Santiago Ponce lamenta la «celebración precipitada» del PSOE y su «uso político» del fallo judicial
El director ejecutivo de Giahsa, Santiago Ponce, ha afirmado este miércoles que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre las ordenanzas de la entidad «no altera» el marco tarifario actual ni afecta a los importes que abonan los usuarios en la actualidad.
Así lo ha indicado en una publicación realizada por la entidad en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en las que ha reprochado al PSOE su «celebración precipitada» tras hacer una valoración del fallo que, a su juicio, responde a un «uso político» y «carece de efectos jurídicos reales».
Esta publicación se realiza tras las manifestaciones del portavoz socialista en la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y alcalde de Bonares, Juan Antonio García.
En las mismas, Ponce ha señalado que la resolución judicial se refiere a unas ordenanzas concretas «que nunca llegaron a aplicarse» y que fueron sustituidas posteriormente por la normativa «en vigor». «La sentencia podrá tener el alcance que determine el propio fallo respecto de aquellas disposiciones, pero no altera las ordenanzas que hoy regulan el servicio», ha remarcado.
El responsable de la empresa pública ha calificado de «llamativo» que se proclamen «grandes victorias o varapalos a Giahsa» mientras «se omite» que las tarifas afectadas «no son las actuales». En este sentido, ha insistido en que «no se trata de una cuestión opinable ni de una interpretación interesada», sino del «efecto jurídico objetivo derivado de la propia sucesión de actos administrativos».
Por ello, el ejecutivo de Giahsa ha afeado a los representantes socialistas que hayan difundido en redes sociales una conclusión «difícilmente sostenible a la vista de los efectos reales de la resolución», antes de haber realizado un análisis técnico del expediente.
«La prudencia institucional aconseja estudiar primero la sentencia, analizar sus efectos reales y, sólo entonces, realizar valoraciones políticas», ha sostenido Ponce, concluyendo que el recorrido jurídico de la resolución judicial es «bastante más limitado que el entusiasmo con el que algunos han decidido celebrarla».
