La protesta realizada en el Puerto sevillano por una decena de organizaciones sociales y políticas provoca un aluvión de reacciones en defensa del cierre de la instalación

La oposición al vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva tiene más fuerza que nunca. No es que tenga más adeptos que hace unos meses, pues los defensores del cierre de la instalación son prácticamente los mismos, pero la repercusión de la causa ha alcanzado cotas que no se daban desde la puesta en marcha de la instalación, hace ahora 25 años.

Esta ha sido la principal consecuencia de una concentración de protesta que ha tenido lugar a mediodía de este lunes en los accesos al Puerto de Sevilla, coincidiendo con la llegada a la capital hispalense de uno de los barcos que transportaba residuos procedentes de Montenegro para su posterior trasladado a las instalaciones nervenses, que fue lo que precipitó este domingo la convocatoria de la concentración.

Tal y como ya avanzó TINTO NOTICIAS, la protesta ha sido secundada por una decena de organizaciones sociales y políticas de la Cuenca Minera de Riotinto, que tenían como objetivo «escenificar» su rechazo a la continuidad del vertedero y a la llegada de más residuos desde el país del sureste de Europa, según anunciaron los convocantes, formados por las plataformas Nerva Salud y Dignidad, Riotinto Salud y Dignidad, Anti Vertederos Nerva y Anti Vertederos Zalamea, Ecologistas en Acción, PSOE Nerva, Izquierda Unida Nerva; Independientes Nerva y Sentido Natural de Berrocal.

No obstante, lo que se ha escenificado va mucho más allá de eso. Es cierto que la concentración no ha sido secundada por miles ni cientos de personas, lo que por otra parte tampoco se pretendía, pues se trataba más bien de un acto mediático donde mostrar la unidad de acción de la población representada por los colectivos convocantes. Sin embargo, la concentración en el Puerto de Sevilla también ha provocado la reacción de muy diversas formaciones políticas, que han coincidido en levantar su voz en defensa del cierre del vertedero.

La repercusión ha sido tal que se han posicionado al respecto incluso desde Andaluces Levantaos, la formación andaluza del partido de Íñigo Errejón. En concreto, la coportavoz de ‘Andaluces Levantaos’, Esperanza Gómez, ha anunciado que los representantes del Grupo Parlamentario Más País-Equo, el propio Errejón e Inés Sabanés, tramitarán una pregunta parlamentaria sobre el «estado, la actividad y los residuos que son recibidos y se procesan en Nerva».

Por su parte, desde el PSOE de Huelva se han marcado una «hoja de ruta para el cierre progresivo y responsable» de la instalación, mientras que Unidas Podemos por Huelva ha mostrado su “rotundo rechazo” a la llegada de «ni medio kilo más de residuos tóxicos». Además, Adelante Andalucía ha comunicado que denunciará en el Senado la llegada de residuos tóxicos procedentes de Montenegro.

Tal y como informó este periódico, los convocantes de la concentración destacaron que, con a través de esa convocatoria, «nos hemos juntado distintas asociaciones de nuestra tierra, colectivos compuestos por gente que comparte las mismas inquietudes y preocupaciones y que entienden que 25 años de injusticias ya son demasiados», difundieron a través de un comunicado.

Todos se han unido para denunciar lo que califican como un «nuevo ataque a la dignidad de una tierra que históricamente ha aportado tanto a Andalucía y que a cambio solo recibe el desprecio de sus gobernantes», prosiguieron.

Las organizaciones convocantes se sienten «hartos de seguir soportando esta inaguantable vejación a la que estamos siendo sometidos desde hace ya más de 25 años», una situación, añaden, que «se ve agravada con la inminente llegada al Puerto de Sevilla de 120.000 toneladas de residuos tóxicos procedentes de Montenegro y su posterior traslado al Vertedero de Nerva», lo que es calificado por estos colectivos como nueva «humillación y «falta de respeto a una población que clama por el cierre de la instalación».

Asimismo, los convocantes se mostraron «indignados» por lo que califican como una «falta de sensibilidad» por parte del Gobierno central y la Junta de Andalucía. El Ministerio para la Transición Ecológica y la Consejería de Desarrollo Sostenible «legislan y actúan desde la cercanía a la empresa gestora y pisoteando las legítimas aspiraciones de los 18.000 habitantes de una comarca a los que se quiere obligar a vivir eternamente en un entorno al que se pretende convertir en la cloaca de Europa», apostillaron.