Acaip denuncia la falta de personal médico por lo que el riesgo es «extremo»
El sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP ha denunciado que en el Centro Penitenciario de Huelva se está incrementando «de una manera alarmante» el número de incidentes protagonizados por internos de módulos especiales, aquellos incapaces de vivir en celdas ordinarias, y que por su «peligrosidad extrema han protagonizado atentados contra la vida de otros internos o de funcionarios, intentos de fuga o altercados muy graves en salidas al hospital».
Ante esta violencia «inusitada y desmedida de dichos internos, han de ser recluidos en departamentos especiales para minimizar los incidentes regimentales muy graves que puedan protagonizar» por lo que cualquier salida a un juzgado o un hospital de estos internos conlleva la movilización de un gran número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que «se retraen de las labores policiales comunes, y que, en consecuencia, supone una merma de la seguridad ciudadana».
Pero este incremento de incidentes «muy graves protagonizados por internos clasificados en 91.3 se conjuga con la falta de médicos que desde este sindicato recientemente hemos denunciado públicamente y que la Administración es incapaz de resolver en un momento tan delicado como el que estamos viviendo con la pandemia del Covid-19».
«Desamparados a nuestra suerte por la Administración Penitenciaria, esta conjunción de carencia de médicos y aumento de conflictividad» de estos internos extremadamente peligrosos en primer grado tiene como «víctimas directas» tanto el resto de personal sanitario como el persona del área de vigilancia al no contar con las atribuciones médicas cubiertas para dictaminar las medidas sanitarias oportunas así como la vigilancia y cuidados médicos que legalmente se establece. Así, a la inseguridad médica, se le une la inseguridad jurídica.
Por otro lado, la falta de médicos en el Centro Penitenciario de Huelva es un grave problema que deja sin cobertura sanitaria permanente de urgencia a la población reclusa, pero también a los propios trabajadores de Instituciones Penitenciarias, Guardia Civil, trabajadores ajenos que desarrollan trabajos de mantenimiento y reformas, o de los familiares visitantes.
