Las asociaciones de Ayamonte, Nueva Umbría y Doñana, que aglutinan al 60% del sector, se concentrarán el martes en la Consejería de Agricultura para pedir una parada biológica «inevitable»

Las asociaciones de mariscadores a pie de la coquina de Ayamonte, Nueva Umbría (Lepe) y Doñana (Almonte), cansados de la «falta de respuesta» por parte de la Junta de Andalucía y de que no las tengan en cuenta como interlocutores directos del sector pese a aglutinar al 60 por ciento de las licencias profesionales de todo el litoral onubense, dejarán las playas el próximo martes para marchar con sus rastros hacia Sevilla. En concreto, se concentrarán, a partir de las 9:00 horas, ante las puertas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural “con la esperanza y la exigencia” de reunirse con el director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez Malia, tras más de dos años de instancias, “mediante múltiples escritos”, desoídas y ante una situación del caladero que va camino, “si no se toman medidas drásticas, serias e inmediatas”, de tornarse en “irreversible”. La solución, según alegan sus presidentes, Juan Grao, Emilio Jaldón y Santiago Cano, es una: el cierre vigilado y subvencionado de la pesquería hasta su recuperación.

La parada biológica, a juicio de los mariscadores, no es sólo inevitable, sino un mandato de la propia Orden de 20 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y firmada por la consejera del ramo, Carmen Crespo, que establece un Plan de Gestión para la coquina en el Golfo de Cádiz. La misma fija el límite de 1,5 kilos de este bivalvo por hora como umbral medio de captura crítico y determina, “de un modo explícito y tajante”, la paralización “automática” de la actividad “hasta que los resultados del seguimiento científico ofrezcan las garantías técnicas suficientes” para que la misma se pueda retomar. Desde que culminó la veda el pasado 18 de junio (hasta donde se alargó desde el 1 de mayo), el balance de los mariscadores no llega más allá de los dos o tres kilos en talla comercial por jornada (unas tres horas de faena en torno a la bajamar). “No hay más preguntas, señoría”, concluyen.

Las tres entidades se desmarcan así de la Federación de Asociaciones de Mariscadores a pie del Golfo de Cádiz, que engloba a los profesionales de Pilas, Villamanrique y Carrión, en Sevilla; y Moguer, Punta Umbría e Isla Cristina, en Huelva. Lo hacen después de que ésta desconvocara la manifestación prevista el pasado martes 26 de septiembre no ante la Consejería, sino ante la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) para reclamar vigilancia. La movilización quedó suspendida tras la celebración de una reunión con el director general de Pesca y Acuicultura de la que, de momento, no ha trascendido nada. Ayamonte, Nueva Umbría y Doñana no entienden las razones de tanta opacidad “ni podemos consentir que se nos excluya de las mesas y la toma de decisiones”. La situación, cada vez más insostenible en términos sociales y ambientales, con un “serio peligro” para 250 puestos de trabajo y para un producto estrella de la gastronomía de Huelva como es la coquina, “lo requiere”, porque “es mucho lo que está en juego”, aseveran.

Furtivismo y nula vigilancia

El caladero, desde la óptica de los representantes del sector, ha quedado reducido a su mínima expresión, “a cenizas”, como consecuencia de la generalización y la impunidad de un furtivismo animado por una vigilancia que “brilla por su ausencia”. El daño viene, según detallan, de los turistas “sin conciencia” en las playas y de la afluencia de barcos (en su mayor parte, rastros remolcados, aunque también dragas hidráulicas), “que no respetan los límites de costa” y se adentran, en muchos casos con nocturnidad, en la zona reservada al marisqueo a pie. Todo ello, sin olvidar las lanchas ilegales de recreo o el problema enquistado de los mariscadores sin licencia.