Una denuncia interpuesta en Huelva permite liberar a una persona secuestrada

Los captores se pusieron en contacto con dos hermanos de la víctima y les exigieron el pago de 1.000 euros por su liberación

Agentes de la Policía Nacional han liberado en Málaga a una persona que había sido secuestrada y han detenido a tres personas que la custodiaban gracias a una denuncia que fue interpuesta en la comisaría de Huelva y tras lo que se activó el dispositivo para encontrarlo. Los captores se pusieron en contacto con dos hermanos de la víctima y les exigieron el pago de 1.000 euros por su liberación. Además, los secuestradores enviaban vídeos a los familiares donde se podía ver como la persona retenida estaba siendo golpeada y amenazada con un cuchillo de grandes dimensiones en el cuello.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en la Comisaría Provincial de Huelva por el secuestro de un varón. Acto seguido se comunicaron los hechos a los investigadores especializados para iniciar las labores de investigación y asesoramiento de los familiares y lograr localizar el paradero de la víctima. Tras varias gestiones de investigación los agentes localizaron el lugar donde se encontraba retenida y era agredida la víctima, en la ciudad de Málaga.

Dispositivo con los GOES

Con esta información se estableció un dispositivo policial donde se contó con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) donde se logró la liberación de la víctima y la detención de las tres personas que se encontraban en el domicilio realizando labores de custodia y vigilancia del secuestrado. 

En el registro del domicilio los agentes intervinieron varios objetos relacionados con los hechos investigados como el teléfono móvil utilizado para realizar las llamadas de petición de rescate a los familiares de la víctima y el cuchillo utilizado para las amenazas. 

La víctima, una vez liberada, fue trasladada a un centro sanitario para tratar las lesiones sufridas durante los días de cautiverio, principalmente, golpes y contusiones en la cara y el cuerpo. 

La Inspección da la razón al CSIF y obliga al SAS a cubrir plazas de Prevención de Riesgos Laborales

El sindicato denunció la «desprotección» del personal de la sanidad

El sindicato CSIF ha valorado el requerimiento que la Inspección de Trabajo ha realizado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para cubrir plazas de técnicos de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) después de que el sindicato denunciara la desprotección del personal de la sanidad pública al no estar cubiertas dichas plazas conforme a la dotación mínima que establece la normativa.

Tras la denuncia efectuada en mayo pasado por CSIF, la autoridad laboral insta ahora a la Administración sanitaria a dar cobertura a un total de 17 plazas de distintas categorías relacionadas con la PRL y que no se encontraban cubiertas hasta el momento en distintos distritos, áreas de gestión sanitaria y hospitales de la comunidad autónoma andaluza. En concreto, en Huelva falta un técnico de nivel superior en Higiene Industrial en el Hospital Infanta Elena, así como un técnico intermedio de Ergonomía y Psicosociología Aplicada en el Hospital Juan Ramón Jiménez, detalla el sindicato.

Con ello, la Inspección da la razón a CSIF en su planteamiento sobre la “inacción” de la Administración sanitaria a la hora de cubrir dichos puestos, tras haber solicitado al SAS información detallada sobre el personal integrante de cada unidad de PRL. Ha sido a raíz de dicha información, precisamente, cuando la autoridad laboral ha concluido que faltaban por cubrir las mencionadas plazas de estas categorías, agregan desde la central sindical.

CSIF mantiene que la falta de estos profesionales, fundamentalmente técnicos en Seguridad en el Trabajo, en Higiene Industrial y en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, conlleva una sobrecarga de trabajo en el seno de las unidades de Prevención de Riesgos Laborales y supone un riesgo para la seguridad y salud, no sólo de los profesionales de la sanidad pública, sino también para el medio ambiente y para las personas usuarias.

Tipologías de riesgos que deben ser controlados

Desde CSIF destacan que en el trabajo del ámbito sanitario existen muchas clases de riesgos que deben ser controlados y que traspasan el ámbito de los propios centros. En concreto, se trata de riesgos químicos: sustancias nocivas que se encuentran en distintas formas, sólido, líquido, aerosoles, gases y polvo y que pueden generar daños por inhalación, absorción o ingestión; así como de riesgos biológicos, que son elevados en los centros hospitalarios, y la exposición a ellos puede provocar infecciones importantes. También se pueden dar riesgos físicos, entre los que se incluyen las radiaciones.

