Las víctimas de los supuestos abusos sexuales del entrenador ascienden a 15

La Policía mantiene la investigación abierta mientras que el acusado se encuentra en prisión

La Policía Nacional ha indicado que las denuncias de menores supuestamente agredidas sexualmente por el hombre de 62 años -entrenador de fútbol femenino y técnico de instalaciones de la Universidad de Huelva que se encuentra en prisión- ascienden a 15.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes policiales, que han señalado que desde que se puso la primera denuncia y salió a la luz el caso se ha ido incrementando el número de denunciantes que presuntamente han sido agredidas por esta person

De este modo, la Policía Nacional continúa con las investigaciones y ha señalado que seguirán atendiendo a posibles víctimas de este hombre que se decidan a acudir a la comisaría a denunciar.

Según indicó la Policía tras la detención del entrenador, el arrestado se valía de su condición de entrenador de fútbol base femenino para «tener acceso a las menores, todas ellas jugadoras de entre 14 y 16 años», al tiempo que apuntó que este hombre, con una trayectoria de cerca de 30 años ligado al mundo del fútbol, supuestamente «obligaba» a las víctimas a despojarse de la ropa interior para poder darles «masajes», advirtiéndoles, dada su posición de entrenador, que «sin ellos no podrían volver a jugar en el equipo».

Asimismo, varias de estas prendas de ropa interior «eran arrebatadas a las menores para ser guardadas por el presunto agresor entre sus pertenencias personales», según ha señalado fuentes policiales.

De este modo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Huelva, tras la puesta a disposición judicial del detenido, acordó la prisión provisional para el mismo por un presunto delito de agresión sexual sobre una menor de 16 años, y por otros tres posibles delitos de agresión sexual y prevalimiento sobre menores de 16 años; todo ello, sin perjuicio de otros eventuales hechos delictivos que pudieran resultar a lo largo de la instrucción.

Así lo indicó a Europa Press el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), señalando, además, que la causa se remitirá al Decanato para su reparto por turno al Juzgado de Instrucción que corresponda.

Noches en habitaciones de hotel

Por otro lado, la Policía señaló que «bajo diversas excusas», el arrestado supuestamente accedía a los vestuarios y duchas para observar a las jugadoras y les regalaba prendas de ropa «buscando que se desvistieran en su presencia».

Para llevar a cabo las supuestas agresiones sexuales y poder estar a solas con las menores «se valía de un almacén usado para guardar el material deportivo del equipo», así como se ofrecía a costear el precio de la habitación de hotel en los desplazamientos si las menores compartían la misma con él.

En este sentido, la Policía Nacional indicó que la detención de este entrenador se produjo el pasado 9 de enero después de que el cuerpo policial iniciara la investigación por la denuncia interpuesta por una menor, acompañada por sus padres.

La delegada de Salud pide respeto a la investigación sobre los presuntos contratos irregulares en Riotinto

Manuela Caro defiende la gestión del centro hospitalario tras el cese de la jefa de personal

La delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuela Caro López, ha pedido respeto para el trabajo del grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil en la investigación abierta por la comisión de presuntos delitos de prevaricación en la contratación del personal de Hospital de Riotinto y que destapó este periódico el pasado domingo.

La delegada ha utilizado para manifestarse una página de la red social Facebook dedicada los profesionales y usuarios del centro hospitalario y que cuenta con 1.300 miembros. Concretamente, ha respondido a un usuario que compartió en dicho grupo la noticia de este periódico.

En su post Caro ha asegurado que todos los ciudadanos, sin excepción, deben “respetar las leyes, normas y procedimientos. En los casos judicializados, lo que debemos hacer todos es respetar el trabajo de la policía judicial y esperar a lo que determinen los jueces”.

Es la primera manifestación pública de la Delegación de Salud desde que un trabajador del Hospital de Riotinto denunciara a la Jefa de Personal del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, E.G.H., por favorecer, presuntamente, la contratación de un familiar.

