El CSIF ve «desbordada» la situación de los juzgados en la provincia, tal y como reconoce el propio Consejo General del Poder Judicial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la Administración Pública y con presencia creciente en la empresa privada, ha denunciado “la precariedad de medios, tanto materiales como humanos, que soporta la Administración de Justicia en Huelva, que obliga a señalamientos de juicios incluso para el año 2026 en el caso de los juzgados de cláusulas suelo y para 2024 en los juzgados de lo social”, han detallado.

Durante una visita a Huelva, el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha analizado la situación en la que se encuentra la Justicia en esta provincia y ha recordado que hasta “el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoce que la situación está desbordada, sobre todo a raíz del parón que hubo a consecuencia de la pandemia y la necesidad posterior de poner al día los juicios pendientes que fueron pospuestos”.

Girela se ha referido expresamente a los cuatro juzgados de lo Penal de la capital onubense, que suman alrededor de 5.000 asuntos anuales, a lo que hay que añadir los que se encuentran archivados de forma provisional y que pueden ser reabiertos en cualquier momento, ha indicado. Sin embargo, mientras la ratio recomendada por el CGPJ debe estar entre los 600 y los 800 asuntos anuales, en cada uno de los juzgados de lo Penal de Huelva se superan los 1.000, con una media de 1.200 asuntos al año, según las cifras que maneja el sindicato.

Además, el representante del CSIF ha indicado que dichos juzgados cuentan sólo con dos salas para juicios, lo que les limita a dos días en semana para celebrar juicios. “Este nivel de demora, que ha sido la realidad cotidiana en los últimos cinco años, supera a la media nacional”, ha manifestado Girela.

Respecto a los juzgados de lo Social, el responsable sindical ha apuntado que se señalan procedimientos para 2024 y ha denunciado específicamente la situación de los juzgados dedicados a las cláusulas suelo, en los que «los señalamientos se realizan hasta a cuatro años vista, para 2026, lo que constituye un auténtico despropósito”, ha señalado.

El presidente de CSIF-A ha lamentado que la plantilla de funcionarios de Justicia en Huelva es la misma que hace 25 años, con unos 550 en total y una media de ocho trabajadores por cada uno de los juzgados. “A esta escasez de personal se le une la falta de infraestructuras y espacio para dar cabida a las remodelaciones que se van aprobando”, ha agregado, tras lo que ha incidido en que “la Nueva Oficina Fiscal supondrá próximamente una reasignación de funciones para fiscales y funcionarios que hará necesario más personal y más espacio”.

“Los problemas de espacio llegan a tal punto que, por ejemplo, los archivos de los juzgados de Huelva tienen que ser trasladados a Valverde del Camino. Y lo mismo ocurre con Ayamonte, cuyos archivos judiciales son enviados a Sevilla por falta de sitio. Ello implica que los funcionarios, si los necesitan, no pueden contar con determinados expedientes de manera ágil”, ha explicado Germán Girela.

Dispersión de sedes

El representante delCSIF también ha destacado que la dispersión de los juzgados de Huelva capital es otro de los “males endémicos” de la Justicia en la provincia, con seis sedes judiciales distantes entre sí. Ante ello, el dirigente sindical ha reivindicado “la necesidad de que se reactive el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Huelva, de manera que se cuente con un espacio suficiente y con dotaciones que permitan sacar de la marginalidad la Justicia de Huelva, que lleva sometida a décadas de parálisis y abandono”, ha apuntado.

Asimismo, el presidente de CSIF Andalucía ha valorado “el buen hacer, la eficacia y la capacidad de trabajo de los funcionarios del ámbito judicial, que asumen -añade- una carga de trabajo muy superior a lo estipulado”. En concreto, ha indicado que en los juzgados de lo Penal esa carga laboral adicional es del 100%, mientras que los juzgados de lo Civil asumen un 76,8% más y los de lo Social, un 46,5% de carga extra. “Por lo tanto, es el sobreesfuerzo de estos empleados y empleadas públicas y su compromiso y responsabilidad lo que hacen que la situación no sea aún peor”, ha concluido.