La Inspección de Trabajo detalla estas carencias y urge al SAS a cubrirlas después de la denuncia de CSIF registrada en la Inspección de Trabajo por “inacción” en la protección de sus trabajadores «al no cubrir las plazas de técnicos de Prevención de Riesgos Laborales con la necesaria agilidad en los centros sanitarios públicos andaluces, cuyas unidades de PRL están totalmente desbordadas”, señalan.

Asimismo, advierte de que “de no dotar a los recursos preventivos de los medios que sean necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, se podría incurrir en falta grave tal y como así establece el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en su sección 2ª y artículo 12”.

Cobertura de plazas

Ante esta situación, la Administración sanitaria se ha comprometido a corregir el déficit de estos puestos incluyendo las categorías correspondientes en la Bolsa Única del SAS (antes del próximo 30 de abril), agilizando así su cobertura, que hasta ahora se realizaba por convocatoria específica.

CSIF entiende que la selección de técnicos de PRL ligada a convocatorias específicas conlleva un proceso muy lento, que en ocasiones se dilata durante más de un año, periodo durante el que el puesto se mantiene sin cubrir. Por ello, ha reclamado que, tras el requerimiento de la Inspección de Trabajo, estos puestos se cubran a través del procedimiento general, un extremo al que ha accedido la Administración.

Admitida a trámite una denuncia de un trabajador contra el alcalde de Hinojos y dos concejales

El juzgado admite a trámite la querella por los presuntos delitos de prevaricación, usurpación de funciones y contra la integridad moral

El sindicato CSIF, a través del sector provincial de Administración Local, se ha hecho eco de la admisión a trámite de una denuncia realizada por un trabajador del Ayuntamiento de Hinojos contra el alcalde del municipio, Miguel Ángel Curier, y dos concejales de su equipo de Gobierno, Alejandro Franco y Antonio Corchero, por tres presuntos delitos: contra la integridad moral, prevaricación y usurpación de funciones.

En concreto, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado ha admitido la querella presentada por un empleado público del consistorio por la vía penal tras el estudio de la documentación presentada por el afectado. De igual forma se han abierto diligencias y será el próximo 2 de febrero, tal y como se recoge en el auto, cuando el trabajador acuda a los juzgados para declarar.

La central sindical activó su gabinete CSIF-Ayuda para prestar asesoramiento laboral al afectado después de que éste se pusiera en contacto con el sindicato informando de un presunto caso de acoso laboral. Tras acudir a este gabinete especializado, se le prestó ayuda y apoyo para gestionar la situación y fue el propio afectado el que inició las medidas legales oportunas a nivel particular. Desde entonces, CSIF está realizando un “seguimiento exhaustivo del caso” y asegura que permanecerá «vigilante ante el desarrollo de los acontecimientos”.

Desde la central sindical, y a través de CSIF-Ayuda, se asegura que “se pondrán en marcha las acciones necesarias para actuar ante posibles casos de acoso laboral” e insiste en que, en cada una de las administraciones, se debe contar con un protocolo anti-acoso y una comisión que se encargue de estudiar las situaciones de los trabajadores que las denuncien.

Finalmente, la organización sindical recuerda que su gabinete psicosocial CSIF-Ayuda está a disposición de todas sus personas afiliadas para prestar asesoramiento y soporte en casos de acoso laboral, conflicto, estrés laboral o el síndrome de burnout, violencia en el trabajo, riesgos laborales, adicciones o problemas de consumo y acoso sexual y por razón de sexo. La ayuda se centrará en un asesoramiento jurídico, técnico, psicológico y pedagógico a la persona que se encuentra en situación de riesgo psicosocial. Con esta iniciativa, CSIF pretende conseguir organizaciones saludables y en las que exista una cultura preventiva de respeto a todos los niveles.

Continúa la búsqueda tras la extraña desaparición de Paqui y Enrique en Huelva

La Policía Nacional no descarta ninguna hipótesis y la familia pide ayuda ciudadana

La Policía Nacional de Huelva mantiene activa la búsqueda de Enrique Fuentes –de 73 años– y a Paqui Romero –de unos 60 años–, después de que sus familiares denunciaran la desaparición de ambos al no regresar a sus domicilios tras salir juntos a cenar a un pueblo de la provincia el pasado martes.

Las familias presentaron la denuncia por la desaparición el miércoles, por lo que abrieron una investigación, y han apuntado que no descartan ninguna hipótesis, aunque barajan la posibilidad de que haya sido una marcha voluntaria.