En la denuncia, tal y como destapó Tinto Noticias, se especifica que la persona favorecida habría obtenido irregularmente 5,100 puntos baremados en ‘experiencia NO SAS’ de la bolsa de trabajo del Servicio Andaluz de Salud. Con estos puntos, el familiar de la jefa de personal alcanzó los 37 puntos totales que le valieron para acceder al cargo de sustitución de celadores del centro hospitalario.

En el comentario, además, la delegada de Salud hace referencia a los “gestores que también tiene sus competencias” -en una clara alusión a la dirección del hospital que ha apartado de su cargo a la jefa de personal- y ha asegurado que “cada cual debe ejercer sus competencias y respetar la competencias de cada cual”.

Manuela Caro termina su escrito con un “saludo a todos mis compañeros de muchos años”. Y es que la ahora delegada territorial de Salud y Consumo ha sido enfermera del Hospital del Riotinto, además de concejal del Ayuntamiento de El Campillo.

Tras el post, aparecen otros dos comentarios en lo que se advierte que el supuesto enchufe de la jefa del personal no sería el único y que «cuando acabe la investigación más de uno se sorprenderá».

El hospital guarda silencio

Mientras que la delegada de Salud se manifiesta abiertamente en redes sociales, la dirección del centro hospitalario guardia silencio. Tinto Noticias ha tratado de ponerse en contacto con algún responsable pero, aseguran, que no harán declaraciones.

Fuentes de la delegación añadieron que el hospital está colaborando con los agentes y ha entregado la documentación que se le ha solicitado. De hecho, la semana pasada la Guardia Civil se personaba en Riotinto, concretamente en las oficinas aleñadas conocidas como las caracolas, para recoger la documentación que ayudará a esclarecer este presunto caso de enchufismo.

Mientras la investigación avanza, la jefa de personal sigue apartara de sus funciones. Por el momento su puesto no ha sido sustituido por otro trabajador y el centro ha optado porque las funciones las asuma el director económico administrativo, que está al frente de la la Unidad de Atención al Profesional (UAP) desde el pasado 27 de diciembre.

Zulema Fariña llevará su caso ante la Justicia para demostrar que fue despedida por ‘antivertedero’

Asegura que pondrá a disposición judicial la conversación telefónica y los mensajes que recibe cuando le comunican el despido

La trabajadora del servicio de limpieza del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva que fue despedida tras su primer día de trabajo, la nervense Zulema Fariña, denunciará su caso ante los Tribunales de Justicia para demostrar su versión sobre los motivos de su despido: ser hija de ‘antivertederos’.

Así lo ha trasladado la propia Fariña en declaraciones a TINTO NOTICIAS -El periódico de la Cuenca Minera de Riotinto- nada más conocer el comunicado remitido por la empresa gestora de la instalación, Diseño de Soluciones Medioambientales (DSM), que atribuyó su decisión a que la empleada no completó la formación específica en prevención de riesgos laborales, tal y como este periódico informó a través de esta publicación.

Frente a ello, la trabajadora despedida asegura que tiene en su poder todas las pruebas que demuestran las justificaciones que recibió cuando le comunicaron que no podría seguir en el servicio, como los mensajes de whatsapp o la conversación telefónica, así como la información relativa a los cursos formativos. «Todo será puesto a disposición judicial», ha remarcado.

Sobre los motivos que alega la empresa para justificar el despido (no completar la formación específica en prevención de riesgos laborales), Zulema Fariña detalla que el pasado 28 de junio, tres días antes de su primer y único día de trabajo, recibe los enlaces para realizar los cursos de formación a través de la plataforma Quirón Prevención, al tiempo que le informan de que dispone de una semana para llevarlos a cabo.

Eran «cuatro cursos de tres horas de duración cada uno», indica Fariña, tras lo que asegura que «en dos días acabé dos de ellos»: ‘Seguridad y Salud en actividades de limpieza’ y ‘Almacenamiento y manipulación de productos químicos’. Aún tenía hasta el lunes día 4 para finalizar los otros dos, ‘Prevención del riesgo eléctrico’ y ‘Manipulación manual de cargas’, pero desde el mismo viernes por la tarde que la empresa que la contrató, SIES, le comunica el despido, «se anula mi enlace a dicha plataforma», prosigue la afectada a través de un comunicado remitido a esta redacción.

