Pilar Miranda recibe al director de Miciudadatodogas
La presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, ha recibido este miércoles la visita de Ibón Basterrechea, director de Miciudadatodogas, una iniciativa de carácter público-privada que fomenta el uso de los gases renovables como una fuente de energía sostenible.
Durante el encuentro se ha abordado la posibilidad de acoger en el Puerto de Huelva la celebración de un foro sobre gases renovables como oportunidades para un desarrollo sostenible, al tiempo que Pilar Miranda ha puesto de manifiesto el compromiso del Puerto con el nuevo modelo de transición energética, basado en buscar fuentes de energías más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente mediante proyectos de hidrógeno verde, biometano y gas natural.
Por su parte, el director de Miciudadatodogas ha asegurado que “el gas natural aporta ventajas medioambientales y beneficios económicos que la transición energética no puede soslayar», así como que «los gases renovables son totalmente necesarios para que el transporte pesado y la industria avancen hacia modelos sostenibles”.
En la reunión también han estado presentes el director del Puerto de Huelva, Ignacio Álvarez-Ossorio, y el jefe del Departamento de Desarrollo de Negocio y Comercial, Jaime Beltrán.
El Miteco insta a la empresa a presentar un estudio de impacto ambiental que integre la totalidad de la zona 4
Un informe del Ministerio para la Transición Ecológico y el Reto Demográfico (Miteco) sobre el proyecto de restauración de Fertiberia para las balsas de fosfoyesos de Huelva pone reparos al plan presentado por la compañía, concretamente por la ausencia de «un Estudio de Impacto Ambiental que integre la totalidad de la zona 4 en su conjunto».
En concreto, en un escrito remitido a Fertiberia, la subdirectora de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ainhoa Pérez Pujol, insta a la mercantil a presentar un plan que incluya un estudio de alternativas y que suponga la menor ocupación posible del dominio público marítimo-terrestre».
“Fertiberia debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental que integre la totalidad de la zona 4 en su conjunto como recoge la DIA de 23 de septiembre de 2020, que cumpla los requerimientos exigidos en la Ley de Evaluación Ambiental incluyendo un estudio de alternativas y que suponga la menor ocupación posible del dominio público marítimo-terrestre, contemplando la restauración de su integridad”, señala Pérez Pujol en su escrito.
Desde Mesa de la Ría se han hecho eco de este informe, con el que, a juicio de esta organización, se pone de manifiesto que el proyecto de Fertiberia no contempla «un verdadero plan de restauración para la Zona 4» de las balsas de fosfoyesos, ya que «lo aportado hasta la fecha adolece de enormes carencias e irregularidades», añaden.
En concreto, Mesa de la Ría cita «carencias» como la de «proponer un tratamiento diferenciado en diferentes sectores por no contemplar actuación alguna para el lugar donde se encuentran los residuos radiactivos de Acerinox, no plantear diversas alternativas de restauración medioambiental y no haber propuesto la ocupación de la mínima cantidad de marisma posible», señalan.
A este escrito del Ministerio hay que sumar un nuevo auto de la Audiencia Nacional en la misma dirección, ya que expone textualmente que la Declaración de Impacto Ambiental de la ‘Zona 4’, “conforme a lo previsto en la Ley de Evaluación Ambiental, ha de formar parte del procedimiento de otorgamiento y modificación de la autorización ambiental integrada”.
Para Mesa de la Ría, este auto, con fecha del pasado 11 de febrero, establece que la Junta de Andalucía no podrá otorgar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) hasta que el Ministerio no emita Declaración de Impacto Ambiental sobre las actuaciones previstas para la ‘Zona 4’ de los fosfoyesos, con lo que «no resulta posible actualmente el pronunciamiento favorable de la Junta de Andalucía sobre el proyecto», destacan.
Tras analizar el último auto judicial y los informes del Ministerio, Mesa de la Ría ha mostrado su satisfacción con el hecho de que, «en algunas cuestiones de gran relevancia, la opinión de los jueces y de la administración estatal coincida con las tesis de esta organización», ya que sobre ello versa «una de las principales alegaciones presentadas por Mesa de la Ría contra el proyecto de enterrado de las balsas de fosfoyesos», explican.
Por último, desde esta organización sostienen que el último auto judicial «marca sin duda un camino importante» para impugnar el proyecto en los tribunales en caso de que la autorización ambiental integrada «fuera otorgada de manera favorable con anterioridad a la existencia de una declaración de impacto ambiental para la Zona 4».