De este modo, los agentes de la brigada de la Policía Judicial están tratando de dar con ellos a través de sus teléfonos móviles e investigan si se hubieran producido movimientos bancarios por parte de alguno de los dos.

Por su parte, la hija de Paqui Romero ha solicitado ayuda a través de las redes sociales, en las que ha indicado que la mujer salió de casa sobre las 21,00 horas de la noche acompañada del hombre también desaparecido, así como que desde entonces no saben nada de ninguno de los dos y que el teléfono de su madre está apagado. Por ello, ha explicado que en el momento de su marcha iban en un coche Peugeot 308, matrícula 8351 HRR de color gris.

De otro lado, las hijas del desaparecido descartan que la marcha haya podido ser sido voluntaria, al no considerar «normal» que el móvil esté apagado y no puedan dar con él, por lo que están esperando que la Policía Nacional consiga localizar la ubicación de sus teléfonos.

Del mismo modo, han indicado que salieron a comer «por algún pueblo de Huelva», pero que su intención era «volver el mismo día» y «no dormir fuera de casa», toda vez que han apuntado que «no llevaban ropa» y «solo el dinero para la cena».

La policía local de Lepe disuelve más de 50 botellones en un solo fin de semana

Se han decomisado también cientos de productos falsificados 

 
La Policía Local de Lepe ha tenido un intenso fin de semana en el que ha tenido que llevar a cabo numerosas actuaciones en materia de tráfico y seguridad y especialmente en el ámbito de los botellones en las zonas de La Antilla e Islantilla en los que ha logrado disolver más de 50 agrupaciones de jóvenes interponiendo en los mismos 30 actas de denuncia.
 
Desde la Policía Local de Lepe también han informado de que durante el mismo periodo han llevado a cabo la denuncia a establecimiento público por incumplir horario de cierre, un conductor por alcoholemia positiva en vía administrativa, la recuperación de vehículo a motor sustraído, (ciclomotor), así como varias intervenciones en materia de venta ambulante y productos falsificados.
 
También se han llevado a cabo dos sctas-denuncia a la Ley 4/2015 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana por posesión de sustancias estupefacientes.

CSIF denuncia que las oficinas del SAE en la provincia funcionan con un tercio de su plantilla

En Huelva, sólo están cubiertas 51 de las 158 plazas que están contempladas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), lo que supone que las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo cuentan sólo con el 32,27% de su personal

El sindicato CSIF ha denunciado que las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia de Huelva están funcionando con un tercio de su plantilla. En concreto, según los datos que maneja la central sindical, sólo están cubiertas 51 de las 158 plazas que están contempladas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), lo que supone que estos centros de trabajo sólo cuentan con el 32,27% de su personal.  Con un total de 61.492 personas paradas en el ámbito onubense, la media de atención al demandante de empleo es de un trabajador para cada 1.205 personas usuarias. Con estas cifras, Huelva es la provincia andaluza con tercer peor dato sólo después de Cádiz y Málaga.

Mientras que se está dando esta circunstancia, la Junta de Andalucía ha establecido un convenio de colaboración público privada con agencias de colocación para las labores de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, mientras las oficinas del SAE están funcionando con poco más del 30% de su plantilla. Por ello, CSIF ha lamentado, una vez más, la “notoria carencia de personal” de estas oficinas como consecuencia de una “falta de cobertura de las plazas de sus Relaciones de Puestos de Trabajo”.

Además, la central sindical explica que “no se entiende que, existiendo un cuerpo específico en la Administración que contempla precisamente las funciones de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, la Junta recurra a un convenio con agencias de colocación privadas por tres millones de euros”.

Esta externalización, a juicio de CSIF, pone en evidencia “una falta de apuesta por lo público”, así como “una incapacidad manifiesta” de la Junta de Andalucía para la cobertura de las plazas que contemplan las propias RPT de las oficinas del SAE, “en un momento que, además, es crucial en materia laboral para afrontar la recuperación de la economía andaluza post pandemia de la Covid-19”.

El tratamiento de los datos personales de las personas desempleadas es otro de los aspectos por los que se plantea  el sindicato ya que cuestiona si estos procesos se van a desarrollar con todas las garantías desde empresas privadas.

Finalmente, CSIF urge que desde Función Pública se autorice la cobertura de todas las vacantes que están sin cubrir en el SAE, “de manera que el personal pueda realizar un servicio público a la ciudadanía dentro de unos parámetros razonables en cuanto a la ratio entre empleados y personas en desempleo”.