«Efectivamente fui contratada por la empresa SIES. Así lo explico desde el primer momento en la carta que traslado a medios de comunicación y redes sociales. Es más, ahora sé que con ustedes no hubiese trabajado nunca. Tanto aborrecían mi presencia en sus instalaciones que trasladaron a SIES una orden directa e indiscutible: quítala por ser antivertedero», apostilla la empleada despedida.

Una denuncia interpuesta en Huelva permite liberar a una persona secuestrada

Los captores se pusieron en contacto con dos hermanos de la víctima y les exigieron el pago de 1.000 euros por su liberación

Agentes de la Policía Nacional han liberado en Málaga a una persona que había sido secuestrada y han detenido a tres personas que la custodiaban gracias a una denuncia que fue interpuesta en la comisaría de Huelva y tras lo que se activó el dispositivo para encontrarlo. Los captores se pusieron en contacto con dos hermanos de la víctima y les exigieron el pago de 1.000 euros por su liberación. Además, los secuestradores enviaban vídeos a los familiares donde se podía ver como la persona retenida estaba siendo golpeada y amenazada con un cuchillo de grandes dimensiones en el cuello.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en la Comisaría Provincial de Huelva por el secuestro de un varón. Acto seguido se comunicaron los hechos a los investigadores especializados para iniciar las labores de investigación y asesoramiento de los familiares y lograr localizar el paradero de la víctima. Tras varias gestiones de investigación los agentes localizaron el lugar donde se encontraba retenida y era agredida la víctima, en la ciudad de Málaga.

Dispositivo con los GOES

Con esta información se estableció un dispositivo policial donde se contó con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) donde se logró la liberación de la víctima y la detención de las tres personas que se encontraban en el domicilio realizando labores de custodia y vigilancia del secuestrado. 

En el registro del domicilio los agentes intervinieron varios objetos relacionados con los hechos investigados como el teléfono móvil utilizado para realizar las llamadas de petición de rescate a los familiares de la víctima y el cuchillo utilizado para las amenazas. 

La víctima, una vez liberada, fue trasladada a un centro sanitario para tratar las lesiones sufridas durante los días de cautiverio, principalmente, golpes y contusiones en la cara y el cuerpo. 

La Inspección da la razón al CSIF y obliga al SAS a cubrir plazas de Prevención de Riesgos Laborales

El sindicato denunció la «desprotección» del personal de la sanidad

El sindicato CSIF ha valorado el requerimiento que la Inspección de Trabajo ha realizado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para cubrir plazas de técnicos de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) después de que el sindicato denunciara la desprotección del personal de la sanidad pública al no estar cubiertas dichas plazas conforme a la dotación mínima que establece la normativa.

Tras la denuncia efectuada en mayo pasado por CSIF, la autoridad laboral insta ahora a la Administración sanitaria a dar cobertura a un total de 17 plazas de distintas categorías relacionadas con la PRL y que no se encontraban cubiertas hasta el momento en distintos distritos, áreas de gestión sanitaria y hospitales de la comunidad autónoma andaluza. En concreto, en Huelva falta un técnico de nivel superior en Higiene Industrial en el Hospital Infanta Elena, así como un técnico intermedio de Ergonomía y Psicosociología Aplicada en el Hospital Juan Ramón Jiménez, detalla el sindicato.

Con ello, la Inspección da la razón a CSIF en su planteamiento sobre la “inacción” de la Administración sanitaria a la hora de cubrir dichos puestos, tras haber solicitado al SAS información detallada sobre el personal integrante de cada unidad de PRL. Ha sido a raíz de dicha información, precisamente, cuando la autoridad laboral ha concluido que faltaban por cubrir las mencionadas plazas de estas categorías, agregan desde la central sindical.

