discapacidad. Y en todos los casos, absolutamente en todos, si analizamos los puestos de trabajo que actualmente se mantienen en las plantillas tanto de organismos públicos como de empresas privadas, nos daremos cuenta de que algunos de esos puestos los podría ocupar una persona con discapacidad.

Seamos claros: no existe voluntad política ni social que ampare este derecho constitucional. Por una parte las Administraciones Públicas tienen mucho miedo a los sindicatos y grupos de presión y, además, aún siguen pensando que sus capacidades laborales no están garantizadas con estas personas. Por otra parte, son las propias familias las que en muchos casos prefieren ser beneficiarias de una pensión a que su hijo o hija realicen un trabajo por el que se sientan más realizados y así llevar una vida autónoma, independiente.

Y es que por desgracia nos encontramos que muchos jóvenes trabajadores con discapacidad no ven su salario, porque está siendo utilizado para otros fines que benefician a algunos de los miembros de su familia: comprar un coche, pagar el alquiler de un piso o los muebles para el casamiento del hermano o la hermana…

Reclamo públicamente que las Asociaciones pertenecientes a Plena Inclusión en Huelva levanten su voz y reivindiquen con ello un puesto de trabajo para tantos y tantas jóvenes onubenses que se están convirtiendo en personas inútiles y vegetativas, y que jamás conseguirán su plena inclusión. Pues es un signo auténtico y real de la misma el que la persona sea autónoma: que no dependa de su familia.

Y no hablo de memoria, pues he tenido la suerte de compartir estos 45 años de trabajo con todos aquellos padres y familiares implicados en esa lucha por conseguir el respeto y la dignidad de las personas con discapacidad. Y creo que nuestro mejor homenaje a todos esos padres y madres que se dejaron la piel en el camino es conseguir la plena autonomía de todos aquellos jóvenes capacitados para realizar un trabajo productivo.

Fray Rafael Pozo Bascón, fundador de Asociación Paz y Bien y la Fundación Tutelar TAU