Detenido por robar un ciclomotor y enfrentarse a los vecinos con una barra de hierro

Los agentes locales han interpuesto además 11 denuncias por saltarse el toque de queda

 
La colaboración ciudadana y la rápida actuación policial ha permitido la detención de un conocido delincuente local como presunto autor del robo de un ciclomotor y de atentado contra los agentes de la autoridad, por resistirse “con violencia y agresividad” a la detención. Ha sido la principal actuación de un fin de semana en el que se han intensificado los controles y la vigilancia, y que se ha saldado además, con 11 denuncias por incumplimientos de la normativa frente al COVID-19, la inmensa mayoría de ellas por saltarse el toque de queda.

La Policía Local de Cartaya, adscrita al área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, ha detenido este fin de semana, a un conocido delincuente de la localidad por el presunto robo de un ciclomotor y por atentado contra los agentes de la autoridad cuando éstos procedían a su detención.

Los agentes acudieron al aviso de que el conocido delincuente había acudido a su domicilio conduciendo un ciclomotor del que se tenía constancia que había sido sustraído previamente. Se personaron en el lugar, donde se estaba produciendo una reyerta entre el citado individuo, que, según el atestado policial, portaba una gran barra de hierro y unas tijeras, y varios vecinos. Estos le acusaban de la sustracción del vehículo, que se encontraba en el interior de la vivienda del presunto autor de los hechos.

Tras varios requerimientos de los agentes para que tirara los objetos peligrosos que portaba, estos, ante “la violencia y agresividad mostrada” tuvieron que reducir por la fuerza al individuo, para proceder a su detención, recuperando posteriormente el vehículo, que fue conducido a las dependencias policiales y entregado posteriormente a su propietario.

Ha sido una de las actuaciones policiales de un fin de semana en el que la Policía Local ha intensificado la vigilancia y los controles en los tres núcleos de la localidad, y ha interpuesto un total de 11 actas de denuncias por incumplimientos de la normativa frente al COVID-19, 10 de ellas por saltarse el toque de queda.

Una vecina de Costa de la Luz se parte el peroné por el «mal estado» de la calle

La asociación de vecinos de la barriada prepara una concentración a las puertas del Ayuntamiento para reclamar el arreglo de las infraestructuras

La Asociación de Vecinos Costa de la Luz ha denunciado una vez más lo que califica como el «lamentable» estado en que se encuentran las infraestructuras de la barriada, hecho que, según la entidad vecinal, ha provocado el accidente sufrido por una vecina.

Desde la asociación aseguran que «no es el primero ni desgraciadamente será el último» accidente que se produzca si el Ayuntamiento de Huelva no se pone «manos a la obra» y cumple «las promesas dadas a los vecinos y las mociones aprobadas en los plenos municipales».

«Esperemos que esta vez no dude también nuestro alcalde Gabriel Cruz si es real o no, como tuvo la genial idea de hacer cuando tuvo lugar el conflicto con los ocupas y con las ratas», prosiguen desde la entidad, que hace un llamamiento a todos los vecinos a que se sumen a la misma, que ya ha superado los 400 socios.

«Hoy más que nunca se hace patente la necesidad de unirnos y participar en la asociación y apoyar las acciones que esta tiene pensado convocar para que de una vez por todas el alcalde y sus concejales se pongan a trabajar en solucionar los graves problemas que venimos denunciando que sufre el barrio de Costa de Luz», subrayan.

Según han indicado desde la entidad vecinal, «la dejadez de Gabriel Cruz y su equipo de gobierno ha provocado que una vecina nuestra sufra una rotura del maléolo interno y desplazamiento del tobillo derecho con rotura del peroné y esguince de grado 2 en tobillo izquierdo».

En la actualidad, la asociación está llevando a cabo «una campaña con la colocación de huchas en varios establecimientos del barrio para que estos aporten un euro para la organización de una concentración en las puertas del Ayuntamiento, siempre siguiendo las normas de seguridad que marcan nuestras autoridades sanitarias», explican.

Asimismo, «esperamos que pronto se pronuncie la justicia después de haber interpuesto ya su correspondiente denuncia nuestra vecina y que el seguro de responsabilidad civil contratado por el Consistorio onubense pague las consecuencias de la sinrazón de sus mandatarios», concluyen.