CSIF mantiene que la falta de estos profesionales, fundamentalmente técnicos en Seguridad en el Trabajo, en Higiene Industrial y en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, conlleva una sobrecarga de trabajo en el seno de las unidades de Prevención de Riesgos Laborales y supone un riesgo para la seguridad y salud, no sólo de los profesionales de la sanidad pública, sino también para el medio ambiente y para las personas usuarias.

Tipologías de riesgos que deben ser controlados

Desde CSIF destacan que en el trabajo del ámbito sanitario existen muchas clases de riesgos que deben ser controlados y que traspasan el ámbito de los propios centros. En concreto, se trata de riesgos químicos: sustancias nocivas que se encuentran en distintas formas, sólido, líquido, aerosoles, gases y polvo y que pueden generar daños por inhalación, absorción o ingestión; así como de riesgos biológicos, que son elevados en los centros hospitalarios, y la exposición a ellos puede provocar infecciones importantes. También se pueden dar riesgos físicos, entre los que se incluyen las radiaciones.

La Inspección de Trabajo detalla estas carencias y urge al SAS a cubrirlas después de la denuncia de CSIF registrada en la Inspección de Trabajo por “inacción” en la protección de sus trabajadores «al no cubrir las plazas de técnicos de Prevención de Riesgos Laborales con la necesaria agilidad en los centros sanitarios públicos andaluces, cuyas unidades de PRL están totalmente desbordadas”, señalan.

Asimismo, advierte de que “de no dotar a los recursos preventivos de los medios que sean necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, se podría incurrir en falta grave tal y como así establece el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en su sección 2ª y artículo 12”.

Cobertura de plazas

Ante esta situación, la Administración sanitaria se ha comprometido a corregir el déficit de estos puestos incluyendo las categorías correspondientes en la Bolsa Única del SAS (antes del próximo 30 de abril), agilizando así su cobertura, que hasta ahora se realizaba por convocatoria específica.

CSIF entiende que la selección de técnicos de PRL ligada a convocatorias específicas conlleva un proceso muy lento, que en ocasiones se dilata durante más de un año, periodo durante el que el puesto se mantiene sin cubrir. Por ello, ha reclamado que, tras el requerimiento de la Inspección de Trabajo, estos puestos se cubran a través del procedimiento general, un extremo al que ha accedido la Administración.

Admitida a trámite una denuncia de un trabajador contra el alcalde de Hinojos y dos concejales

El juzgado admite a trámite la querella por los presuntos delitos de prevaricación, usurpación de funciones y contra la integridad moral

El sindicato CSIF, a través del sector provincial de Administración Local, se ha hecho eco de la admisión a trámite de una denuncia realizada por un trabajador del Ayuntamiento de Hinojos contra el alcalde del municipio, Miguel Ángel Curier, y dos concejales de su equipo de Gobierno, Alejandro Franco y Antonio Corchero, por tres presuntos delitos: contra la integridad moral, prevaricación y usurpación de funciones.

En concreto, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado ha admitido la querella presentada por un empleado público del consistorio por la vía penal tras el estudio de la documentación presentada por el afectado. De igual forma se han abierto diligencias y será el próximo 2 de febrero, tal y como se recoge en el auto, cuando el trabajador acuda a los juzgados para declarar.

La central sindical activó su gabinete CSIF-Ayuda para prestar asesoramiento laboral al afectado después de que éste se pusiera en contacto con el sindicato informando de un presunto caso de acoso laboral. Tras acudir a este gabinete especializado, se le prestó ayuda y apoyo para gestionar la situación y fue el propio afectado el que inició las medidas legales oportunas a nivel particular. Desde entonces, CSIF está realizando un “seguimiento exhaustivo del caso” y asegura que permanecerá «vigilante ante el desarrollo de los acontecimientos”.

Desde la central sindical, y a través de CSIF-Ayuda, se asegura que “se pondrán en marcha las acciones necesarias para actuar ante posibles casos de acoso laboral” e insiste en que, en cada una de las administraciones, se debe contar con un protocolo anti-acoso y una comisión que se encargue de estudiar las situaciones de los trabajadores que las denuncien.