La sanción europea de 63 millones de euros impuesta a España por los vertidos de aguas fecales es solo una muestra más de hasta qué punto es necesario cerrar el ciclo del agua mediante políticas y acciones que apuesten por el cuidado del medio ambiente. Se trata de la mayor multa europea impuesta a España y es consecuencia de la falta de depuración de aguas residuales en varios municipios.
Las estaciones potabilizadoras, las depuradoras y las plantas de tratamiento de lodos son una inversión más que necesaria en este contexto de economía circular y políticas de sostenibilidad. La rentabilidad no viene marcada solo por los efectos positivos que conlleva la higienización de los residuos, sino, también, por el hecho de que permiten impedir futuras sanciones millonarias como las actuales.
El propio Gobierno reconoce que esas multas habrá que pagarlas como mínimo hasta 2025, fecha en la que se prevé solucionar los problemas de los municipios afectados y origen de la sanción. Sin embargo, el montante económico de la multa se incrementa cada seis meses y, según los mejores augurios, continuará haciéndolo durante los próximos tres años.
El Gobierno central maneja un calendario para solventar esta situación, pero las competencias de depuración recaen en los municipios, lo que dificulta en muchos casos la construcción o el mantenimiento de las depuradoras. A ello se suma la necesidad de instalaciones que complementen a las EDAR para poder cerrar el ciclo del agua de manera sostenible.
La agilización de trámites, la eliminación de burocracia, el entendimiento entre las administraciones y la colaboración público-privada se configura como un elemento vital para hacer viable una apuesta clara y decidida por la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. Y para ello, las herramientas son claras y evidentes: estaciones potabilizadoras, depuradoras y plantas de tratamiento.
Lo contrario conlleva una serie de efectos negativos y perjudiciales en forma de sanciones económicas millonarias y ataques a la sostenibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Evitar los vertidos es una necesidad económica y social a la que ninguna administración puede renunciar.
Atalaya se inscribe en el registro del Ministerio de Transición Ecológica para contribuir a la lucha contra el cambio climático
Atalaya Mining acaba de obtener la inscripción de las huellas de carbono 2019 y 2020 de la mina de Riotinto en el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono, un registro oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que recoge los datos de emisiones de las empresas que quieren calcular, reducir y compensar sus emisiones de CO2 a la atmósfera de manera transparente.
Esta iniciativa de Atalaya, pionera en el sector de la minería metálica, tiene como objetivo establecer las emisiones y medir los resultados de sus proyectos de eficiencia energética, con lo que pretende contribuir a la lucha contra el cambio climático en el marco de su «apuesta por la sostenibilidad», lo que «ya está dando resultados», destacan desde la empresa.
En concreto, la compañía informa de que ha logrado bajar su ratio de CO2 por tonelada de metal producido en la mina de Riotinto desde los 0.55 a los 0.49 entre los años 2019 y 2020, lo que la empresa atribuye a la inversión que está acometiendo en materia de eficiencia del proceso productivo.
“La estrategia que marcó la dirección de la empresa era clara: en cuestiones ambientales, solo nos vale la excelencia. Y en eso trabaja el equipo día a día”, destaca el responsable de Medio Ambiente en la mina, Emilio Sanjuán.
Además, a este objetivo contribuirá definitivamente la puesta en marcha de la nueva planta solar de 50MW que Atalaya va a construir este año en Riotinto, que cuenta con una inversión de 30 millones de euros y reduciría las emisiones de CO2 hasta en 40.000 toneladas anuales, equivalentes a 173.000 barriles de petróleo, destacan desde la empresa.
También el director general de Atalaya, Enrique Delgado, ha destacado este nuevo hito. “Cuando nos adherimos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas por la Sostenibilidad lo hicimos con todas las consecuencias. Por eso, trabajamos para hacer una minería cada día más verde. Hoy demostramos, una vez más, que nuestro compromiso con el medio ambiente es real», subraya.
Asimismo, una vez comprometida con el cálculo de su huella de carbono, la empresa asegura que ya está trabajando para quedar inscrita en los apartados de Reducción y Compensación, siguiendo las directrices del Ministerio, así como tramitando su alta en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE).
Sobre Atalaya
Atalaya Riotinto Minera, filial de Atalaya Mining, es la operadora de la histórica mina de Riotinto, un nuevo proyecto minero que incorpora las «últimas innovaciones tecnológicas» en el sector, así como los conceptos de seguridad y sostenibilidad ambiental «propios de la minería del siglo XXI».
