CSIF exige medidas de seguridad y alerta de la falta de recursos
CSIF Huelva denuncia la grave situación de inseguridad en el Centro de Protección de Menores (CPM) ‘Juan Ramón Jiménez’ de Huelva tras la agresión en la madrugada del 4 de junio a dos educadores sociales por parte de un usuario. Tras los hechos, unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se desplazaron al centro y ambos empleados públicos de la Junta de Andalucía tuvieron que ser asistidos por los servicios de urgencias sanitarias. El usuario, además, provocó múltiples daños materiales durante el altercado.
La central sindical exige medidas urgentes para proteger a trabajadores y a los propios menores porque algunos agresores son reincidentes y las situaciones de violencia, física y/o verbal son reiteradas.
Los profesionales del centro alertan de que el perfil de algunos menores no se ajusta al modelo de centro residencial básico en régimen abierto, una circunstancia que genera alta conflictividad que el personal no puede gestionar en condiciones de seguridad adecuadas. A esta situación se suma la falta de medios de protección básicos. El CPM Juan Ramón Jiménez carece de vigilantes de seguridad al tratarse de un recurso de protección en régimen abierto, ni cuenta con sistemas de alerta como botón ‘antipánico’.
El elevado número de bajas entre los trabajadores, asimismo, provoca que en numerosas ocasiones los turnos se cubran con personal insuficiente o incluso en solitario, aumentando considerablemente el riesgo. Desde CSIF se solicita que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales se aplique de manera efectiva y urgente, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de los trabajadores.
El sindicato, además, subraya que la actual situación no solo pone en riesgo a los profesionales, sino también a los propios menores, que deben ser atendidos en un entorno seguro, estructurado y con los recursos adecuados para su correcta atención y desarrollo. CSIF defiende que la protección de los menores y la seguridad de los trabajadores son dos objetivos inseparables. Solo garantizando ambas se puede prestar un servicio público de calidad.
La central sindical pide a la Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que adopte de forma inmediata medidas estructurales que permitan adecuar los recursos del centro a la realidad actual, dotándolo del personal suficiente, reforzando la seguridad y revisando los criterios de derivación de menores. CSIF advierte de que no se puede seguir normalizando la violencia en los centros de protección y exige una respuesta firme y urgente por parte de la administración.