Finalmente, la organización sindical recuerda que su gabinete psicosocial CSIF-Ayuda está a disposición de todas sus personas afiliadas para prestar asesoramiento y soporte en casos de acoso laboral, conflicto, estrés laboral o el síndrome de burnout, violencia en el trabajo, riesgos laborales, adicciones o problemas de consumo y acoso sexual y por razón de sexo. La ayuda se centrará en un asesoramiento jurídico, técnico, psicológico y pedagógico a la persona que se encuentra en situación de riesgo psicosocial. Con esta iniciativa, CSIF pretende conseguir organizaciones saludables y en las que exista una cultura preventiva de respeto a todos los niveles.

Continúa la búsqueda tras la extraña desaparición de Paqui y Enrique en Huelva

La Policía Nacional no descarta ninguna hipótesis y la familia pide ayuda ciudadana

La Policía Nacional de Huelva mantiene activa la búsqueda de Enrique Fuentes –de 73 años– y a Paqui Romero –de unos 60 años–, después de que sus familiares denunciaran la desaparición de ambos al no regresar a sus domicilios tras salir juntos a cenar a un pueblo de la provincia el pasado martes.

Las familias presentaron la denuncia por la desaparición el miércoles, por lo que abrieron una investigación, y han apuntado que no descartan ninguna hipótesis, aunque barajan la posibilidad de que haya sido una marcha voluntaria.

De este modo, los agentes de la brigada de la Policía Judicial están tratando de dar con ellos a través de sus teléfonos móviles e investigan si se hubieran producido movimientos bancarios por parte de alguno de los dos.

Por su parte, la hija de Paqui Romero ha solicitado ayuda a través de las redes sociales, en las que ha indicado que la mujer salió de casa sobre las 21,00 horas de la noche acompañada del hombre también desaparecido, así como que desde entonces no saben nada de ninguno de los dos y que el teléfono de su madre está apagado. Por ello, ha explicado que en el momento de su marcha iban en un coche Peugeot 308, matrícula 8351 HRR de color gris.

De otro lado, las hijas del desaparecido descartan que la marcha haya podido ser sido voluntaria, al no considerar «normal» que el móvil esté apagado y no puedan dar con él, por lo que están esperando que la Policía Nacional consiga localizar la ubicación de sus teléfonos.

Del mismo modo, han indicado que salieron a comer «por algún pueblo de Huelva», pero que su intención era «volver el mismo día» y «no dormir fuera de casa», toda vez que han apuntado que «no llevaban ropa» y «solo el dinero para la cena».

La policía local de Lepe disuelve más de 50 botellones en un solo fin de semana

Se han decomisado también cientos de productos falsificados 

 
La Policía Local de Lepe ha tenido un intenso fin de semana en el que ha tenido que llevar a cabo numerosas actuaciones en materia de tráfico y seguridad y especialmente en el ámbito de los botellones en las zonas de La Antilla e Islantilla en los que ha logrado disolver más de 50 agrupaciones de jóvenes interponiendo en los mismos 30 actas de denuncia.
 
Desde la Policía Local de Lepe también han informado de que durante el mismo periodo han llevado a cabo la denuncia a establecimiento público por incumplir horario de cierre, un conductor por alcoholemia positiva en vía administrativa, la recuperación de vehículo a motor sustraído, (ciclomotor), así como varias intervenciones en materia de venta ambulante y productos falsificados.
 
También se han llevado a cabo dos sctas-denuncia a la Ley 4/2015 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana por posesión de sustancias estupefacientes.