Riotinto es hoy una mina de cobre a cielo abierto que ha producido más de 56.000 toneladas de cobre en concentrado en 2021. Cuenta con 197 millones de toneladas de reservas de mineral de cobre y trabaja constantemente en la identificación de nuevos recursos para seguir alargando la vida de la explotación, que actualmente se sitúa en 11 años.
La puesta en marcha del Proyecto Riotinto ha supuesto una «gran inversión industrial», incluyendo «importantísimas» mejoras ambientales y la creación de más de 1.000 empleos directos e indirectos.
Llevan a cabo una plantación reivindicativa en Cueva de la Mora
Poblaciones afectadas por el grave incendio de Almonaster la Real han reivindicado este sábado el prometido apoyo de la Junta de Andalucía para la recuperación de la zona, para lo que han llevado a cabo una plantación reivindicativa de árboles en la aldea de Cueva de la Mora.
Convocada por asociaciones vecinales y distintos colectivos ecologistas y sindicales de la provincia de Huelva y la comarca de la Sierra, la acción reivindicativa ha contado con la participación de cerca de doscientas personas, que han sembrado unas 5000 bellotas (15 kilos) y plantado 500 árboles autóctonos.
Los colectivos convocantes han denunciado que, desde septiembre de 2020 que tuvo lugar el gran incendio forestal, el Gobierno andaluz tiene en marcha comités para tomar decisiones con los grandes propietarios, que ya tienen aprobados planes de restauración forestal, «pero los habitantes de las áreas rurales no han recibido las medidas de apoyo prometidas por la Junta para recuperar su entorno y sus pérdidas», lamentan.
Asimismo, han criticado la situación de «absoluto abandono por parte de las administraciones que sufre la población local tras el terrible incendio sufrido en 2020», que provocó que numerosos huertos familiares y una masa arbolada «imprescindible en el duro paisaje minero que circunda esta zona rural» fueran completamente arrasados durante el incendio.
«Las distintas administraciones prometieron recuperar los elementos básicos del paisaje y la forma de vida local para garantizar el bienestar de las poblaciones afectadas y que pudieran recuperar su entorno habitual, pero ninguna ayuda ha llegado a las personas afectadas», han proseguido.
Para finalizar la jornada, habitantes de la zona han leído un manifiesto en el que han recordado sus reivindicaciones:
No han llegado ayudas de ningún tipo a los vecinos y vecinas que han sufrido el incendio en primera persona, perdiendo pertenencias propias.
No se han construido las prometidas pantallas verdes para estas poblaciones que han perdido su entorno paisajístico, dejándolas expuestas al degradado paisaje minero
No se ha apostado por la recuperación del monte mediterráneo y sus productos naturales
No se han recuperados los caminos públicos
No se han recuperado las vías pecuarias
No se han recuperado las riberas y sus bosques de vegetación riparia autóctona
Las poblaciones rurales afectadas manifiestan que no se apuesta por la recuperación de su normalidad y su desarrollo económico sostenible, basado en recursos endógenos. «Por el contrario, solo se ha favorecido a los grandes propietarios de monte para poner de nuevo en cultivo sus fincas forestales y a los intereses sectoriales, como la actividad extractiva minera cortoplacista, que degradan aún más el paisaje e hipotecan el futuro del territorio y de sus habitantes», han denunciado.
«Y, para más inri, sobre las 3.000 hectáreas de montes públicos de Almonaster la Real donde había eucaliptos abandonados que quedaron calcinados, la administración no contempla recuperar la zona con encinas y alcornoques, especies autóctonas muy productivas, que en toda la provincia está sufriendo una importante regresión como consecuencia de la seca», han lamentado.
Por último, han explicado que «solo varios colectivos cercanos están colaborando en la recuperación de las poblaciones afectadas, mediante la organización de jornadas e iniciativas como la de hoy, o la de la onubense Marta Vázquez, que está recorriendo la Costa Mediterránea en bicicleta para recoger fondos».
Las organizaciones convocantes de esta acción reivindicativa han sido la Asociación de Vecinos Aldeas Unidas (Almonaster la Real), la Asociación Alto Alcornocosa (La Zarza Perrunal), la Asociación Los Pies en la Tierra (Sierra de Huelva), Ecologistas en Acción-Huelva, Huelva Te Mira y CGT-Huelva.