Desalojan un fiesta ilegal en Ayamonte con una veintena de personas

Todos han sido identificados y se les ha levantado acta de denuncia 

 
Fuentes de la Policía Local de Ayamonte han comunicado que el pasado sábado mientras los agentes de patrulla del turno de noche realizaban ronda por la zona industrial localizaron un local en el cual presuntamente estaba teniendo lugar una fiesta ilegal.
 
Tras solicitar apoyo al resto de efectivos así como a los agentes de Guardia Civil, pasados varios minutos y una vez aseguradas las salidas de la nave en cuestión, se procedió a intervenir en la misma encontrando en el interior a una veintena de jóvenes aproximadamente consumiendo bebidas, sin respetar las más mínimas medidas sanitarias y fuera del horario establecido para la permanencia en vía pública.
 
Por estos hechos se procedió «de inmediato a cancelar dicha fiesta y al desalojo del lugar», identificando a todos los participantes y levantando las pertinentes actas de denuncia.
 
Del mismo modo se procedió a levantar acta de denuncia a quien se identificó como responsable u organizador de la misma que evidentemente va a ser propuesto para sanción por este motivo.
 
Además por parte de este cuerpo se están realizando las diligencias oportunas para la identificación del titular del local en el que se efectuaba dicha fiesta y responda por tales hechos.
 

El Ayuntamiento de Riotinto denunciará «las mentiras del PP» sobre la planta de tecnosuelos

Aseguran que el proyecto de actuación ni siquiera ha sido admitidos a trámite

 
El Ayuntamiento de Minas de Riotinto, ha emitido un comunicado a través de la plataforma Facebook, tras las acusaciones lanzadas desde el Partido Popular de Riotinto y recogidas por la dirección provincial del partido, en la que aseguraban que el consistorio conocía el proyecto de tecnosuelos desde el  mes de octubre y que lo ocultó a la ciudadanía.
 
Ante estas «falsas informaciones vertidas por la oposición del Partido Popular para poner nerviosa a la ciudadanía», desde el Ayuntamiento de Riotinto han querido explicar los trámites que se han seguido en todo momento con la empresa que quiere construir la planta de tecnosuelo.
 
 
Según el consistorio riotinteño, en octubre la empresa solicita al Ayuntamiento un informe de compatibilidad urbanística que necesitan para tramitar el expediente ambiental en la Junta de Andalucía. Desde el Ayuntamiento «no se emite jamás un informe favorable, sino que se les insta a que cumplan con un trámite urbanístico reglamentario que es la presentación de un proyecto de actuación».
 
Este proyecto de actuación lo presentan en el Ayuntamiento el 23 de diciembre, mientras dicho proyecto de actuación «aún no ha sido admitido a trámite», ellos prosiguen el trámite ambiental que aún no está resuelto.
 
Según el consistorio, a la ciudadanía no se le ha informado públicamente puesto que «el proyecto no ha sido aún admitido a trámite» y aclaran que el trámite de audiencia se realiza cuando sí se admite a trámite y, finalmente, se aprueba definitivamente o no se aprueba en pleno, motivo por el que este proyecto no ha pasado aún por el pleno municipal.
 
Desde el Ayuntamiento de Minas de Riotinto quieren dejar constancia de que «todo aún está sin resolver» y además han querido hacer hincapié en que, «aunque este no va a ser el caso, el silencio administrativo sería en todo caso negativo, no positivo como están diciendo desde la oposición sin propiedad ni información».
 
Del mismo modo han asegurado que el Equipo de Gobierno «denunciará las mentiras que acaban de verter en las redes sociales, teniendo claro que las informaciones no son veraces y entra en juego la profesionalidad de los técnicos que trabajan con este tipo de informes desde enero y el perjuicio que supone para ellos decir estas mentiras».
 
En este sentido, «volvemos a dejar claro que el Equipo de Gobierno no aprobará ninguna licencia urbanística, ni de obra, ni de actividad a pesar de exponernos a una denuncia judicial» y aclaran que «no ha cambiado de opinión y ha mantenido su postura todo el tiempo en el no a la planta de tecnosoles».
 
Por ello han señalado que «no vamos a consentir que se siga engañando a la población con un tema tan delicado porque aquí no existen intereses ocultos de nadie, y mucho menos de los que sentimos haber sido engañados por la empresa y por la Junta de Andalucía».
 
Desde el Ayuntamiento han asegurado a la población que «las puertas siguen abiertas para que, lo que actualmente explicamos se lo expliquen los técnicos municipales, para que entiendan las cosas y no hablen de esta forma libre y preocupante. No solo a la oposición sino a toda la ciudadanía que lo estime oportuno».