CSIF denuncia que las oficinas del SAE en la provincia funcionan con un tercio de su plantilla

En Huelva, sólo están cubiertas 51 de las 158 plazas que están contempladas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), lo que supone que las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo cuentan sólo con el 32,27% de su personal

El sindicato CSIF ha denunciado que las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia de Huelva están funcionando con un tercio de su plantilla. En concreto, según los datos que maneja la central sindical, sólo están cubiertas 51 de las 158 plazas que están contempladas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), lo que supone que estos centros de trabajo sólo cuentan con el 32,27% de su personal.  Con un total de 61.492 personas paradas en el ámbito onubense, la media de atención al demandante de empleo es de un trabajador para cada 1.205 personas usuarias. Con estas cifras, Huelva es la provincia andaluza con tercer peor dato sólo después de Cádiz y Málaga.

Mientras que se está dando esta circunstancia, la Junta de Andalucía ha establecido un convenio de colaboración público privada con agencias de colocación para las labores de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, mientras las oficinas del SAE están funcionando con poco más del 30% de su plantilla. Por ello, CSIF ha lamentado, una vez más, la “notoria carencia de personal” de estas oficinas como consecuencia de una “falta de cobertura de las plazas de sus Relaciones de Puestos de Trabajo”.

Además, la central sindical explica que “no se entiende que, existiendo un cuerpo específico en la Administración que contempla precisamente las funciones de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, la Junta recurra a un convenio con agencias de colocación privadas por tres millones de euros”.

Esta externalización, a juicio de CSIF, pone en evidencia “una falta de apuesta por lo público”, así como “una incapacidad manifiesta” de la Junta de Andalucía para la cobertura de las plazas que contemplan las propias RPT de las oficinas del SAE, “en un momento que, además, es crucial en materia laboral para afrontar la recuperación de la economía andaluza post pandemia de la Covid-19”.

El tratamiento de los datos personales de las personas desempleadas es otro de los aspectos por los que se plantea  el sindicato ya que cuestiona si estos procesos se van a desarrollar con todas las garantías desde empresas privadas.

Finalmente, CSIF urge que desde Función Pública se autorice la cobertura de todas las vacantes que están sin cubrir en el SAE, “de manera que el personal pueda realizar un servicio público a la ciudadanía dentro de unos parámetros razonables en cuanto a la ratio entre empleados y personas en desempleo”.

Detenido por robar un ciclomotor y enfrentarse a los vecinos con una barra de hierro

Los agentes locales han interpuesto además 11 denuncias por saltarse el toque de queda

 
La colaboración ciudadana y la rápida actuación policial ha permitido la detención de un conocido delincuente local como presunto autor del robo de un ciclomotor y de atentado contra los agentes de la autoridad, por resistirse “con violencia y agresividad” a la detención. Ha sido la principal actuación de un fin de semana en el que se han intensificado los controles y la vigilancia, y que se ha saldado además, con 11 denuncias por incumplimientos de la normativa frente al COVID-19, la inmensa mayoría de ellas por saltarse el toque de queda.

La Policía Local de Cartaya, adscrita al área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, ha detenido este fin de semana, a un conocido delincuente de la localidad por el presunto robo de un ciclomotor y por atentado contra los agentes de la autoridad cuando éstos procedían a su detención.

Los agentes acudieron al aviso de que el conocido delincuente había acudido a su domicilio conduciendo un ciclomotor del que se tenía constancia que había sido sustraído previamente. Se personaron en el lugar, donde se estaba produciendo una reyerta entre el citado individuo, que, según el atestado policial, portaba una gran barra de hierro y unas tijeras, y varios vecinos. Estos le acusaban de la sustracción del vehículo, que se encontraba en el interior de la vivienda del presunto autor de los hechos.

Tras varios requerimientos de los agentes para que tirara los objetos peligrosos que portaba, estos, ante “la violencia y agresividad mostrada” tuvieron que reducir por la fuerza al individuo, para proceder a su detención, recuperando posteriormente el vehículo, que fue conducido a las dependencias policiales y entregado posteriormente a su propietario.

Ha sido una de las actuaciones policiales de un fin de semana en el que la Policía Local ha intensificado la vigilancia y los controles en los tres núcleos de la localidad, y ha interpuesto un total de 11 actas de denuncias por incumplimientos de la normativa frente al COVID-19, 10 de ellas por saltarse el toque de queda.