La empresa minera apuesta por «una iniciativa de responsabilidad a favor del patrimonio natural, el turismo local y el disfrute de los vecinos de la Cuenca Minera»
Atalaya Mining, operadora de la mina de Riotinto, como parte de su acción de responsabilidad social, decidió asumir las labores de restauración ambiental de algunas de las fincas más emblemáticas arrasadas en el incendio de Nerva de 2018, tras lo que, en concreto, la empresa minera está restaurando casi 20 hectáreas de terrenos aledaños a Peña de Hierro, propiedad de la Fundación Río Tinto y una de las principales atracciones turísticas de la provincia.
Para ello, a principios de otoño, en colaboración con la referida entidad y el Ayuntamiento de Nerva, se puso en marcha el ‘Plan de Restauración de Terrenos Forestales Incendiados de los Montes Terreros y Tejonera’, cuya ejecución marcha «a buen ritmo» y se espera quede finalizada en los próximos meses, según han destacado desde la empresa minera.
“El compromiso con el medio ambiente y con el territorio en el que desarrollamos nuestra actividad son objetivos de Atalaya Mining”, ha remarcado el director general de la compañía, Enrique Delgado, para quien «este es un lugar clave de nuestro entorno», por lo que «poder llevar a cabo esta restauración era un ejercicio de responsabilidad que se ha convertido en un orgullo compartido para todos nosotros», ha señalado.
Además, desde la empresa han incidido en que el incendio supuso daños emocionales para la comunidad del entorno: «la pérdida de calidad paisajística y recreativa del monte afecta al territorio en muchos aspectos, tanto en la comercialización del producto turístico minero y rural como al propio uso y disfrute de los vecinos de la zona», por lo que el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, aseguró estar “de enhorabuena, porque la responsabilidad social que viene ejerciendo Atalaya pinta de verde nuestro bosque calcinado para el disfrute futuro de los nervenses y de los que vienen a conocer este paraje único en el mundo”.
Y es que el Paisaje Protegido ‘Montera de Gossan’ era una zona muy transitada por los habitantes de la Cuenca Minera y por multitud de turistas que venían a disfrutar de la experiencia de visitar la Peña de Hierro de la mano de la Fundación Río Tinto y su Parque Minero. En este sentido, José Luis Bonilla, director de Fundación Río Tinto, afirmó que «los trabajos que ahora se acometen gracias al compromiso de la compañía Atalaya Mining con el entorno harán posible que este enclave singular recupere todo su esplendor, para que pueda ser admirado por los miles de personas que cada año nos visitan».
El Plan incluye diversas actuaciones encaminadas a formar una nueva masa forestal que pueble rápidamente la zona afectada, empezando con la corta y retirada de árboles calcinados, la construcción de fajinas y albarradas para evitar la erosión y la siembra de árboles y especies vegetales autóctonas.
Hasta la fecha, los trabajos avanzan según lo planificado y la regeneración natural está respondiendo con densidades muy altas en algunos casos, dada la especie dominante antes del incendio (Pinus pinaster), han explicado desde la compañía, que previamente a las actuaciones estableció un período de “parada” necesario para comprender la evolución del monte y así planificar las medidas necesarias en el área incendiada.
El objetivo inmediato del plan de restauración es controlar los procesos erosivos provocados por la escorrentía en las zonas de mayor pendiente y conseguir en los rodales incendiados la implantación de una masa pura o mixta de pinar. A medio plazo, el plan considera la transformación a masas mixtas de coníferas y frondosas, y a frondosas finalmente (alcornocales, por ejemplo), fomentando el desarrollo de matorral noble y adecuando las masas hasta alcanzar una espesura acorde con su edad.
1.700 hectáreas arrasadas
En el incendio, que tuvo lugar el 2 de agosto de 2018 y cuyas causas aún se desconocen, se quemaron 1.700 hectáreas. El siniestro arrancó en la Sierra del Padre Caro y se propagó por la Sierra de San Cristóbal, arrasando los montes propiedad de la Fundación Río Tinto. Entre otros, el fuego calcinó la totalidad de los terrenos donde se enclava la histórica Peña de Hierro, un epicentro del turismo industrial de la provincia, y la Montera de Gossan, un paraje geológico espectacular, catalogado como Monumento Natural.
