Agreden a los cinco sanitarios del turno de guardia del centro de salud de Isla Cristina

La Delegación de Salud condena y rechaza esta acción emprendida por dos individuos y pone a disposición de los afectados recursos jurídicos y psicológicos

La Delegación Territorial de Salud y Familias muestra su absoluto rechazo y condena de forma enérgica la agresión sufrida ayer 5 de junio por todo el equipo de guardia del  centro de salud de Isla Cristina durante el desempeño de su labor por parte de dos pacientes, y quiere mostrar su total solidaridad y apoyo a los cinco profesionales afectados, que sufrieron una agresión tanto verbal como física, así como amenazas.

La delegada territorial de Salud y Familias en Huelva, Manuela Caro y la gerencia del Distrito Sanitario Huelva Costa, quieren mostrar su apoyo y el de toda la organización sanitaria a los profesionales afectados, y destacar el compromiso de sus trabajadores con la salud de todos. También recuerdan que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial se considera como delito de atentado por los tribunales de justicia. Desde el año 2015, el artículo 550 del Código Penal recoge que cualquier agresión, física o verbal, a un docente o sanitario en el ejercicio de sus funciones o a consecuencia de ellas es considerado un atentado a la autoridad, con penas de prisión de seis meses a tres años, además de multa y alejamiento.

Los responsables sanitarios le han ofrecido a los cinco profesionales asesoramiento y apoyo tanto legal como psicológico, tal y como establece el Plan de Prevención y Aten-ción de Agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, cuyo objetivo último es reducir las agresiones y minimizar sus consecuencias.

En virtud de este plan, los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que asisten a todos los profesionales agredidos, solicitan la reparación económica integral por la agresión sufrida por el profesional. Igualmente, en los casos que proceda, se solicita la medida de alejamiento del agresor. Además, se realiza una valoración exhaustiva de los daños causados en los centros sanitarios y de los gastos derivados de la posible baja laboral del profesional afectado y de su sustitución por otro trabajador.

En este sentido, la Consejería de Salud y Familias promueve modificaciones normativas para posibilitar medidas sancionadoras para los usuarios que cometan agresiones. Estas medidas incluyen sanciones económicas proporcionadas al daño causado por el agresor y, en caso de insolvencia, plantearse algún tipo de trabajo compensatorio a realizar por el agresor.

Desde el centro se quiere, una vez más, mostrar su rechazo a esta clase de actos, resaltando que cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, no puede justificarse bajo ningún concepto, por lo que se quiere hacer un llamamiento público en contra de esta clase de comportamientos incívicos. Nada más tenerse constancia de este suceso, el Distrito Sanitario Huelva Costa activó las medidas recogidas en el  Plan de Prevención y Atención de Agresiones.