Así se recoge en la orden de 24 de abril de 2021, de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico que dirige Patricia del Pozo (PP-A), por la que se acuerdan actuaciones específicas en memoria democrática
La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha aprobado la realización de actuaciones específicas de memoria democrática de «indagación-localización, delimitación, exhumación, estudio antropológico e identificación genética, si procediera«, en Minas de Riotinto.
Así se recoge en la orden de 24 de abril de 2021, de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico que dirige Patricia del Pozo (PP-A), por la que se acuerdan actuaciones específicas en memoria democrática en varios municipios andaluces, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) .
Estas actuaciones aprobadas por la Consejería de Cultura se realizan «a propuesta del Comité Técnico de Coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra, regulado por Orden de 9 de julio 2013», en sesiones celebradas los días 3 de julio de 2017, 18 de enero, 20 de junio y 20 de noviembre de 2018 y 26 de noviembre de 2020, según especifica la orden publicada este viernes.
En concreto, la mayor parte de las actuaciones aprobadas –«en municipios que, de acuerdo con lo documentación que acompaña a las memorias justificativa y económica de esta propuesta, cuentan con financiación para poder ser desarrolladas durante este año»– se concentra en la provincia de Cádiz, donde se ubican 25 de los 43 municipios seleccionados.
Se trata de Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Arcos de la Frontera, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Bornos, Castellar de la Frontera, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Jimena de la Frontera, Los Barrios, Medina Sidonia, Olvera, San José del Valle, San Pablo de Buceite, San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Trebujena, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Villamartín.
La siguiente provincia con más municipios donde se realizarán estas actuaciones es Sevilla, con ocho que son Alcalá de Guadaíra, Cañada Rosal, Cazalla de la Sierra, Fuentes de Andalucía, Gines, Lebrija, Marchena y Osuna.
Las restantes actuaciones aprobadas en esta orden se reparten entre cinco municipios de la provincia de Córdoba –Cabra, Hinojosa del Duque, La Carlota, Montilla y Peñarroya-Pueblonuevo–, tres de Granada –Cúllar, Padul y Víznar–, y dos de Huelva; en concreto, Minas de Riotinto y San Juan del Puerto.
La orden recoge que, «de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, las actividades dirigidas a la localización, exhumación y, en su caso, la identificación de los restos de personas desaparecidas, víctimas de la represión, deberán ser autorizadas por la Consejería competente en materia de memoria democrática de acuerdo con los protocolos previstos en la ley y con las garantías y procedimientos que se establezcan reglamentariamente».
Contra esta orden puede interponerse «recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en el plazo de un mes a contar desde su publicación», así como «recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación» de la misma.