Sobre Atalaya
Atalaya Mining es la operadora de la histórica mina de Riotinto, un nuevo proyecto minero que incorpora las «últimas innovaciones tecnológicas» en el sector, así como los conceptos de «seguridad y sostenibilidad ambiental propios de la minería del siglo XXI».
Riotinto es hoy una mina de cobre a cielo abierto que ha producido 55.890 toneladas de cobre en concentrado en 2020. Cuenta con 197 millones de toneladas de reservas de mineral de cobre y trabaja constantemente en la identificación de nuevos recursos para seguir alargando la vida de la explotación, que actualmente se sitúa en 12 años. La puesta en marcha del Proyecto Riotinto ha supuesto una gran inversión industrial, incluyendo «importantísimas» mejoras ambientales y la creación de más de 450 empleos directos.
Atalaya es una empresa adherida a la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, un compromiso con los Diez Principios del Pacto Mundial y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas. Estos se sustancian en la ‘Agenda 2030’, un plan de acción en favor de las personas, el planeta, la prosperidad y la paz. Se trata de una «apuesta» de Atalaya Mining por la responsabilidad que alinea los objetivos de negocio con una gestión sostenible de sus operaciones desde el aspecto social, ambiental y de gobernanza.
Junta y Plant for the Planet España llegan a un acuerdo para la reforestación en la zona del Pinar de las Peñuelas afectada por el incendio de 2017
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y la Fundación Plant for the Planet España han alcanzado un acuerdo para la reforestación de 600.000 árboles destinados a recuperar y mantener la biodiversidad del Parque Natural de Doñana después del incendio del 2017 en la zona del Pinar de las Peñuelas (Mazagón, Huelva).
La titular de dicha Consejería, Carmen Crespo, ha destacado que el Gobierno andaluz defiende la colaboración público-privada en todos los proyectos para alcanzar «soluciones viables en el futuro para luchar contra el cambio climático y la deforestación».
En este sentido, ha dado «la enhorabuena» a la Fundación Plant for the Planet España al considerar que estas iniciativas «hacen mucha falta» y por poner «gran alma en este proyecto».
En especial, ha señalado que la reforestación se realizará en «una de las joyas» que tiene Andalucía como es Doñana, pero ha defendido todas las actuaciones que mejoren las zonas protegidas del territorio de la comunidad.
Tras el incendio de 2017 y la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía, Crespo ha indicado que el Ejecutivo regional ha abordado la reforestación de Doñana con un presupuesto de 17 millones de euros.
Con la replantación de 600.000 árboles gracias a la fundación, Crespo ha resaltado que se dará «ejemplo». «El medio ambiente es responsabilidad de todos, tenemos el deber y la obligación de dejarle en las mejores condiciones a las futuras generaciones todas las joyas medioambientales», ha añadido, por lo que espera una «multiplicación de actuaciones».
Además, la consejera de Desarrollo Sostenible ha puesto en valor la incidencia que tiene el proyecto en los pueblos. Según Crespo, Moguer y Almonte –«uno de los pueblos más importantes y emblemáticos de las zonas medioambientales de Andalucía–, y la provincia de Huelva en su conjunto –«una provincia medioambentalmente muy rica y muy necesitada»–, están de enhorabuena «por un proyecto pionero que va a dar lugar a muchos frutos en el presente y en el futuro».
«Somos una sociedad muy comprometida con lo medioambiental, la sociedad, la Administración pública, los privados y Plant for the Planet lo tienen claro», ha sentenciado Crespo. «Este proyecto nos llena de orgullo y satisfacción a todos y es muy importante que toda la sociedad andaluza conozca esta firma para que en el futuro se multipliquen las posibilidades de lo que hace lo publico».
Por su parte, el patrono de la Fundación Plant for the Planet España y directivo de DKV, Antonio Vila, ha mostrado la alegría por participar en «este importante proyecto medioambiental en uno de los parques naturales más importantes de Europa, Doñana».
Vila ha añadido que llevan trabajando aproximadamente «un año y medio para poner en marcha» este proyecto. «No ha sido fruto de la casualidad que hoy estemos aquí», ya que han colaborado «codo con codo con la Junta».
OTROS PROYECTOS DE PLANT FOR THE PLANET
El patrono de la Fundación Plant for the Planet y directivo de DKV ha explicado que la entidad está elaborando otros proyectos en Andalucía a los que ha «invitado» también a la Junta a participar.
Como ejemplos, ha destacado el anillo verde de Granada, la recuperación de la enfermedad que tienen los alcornocales en el bosque Alejandro Sanz en Alcalá de los Gazules (Cádiz) y otros proyectos que ya avanzarán en Almería.
