El sindicato se hace eco de la demanda de trabajadores que necesitan conciliar la vida familiar y laboral
La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Huelva ha solicitado la implantación del teletrabajo en el consistorio de la capital, así como un reglamento que regule esta modalidad laboral.
CSIF Huelva urge a la administración local, a través de reiteradas comunicaciones, a que se conceda este derecho a todos aquellos trabajadores municipales del Ayuntamiento de Huelva que lo hayan solicitado formalmente, conforme a la normativa estatal, ley 10/2021 de 9 de julio, donde se establece que la prestación del teletrabajo será objeto de negociación colectiva.
En este sentido, el sector de Local de CSIF recuerda que otras administraciones han desarrollado esta normativa sin suponer perjuicio en el funcionamiento de los servicios, tal y como que se demostró, indica, durante la pandemia. Por el contrario, «es una herramienta efectiva para conciliar la vida familiar y laboral de los empleados públicos», señala.
CSIF, por otra parte, asegura que viene denunciando la falta de un marco sólido de teletrabajo en la administración pública española. El sindicato destaca que los ciudadanos viven cada vez más expuestos a emergencias de todo tipo, especialmente sanitarias y meteorológicas. Por ello, defiende que es preciso que el personal que trabaje en casa lo haga con las herramientas necesarias.
«Este derecho no es una opción, sino una obligación moral y organizativa que asegura a la administración una estabilidad», defienden desde. CSIF, que reclama que este marco normativo garantice la incorporación de más personal, la dotación de medios tecnológicos adecuados (portátiles, accesos seguros, plataformas eficientes…) y protocolos homogéneos que aseguren una igualdad de condiciones en todos los organismos. «Sin duda, es necesario un cambio estructural que convierta el teletrabajo en un pilar clave dentro de la administración y se permita llevar a cabo», sostiene.
CSIF concluye que el teletrabajo no es un privilegio, sino una herramienta esencial para garantizar la continuidad y la eficiencia de los servicios públicos porque es una forma de evitar colapsos administrativos, acumulación de tareas, perdidas de jornadas laborales y un claro beneficio para la ciudadanía reforzando el compromiso institucional.



















