Desde Acaip denuncian que las agresiones entre internos son «muy frecuentes» y en ocasiones «graves»

El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip ha denunciado que el centro penitenciario de Huelva vive «uno de sus peores momentos de su historia» por una «gestión penitenciaria para la política partidista» que ha llevado, entre otras cosas a que, durante el pasado mes de marzo, hasta cuatro funcionarios de prisiones resultaran agredidos.

 «Día sí y día también se producen graves altercados regimentales, que se sustancian en agresiones entre internos con una frecuencia preocupante, algunas de ellas con carácter grave que han requerido el traslado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla o agresiones a funcionarios que sólo en el mes pasado se contabilizaron en 4 funcionarios agredidos alguno de ellos con consecuencias graves que aún se están recuperando».

Para Acaip todo esto no hace sino evidenciar «una falta de medios personales y materiales, una gran inseguridad jurídica que exige la imperiosa necesidad de una regulación específica para el Personal Penitenciario que aminore el temor miedo a realizar nuestro difícil  trabajo diario y una falta de respaldo o desconfianza  por parte de la administración penitenciaria hacia sus propios trabajadores».

 Según el sindicato, la administración penitenciaria está «más preocupada en monitorizar el trabajo diario de los funcionarios de prisiones que emplear sus esfuerzos en mejorar la prestación de un servicio público como lo es lograr una convivencia ordenada entre la población reclusa e intentar devolver en las mejores condiciones posibles a la población interna que vive en La Ribera».

No hay en ningún atisbo de mejoras retributivas más que justas para los trabajadores penitenciarios más bien detectamos un paulatino empeoramiento de nuestra condiciones laborales. La Ribera tiene un déficit de más 40 funcionarios  menos que cualquier centro penitenciario de sus dimensiones y población. Valiéndose la administración penitenciaria de argucias para maquillar estadísticas y ocultar este déficit.

«Esta falta de personal, una carga burocrática la mayoría de las veces inútil y  las trabas en la conciliación de la vida familiar y laboral , siendo responsables tanto el director del centro como la Subdelegada del Gobierno, retrasando sin justificación una reunión con los agentes sociales para intentar de resolver esta situación», aseveran.