La consejera de Desarrollo Sostenible ha asegurado que tendrá «el gusto» de acompañar a la fundación en dichas iniciaivas «magníficas».
Aminer renueva su colaboración con Ingenia Solar Energy (ISE)
La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) ha renovado el convenio de colaboración suscrito el pasado año con Ingenia Solar Energy (ISE) con el fin de impulsar iniciativas para fomentar, implementar y divulgar el desarrollo de proyectos de energía verde en el ámbito de la minería.
Priscila Moreno, gerente de Aminer, ha manifestado su satisfacción por la renovación de esta colaboración “en estos momentos en que la compañía está apostando por el hidrógeno verde como fuente energética”, tras lo que ha indicado que el hidrógeno verde, al producirse en el mismo punto de consumo y tener nula huella de carbono, se ha convertido en una potente alternativa para sustituir a los combustibles fósiles.
Por su parte, desde ISE han subrayado que “la renovación de este convenio pone de manifiesto nuestro firme compromiso con la reducción de huella de carbono y el impulso a la transición energética hacia energías renovables en las empresas relacionadas con el sector de la obtención de materias primas en entornos minero-metalúrgicos”.
Desde Aminer indican que actualmente países de todo el mundo están apostando por esta tecnología, que «supondrá un importante cambio en la movilidad, transporte, logística e industria en la próxima década. El hidrógeno verde permitirá no sólo descarbonizar la actividad minera, sino ser propietario de su propio combustible, desligándose así de las fluctuaciones de precio de las energías fósiles, evitar los gastos derivados de transporte y suprimir el pago de derechos de emisiones», añaden.
Con más de 15 años de experiencia en el sector fotovoltaico, ISE diseña y ejecuta sistemas integrados de energía fotovoltaica e hidrógeno verde. Desde estudios de viabilidad hasta proyectos llave en mano, la empresa abarca todos los eslabones de la cadena del H2 verde ofreciendo una atención personalizada y adaptada a cada necesidad particular, explican desde Aminer.
En virtud del acuerdo suscrito, ambas entidades se comprometen a desarrollar un trabajo conjunto para llevar a cabo iniciativas encaminadas a fomentar, implementar y divulgar el desarrollo de proyectos fotovoltaicos entre los socios de Aminer, entre los que se encuentran las empresas más importantes de minería a nivel nacional.
Durante el último año se han realizado diferentes actividades en el marco del convenio de colaboración como foros de debate y participación de profesionales, empresas y administraciones públicas sobre avances tecnológicos y nuevas prácticas de gestión empresarial, orientadas a la competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad donde se ha puesto en relieve las ventajas de la energía solar fotovoltaica en entornos minero-metalúrgicos. Asimismo, ISE ha participado en jornadas técnicas donde se han presentado las ventajas que tiene el autoconsumo en entornos mineros y su impacto directo en la reducción de los costes operativos. También ha asistido a conferencias en las que las baterías de Litio y Flujo de Vanadio y el hidrógeno verde han sido protagonistas.
Sobre Aminer
La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas y de Servicios, Aminer, está formada en la actualidad por 42 miembros que representan a la mayoría de las entidades relacionadas con la minería metálica en Andalucía: Cobre Las Cruces, Minas de Aguas Teñidas, Atalaya Riotinto, Minera Los Frailes, Minas de Alquife, Tharsis Mining, Insersa, Ayesa, Maxam, Exploraciones Mineras del Andévalo, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, AGQ Mining, Minesur, San Martín Contratistas, Sandvik, Subterra Ingeniería, Codisevand, ERM, IDOM, Iturri, Urva Fluidos Industriales, Ayma Mining, Torsa, IPH, Mecwide, FLSmidth, Cauchos San Diego S.L., Atlantic Copper, Pan Global Resources, Hardox Wearparts Center Donosti, Ecotúnel, Grupo Marco, Movitex, Finanzauto, Grupo Suez, Metso Outotec, Calgovsa, Inerco, SEMA (Servicios Mineros de Andalucía), el Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía, Duro Felguera y Alto Minerals Denarius.
El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, visita este martes la provincia
La Plataforma por el Túnel de San Silvestre espera que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explique en su visita a Huelva –mañana día 26 de octubre– “el porqué del retraso del proyecto” de desdoble del túnel de San Silvestre.
La plataforma espera que el secretario de Estado nos aclare dudas y nos da las explicaciones que necesitamos en torno al retraso del proceso administrativo previo al inicio de la obra, como la finalización del proyecto o la declaración ambiental del mismo.
Este calendario implicaba tener listo el proyecto en marzo de 2021, la declaración ambiental en un par de meses desde esa fecha; y en el primer semestre, hasta junio, la licitación, para iniciar la obra con el fin de año.
La plataforma ha acogido la visita con expectación y espera que el secretario de Estado dé una fecha, lo más cercana posible, del inicio de las obras.
María Eugenia Limón presenta el Plan de Movilidad Eléctrica de la institución provincial, dotado de dos millones de euros
La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha presentado hoy a los alcaldes y alcaldesas de la provincia el Plan de Impulso a la Movilidad Eléctrica, dotado con dos millones de euros y destinado a los municipios menores de 20.000 habitantes. A través de este Plan y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los municipios podrán acogerse a las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y para la instalación de puntos de recarga de uso público.
Según la presidenta de la institución provincial, “este Plan responde plenamente a nuestro afán por emprender políticas que nos permitan avanzar hacia un futuro en igualdad de oportunidades, de cohesión social y territorial y siempre con la innovación como eje del desarrollo. Vamos a conseguir igualar las oportunidades y las posibilidades de las personas y los municipios, independientemente de dónde se encuentren y de cuáles sean sus dimensiones y número de habitantes, de tal manera que quienes se desplacen con un vehículo de energía eléctrica a lo largo y ancho de la provincia de Huelva siempre puedan contar con un punto de recarga público”.
Se trata, como ha manifestado la presidenta de la Diputación de Huelva, “de una actuación alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto con la necesidad de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, promover el uso de energías asequibles y no contaminantes, preservar la vida de nuestros ecosistemas, así como establecer alianzas para lograr los objetivos estrechamente vinculada a la Agenda 2030”.
Limón ha pedido que “no exista ningún municipio fuera de esta red” y que “sea un servicio que no recaiga sobre la economía municipal”. Para ello, ha añadido la presidenta, “cada ayuntamiento menor de 20.000 habitantes podrá disponer de un vehículo eléctrico para poder prestar los servicios a vuestros vecinos y vecinas con una mayor eficiencia energética, reduciendo consumo y costes”.
El Plan tiene cuatro objetivos principales. En primer lugar, dotar a todos los ayuntamientos de la provincia de un vehículo eléctrico para contribuir a prestar los servicios municipales con una mayor eficiencia reduciendo consumos y costes. En segundo lugar, que las corporaciones locales potencien la confianza de la ciudadanía para la adquisición de vehículos eléctricos. En tercer lugar, contribuir directamente a la reducción de emisiones a nivel municipal y por ende a la consecución de los ODS. Y cuarto y último lugar, la creación de una red de recarga de vehículos eléctricos en todo el territorio de la provincia.
El Plan recoge dos modelos de asistencia económica. Por una parte, los municipios con población entre 5.000 y 20.000 habitantes recibirán ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos. 20.000 euros los que cuentan con una población entre 5.000 y 10.000 habitantes; y 14.500 euros los municipios con población entre 10.000 y 20.000 habitantes.
Por su parte, los municipios con menos de 5.000 habitantes de la provincia, unos 60, pueden optar por dos tipos de ayuda. Si optan por la adquisición del vehículo eléctrico para uso de un servicio municipal, recibirán 25.000 euros, y si optan por la adquisición del vehículo más la instalación de puntos de recarga de uso público recibirán 32.000 euros los municipios de menos de 1.000 habitantes, 28.000 euros los municipios con población entre 1.000 y 2.000 habitantes y 26.000 euros para los que cuenta con una población de entre 2.000 y 5.000 habitantes.
Inversión en los municipios
A lo largo de este año, la Diputación ha destinado unos diez millones de euros a la inversión en los municipios de la provincia, a los que ahora hay que sumar estos dos millones del Plan de Impulso a la Movilidad Eléctrica. Dentro de estas inversiones figuran 1’5 millones a través del PFEA para la mejora de infraestructuras municipales, alrededor de 6’5 millones del Plan de Concertación, un millón de euros dentro del Plan Especial de Infraestructuras y modernización municipal, 600.000 euros para la mejora de caminos rurales y 150.000 euros para la modernización municipal, principalmente para la mejora de la infraestructura de comunicación.
